Cuba y la pobreza silenciada: ¿Hasta cuándo la hipocresía de la falsa izquierda?

 

Por: Rodolfo Varela

La Revolución Cubana, iniciada en 1959, prometió un futuro de justicia social, igualdad y dignidad para su pueblo. Sin embargo, más de seis décadas después, lo que queda es un país sumido en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. Según estimaciones de 2024, el 89% de la población vive en extrema pobreza, una cifra brutal que desmiente el discurso triunfalista de aquellos que aún insisten en presentar a Cuba como un modelo de éxito.

Mansión de lujo dedicada a Fidel Castro

Lo más indignante no es solo la realidad cubana, sino la hipocresía de muchos gobiernos y movimientos de izquierda en América Latina y el mundo, que aplauden “los logros de la Revolución” mientras cierran los ojos frente a la miseria cotidiana que sufren millones de cubanos. Hablan de democracia, derechos humanos, justicia social y combate a la pobreza, pero guardan un silencio cómplice ante la tragedia humanitaria en la isla.

Una crisis estructural

La economía cubana enfrenta problemas profundos: mercados poco desarrollados, ausencia de competencia en las empresas estatales, precios desalineados y una falta crónica de productividad. Todo ello limita el acceso de la población a bienes y servicios esenciales.

Escasez y mercado negro

El día a día de los cubanos está marcado por colas interminables para conseguir alimentos, medicinas y productos básicos, cuando logran encontrarlos. La escasez generalizada ha dado origen a un mercado negro donde los precios son inaccesibles y la calidad incierta.

Escassez de comida leva a longas filas e desespero em Cuba

Desigualdad y abandono social

Lejos de la promesa de igualdad, la pobreza y la desigualdad social han aumentado. El régimen ha priorizado inversiones en sectores como el turismo, mientras descuida áreas fundamentales como la producción de alimentos y la atención médica.

El lujo de los dirigentes y la concentración de la riqueza

La hipocresía de los dirigentes cubanos: Ahorro y austeridad, ¿para quién?

La desigualdad es tan grande que resulta insultante: mientras el pueblo vive con hambre y carencias, los dirigentes que predican igualdad y critican la pobreza ostentan una vida de millonarios, blindados por privilegios y lujos.
En Cuba, el tema de la concentración de la riqueza entre los líderes políticos y el uso de los recursos naturales es complejo y, por miedo, casi imposible de documentar con precisión. Sin embargo, se sabe que la economía del país se sostiene en recursos como el níquel, el cobalto, el tabaco y el turismo, este último convertido en un negocio vergonzosamente desigual, reservado a unos pocos.
La apertura económica limitada a la empresa privada ha generado una nueva élite adinerada, profundizando aún más la desigualdad social. Esa no es la izquierda verdadera: es una caricatura corrupta de lo que debería ser el compromiso con la justicia social.

Alarmante aumento de la pobreza extrema en Cuba, revela informe del OCDH

La mentira del embargo

Y frente a cualquier crítica, el régimen y sus defensores siempre se refugian en la misma excusa: “la culpa es de Estados Unidos”. Pero esa narrativa ya no convence. El embargo no explica la corrupción interna, la falta de reformas, el desprecio por el pueblo ni la represión contra quienes se atreven a reclamar libertad y dignidad.

Consecuencias humanas

La pobreza extrema en Cuba no es un concepto abstracto:

• Millones de familias no tienen garantizadas tres comidas diarias.

• El acceso a medicamentos esenciales es prácticamente inexistente.

• La vivienda digna es un lujo inalcanzable.

• Miles de cubanos emigran desesperadamente en busca de oportunidades mínimas para sobrevivir.

El mito derrumbado

Hablar de derechos humanos, democracia y justicia social mientras se aplaude a un régimen que condena a su pueblo al hambre y la desesperanza es, en el mejor de los casos, una contradicción; en el peor, una complicidad inmoral.

La izquierda que calla frente a la tragedia cubana debería recordar que la verdadera democracia no se mide por discursos ni consignas, sino por la capacidad de garantizar pan, salud, educación y dignidad a su pueblo.

La revolución prometió un paraíso, pero lo que ha dejado es una isla de carencias. Y mientras tanto, los que pregonan la justicia social desde los púlpitos de la ideología siguen justificando lo injustificable.

La radio chilena frente al espejo: entre la tradición y la necesidad urgente de reinventarse

 By: Rodolfo Varela 

La disminución de audiencia en la radio chilena no es un fenómeno repentino ni atribuible a una sola causa. Es el resultado de una combinación de factores que, si bien incluyen la falta de creatividad en algunos directores y programadores, tienen raíces mucho más profundas en los cambios culturales, tecnológicos y económicos de los últimos años.

Lo digo con conocimiento de causa. Llevo décadas en el medio de comunicación, habiendo trabajado emisoras históricas como Portales, Corporación, Yungay, Diego de Almeyda y como director de la cadena de emisoras del norte de Radio Corporación de Chile CB114. Soy un hombre de izquierda, consciente de las necesidades de la población y comprometido con la verdad de la información y el valor del entretenimiento. Y por eso me preocupa ver cómo la radio, un medio que ha sido clave en la historia del país, parece resignarse a su propio ocaso.

Un cambio de hábitos irreversible

La audiencia —sobre todo la más joven— ha migrado masivamente hacia plataformas digitales, redes sociales y servicios de streaming para informarse y entretenerse. La inmediatez, la personalización y la interactividad que ofrecen estos medios han dejado a la radio tradicional con menos oyentes y, en algunos casos, con un público envejecido que no garantiza el futuro del medio.

Concentración que empobrece la diversidad

En Chile, la propiedad de los medios se ha concentrado peligrosamente en pocas manos. Esto limita la pluralidad de voces, reduce la competencia creativa y asfixia a emisoras pequeñas o locales que antes eran vitales para reflejar las realidades de sus comunidades. El resultado es un paisaje radial más uniforme, menos arriesgado y con menor capacidad de innovar.

Publicidad en fuga

La publicidad —motor financiero histórico de la radio— se ha desplazado hacia las plataformas digitales. La inversión en redes y Google Ads supera con creces la destinada a la radio, poniendo en riesgo la sostenibilidad de muchas emisoras que, sin recursos, recortan programación, personal y producción, en lugar de invertir en su modernización.

Competencia feroz

Televisión, internet, podcasts y transmisiones en vivo vía redes sociales han fragmentado la audiencia. La radio ya no compite solo con otra radio, sino con cualquier creador de contenido que pueda llegar a un teléfono móvil.

El caso de Radio Nuevo Mundo: una advertencia

Radio Nuevo Mundo, histórica emisora de la Región Metropolitana, es un ejemplo que duele mencionar. Su valor histórico es incuestionable, pero su actual enfoque excesivamente político ha terminado por reducir su alcance. Tener una línea editorial definida no es un problema —todas las radios la tienen—, pero olvidar la dosificación entre contenido político y programación variada puede ser letal para la audiencia y, en consecuencia, para su viabilidad comercial. Sorprende, incluso, escuchar a un locutor de la propia emisora afirmar que “la radio no es nada en Chile”. Una declaración que revela más resignación que autocrítica, y que contradice el papel fundamental que la radio aún puede cumplir como formadora de opinión y puente con la comunidad.

            Edmundo Sotos                                                   Pepe Abad

Pablo Aguilera

Desafíos económicos y pandemia

La crisis económica, agravada por la pandemia, terminó de empujar a muchas emisoras a la cuerda floja. Cierres, fusiones y reducciones drásticas en la operación se han vuelto parte de un escenario en el que sobrevivir parece más importante que innovar.

Reinventarse o quedar en el olvido

La radio sigue siendo un medio con un potencial enorme, especialmente en emergencias, cobertura local y creación de comunidad. Pero necesita urgentemente modernizarse, diversificar contenidos, interactuar más con la audiencia y equilibrar su línea editorial para no alejar a oyentes potenciales.
El desafío es claro: o la radio chilena se reinventa cada día, o se convertirá en una reliquia que solo unos pocos recordarán con nostalgia.

Postdata personal:

Escribo estas líneas desde Brasil, donde vivo por fuerza mayor desde hace mas de medio siglo. Fui exonerado político, preso y torturado por la dictadura militar chilena. Mi exilio no me ha alejado del compromiso con la verdad, la comunicación y la cultura. Al contrario, me ha dado perspectiva para entender que los medios, cuando olvidan su papel de servicio público y se desconectan de su gente, pierden su razón de existir. Y la radio, si no quiere perder esa razón, debe volver a ser lo que siempre fue: la voz de su pueblo.

La gran estafa política: derecha e izquierda, dos caras de la misma moneda

 By: Rodolfo Varela

En América Latina, y muy especialmente en Chile, la historia se repite con una puntualidad insultante. Gobiernos de derecha y de izquierda se suceden en el poder, prometiendo cambios, justicia, prosperidad y respeto por la democracia, pero el resultado para el pueblo es siempre el mismo: promesas incumplidas, corrupción rampante, nepotismo y un desprecio absoluto por la voluntad popular.

Como le ha ido a los países de la región que han elegido líderes de izquierda?

Tanto la derecha como la izquierda saben manejar muy bien el arte de las palabras. Usan frases como “lucha por la libertad”, “democracia” y “estado de derecho” como banderas para movilizar votantes y legitimar sus políticas, pero detrás de cada discurso hay un cálculo frío: cómo aprovecharse de la voluntad, la necesidad y la miseria de la gente para mantenerse en el poder y beneficiarse personalmente.

La Izquierda pasa Factura: La pobreza en Chile pasó del 6,5% AL 22,3%

Cuando habla la derecha

La derecha suele presentar la libertad como la ausencia de restricciones del Estado sobre la actividad económica y la vida personal. Promete menos impuestos, menos regulaciones y un Estado más pequeño. En el papel, suena atractivo, pero en la práctica se traduce en beneficios para los grandes grupos económicos, aumento de las desigualdades y un mercado libre solo para quienes ya tienen poder.

Cuando habla de democracia, la derecha defiende la representativa, pero con énfasis en proteger los derechos individuales y la propiedad privada… siempre que esos derechos no choquen con sus intereses económicos.

Y cuando defiende el estado de derecho, lo hace desde una visión punitiva, priorizando el orden y la “seguridad nacional”, pero rara vez para proteger al ciudadano común.

Cuando habla la izquierda

La izquierda define la libertad como la posibilidad de que todos puedan desarrollarse plenamente y participar en la sociedad, incluyendo acceso a educación, salud y servicios sociales. En los discursos, prometen reformas profundas, pero en los hechos, casi nunca llegan, justificándose con el argumento de que “el Congreso no aprueba sus proyectos”.

Su concepto de democracia es más participativo, con énfasis en la justicia social… siempre que las críticas no se dirijan a su propio gobierno.

En cuanto al estado de derecho, la izquierda afirma proteger derechos humanos y promover la igualdad, con un Estado activo en la economía y la protección de grupos vulnerables. Pero, en la práctica, este compromiso muchas veces sirve más como estrategia para conseguir votos que como política real.

La nueva cara del autoritarismo: las dictaduras judiciales

En algunos países de América del Sur, lo que se presenta como “gobierno democrático” es en realidad una dictadura judicial. Cortes supremas con poder absoluto, amparadas por el Ejecutivo y respaldadas por Congresos electos por el pueblo, pero sumisos por conveniencia. Muchos legisladores arrastran procesos judiciales que dependen del fallo de esas cortes, lo que se convierte en la herramienta perfecta de chantaje político. Así, la justicia deja de ser independiente y se convierte en un arma para controlar y silenciar a quienes deberían fiscalizar al poder.

La pobreza no es destino  Las caras invisibles de la pobreza

La trampa de los derechos humanos politizados

En América Latina, los derechos humanos se han convertido muchas veces en un botín político. Tanto gobiernos de izquierda como de derecha han usado y manipulado el discurso para proteger a los suyos y atacar a los contrarios. Organismos que deberían ser imparciales han defendido con vehemencia a criminales, corruptos, dictadores y torturadores, mientras han guardado silencio o mirado hacia otro lado cuando las víctimas han sido ciudadanos comunes, trabajadores honestos o quienes piensan distinto. El derecho a la vida, la libertad y la justicia no puede ser selectivo ni negociable: o es para todos, o no existe.

La realidad detrás del discurso

Un gobierno de derecha podría insistir en que la libertad económica es la clave para la prosperidad, impulsando privatizaciones y desregulaciones. Un gobierno de izquierda, en cambio, podría afirmar que la igualdad es la base de la libertad, promoviendo redistribución de riqueza. Sin embargo, en ambos casos, lo que el pueblo recibe son palabras vacías. La corrupción, el amiguismo, los privilegios y el gasto excesivo de fondos públicos son transversales, sin importar el color político.

Dos caras de la misma moneda?

Al final, la lucha no es por la libertad ni por la igualdad: es por el poder y por el enriquecimiento personal. Y el pueblo, engañado una y otra vez, paga la cuenta.

La excepción y la regla

Basta mirar el panorama político de América Latina y Centroamérica para comprenderlo: salvo raras excepciones —como el caso de El Salvador, que ha mostrado seriedad y competencia—, la región está plagada de gobiernos que usan la democracia como disfraz y la libertad como slogan, mientras se perpetúan en el poder y saquean los recursos nacionales.

La gran estafa política continúa. Y seguirá así mientras la ciudadanía no deje de creer que, por cambiar el color de la bandera partidaria, cambiará el destino del país.

Hasta cuándo la impunidad contra el pueblo mapuche

 Por: Rodolfo Varela

La noticia del violento allanamiento contra la Machi Millaray Huichalaf, reconocida autoridad espiritual y defensora de los derechos humanos, no es un hecho aislado. Es la continuación de una larga y vergonzosa historia de represión, abuso de autoridad y criminalización contra el pueblo mapuche y quienes defienden su territorio.

Detenida Millaray Huichalaf, Machi Mapuche Williche defensora de Espacio Sagrado

El operativo del 12 de agosto de 2025, con despliegue desproporcionado de fuerzas policiales armadas, intimidación a menores de edad y confiscación arbitraria de pertenencias, recuerda los peores capítulos de la represión estatal en Chile. Y lo más grave: ocurre en plena “democracia”, bajo un gobierno que se autoproclama respetuoso de los derechos humanos.

Pero no nos engañemos: la violencia institucional contra los pueblos originarios no comenzó ayer. Durante la dictadura militar, las comunidades mapuche sufrieron persecuciones, desalojos forzados y asesinatos bajo la excusa de la “seguridad nacional”. Y en los gobiernos posteriores, tanto de izquierda como de derecha, esa represión se mantuvo intacta, disfrazada bajo otro eslogan igual de hipócrita: “lo hacemos por la democracia y la libertad”. Democracias entre comillas, porque en realidad han sido gobiernos al servicio de sus propios intereses personales, no del pueblo que dicen representar.

A lo largo de décadas, hemos visto cómo el Estado chileno, sin importar el color político de turno, se ha convertido en un aparato que protege intereses económicos, entrega territorios a empresas forestales, mineras e hidroeléctricas, y persigue a quienes se oponen. La criminalización del pueblo mapuche es un patrón sistemático que atraviesa todos los gobiernos, porque ninguno ha tenido la voluntad real de reconocer su autonomía, respetar sus derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT y garantizar su integridad.

Chile/Pueblo mapuche. Condenan violento allanamiento de hogar de Machi Millaray Huichalaf

Mientras los discursos oficiales hablan de diálogo y multiculturalidad, en el territorio los hechos son otros: allanamientos violentos, sobrevuelo de drones, detenciones arbitrarias, montaje de pruebas, militarización y miedo. Todo esto no solo es una ofensa al pueblo mapuche, sino una afrenta a la democracia misma.

No hay democracia verdadera cuando se reprime a quienes defienden ríos, bosques y territorios sagrados. No hay libertad cuando se amedrenta a menores de edad en sus propias camas. No hay Estado de derecho cuando la ley se usa como arma de castigo contra quienes luchan por causas legítimas.

Carabineros detuvo de forma violenta al adkadi (acompañante y asistente espiritual) de la machi Millaray Huichalaf

La pregunta es simple y urgente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitiremos que los gobiernos —de izquierda o de derecha— sigan usando la “seguridad” y la “democracia” como excusa para cometer abusos? ¿Hasta cuándo se seguirá castigando a quienes defienden la tierra y la vida?

Si de verdad queremos un país justo, debemos exigir el fin de la militarización en territorio mapuche, la investigación independiente de todos los actos de violencia policial y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Porque un Estado que violenta a sus pueblos originarios no es un Estado democrático: es un Estado que vive de la mentira.

¿Hasta cuándo la indiferencia frente a los atropellos en Chile?

 

By: Rodolfo Varela

No importa el gobierno de turno, en Chile la historia parece repetirse: las personas más desprotegidas, los pueblos originarios y quienes defienden el medioambiente siguen siendo las primeras víctimas de la indiferencia estatal, la violencia institucional y un modelo económico que prioriza la explotación de recursos sobre la vida humana. Y, lo más doloroso, gran parte de la sociedad observa desde la platea, como si la tragedia no fuera con ellos.

Las agresiones y atropellos de los derechos de los indígenas

El reciente informe presentado por organizaciones de derechos humanos y medioambientales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas es un testimonio duro y alarmante. A nueve meses de la desaparición de la defensora mapuche Julia Chuñil Catricura —una mujer de 72 años, madre y presidenta de su comunidad— el Estado chileno no ha dado respuestas efectivas, pese a las medidas cautelares de la CIDH. No hay búsqueda real, no hay justicia, no hay protección.

El caso de Julia no es un hecho aislado. Es un símbolo de la desprotección estructural hacia las defensoras ambientales, especialmente mujeres indígenas. Denunciar, organizarse, proteger el territorio, sigue teniendo un costo altísimo en Chile: amenazas, criminalización, represión e incluso la desaparición forzada.

El informe revela un panorama preocupante: leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso excesivo de la fuerza; un modelo extractivista que se profundiza bajo el disfraz de “transición energética”; la explotación masiva de salares sin consentimiento de las comunidades; la privatización del agua; y zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví, Calama y la Patagonia, devastadas por la salmonicultura.

A 9 meses de la desaparición de Julia Chuñil

Pero la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo el pueblo chileno seguirá callando? ¿Hasta cuándo se asumirá que si la víctima no es un familiar, un vecino o un amigo, entonces “no es problema mío”? El silencio y la indiferencia también son cómplices.

Este caso es, además, parte de una deuda histórica que Chile mantiene con sus pueblos originarios, una deuda que se arrastra desde la ocupación violenta de sus territorios y que hoy se expresa en discriminación, despojo y abandono. Una deuda que se suma a otra igualmente dolorosa: la que tiene con las víctimas de la sangrienta dictadura militar, que a más de cinco décadas de ocurrida, sigue sin ser saldada. La verdad, la justicia y la reparación siguen siendo promesas incumplidas.

Atropellos de fauna silvestre

Julia Chuñil no es solo una líder mapuche. Es el rostro de cientos de defensores y defensoras que han sido silenciados. Su desaparición debe ser un punto de quiebre. No se trata de un problema “de los mapuches”, “de los ambientalistas” o “de las comunidades del sur o del norte”. Se trata de un problema de dignidad y de derechos humanos que nos alcanza a todos.

El llamado de las organizaciones es claro: reparación, no repetición y protección efectiva. Pero para que eso ocurra, Chile necesita algo más que comunicados y conferencias: necesita voluntad política, justicia real y, sobre todo, que su pueblo deje de mirar hacia otro lado. Porque el día que todos entendamos que la injusticia contra uno es una amenaza contra todos, ese día Chile dejará de ser espectador y empezará a ser protagonista de su propia dignidad.

Hasta cuándo las narrativas falsas en Chile

Por: Rodolfo Varela

Asistiendo y leyendo en estos días sobre las elecciones presidenciales en Chile, me encontré con el mismo libreto de siempre: los candidatos de derecha repitiendo su discurso sobre Cuba, Venezuela y otros gobiernos de izquierda, mientras justifican, directa o indirectamente, lo ocurrido en nuestra historia reciente. Siguen negando las violaciones a los derechos humanos, las muertes, las torturas, las desapariciones y el secuestro y venta de niños y niñas.

Los candidatos presidenciales confirmados para las elecciones 2025 en Chile

Pero la gran deuda pendiente de Chile no está en La Habana ni en Caracas. Está aquí, en nuestra tierra, marcada por pensiones miserables, pobreza, delincuencia, corrupción política y judicial, el robo de las AFP, la violencia en aumento, el desempleo creciente y leyes laborales que siguen beneficiando más a los empleadores que a los trabajadores. A todo esto se suma la desinformación de medios de comunicación que, en lugar de servir al pueblo, protegen intereses políticos y económicos. Gobiernos de derecha e izquierda han tenido décadas para saldar esta deuda y ninguno lo ha hecho.

El tema de los derechos humanos y la dictadura se usa como combustible para campañas presidenciales y como cortina de humo para distraer al electorado. Los políticos prefieren seguir vendiendo narrativas falsas antes que enfrentar la miseria de millones de chilenos. Y así, algunos de derecha siguen llamando “acto patriótico” al golpe de 1973, repitiendo el mito de una supuesta guerra civil inminente.

¡La pobreza por ingreso bajó desde un 10,7%

La verdad es que las bodegas estaban llenas y, tras el golpe, los productos aparecieron mágicamente en supermercados y tiendas. Además, lo que ni la derecha ni la izquierda mencionan es que la propia población ya había sido desarmada por militares y carabineros mucho antes del 11 de septiembre de 1973.

¿En guerra con quién estaban los militares si no había nadie en las calles? ¿Con cacerolas y palos se defiende un pueblo? Esa historia se la siguen contando a Chile, y lo más grave es que muchos la creen.

Chile no es Cuba, ni Argentina, ni Venezuela, ni Estados Unidos. Nuestros problemas son chilenos y nuestras heridas también. Es hora de dejar de mentir y pagar la deuda escrita con la sangre de los propios chilenos.

El artículo publicado este fin de semana por Manuel Acuña Asenjo es un buen recordatorio de que, en la política nacional, empresarios y políticos están entrelazados como en un viejo pacto feudal. Los primeros financian y dictan la línea; los segundos ejecutan. No importa si se visten de derecha o de izquierda: ambos han protegido el statu quo, beneficiando a unos pocos y postergando siempre a la gran mayoría.

Pero la pregunta más importante es: ¿cuándo será el día en que tengamos un candidato que presente un programa de gobierno pensado para Chile y para los chilenos? Un proyecto que ponga sobre la mesa problemas concretos y soluciones reales: pensiones dignas, salud oportuna, seguridad verdadera, justicia sin privilegios, reparación a las víctimas, oportunidades de empleo para todos, leyes laborales justas y una política que devuelva la verdad a los medios de comunicación. Ese es el programa que la gente espera, y no promesas vacías ni peleas ideológicas que solo sirven para dividirnos y distraernos.

¿Por qué hablar de pobreza en Chile?

Los chilenos estamos cansados de la corrupción política, judicial, religiosa y militar. Basta ya. No queremos más narrativas para distraer. Queremos soluciones reales, justicia de verdad y un gobierno que gobierne para su pueblo, no para sus financistas ni para sus partidos.

Ha llegado el momento de levantar la vista y reconocernos como lo que realmente somos: hermanos de una misma tierra. Basta de odios heredados y de divisiones humillantes. Solo unidos podremos cambiar el rumbo del país. Unidad por Chile no es un eslogan, es una necesidad urgente. No somos enemigos: somos chilenos, y el futuro lo escribiremos juntos.

I Was There: The Truth Chile Can No Longer Deny

Por Rodolfo Varela

On September 11, 1973, Chile was betrayed. And not only by the military who bombed La Moneda, nor just by those who raised weapons against their own people.

September 11 Minute by Minute: 1973 Chilean Coup (Radio)

Chile was also betrayed by right-wing politicians, by judges who looked the other way, by religious leaders who blessed the dictator, and by a press that lied, concealed, and actively collaborated with the repression.

Some front pages about Operation Colombo

I know this because I was there. That day, I was working at Radio Corporación CB114, along with over 20 colleagues, right in front of the presidential palace, La Moneda. From that station, we had the honor—and the historic responsibility—of broadcasting President Salvador Allende’s final message to the Chilean people, a voice of dignity that still echoes in the memory of the nation.

No one told me this. I didn’t read it in a book or hear it in a lecture. I was there. And I was there afterward, too—persecuted, tortured, and dismissed from my job. I was ultimately forced into self-exile, to protect my pregnant wife and our young son, who was only two years old. The dictatorship took away my homeland, my work, and my freedom. But it never took my memory or my dignity.

I was torn from the arms of both mothers

That’s why I speak out.

One of the most shameful episodes in Chilean journalism—and in national history—was the Colombo Operation in 1975. During that operation, the DINA (Pinochet’s secret police) fabricated a story claiming that 119 opposition members had died abroad in internal conflicts. The press repeated this falsehood without question.

The newspaper La Segunda ran the despicable headline: "Exterminated like rats."
Other newspapers followed suit:

• “The MIR kills 60 of its own abroad” (La Tercera)

• “60 MIR members executed by their own comrades” (El Mercurio)

• “Bloody MIR feud abroad” (Las Últimas Noticias)

This was not a journalistic error. It was complicity. It was criminal propaganda.

The press became an echo chamber for state terrorism, amplifying lies without investigation or compassion. Thirty years later, when many responsible had already died, the Chilean Press Association issued minor sanctions. Too little, too late.

But that was not the only betrayal. One of the most perverse and silent crimes was Colonia Dignidad.

This compound—run by the Nazi criminal Paul Schäfer—was a clandestine center for torture, disappearance, and sexual abuse, fully supported by the Chilean dictatorship and protected by conservative political sectors, judges, religious authorities, and even foreign diplomats.

It wasn’t just political prisoners who were tortured there. Children were also systematically abused, trafficked, stripped of their identities, and illegally adopted abroad. To this day, many victims still don’t know their true identity, and many families are still searching for their stolen sons and daughters.

Where were the judges? Where were the politicians who claimed to defend the nation? Where was the Church that preached morality?

They were silent. They looked the other way. They were complicit.

Today, 50 years later, some say we must “turn the page.” To them I say:
How do you turn the page when families still don’t know where their loved ones are?
How can there be forgiveness when the full truth has never been told?

In Chile, a politician repudiates the figure of Pinochet.

As a direct witness, as an exile, as one of the voices who helped broadcast Allende’s last words, I say clearly:

Memory is not an anchor—it is a compass.
And forgetting is not peace—it is impunity.

To Chilean journalism—and especially to the younger generation of journalists—I say: do not repeat history. Do not remain silent in the face of injustice. Do not fear speaking truth to power.
Your duty is to truth, to justice, and to the people.

And to the people of Chile, especially the youth: do not be fooled by those who want to sugarcoat the past. What happened did happen, and it still hurts.

I was there. And as long as I have a voice, I will keep telling the truth.

Because silence is another form of betrayal.
And memory is a form of justice.

Yo estuve allí: la verdad que Chile no puede seguir negando

Por Rodolfo Varela

El 11 de septiembre de 1973, Chile fue traicionado. Y no sólo por los militares que bombardearon La Moneda, ni por quienes empuñaron armas contra su propio pueblo. 

11 de Septiembre Minuto a Minuto: Golpe de Estado en Chile de 1973 (Radio)

Chile fue traicionado también por políticos de derecha, por jueces que miraron para otro lado, por jerarcas religiosos que bendijeron al Ladrón y sanguinario dictador, y por una prensa que mintió, ocultó y colaboró activamente con la represión.

Algunas portadas a propósito de la Operación Colombo.

Yo lo sé, porque yo estuve allí. Ese día, trabajaba en Radio Corporación CB114, junto a más de 20 compañeros y compañeras, justo frente al Palacio de La Moneda. Desde esa emisora tuvimos el honor —y la responsabilidad histórica— de transmitir el primero mensaje del presidente Salvador Allende al pueblo chileno, una voz de dignidad que aún resuena en la memoria de nuestra nación.

No me lo contaron. No lo leí en un libro ni lo escuché en una charla. Yo estuve allí. Y estuve después también, en la persecución, la tortura, la exoneración forzada, y finalmente, en el autoexilio para proteger a mi esposa —embarazada de nuestro segundo hijo— y a nuestro pequeño de apenas dos años. La dictadura me quitó mi patria, mi trabajo y mi libertad, pero no me quitó la memoria ni la dignidad.

Me arrancaron de los brazos de ambas madres

Por eso hablo.

Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo chileno —y de la historia nacional— fue la Operación Colombo, en 1975. En esa operación, la DINA (la policía secreta de Pinochet) fabricó un montaje para hacer creer que 119 opositores habían muerto en el extranjero por conflictos internos. La prensa repitió esa mentira sin cuestionarla.

El diario La Segunda tituló, sin pudor: “Exterminados como ratones”.
Otros diarios se sumaron con titulares como:

• “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” (La Tercera)

• “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” (El Mercurio)

• “Sangrienta pugna del MIR en el exterior” (Las Últimas Noticias)

Eso no fue un error periodístico. Fue complicidad. Fue propaganda criminal.

La prensa actuó como caja de resonancia del terrorismo de Estado, amplificando mentiras sin investigar, sin ética, sin humanidad. Treinta años después, cuando muchos responsables ya habían muerto, el Colegio de Periodistas aplicó sanciones menores. Demasiado tarde, y demasiado poco.

Pero la traición no terminó ahí. Una de las más perversas y silenciosas fue Colonia Dignidad.

Ese enclave —dirigido por el criminal nazi Paul Schäfer— fue un centro clandestino de detención, tortura, violaciones y desapariciones, con apoyo directo de la dictadura y la protección de sectores políticos conservadores, jueces, autoridades religiosas y diplomáticos chilenos y extranjeros.

Allí no sólo se torturó a prisioneros políticos. También se cometieron crímenes atroces contra niños y niñas: abuso sexual sistemático, trata, robo de identidad y adopciones ilegales en el extranjero. Hasta hoy, muchas víctimas no conocen su verdadera identidad, y decenas de familias siguen buscando a sus hijos e hijas robados.

¿Dónde estaban los jueces? ¿Dónde estaban los políticos de derecha que juraban defender la patria? ¿Dónde estaba la Iglesia que hablaba de moral?
Estaban callando. Estaban mirando hacia otro lado. Estaban traicionando.

Hoy, mas de 50 años después, hay quienes llaman a “pasar la página”. A ellos les digo:
¿Cómo se pasa la página cuando aún hay familias sin saber dónde están sus seres queridos?
¿Cómo se perdona cuando ni siquiera se ha dicho toda la verdad?

No Chile, a política repudia a figura de Pinochet

Como testigo directo, como autoexiliado, como una de las voces que ayudó a transmitir el primero mensaje del presidente Allende, digo con fuerza:
la memoria no es un ancla, es un timón.
Y el olvido no es paz: es impunidad.

Al periodismo chileno —y especialmente a las nuevas generaciones— les digo: no repitan la historia. No callen frente a la injusticia. No teman incomodar al poder.
Su deber es con la verdad, con la justicia y con el pueblo.

Y al pueblo chileno, sobre todo a los jóvenes: no se dejen engañar por quienes quieren maquillar el pasado. Lo que ocurrió sí pasó, y aún duele.

Yo estuve allí. Y mientras me quede voz, seguiré contando la verdad.

Porque el silencio es otra forma de traición.
Y la memoria es una forma de justicia.

Chile: La deuda histórica con las víctimas y el festín de privilegios en la élite política y judicial

 

Por: Rodolfo Varela

Han pasado más de cinco décadas desde la sangrienta dictadura cívico-militar que dejó miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Chile. Sin embargo, la deuda histórica con ellas sigue intacta. El Estado actúa como si no existieran, relegando sus demandas de verdad, justicia y reparación a un olvido sistemático.

Privilegios por pisar la moneda

Mientras tanto, la élite política y judicial del país —de izquierda, de derecha y de “centro”— vive blindada por un sistema hecho a su medida, que perpetúa privilegios millonarios pagados con el sudor de un pueblo trabajador y contribuyente. No se trata solo de los ex presidentes; también los parlamentarios, altos cargos políticos y miembros del poder judicial participan de un esquema que ha normalizado el mal gasto de los dineros públicos.

No sorprende, entonces, que muchos chilenos rechazaran la propuesta de una nueva Constitución. No porque no quisieran cambios, sino porque percibieron que las élites buscaban perpetuar sus derechos y beneficios, incluso a costa de las necesidades urgentes del país. Mientras tanto, jubilados y pensionistas sobreviven con ingresos que en algunos casos no alcanzan el 50% del salario mínimo, y las AFP continúan lucrando con los ahorros previsionales.

En medio de este panorama, el diputado Carlos Bianchi (independiente) intentó poner un límite a la dieta vitalicia de los ex presidentes, proponiendo que se otorgara recién a partir de los 65 años y no inmediatamente después de dejar el cargo. Su propuesta apuntaba, entre otros, al caso de Gabriel Boric, que podría convertirse en el expresidente más joven en recibir más de 16 millones de pesos mensuales de por vida.

Los ex presidentes, en pesos ¿Cuál es su costo fiscal?

La reacción del Congreso fue reveladora: desde el Partido Comunista hasta Republicanos, la mayoría se unió para rechazar la iniciativa. Algunos plantearon como “alternativa” reducir gastos operacionales, que rondan los 8 millones mensuales, pero sin tocar la dieta de 7 millones.

Lo cierto es que este privilegio nació en el año 2000 con un objetivo evidente: permitir que el dictador Augusto Pinochet, entonces senador vitalicio, renunciara al cargo sin perder ingresos ni fuero. Aunque oficialmente se asegura que nunca lo cobró, la norma quedó instalada y desde entonces ha representado un gasto millonario para el Fisco.

Cifras que indignan

Entre 2000 y 2023, Chile ha gastado cerca de $10.500 millones en dietas y asignaciones para ex presidentes. Las cifras oficiales del Senado desde 2009 muestran que Ricardo Lagos ha recibido más de $1.432 millones solo en dieta, Eduardo Frei $1.004 millones, Michelle Bachelet $916 millones, Patricio Aylwin $657 millones y Sebastián Piñera $590 millones.

Pero el abuso no termina ahí. Si se suman los altísimos sueldos, asignaciones, viáticos y beneficios de parlamentarios, ministros, subsecretarios, jueces y altos funcionarios, el gasto se multiplica exponencialmente. Se trata de un sistema cerrado, donde todos los poderes del Estado se protegen entre sí, manteniendo sus privilegios mientras el país arrastra carencias estructurales en salud, educación y pensiones.

Pobreza: el peligro que enfrenta cerca de la mitad de la población en Chile

Y cuando se proyecta lo que costará Gabriel Boric si recibe este beneficio desde los 40 años hasta los 80, el gasto estimado supera los $10.500 millones, el mismo monto que Chile ya ha desembolsado en 23 años para todos los demás ex presidentes juntos.

Mientras tanto, las víctimas de la nefasta dictadura mueren sin reparación, las listas de espera en hospitales crecen y millones de chilenos viven con sueldos y pensiones indignos. El mensaje de la clase política y judicial es claro: sus privilegios son intocables.

Chile necesita despertar de verdad. No basta con indignarse en redes sociales o en la sobremesa; es hora de exigir cambios reales que terminen con el abuso y la impunidad en el manejo de los recursos públicos.   

Porque un país que honra a sus victimarios y privilegia a sus gobernantes por sobre sus víctimas, no puede llamarse plenamente democrático.

Chile: La república de los abusos y el desprecio al pueblo

Por: Rodolfo Varela

Mientras miles de chilenos y chilenas sobreviven en condiciones precarias, con pensiones indignas, sin acceso oportuno a salud, sin medicamentos, sin empleo ni vivienda adecuada, el aparato del Estado —que debería estar al servicio del pueblo— sigue siendo usado como una máquina de privilegios, impunidad y abuso para unos pocos.

¿Quién, dónde y cómo reside la soberanía popular en Chile?

Un nuevo escándalo sacude la ya deteriorada confianza en las instituciones públicas: 2.892 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la PDI viajaron fuera de Chile mientras estaban con licencia médica. ¿Vacaciones con diagnóstico psiquiátrico o descanso pagado con cargo al contribuyente? Esta cifra no es menor. Es otra bofetada a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores que deben justificar hasta una migraña para no perder el sueldo o el empleo.

Pero eso no es todo.

El Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló una situación aún más grotesca: más de 81.000 funcionarios públicos están registrados con más de un contrato en el Estado, algunos incluso con hasta 11 contratos simultáneos, especialmente en el sector municipal y educativo. En varios casos, las remuneraciones mensuales superan los $16 millones de pesos, pagados con recursos públicos, en un país donde el sueldo mínimo apenas supera los $500 mil y muchas pensiones no alcanzan ni la mitad de eso.

Para los jóvenes de 15 a 24 años de la región, alcanza el 13,8%.

Estas cifras reflejan no solo un desorden administrativo. Reflejan una estructura corrupta, opaca y profundamente injusta que ha sido tolerada y perpetuada por todos los gobiernos, de izquierda y de derecha. La corrupción en Chile no es un accidente: es una forma de gobernar. Y no se trata solo de dineros mal utilizados, sino de una profunda traición al pueblo.

Según el mismo informe del CPLT, un 73% de los casos se concentra dentro de una misma institución, sobre todo en municipalidades y corporaciones municipales. El resto corresponde a funcionarios que figuran en dos o más instituciones distintas, lo que evidencia dobles o triples ingresos, muchas veces sin que se cumpla con la jornada laboral requerida o con funciones reales.

¿Y qué hacen las autoridades? Poco y nada. Se excusan, prometen comisiones investigadoras, derivan responsabilidades, maquillan cifras. Mientras tanto, la maquinaria del abuso sigue girando.

En un país con esta magnitud de irregularidades, no es aceptable que las víctimas de violaciones a los derechos humanos sigan esperando justicia, verdad y reparación. No es aceptable que los exonerados políticos sigan viviendo en el abandono, que los adultos mayores tengan que elegir entre comer o comprar medicamentos, o que miles de jóvenes no accedan a una educación de calidad por falta de recursos.

No es falta de plata. Es falta de vergüenza.

El 49% del presupuesto municipal y el 22% del presupuesto del Gobierno Central se destina a remuneraciones de personal público, pero la ciudadanía no ve resultados proporcionales en servicios ni atención. Se trata de una estructura inflada, ineficiente, y en muchos casos, capturada por el nepotismo, el clientelismo político y la codicia sin límite.

El desempleo en Chile es del 8,0%.

Y a esto se suma otro drama: la corrupción institucional y la opacidad administrativa también espantan a los inversionistas extranjeros, que observan con desconfianza un país donde reina la impunidad, los funcionarios se enriquecen sin control, y la estabilidad jurídica parece una ilusión. ¿Quién quiere arriesgar su capital en un país donde las reglas se tuercen a favor de unos pocos y no existe certeza en la gestión pública?

El resultado es evidente: menos inversión, menos crecimiento, más desempleo. Especialmente entre los jóvenes, que ven cerrarse las puertas del mercado laboral formal y caen en la desesperanza o en trabajos informales sin derechos ni proyección. Esta es la cara oculta del modelo liberal que se nos vendió como ejemplo de eficiencia: precarización para la mayoría y protección para los de siempre.

Esto no es sostenibilidad fiscal. Es saqueo institucionalizado.

Chile no puede seguir funcionando como una república de privilegios para unos pocos mientras el resto sobrevive a punta de sacrificios. Es hora de limpiar el Estado. No con discursos vacíos ni pactos de silencio, sino con reformas estructurales, fiscalización real, sanciones ejemplares y participación ciudadana efectiva.

Los informes están. Las pruebas están. Lo que falta es voluntad. Y mientras eso no ocurra, no habrá reconciliación posible, no habrá justicia verdadera, ni democracia plena.

Porque cuando los de arriba abusan sin consecuencias, los de abajo pierden toda esperanza.