Ni clemencia ni impunidad: cuando el olvido se disfraza de humanidad

Por Rodolfo Varela

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se negocian, y no merecen beneficios carcelarios. Esa es la convicción de quienes sobrevivimos a la sangrienta dictadura chilena y cargamos, hasta hoy, con sus cicatrices físicas, mentales, financieras y morales. 

Rechazan en Chile intento liberar a violadores de DDHH

También es la posición firme de la Agrupación de Familiares de Ejecutadas y Ejecutados Políticos (AFEP), que el pasado 5 de agosto volvió a alzar la voz ante una nueva y grave amenaza: el intento coordinado entre sectores del Senado y la Corte Suprema de conceder beneficios a los criminales de uniforme —hoy ancianos— que jamás mostraron arrepentimiento, que no colaboraron con la justicia y que aún justifican sus actos atroces.

Hablan de humanidad. Pero, ¿qué humanidad hubo cuando nos secuestraron, nos torturaron, nos quebraron? ¿Qué humanidad hubo con los niños y niñas arrebatados a sus familias y entregados —o vendidos— a manos extranjeras? ¿Dónde estaba la clemencia cuando fuimos exonerados, cuando se nos negó trabajo, cuando se nos robó la dignidad y las imposiciones, cuando nos condenaron al exilio, al silencio, a la marginación?

Yo, como tantos, sé lo que es vivir con miedo, con la voz rota y el cuerpo dolido. Sé lo que es reconstruir la vida sobre las ruinas del alma, mientras la justicia llega a cuenta gotas —y a veces, ni siquiera eso. Hoy, con 75 años, como muchos otros sobrevivientes, sobrevivo con una pensión miserable, que no llega ni al 50% del salario mínimo. Esa es la famosa “reparación” que nos ofrecieron: caridad sin justicia, parches sin verdad.

Mientras tanto, los verdugos piden beneficios por edad y salud. ¿Y la salud de nuestras familias? ¿Y los que murieron esperando justicia? ¿Y los que siguen desaparecidos? Más de 1.100 detenidos aún no aparecen. ¿Cómo puede hablarse de perdón si ni siquiera hay verdad?

El pasado en el presente

La AFEP tiene razón: esto no es compasión, es impunidad. Es disfrazar el olvido con ropajes de humanidad. Es un nuevo golpe, esta vez contra la memoria. Una bofetada a los familiares de las víctimas y una amenaza directa a la garantía de no repetición. Porque si la justicia se debilita, los fantasmas del pasado regresan más fuertes.

A más de 50 años del golpe militar, Chile sigue teniendo una deuda monumental con las víctimas. El Poder Judicial, que durante la dictadura fue cómplice por omisión, no puede hoy pretender liderar una falsa reconciliación. Tampoco el Congreso, que con demasiada frecuencia calla o mira para otro lado, puede ceder al chantaje de la “humanidad selectiva”.

Los responsables de los crímenes más horrendos cometidos por agentes del Estado no merecen compasión ni beneficios, sino el peso completo de la justicia. Porque la memoria no se negocia. Porque la dignidad de un país no puede construirse sobre la impunidad.

A todos los que aún dudan, les decimos: ni olvido ni perdón. Nunca más.

Cuando la vida del trabajador vale menos que una multa: el rostro impune del modelo chileno

 Por: Rodolfo Varela

La reciente tragedia ocurrida en la mina El Teniente, donde seis trabajadores perdieron la vida, ha vuelto a poner en evidencia una dolorosa y cruda realidad: en Chile, la vida de los trabajadores sigue siendo tratada como un gasto secundario dentro de un modelo económico que prioriza las utilidades sobre la dignidad humana.

Tragedia en la mina El Teniente: hallan sin vida a los 5 mineros desaparecidos

No se trata de un accidente aislado, sino de una consecuencia previsible de un sistema que privilegia la producción por encima de la seguridad, y la impunidad por sobre la justicia.

La empresa contratista Gardilcic, responsable directa de cinco de los fallecidos, acumulaba 18 multas en los últimos cinco años por infracciones al Código del Trabajo, muchas de ellas por no resguardar adecuadamente la salud y la seguridad de sus empleados. ¿Cómo es posible que una empresa con semejante historial siga operando en faenas de alto riesgo? ¿Dónde están los mecanismos reales de fiscalización? ¿Qué sentido tiene una legislación laboral que puede ser vulnerada de manera sistemática sin consecuencias ejemplares?

La respuesta es tan clara como desoladora: en Chile, las leyes laborales existen más en el papel que en la práctica. Son débiles, escasas, y cuando se aplican, sus sanciones resultan irrisorias frente a las ganancias que obtienen las grandes empresas. Las autoridades competentes —políticas, judiciales y administrativas— han sido, en el mejor de los casos, negligentes, y en el peor, cómplices silenciosos de esta precarización estructural.

La muerte de estos trabajadores no puede ser reducida a una simple “fatalidad”. Es un crimen social, cuyas causas están a la vista:

• El modelo económico neoliberal, impuesto en la nefasta dictadura militar, que privatizó derechos fundamentales como la salud, la educación y la previsión social, y debilitó al Estado al punto de volverlo incapaz de proteger a su población. Todo este andamiaje favorece directamente a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), que lucran con el dinero de los trabajadores mientras estos se enfrentan a pensiones miserables e inseguridad total en su vejez.
  ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? ¿Y el Ministerio de Minería y Energía? ¿Cómo es posible que, ante tanto abuso, estas instituciones no actúen ni fiscalicen como es debido?

• La tercerización y subcontratación, que diluyen responsabilidades y convierten a los trabajadores en eslabones descartables dentro de una cadena de producción sin rostro. Este sistema ha dado pie a la proliferación de agencias de empleo que no solo maltratan a los trabajadores, sino que los descartan sin miramientos, especialmente a aquellos que superan los 40 años, quienes son discriminados por edad y excluidos sistemáticamente. Además, muchas veces los reemplazan antes de cumplir tres meses de contrato, para evitar que se genere vínculo laboral formal. Y todo esto ocurre sin fiscalización ni sanción alguna.

• La falta de fiscalización real y efectiva, con una Dirección del Trabajo debilitada, sin recursos suficientes y sin capacidad de hacer frente a los grandes conglomerados.

• La pasividad del sistema judicial, que permite que empresas multadas reiteradamente no enfrenten consecuencias penales ni éticas.

Pero esta no es solo la realidad de los mineros. Se trata de una condición que se extiende a millones de trabajadores en Chile: en el comercio, la agricultura, el transporte, la construcción, los servicios. La precariedad, el miedo al despido, la inseguridad y la falta de protección son parte del día a día de quienes sostienen con su esfuerzo la economía del país.

Máximo Pacheco presidente del directorio de Codelco

Y cuando ocurre una tragedia como la de El Teniente, las autoridades se limitan a anunciar investigaciones, mientras los altos ejecutivos de Codelco, como Máximo Pacheco y Rubén Alvarado, son citados como testigos y no como responsables. ¿Cuántas vidas más deben perderse para que la justicia actúe con la seriedad que corresponde?

"La curiosidad y los valores personales son pilares fundamentales del liderazgo", dice Alvadaro, Ceo de Codelco

Chile necesita con urgencia una nueva legislación laboral, centrada en la dignidad humana, en la seguridad de los trabajadores y en el fin de la impunidad empresarial. Pero más que leyes, lo que se necesita es voluntad política, fiscalización real e independiente, y una ciudadanía movilizada que no tolere más abusos.

Y ante todo esto, surge una pregunta que duele, pero que no podemos dejar de hacer:
¿Dónde están los derechos humanos en Chile?
¿Acaso solo existen para proteger a corruptos, delincuentes de cuello y corbata, asesinos impunes o poderosos que jamás pisan una cárcel?
¿Y los trabajadores? ¿Y los pobres, los que madrugan para sostener el país con su sudor y a veces con su vida?
¿Ellos no tienen derechos humanos?

En este sistema, parece que los derechos solo existen para unos pocos, mientras la gran mayoría vive sin justicia, sin dignidad y sin voz.
Y esto no ocurre solo en Chile. Es un drama compartido por muchos pueblos de América Latina, donde el poder económico compra conciencias, silencia fiscalizaciones y transforma el dolor del pueblo en una estadística más.

Pero la historia no termina ahí. La lucha por la dignidad de los trabajadores está viva, y sigue creciendo con cada conciencia que despierta. No estamos solos. Y no estamos vencidos.

El Quinto Poder en Crisis: Prensa, Política y el Engaño de la Democracia

 Por: Rodolfo Varela

Durante décadas, a los medios de comunicación se les llamó el “quinto poder”. Esta expresión surgió para reconocer su capacidad de fiscalizar a los otros poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y judicial— y a la iglesia, defendiendo el interés público con independencia, ética y verdad.

Cuál es el significado de la balanza

Pero hoy, esa función parece desvirtuada. La prensa que antes informaba con objetividad ha cedido ante la presión de intereses partidistas y económicos. Medios que antes eran guardianes de la democracia se han transformado en vitrinas de propaganda política, deformando la realidad, manipulando la opinión pública y manteniendo al pueblo en la ignorancia.

Cuando la información se convierte en arma

Lo más grave es que muchos medios ya no buscan informar, sino formatear el pensamiento de las audiencias según una agenda ideológica. Las líneas editoriales están subordinadas al financiamiento o al poder político de turno. Se ha perdido el equilibrio, la pluralidad y el deber más sagrado del periodismo: decir la verdad sin colores.

Y sin verdad, no hay democracia posible. El pueblo desinformado se vuelve presa fácil de los discursos vacíos, las promesas falsas y los regímenes autoritarios que dicen actuar en nombre del bien común.

La palabra mágica "democracia": una máscara de engaño

Tanto la derecha como la izquierda han usado la palabra “democracia” como una etiqueta vacía para justificar sus intereses, aunque actúen en contradicción directa con sus principios.

Soborno y la corrupción: balanza de la justicia con dinero

 La derecha y el autoritarismo bajo promesa de orden

La historia reciente de América Latina nos muestra que cuando la derecha ve amenazado su poder, recurren al miedo, la violencia y la represión. Prometen libertad, pero responden con golpes de Estado, censura, tortura y desapariciones. Durante las dictaduras militares en Chile, Argentina y Brasil, se secuestraron y vendieron incluso niños y niñas a familias extranjeras. Luego, lavaron sus manos culpando a la izquierda de lo ocurrido.

Y lo más preocupante: muchos medios jugaron un papel cómplice.

• En Chile, El Mercurio apoyó el golpe de 1973 y ocultó los crímenes de la dictadura de Pinochet.

• En Argentina, diarios como Clarín y La Nación silenciaron las desapariciones y replicaron las versiones oficiales.

• En Brasil, la cadena Globo transmitía desfiles militares como si fueran celebraciones cívicas, validando el régimen autoritario.

 La izquierda autoritaria: promesas de igualdad convertidas en represión

Por otro lado, varios gobiernos autodenominados progresistas se han servido del discurso de justicia social para concentrar poder y aplastar disidencias. En lugar de liberar, oprimen. En lugar de empoderar al pueblo, lo esclavizan con populismo, pobreza y miedo.

• En Venezuela, más de 100 medios han sido cerrados. El control absoluto del aparato comunicacional impide cualquier crítica al gobierno de Maduro.

• En Nicaragua, Daniel Ortega ha allanado redacciones, encarcelado periodistas y confiscado el diario La Prensa.

• En Cuba, no hay prensa libre. Quienes la intentan ejercer, como los reporteros de 14ymedio, son perseguidos o forzados al exilio.

Estos gobiernos se llaman a sí mismos democráticos, pero usan el parlamento para aprobar leyes que los benefician, el poder judicial para encarcelar opositores y la religión para justificar el autoritarismo. Al igual que la derecha, también se sirven de la prensa oficialista para propagar su verdad única.

Brasil hoy: descontento creciente, sin ofensas pero con verdad

En la actualidad, Brasil vive un clima de creciente insatisfacción popular, especialmente en los sectores que habían depositado esperanzas en un gobierno más justo, democrático y cercano al pueblo. Si bien el respeto a las instituciones debe ser siempre preservado —especialmente el poder judicial y las autoridades elegidas— no se puede ignorar el malestar ciudadano, visible en las calles, redes sociales y encuestas.

Muchos brasileños sienten que las promesas de cambio del gobierno Lula no se han traducido en mejoras reales para el pueblo, y que el país continúa atrapado en una agenda política lejana a las urgencias del trabajador, del joven sin oportunidades, del anciano con una jubilación insuficiente, del comerciante asfixiado por impuestos.

No se trata de atacar personas, sino de escuchar el grito de una población que se siente traicionada y olvidada. La democracia exige autocrítica, transparencia y coherencia. Y la prensa —como quinto poder— debe reflejar ese sentimiento, sin miedo ni censura.

Políticos honestos, perseguidos por no servir al poder

En medio de este panorama sombrío, existen figuras honestas que han sido castigadas justamente por actuar con ética y compromiso social, sin importar el color de su partido.

• En Brasil, el exjuez y ministro Sergio Moro fue atacado por diversos sectores tras exponer la corrupción en la Operación Lava Jato.

• En Guatemala, la exfiscal Thelma Aldana enfrentó el exilio tras luchar contra redes mafiosas desde el Ministerio Público.

• En Chile, figuras como Alejandro Navarro fueron marginadas por oponerse a pactos internos de poder y defender causas sociales incómodas para la élite política.

La verdadera lucha: no es izquierda ni derecha, es decencia

La batalla de fondo no es ideológica. No se trata de derechas ni izquierdas. La verdadera línea divisoria está entre quienes sirven al pueblo y quienes se sirven del pueblo. Entre quienes usan el poder para transformar y quienes lo usan para enriquecerse, oprimir y mentir.

La prensa, como “quinto poder”, debe recuperar su independencia moral y su misión de servicio público. Debe dejar de ser un arma partidaria para volver a ser un faro de verdad, capaz de fiscalizar con valentía y honestidad.

EN LA BALANZA DE LA JUSTICIA EL PLATILLO ESTÁ CARGADO

Hoy más que nunca, necesitamos periodismo sin banderas. Que defienda la verdad, denuncie la corrupción, visibilice a los silenciados y proteja la democracia de todos, no solo de algunos.

Porque sin información libre, no hay libertad. Y sin libertad, no hay democracia.

The Fifth Power in Crisis: Media, Politics, and the Deception of Democracy

By: Rodolfo Varela

 For decades, the media was referred to as the “fifth power.” This expression recognized its capacity to oversee the other powers of the State — executive, legislative, and judicial — as well as the influence of the church, defending public interest with independence, ethics, and truth.

What is the meaning of the scales?

But today, that role seems distorted. The press that once reported with objectivity has bowed to partisan and economic pressures. Once guardians of democracy, many media outlets have become propaganda showcases, distorting reality, manipulating public opinion, and keeping people in ignorance.

When information becomes a weapon

The gravest problem is that many media no longer seek to inform — they aim to shape thought according to ideological agendas. Editorial lines are subordinated to political power or financial interest. Balance and plurality have been lost, along with journalism’s most sacred duty: to tell the truth without political colors.

And without truth, democracy cannot exist. A misinformed population becomes an easy target for empty speeches, false promises, and authoritarian regimes that claim to act in the name of the common good.

The magical word “democracy”: a mask for deception

Both the right and the left have used the word “democracy” as a hollow label to justify their interests, even when their actions directly contradict democratic values.

 

The right and authoritarianism disguised as order

Latin America’s recent history shows that when the right feels its power is threatened, it often resorts to fear, violence, and repression. They promise freedom but respond with coups, censorship, torture, and disappearances. During the military dictatorships in Chile, Argentina, and Brazil, even children were kidnapped and sold to foreign families. Later, these regimes washed their hands, blaming the left.

Worse still, many media outlets played a complicit role.

• In Chile, El Mercurio supported the 1973 coup and concealed Pinochet’s crimes.

• In Argentina, newspapers like Clarín and La Nación remained silent about forced disappearances and repeated official lies.

• In Brazil, Globo broadcast military parades as if they were civic celebrations, legitimizing the authoritarian regime.

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The authoritarian left: promises of equality turned into repression

On the other side, several self-declared progressive governments have used the rhetoric of social justice to consolidate power and silence dissent. Instead of liberating, they oppress. Instead of empowering the people, they entrap them with populism, poverty, and fear.

• In Venezuela, over 100 independent outlets have been shut down. Maduro’s government tightly controls all national broadcast media.

• In Nicaragua, Daniel Ortega raided newsrooms, imprisoned journalists, and confiscated the offices of La Prensa.

• In Cuba, the press is entirely state-controlled. Independent journalists, like those from 14ymedio, face prison or forced exile.

These regimes call themselves democratic, but use congresses to pass laws that benefit themselves, judicial systems to imprison dissenters, and religious narratives to justify authoritarianism. Like the right, they rely on state-aligned media to broadcast their single version of truth.

Brazil today: growing discontent, respectfully acknowledged

Currently, Brazil is experiencing a wave of growing popular dissatisfaction, especially among those who once believed in a fairer, more democratic, and people-oriented government. While respect for institutions — including the judiciary and elected officials — must always be preserved, the widespread frustration cannot be ignored. It’s visible in protests, social media, and public sentiment.

Many Brazilians feel that the promises made by President Lula’s government have not led to real improvements, and that the country remains trapped in a political agenda disconnected from everyday realities — workers struggling to survive, youth without opportunities, retirees living with insufficient pensions, small business owners overwhelmed by taxes.

This is not about attacking individuals, but about listening to the voice of a population that feels forgotten and betrayed. Democracy requires self-criticism, transparency, and coherence. And the press — as the fifth power — must reflect this sentiment honestly and without fear.

IN THE SCALES OF JUSTICE, THE PLATE IS LOADED

Honest politicians punished for standing with the people

Amid this bleak scenario, there are still honest figures who have been punished simply for acting with ethics and social responsibility, regardless of party affiliation.

• In Brazil, former judge and minister Sergio Moro was politically attacked after exposing corruption in Operation Lava Jato.

• In Guatemala, former Attorney General Thelma Aldana was forced into exile after taking on powerful mafia networks.

• In Chile, figures like Alejandro Navarro were sidelined for opposing power pacts and defending uncomfortable social causes.

The real struggle is not left vs. right — it is integrity vs. corruption

The underlying battle is not ideological. It’s not about left or right. The real divide is between those who serve the people and those who serve themselves. Between those who use power to transform, and those who use it to enrich themselves, repress others, and lie.

The press, as the “fifth power,” must recover its moral independence and return to its role as a public service. It must stop being a partisan weapon and become a beacon of truth, capable of confronting power with courage and honesty.

Now more than ever, we need journalism without flags — one that defends truth, exposes corruption, gives voice to the silenced, and protects democracy for all, not just the few.

Because without free information, there is no freedom. And without freedom, there is no democracy.

Evelyn Matthei and Chile’s Uncomfortable Memory: Belated Apologies for an Open Wound

 By Rodolfo Varela 

Chile Vamos presidential candidate Evelyn Matthei publicly apologized for her controversial statements about the civil-military dictatorship of traitor Augusto Pinochet. "Nothing can justify such acts," she declared, attempting to contain the damage in a country that has not forgotten the crimes committed between 1973 and 1990.

But can a simple apology heal a wound that has been bleeding for over five decades?

                          

A context that cannot be rewritten

In April, Matthei told Radio Agricultura that the coup d’état was “necessary” and that the initial deaths were “quite inevitable.” Beyond being callous, her remarks revealed a disturbing case of historical revisionism.

“If not, we were heading straight to Cuba. There was no other alternative,” she claimed — minimizing the systematic repression, torture, forced disappearances, exile, arbitrary dismissals, and even the kidnapping and sale of Chilean children to foreign families.

Her comments triggered widespread criticism, especially from victims and their families, who are still waiting for truth, justice, and full reparation.

Apologies with electoral motives

Matthei’s apology, published Sunday in a letter to economist Sebastián Edwards in El Mercurio, appears to be a strategic move in an increasingly tense campaign. “I apologize for the pain my words may have caused,” she wrote, insisting she never intended to offend.

Terror of the Chilean dictatorship.

But Matthei is no outsider to this past. She is the daughter of General Fernando Matthei, a member of the military junta, and has repeatedly defended the dictatorship’s economic model. Her apology now seems less like an act of conviction and more like a political maneuver aimed at appeasing a disillusioned electorate.

A wounded Chile: a historical debt still unpaid

The Chilean right and far-right treat historical memory as a political nuisance. But memory is not an obstacle — it is a moral debt owed to thousands of victims. The dictatorship was not just a political rupture; it was a machinery of terror. The evidence lies in the Rettig and Valech Reports, in testimonies, in mass graves, and in military archives still hidden behind walls of secrecy.

Those who minimize or justify these crimes underestimate the intelligence of the Chilean people. Chile remembers. Chile is not blind. And Chile has not forgotten.

Reconciliation without justice?

Speaking of reconciliation without assuming responsibility or ensuring justice is political cynicism. Victims have received insufficient reparations. Many torturers remain unpunished. Stolen pensions were never returned. And the kidnapped children still search for their identities.

But this debt does not fall solely on the right. Left-wing governments have also failed. They had the opportunity to move decisively toward justice, to punish the criminals, and to return what was stolen — and they did little or nothing. Political responsibility also lies with those who, once in power, chose caution, delay, or electoral convenience.

And it's not just about governments. The Chilean people must also reflect. For decades, they have elected presidents from one political ideology while handing the National Congress over to the opposing side. How can justice be achieved and reparatory laws passed when the political system blocks every transformative initiative?

Moreover, the legacy of that dictatorship-imposed model continues to punish millions — especially retirees. Today’s pensions are not enough to survive, often below the minimum wage, and in many cases, they don’t even reach 50% of what’s needed to live with dignity.
How can there be reconciliation in a country that abandons its elders while rewarding those who looted their rights?

The voice of those who lived through the horror

Now that Chile is deep into a presidential race, it seems that everyone — right-wing politicians, former regime collaborators, businessmen, and even religious leaders — suddenly becomes good and “repentant.” But memory cannot be washed away with speeches.

Coup d'état in Chile in 1973

What the judiciary should be doing, instead of accepting convenient apologies, is investigating the wealth accumulated by families who profited directly or indirectly from the dictatorship. This includes powerful figures in the judiciary, politics, military, religious institutions, and business, as well as the civilian collaborators, such as the leaders of Colonia Dignidad — a place of horror that has yet to see full justice.

Have they forgotten all of this?

I haven’t. Because I am part of that recent history. On September 11, 1973, while others celebrated the bombing of La Moneda, I was working at Radio Corporación, alongside more than 20 colleagues. We were direct witnesses to the terror unleashed by those who now try to justify or erase what we all know happened.By Rodolfo Enrique Varela Herrera

Las consecuencias para Evelyn Matthei tras sus dichos sobre la dictadura

Por Rodolfo Varela

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha ofrecido disculpas públicas tras sus polémicas declaraciones sobre la dictadura cívico-militar encabezada por el traidor Augusto Pinochet. “Nada puede justificar semejantes actos”, afirmó, intentando enmendar el impacto de sus palabras en una ciudadanía que no ha olvidado los crímenes cometidos entre 1973 y 1990.

Pero, ¿son suficientes unas disculpas para sanar una herida que sangra hace más de cinco décadas?

Un contexto que no se puede maquillar

En abril pasado, Matthei declaró en Radio Agricultura que el golpe de Estado fue “necesario” y que las muertes durante los primeros días del régimen eran “bien inevitables”. Una afirmación que, más allá de la insensibilidad, evidencia un preocupante revisionismo histórico.

“Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”, sostuvo entonces, minimizando la represión sistemática, las torturas, las desapariciones forzadas, los exilios, las exoneraciones arbitrarias y hasta el secuestro y la venta de niños y niñas a familias extranjeras.

Las declaraciones generaron un rechazo transversal, especialmente entre víctimas y familiares de víctimas de la dictadura, quienes aún esperan verdad, justicia y reparación integral.

Disculpas en clave electoral

Las disculpas de Matthei, publicadas este domingo en una carta dirigida al economista Sebastián Edwards en El Mercurio, buscan dar un giro a una campaña marcada por la tensión. “Desde ya me disculpo por el dolor que mis palabras pudieron causar”, dijo, asegurando que su intención nunca fue ofender.

Terror de la dictadura chilena.

Sin embargo, la candidata no es una figura externa a este pasado. Es hija del general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar, y ha defendido reiteradamente la obra económica del régimen. Hoy, sus disculpas parecen menos una expresión de convicción y más una estrategia de contención política frente a un electorado que se aleja de los discursos negacionistas.

Chile herido: una deuda pendiente con la verdad

La derecha y la ultraderecha chilena insisten en tratar la memoria histórica como un obstáculo para la gobernabilidad, cuando en realidad es una deuda moral con miles de víctimas. La dictadura no fue solo un quiebre institucional; fue un aparato de violencia y muerte. La evidencia está en los informes Rettig y Valech, en los testimonios, en las fosas comunes y en los archivos que aún permanecen bajo secreto militar.

Quienes hoy minimizan o relativizan estos crímenes subestiman la inteligencia del pueblo chileno, pretendiendo que ha olvidado o que ignora. No es así. Chile recuerda. Chile no es ignorante.

¿Reconciliación sin justicia?

Hablar de reconciliación sin asumir responsabilidades ni garantizar justicia es cinismo político. Las víctimas no han recibido reparación suficiente. Muchos torturadores continúan impunes. Las pensiones robadas nunca fueron devueltas. Y los niños raptados aún buscan sus identidades.

Pero esa deuda no es solo de la derecha. También los gobiernos de izquierda han fallado. Tuvieron la oportunidad de avanzar decididamente en la reparación, en la sanción a los criminales y en la devolución de lo robado, pero hicieron poco o nada. La responsabilidad política también recae sobre quienes, con el poder en las manos, optaron por la tibieza, la lentitud o el cálculo electoral.

Y no se trata solo de los gobiernos. El pueblo chileno también debe reflexionar. Durante décadas ha elegido presidentes de una ideología, mientras entrega el Congreso a representantes de la ideología opuesta. ¿Cómo se puede construir justicia y avanzar en leyes de reparación, si el propio sistema político bloquea toda iniciativa transformadora?

Además, las consecuencias de ese modelo impuesto por la dictadura aún castigan a millones de chilenos, especialmente a los jubilados. Las pensiones actuales no alcanzan para sobrevivir, son inferiores al salario mínimo, y en muchos casos no llegan ni al 50% de lo necesario para vivir con dignidad. ¿Quién puede reconciliarse con un país que abandona a sus mayores y premia a quienes saquearon sus derechos?

La voz de quienes vivieron el horror

Ahora que Chile entra en una franca carrera presidencial, pareciera que todos los involucrados —políticos de derecha, excolaboradores del régimen, y hasta algunos empresarios y religiosos— se vuelven buenos y arrepentidos. Pero la memoria no se maquilla con discursos.

Golpe de Estado no Chile em 1973

Lo que deberían hacer las autoridades judiciales, más allá de aceptar disculpas formales, es investigar a fondo las fortunas acumuladas por aquellas familias que se beneficiaron directa o indirectamente de la dictadura, incluyendo altas figuras del poder judicial, político, militar, religioso y económico, sin olvidar a los civiles que colaboraron con la represión, como los jerarcas de la Colonia Dignidad, un enclave de horror que aún sigue esperando justicia plena.

¿Acaso ya olvidaron todo esto?

Yo no. Porque yo soy parte de esa historia reciente. El 11 de septiembre de 1973, mientras otros celebraban el bombardeo a La Moneda, yo trabajaba en Radio Corporación, junto a más de 20 colegas. Fuimos testigos directos del terror desatado por quienes hoy intentan justificarse o borrar lo que todos sabemos que ocurrió.

El diputado Johannes Kaiser debe ser destituido por incitar a la violencia y mancillar la memoria de las víctimas

 

Por Rodolfo Varela 

El pasado 30 de julio de 2025, el diputado debil mental chileno Johannes Kaiser expresó públicamente su respaldo a la idea de un golpe militar en el país. 

150 ejecutados y 40 desaparecidos

Sus declaraciones van mucho más allá de una simple opinión: constituyen una peligrosa incitación a la violencia, un atentado directo contra la democracia y una vergonzosa ofensa a la memoria de miles de víctimas del terrorismo de Estado. Esta conducta no puede, bajo ninguna circunstancia, ser tolerada. Debe enfrentarse con la sanción más severa posible: la casación de su mandato parlamentario.

Diputado Débil mental Johannes Kaiser

Desde el retorno a la democracia, Chile ha luchado —muchas veces con lentitud y dolor— por avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación para quienes fueron perseguidos, torturados, asesinados o hechos desaparecer por la dictadura de Pinochet. Hoy, a más de 50 años del golpe de Estado de 1973, las heridas siguen abiertas: niñas y niños secuestrados y vendidos a familias extranjeras, cuerpos que aún no han sido hallados y cientos de familias que siguen esperando justicia.

En este contexto, resulta absolutamente inaceptable que un representante del Congreso de la República trivialice e incluso legitime esos crímenes, al declarar —sin pudor alguno— que “sin duda apoyaría un golpe militar” si se dieran condiciones similares. Sus palabras, dichas durante una entrevista televisiva, evocan las mismas amenazas que precedieron uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Esto no es libertad de expresión: es apología de la violencia política.

Kaiser fue más allá al sugerir la proscripción del Partido Comunista de Chile, aludiendo a supuestos vínculos con organizaciones armadas. Esta retórica nos remite a épocas de persecución ideológica, represión sistemática y exclusión política. Chile ya vivió las consecuencias de ese discurso, y todavía no logra sanar. ¿Cómo es posible que alguien que ostenta un cargo de representación popular promueva ideas tan peligrosas sin afrontar ninguna consecuencia?

Agrupaciones y abogados de DD.HH. presentan recurso de protección en contra de Johannes Kaiser

Frente a este escenario, organizaciones como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta acción busca no solo detener el avance del negacionismo, sino también defender la dignidad y el honor de quienes ya han sufrido demasiado. Como expresó con claridad Gaby Rivera, presidenta de la AFDD: “Nadie puede seguir mancillando los nombres de nuestros compañeros y familiares. El repudio debe ser colectivo”.

Apoyamos con fuerza esta iniciativa, pero el repudio no basta. El Congreso Nacional debe actuar. La sociedad civil debe hacerse oír. Y la justicia debe estar a la altura. Si permitimos que desde el Parlamento se pronuncien discursos de odio y justificación de crímenes de lesa humanidad sin consecuencias, estaremos deshonrando no solo la memoria de las víctimas, sino también el frágil pacto democrático que tanto ha costado construir.

La destitución de Johannes Kaiser no es un acto de censura política. Es una medida ética, jurídica y moral. Es una defensa de la democracia frente a quienes pretenden reactivar la maquinaria del odio. Es un acto de memoria, respeto y justicia.

Chile necesita unidad, pero no una unidad basada en el olvido. Necesita respeto, pero no hacia quienes justifican la barbarie. Necesita democracia, pero no para proteger a sus enemigos internos.

Nunca Más debe ser más que una consigna: debe ser un compromiso con consecuencias. Y hoy, ese compromiso se cumple exigiendo que Johannes Kaiser sea removido de su cargo como diputado de la República de Chile.

Chilean Congressman Johannes Kaiser Must Be Stripped of His Mandate for Inciting Violence and Disrespecting the Memory of Victims

 By Rodolfo Varela

On July 30, 2025, Chilean Congressman Johannes Kaiser publicly expressed support for the idea of a military coup in the country. His statements go far beyond a simple opinion—they represent a dangerous incitement to violence, a direct attack on democracy, and a shameful insult to the memory of thousands of victims of state terrorism. 

Feeble-minded Deputy

Johannes Kaiser

This conduct cannot, under any circumstances, be tolerated. It must be met with the most severe consequence available: the removal of his parliamentary mandate.

Since the return to democracy, Chile has struggled—often slowly and painfully—to uncover the truth, deliver justice, and provide reparations to those persecuted, tortured, murdered, or disappeared during the Pinochet dictatorship. Now, more than 50 years after the 1973 coup, the wounds are still open: children who were kidnapped and sold to foreign families, missing bodies never recovered, and hundreds of families still waiting for justice.

Against this background, it is absolutely unacceptable that a sitting member of Congress would trivialize and even endorse those crimes by stating, shamelessly, that he would “undoubtedly support a military coup” under similar conditions. His comments, made during a televised interview, echo the very same threats that preceded one of the darkest chapters in our national history. This is not freedom of speech—it is an apology for political violence.

Kaiser has gone even further by suggesting the proscription of the Communist Party of Chile, citing alleged ties to armed groups. Such rhetoric brings us back to times of ideological persecution, systemic repression, and political exclusion. Chile has already lived through the consequences of this discourse—and the country is still trying to heal. How can someone entrusted with representing the people promote such dangerous ideas and face no consequences?

Human rights groups and lawyers file a protective action against Johannes Kaiser

Organizations such as the Association of Relatives of the Disappeared Detainees (AFDD) and the Association of Former Political Prisoners have filed a protection appeal with the Santiago Court of Appeals. Their goal is not only to curb the rise of denialism but also to defend the dignity and honor of those who have already suffered too much. As AFDD President Gaby Rivera said clearly: “No one can keep defiling the names of our comrades and loved ones. This outrage must be collectively condemned.”

We strongly support this initiative—but condemnation alone is not enough. The National Congress must act. Civil society must speak out. And the courts must rise to the occasion. If we allow hate speech and the glorification of crimes against humanity to come from the halls of Congress without consequence, we are dishonoring not only the victims’ memory but also the fragile democratic pact we have tried to build.

Stripping Johannes Kaiser of his congressional seat is not censorship. It is an ethical, legal, and moral imperative. It is a defense of democracy against those who seek to revive the machinery of hatred. It is an act of remembrance, of respect, and of justice.

Chile needs unity—but not one based on amnesia. It needs respect—but not for those who justify brutality. It needs democracy—but not to protect its internal enemies.

“Never again” must be more than just words. It must be a promise with consequences. And today, that promise means removing Johannes Kaiser from the Chilean National Congress.

Chile, 2025: Derechos Humanos en el papel, miseria en la vida real

 

Por Rodolfo  Varela 

Este 31 de julio de 2025 cierra una nueva Consulta Ciudadana sobre Derechos Humanos en Chile. Es parte de un proceso participativo para construir el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y el Tercer Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas. 

¿Solución al problema de las pensiones en Chile?

Una iniciativa que suena democrática, participativa y moderna. Pero la pregunta de fondo es: ¿para qué sirve tanta consulta si las víctimas de la dictadura siguen sobreviviendo con pensiones miserables, maltrato institucional y promesas rotas?

Desde el retorno a la democracia, han pasado más de tres décadas de gobiernos de derecha y de izquierda que, pese a los discursos grandilocuentes, no han cumplido con la reparación integral que merecen quienes fueron perseguidos, torturados y relegados al olvido. Hoy, muchas de esas víctimas sobreviven en la precariedad más absoluta, cobrando pensiones indignas, con descuentos abusivos por parte de Fonasa y sin acceso real a tratamientos de salud física y mental.

Se agradece el anuncio de la expropiación de la infame Colonia Dignidad, ese enclave alemán que durante años funcionó como centro de tortura, desapariciones y abusos sistemáticos. Es una medida justa, aunque tardía. Pero cuidado: no basta con apropiarse del terreno. Hay que devolverle el sentido de justicia a ese lugar, convertirlo en un verdadero sitio de memoria, no en un parque temático financiado por la cooperación internacional o una fachada cultural sin alma ni verdad.

También se anuncian fondos concursables para proyectos de memoria y cultura. ¿Quién los administra? ¿Quién decide qué organizaciones pueden hablar del pasado? ¿Por qué se sigue privilegiando a ciertas fundaciones cercanas al poder, mientras muchas agrupaciones de víctimas reales no tienen ni sede donde reunirse?

A todo esto se suma un hecho que debería ser central en cualquier política de derechos humanos: el Estado chileno está tratando de recuperar 16 millones de dólares robados por Augusto Pinochet, que hoy están en manos de sus herederos. ¿Cómo puede haber justicia si los bienes mal habidos de la dictadura siguen en manos privadas, mientras las víctimas sobreviven con bonos ridículos y un Estado ausente?

No son solo los herederos. También deben rendir cuentas los jueces que validaron montajes, los empresarios que se enriquecieron con el terror, los políticos que hicieron carrera sobre el silencio, los religiosos que bendijeron crímenes, y los artistas que aplaudieron desde los escenarios mientras otros eran ejecutados. La justicia patrimonial y moral también es un derecho humano.

  

imagen más dolorosa: Todos los jubilados haciendo fila para cobrar

Este gobierno, al igual que los anteriores, se ha especializado en el arte de la simulación. Simulan escuchar. Simulan reparar. Simulan legislar. Pero no cambian la realidad de quienes siguen pagando con su salud y su pobreza los costos del horror vivido entre 1973 y 1990.

Chile necesita algo más que planes nacionales y consultas en línea. Necesita voluntad política para hacer justicia. Necesita reparación económica real, acceso garantizado a salud mental, reconocimiento público y permanente, educación para no repetir la historia y, sobre todo, una reforma profunda al sistema de pensiones para que nunca más una víctima tenga que mendigar por lo que legítimamente le corresponde.

Y necesita, sobre todo, que se devuelva al pueblo lo que le fue robado. La dignidad no puede seguir postergada por cálculos políticos. 

Los derechos humanos no se consultan, se garantizan.

Chile 2025: Human Rights on Paper, Misery in Real Life

By Rodolfo Varela 

On July 31, 2025, Chile closes yet another Virtual Public Consultation on Human Rights. This initiative aims to gather citizen input for drafting the Third National Human Rights Plan and the Third National Action Plan on Business and Human Rights. It all sounds democratic and participatory.

¿Solución al problema de las pensiones en Chile?

But here’s the real question: What good are all these consultations if the victims of the dictatorship still live in poverty, with miserable pensions, institutional neglect, and broken promises?

More than three decades have passed since Chile's return to democracy, under both right-wing and left-wing governments. Despite all the grand speeches, true and full reparation for those who were persecuted, tortured, exiled, or exonerated has never been delivered. Many survivors are still struggling to survive, receiving shamefully low pensions, facing abusive deductions from the public health system (Fonasa), and lacking access to proper medical and psychological care.

To this, we must add another unpunished crime: the dictatorship stole pension contributions from thousands of workers—disappeared from records or funneled away. These were never returned, and the pension system still fails to acknowledge those lost years, pushing survivors into extreme poverty.

The government has also announced the expropriation of Colonia Dignidad, the infamous German enclave that operated as a torture and extermination center for years. This is a long-overdue and necessary measure. But expropriation alone is not enough. Justice demands that this place become a true memorial site—not a sanitized tourist attraction funded by foreign aid or a soulless cultural façade.

There are also calls for new cultural and memory project grants. But who decides which organizations receive funding? Why do politically connected foundations get privileged access, while many real victims’ associations lack even a place to meet?

Another issue that must be central to any serious human rights agenda: the Chilean State is still trying to recover $16 million USD stolen by Augusto Pinochet, currently held by his heirs. How can there be justice while the dictatorship’s stolen wealth remains in private hands, and the survivors live on crumbs from the state?

And let us not forget one of the most painful and unresolved crimes: the abduction and trafficking of children during the dictatorship, handed over—often illegally—to foreign families under threats or deception. Many of these now-adult victims live abroad, searching for their true identities, without sufficient help from the Chilean government, without access to case files, without truth, justice, or reparations.

      imagen más dolorosa: Todos los jubilados haciendo fila para cobrar

It’s not just Pinochet’s heirs who must be held accountable. Judges who validated fabricated cases, politicians who built careers on silence, religious figures who blessed state terror, business elites who profited from fear, and artists who cheered on the regime while others were being executed—they too must face the weight of memory and justice.

This administration, like the ones before it, has become a master of simulation. They simulate listening. They simulate repairing. They simulate legislating. But they do not change the lived reality of those who still suffer the consequences of the horror between 1973 and 1990.

Chile needs more than national plans and online consultations. It needs political will to deliver justice. It needs real financial reparation, guaranteed access to mental health care, restoration of stolen pension contributions, public recognition, truth for stolen children, education to prevent repetition, and above all, a deep reform of the pension system, so that no survivor is ever forced to beg for what is rightfully theirs.

And above all, it needs the return of everything that was stolen from the people—in money, in memory, and in dignity.
Human rights are not to be consulted. They must be guaranteed.