La comisión aprobó en general un proyecto, en segundo trámite, que tiene por objeto disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para el consumo humano en cualquier punto de su cadena productiva. Igualmente, busca recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo y fomentar sistemas alimentarios sostenibles.
Regular la redistribución de alimentos aún aptos para el consumo es el objetivo del proyecto (boletines 10198, 10337, 10513, 10556 y 10835), en segundo tramite, aprobado en general por la Comisión de Salud de la Cámara.
La iniciativa, más en concreto, tiene por objeto disminuir y prevenir la pérdida de alimentos aptos para el consumo humano en cualquier punto de su cadena productiva. Igualmente, busca recuperarlos, distribuirlos, promover su consumo y fomentar sistemas alimentarios sostenibles.
Entre sus lineamientos propone que los establecimientos comerciales donde se vendan y consuman alimentos preparados ofrezcan a sus clientes la posibilidad de llevar los alimentos no consumidos. Esto aplica, por ejemplo, a restaurantes, fuentes de soda y locales de comida rápida.
Adicionalmente, plantea la prohibición de destruir o eliminar alimentos aptos para el consumo humano. Junto a ello, define para las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que fabriquen, produzcan, importen, distribuyan y comercialicen productos alimenticios el deber de donarlos o entregarlos en forma gratuita, oportuna, directamente y a su elección, a una entidad intermediaria o a un receptor final. Para ello suscribirá previamente un convenio, en la forma y con los beneficios y condiciones previstos en esta ley.
Alimentos con vencimiento
Por otra parte, se indica que los alimentos con proximidad a su fecha de vencimiento deberán entregarse seis días antes del término de dicha fecha de vencimiento. Quienes los donen o entreguen serán en todo caso responsables por su condición.
El texto plantea otras opciones en caso de no poder cumplir con la norma recién señalada, por caso fortuito o fuerza mayor. También expone quienes se exceptuarán de la regla general.
Además, entre un amplio conjunto de normas, se adjudica a la Secretaría Regional Ministerial de Salud fiscalizar este cuerpo normativo y se presentan sanciones para los infractores.
La Comisión de Salud fijó como plazo de indicaciones hasta el 6 de julio.
Ejecutivo y parlamentarios
Representantes del Gobierno manifestaron que este proyecto sobre redistribución de alimentos es muy contingente. Ello, particularmente considerando que estamos próximos a celebrar en Chile la cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición.
Empero, plantearon que se deben realizar ciertas adecuaciones normativas. Por ejemplo, citaron lo que se refiere al tema de la destrucción de alimentos y también el marco legal para la gestión de residuos.
En tal plano, solicitaron a la comisión conformar un equipo de trabajo con los asesores de la instancia para ver cómo se puede perfeccionar este proyecto en un plazo prudente.
Si bien algunos legisladores dijeron compartir el objetivo de la norma, estimaron que podría generarse un problema con las responsabilidades aparejadas a la iniciativa. Un punto observado es el caso de la donación de un producto alimenticio que, posteriormente, generó problemas de salud. En tal situación, no queda claro si quien donó se libera de la responsabilidad, según expusieron los diputados.
Así, junto a otras consideraciones, evaluaron que se requiere de mayor profundidad en el estudio de la norma.
Experiencia internacional
Para apoyar la propuesta, algunas de las mociones que dieron origen a este proyecto exponen la experiencia internacional sobre la redistribución de alimentos. Así, se relata, por ejemplo, los casos de Bélgica y Francia. En Bélgica, la región de Valonia impuso la obligación para los establecimientos comerciales de más de 1000 metros cuadrados de donar de forma sistemática sus productos en fecha de vencimiento a asociaciones de caridad.
Por su parte, la Asamblea Nacional Francesa adoptó, el 21 de mayo del 2015, varias modificaciones legales con el objetivo de luchar contra el desperdicio alimentario. Entre las disposiciones más importantes destaca la prohibición por parte de los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados de desechar o destruir alimentos.
Se menciona también que algunas disposiciones plantean la obligación de establecer contratos de donación con asociaciones de caridad certificadas: mientras que, otras, apuntan a la utilización de productos que no se han vendido para la alimentación animal o para fines de compost para la agricultura.
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