Senado entrega respaldo a prórroga del estado de excepción en la macrozona sur

Los congresistas plantearon la necesidad de contar con un instrumento que otorgue la seguridad necesaria a la población y que a la vez, se extienda por un periodo que permita medir su efectividad.

Valorando la presentación del proyecto que genera nuevas condiciones para dictar un estado de excepción de emergencia, la Sala del Senado aprobó la vigencia del estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.


Con 34 votos a favor y uno en contra, los legisladores respaldaron el oficio del Ejecutivo, tal como lo hicieron más temprano las diputadas y diputados.


Durante el debate, se hizo mención al ingreso a la Cámara Alta del proyecto, iniciado en mensaje que establece un estado de excepción de emergencia por 60 días. Los senadores valoraron que las conversaciones se materializaran en una iniciativa que recoge una de las grandes críticas del instrumento actual que es su corta duración.


En cuanto a los hechos delictuales, se confrontaron las cifras entregadas por el Ministerio del Interior con aquellas que manejan senadores opositores que hablan de un incremento de los hechos de violencia en un 16% y la incidencia de ataques en parques nacionales.


Otros ejes de análisis abordados por los congresistas fueron los resultados de la labor investigativa, la efectividad del plan Buen Vivir, y la semántica de los términos “violencia rural y terrorismo”.


Conectando con la contingencia, el senador José Miguel Durana mencionó el paro de los camioneros y la decisión del Ejecutivo de decretar la ley de seguridad interior del Estado. “Creo que el camino es el diálogo y acá no se está aplicando. Dentro de las demandas del sector está la necesidad de recuperar la seguridad en la macrozona norte”, comentó.

BALANCE

Al inicio del debate, el ministro (S) del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve aseguró que “las decisiones adoptadas para frenar los delitos en la macrozona sur en el último año, han permitido que haya 46% menos de hechos de violencia rural y se han hecho 130 mil controles de identidad. También hemos dispuesto recursos para dar más herramientas a las policías para perseguir los delitos”.


La autoridad recordó también la visita del presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, detallando que “se acordó generar una comisión de diálogo entre las partes para generar una paz sustentable basándose en el resto de todas las partes”.


Una vez abierta la votación hicieron uso de la palabra los senadores José García Ruminot, Matías Walker, Jaime Quintana, Gastón Saavedra, Fidel Espinoza, José Miguel Durana, Rojo Edwards, Iván Flores, Alfonso De Urresti y Kenneth Pugh.


Tras la votación, la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández aclaró que el proyecto de infraestructura crítica es otra norma que seguirá su tramitación en forma paralela a la recién presentada. “Creo que hay que reconocer lo que se está haciendo más allá de poner el acento en lo que falta. Hay que valorar el trabajo de las tropas que están desplegadas”, hizo ver.

Exponen sobre desafíos para la implementación de energías renovables

Para abordar este tema, la Comisión de Minería y Energía recibió al ministro Diego Pardow, a representantes del Coordinador Eléctrico Nacional y de asociaciones vinculadas a la generación y almacenamiento de energías renovables.

Impulsar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional es el objetivo del proyecto analizado en la Comisión de Minería y Energía (boletín 14755).

La propuesta, presentada a fines del Gobierno anterior, busca el aumento de las metas de generación a gran escala. Además, pretende establecer un sistema de trazabilidad del carácter renovable de la energía e incentivar la generación distribuida.

En la última sesión, la instancia invitó al ministro de Energía, Diego Pardow. Esto, con el fin de conocer la razón por la que el Gobierno pretende potenciar la tramitación de la propuesta legislativa.

El secretario de Estado señaló que, en su diagnóstico inicial en la cartera, encontró deudas regulatorias y desafíos en esta materia. Por lo tanto, decidieron avanzar con proyectos que ya se encontraban en tramitación.

La autoridad reconoció que esta propuesta no entrega solución a todos los conflictos, pero aseguró que “es un primer paso en la dirección correcta”. Ello, porque el proyecto promueve mayor flexibilidad y sostenibilidad al sistema. Así, el fomento de la generación distribuida o net billing ayuda a descongestionar las vías de transmisión y facilitar la incorporación a la red.

El ministro, asimismo, señaló que la idea del Gobierno es presentar indicaciones a la propuesta una vez que esta sea aprobada en general. Apuntó que, actualmente, el país tiene desafíos en el desarrollo de energías renovables que permitan la meta de descarbonizar la matriz energética.

Junto a lo anterior, está el desafío del transporte de estas nuevas fuentes de energía. Dicha situación va acompañada de la capacidad de la institucionalidad de evaluar y dar respuesta a los proyectos que se pretenden desarrollar en esta dirección. Además, se suma el desarrollo de la industria del hidrógeno verde.

Todo esto requiere que se implementen normas que faciliten los procesos y que permitan una transición justa, que asegure estabilidad en las comunidades.

Otros invitados

A la sesión también asistió el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo. Lo acompañó el director ejecutivo del organismo, Ernesto Huber. Ambos expusieron sobre el estado de avance de las energías renovables en el país y sus apreciaciones del proyecto.

Señalaron que es fundamental modernizar las normas vinculadas al segmento de distribución de energías. Esto, con el objetivo de aumentar la competencia y permitir así la entrada de nuevos actores. En tal línea, estimaron necesario establecer requisitos de monitoreo en tiempo real para controlar la congestión por la inversión de flujos.

Igualmente, expuso en la comisión Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G). En su presentación, destacó la importancia de comprender que estos cambios son por la necesidad de descarbonización de la matriz energética por la crisis climática.

Explicó que, solo para alcanzar dicho objetivo, es necesario añadir 22.5 GW de energías renovables y almacenamiento. “Esto es una cifra de una envergadura muy desafiante”, agregó. Actualmente, hay proyectos en curso que cubrirían 10 GW, pero argumentó que es necesario suplir los faltantes, para lo cual sería necesaria una inversión equivalente a 11 puntos del PIB.

Finalmente, expuso el presidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, Claudio Seebach. En su intervención puso énfasis en que el objetivo es ir electrificando el consumo de energía, para lo cual es necesario mejorar las vías de transición.

Aseguró que, hoy, las tecnologías de generación responsable son las más competitivas y, por lo tanto, son las que más crecen. Por esto, ya no es correcto hablar de energías renovables “no convencionales”, pues el 98% de lo que se está construyendo son proyectos renovables y un 100% de los que están en evaluación.

Retoman estudio de proyecto que regula uso de terrenos afectados por incendios forestales

La Comisión de Medio Ambiente comenzó el análisis de una iniciativa, pendiente desde la legislatura anterior, que desincentiva el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados.

La Comisión de Medioambiente retomó la discusión de la iniciativa que regula los cambios de uso de suelo, los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales (boletines 13967, 14017 y 14023).

Dicho proyecto fue aprobado en general en la legislatura anterior (31 de mayo de 2021). Comprende en sus bases tres iniciativas refundidas originadas por diputados/as y exlegisladores. Su fundamento es desincentivar el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados. Asimismo, busca establecer prohibiciones y obligaciones respecto de terrenos afectados por dichos incendios forestales.

El diputado Diego Ibáñez (PCS), autor de uno de los proyectos (13967), recordó que la iniciativa nació por el aumento de los incendios forestales en los últimos años. De ellos, acotó, el 98% son intencionales. Alertó que los terrenos, luego del siniestro, cambian de uso de suelo para emplazar edificaciones.

Durante la sesión, presentó un paquete de indicaciones que la comisión acordó que servirán de base para la presentación de otras propuestas de modificación.

Nueva propuesta

Diego Ibáñez dijo que la nueva propuesta simplifica el texto y recoge acotaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente del gobierno de Sebastián Piñera y sugerencias de expertos.

Indicó que se toma la experiencia comparada de España y México para crear un nuevo cuerpo normativo que busca regular los usos de dichos terrenos. Así, se establece una prohibición que se extenderá por 30 años, 20 años menos de lo que planteaba el proyecto original. De tal modo, el nuevo plazo se alinea con la recuperación endémica de los bosques, que se realiza entre 20 y 30 años.

Además, se prohíben ciertas acciones en los terrenos quemados. Por ejemplo, no construir o edificar, con excepción de reconstrucción de viviendas o infraestructuras ya existentes. Igualmente, no lotear o subdividir los terrenos, o destinarlos a actividades distintas que afecten la cubierta vegetacional.

El diputado comunicó que se modifica, asimismo, la Ley de Urbanismo y Construcciones. El objetivo es que, en la interfaz urbano-rural, los dueños de predios rurales faciliten el acceso de vehículos de emergencia para evitar incendios forestales.

Por otra parte, se cambia la Ley de Bosque Nativo, para modificar el concepto de incendio forestal. Es decir, que no solo afecte suelo forestal, sino también formación vegetal y áreas colindantes al límite urbano o centro poblacional.

Por último, se establecen sanciones a quien vaya en contra de la norma. Junto a ello, se propone la obligación de regenerar y recuperar la zona siniestrada con plantaciones de alto valor ecológico, prohibiendo el monocultivo de Pino o Eucalyptus.

El objetivo del proyecto fue compartido por las y los diputados, aunque se manifestaron ciertas aprehensiones respecto al plazo propuesto de 30 años. De igual modo, sobre la intencionalidad de los siniestros, que puede afectar predios destinados a otras actividades, que pueden verse impedidas de desarrollar.

Ecoblanqueo o lavado verde de imagen

En otra línea, la instancia continúo con la votación en particular del proyecto que previene y sanciona el ecoblanqueo o lavado verde de imagen (boletín 15044).

El texto busca definir y precisar el concepto de lavado verde de imagen o “greenwashing” en la legislación chilena. De igual modo, pretende prevenir dicho comportamiento e impulsa una plataforma permanente de información ambiental de las empresas. La idea es dotar de mayores herramientas para fiscalizar y sancionar a quienes incumplan la normativa.

En la jornada se aprobó una indicación y un artículo relacionado a la “publicidad de la sustentabilidad”, que establece que las empresas deberán entregar información completa, veraz, verificable, comprensible y precisa. Además, no se podrán omitir antecedentes que puedan inducir a error.

Tampoco podrán publicitarse como sustentables prácticas que se ejecuten en mero cumplimiento de las leyes o de medidas de mitigación, reparación, compensación o compromisos voluntarios respecto a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Finalmente, quedó pendiente de votarse la norma que señala que no podrán hacer publicidad de la sustentabilidad las empresas que han sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas.

Segunda jornada de Presupuesto 2023: avanzan en partidas de Mujer, Trabajo, Segegob y Segpres

De acuerdo al cronograma establecido para el segundo trámite, la Sala del Senado continúa este miércoles y jueves, el tratamiento del proyecto del erario nacional. Las sesiones se transmiten en vivo por TV Senado.

Con diversos acuerdos y votaciones continúa este martes, la segunda jornada en el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023, en la Sala del Senado. Cabe recordar que en la primera jornada, se despacharon 17 partidas.



La partida correspondiente al Ministerio de la Mujer se aprobó tras la discusión de la indicación del Ejecutivo que repuso la asignación para la Fundación de la Familia la que, según explicó la directora de la Dipres Javiera Martínez, es esencial para dar continuidad a los programas desarrollo familiar y familia digital. Al respecto, la senadora Claudia Pascual recalcó que este presupuesto trabaja con las familias más pobres, con una lógica provincial, presente en todas las regiones de nuestro país.

Luego, la Sala se abocó a la partida del Ministerio del Trabajo que discutió una indicación del senador Chahuán declarada inadmisible y que buscaba aumentar el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos a partir de enero.



Por su parte, la Directora de Presupuestos indicó que actualmente existe un proyecto de ley que aumenta la PGU a ese mismo monto de forma responsable y sostenible en el tiempo, mientras que paralelamente, se discute la reforma tributaria. Tras esta respuesta, el senador Chahuán retiró la indicación y la partida fue aprobada por la Sala.

En la partida del Ministerio Secretaría General de Gobierno, tras una amplia discusión, la Sala aprobó en votación dividida las indicaciones que rebajaron el presupuesto destinado a bienes y servicios de consumo y a la Secretaría de Comunicaciones.



Dichas indicaciones, de autoría del senador Juan Castro, generaron un extenso debate entre los parlamentarios, especialmente, porque parte de los mencionados recursos se emplean para la realización de campañas de interés público de distintos ministerios en medios de comunicación, según explicó el Ejecutivo.



Luego, la Sala aprobó la indicación presentada por el Ejecutivo que busca reponer el presupuesto de Gastos en Personal y que había sido disminuido en la Cámara de Diputadas y Diputados.



Hicieron uso de la palabra los senadores: Iván Moreira, Yasna Provoste, Ricardo Lagos, Alejandra Sepúlveda, Fabiola Campillai, Daniel Nuñez, Juan Castro, José García Ruminot, Claudia Pascual, Luciano Cruz Coke, Juan Antonio Coloma, Álvaro Elizalde, Gustavo Sanhueza y Francisco Chahuán.



Finalmente, la partida fue aprobada por 31 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

 

La partida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia se despachó por 36 votos favorables y 1 en contra. Sin embargo, el debate estuvo centrado en la indicación del Ejecutivo relativa a uno de los planes maestros del gobierno para atender las demandas de las comunidades mapuches en 4 regiones del país, incluyendo La Araucanía.



Aquí, la primera observación que hicieron diversos senadores fue ¿por qué el Plan Buen Vivir se encuentra en la partida de la Segpres y no en el Ministerio de Desarrollo Social?, al tiempo que se realizaron diversas consultas sobre los recursos destinados a la contratación de profesionales para apoyar al Estado a la articulación de las diversas propuestas.



Incluso hubo voces de advertencia respecto a los perfiles de elección de dichos profesionales, puesto que se requieren altas competencias y coordinación “que no sean activistas y que no tengan vínculos con actos de violencia”, mientras que desde la otra vereda hubo un reconocimiento a que esta es uno de los conflictos más importantes del Estado de Chile y se requiere la expertise y hacer un acto de fe con el Ejecutivo.



En la ocasión, la ministra Ana Lya Uriarte, respondió las inquietudes de los parlamentarios amparándose en la Ley Orgánica de la Segpres, ministerio integrante del Comité Político y, especialmente, mandatado para “actuar por orden del Presidente de la República con otros ministerios y organismos. Este es un plan intersectorial y se requiere de tal autoridad para movilizar las diversas decisiones dentro del ámbito sectorial”. Tras el debate donde hicieron uso de la palabra los senadores: Felipe Kast, Rojo Edwards, Alejandra Sepúlveda, José García Ruminot, Jaime Quintana, Alfonso De Urresti, Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán y Fidel Espinoza, la mencionada indicación que fija el monto del plan Buen Vivir en $843.708 miles y que aumenta de 17 a 23 los funcionarios, se aprobó por 36 a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Dan a conocer proyectos habitacionales seleccionados por el Concurso Nacional 2022 del Programa de Integración Social y Territorial (DS19)

 

Se trata de un plan que incentiva el desarrollo de proyectos habitacionales que permiten a familias de diferentes realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda. En total se aprobaron 125 proyectos distribuidos en 14 regiones y 63 comunas del país.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, junto con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, y representantes de instituciones financieras, presentó la selección de proyectos del concurso nacional de 2022 del Programa de Integración Social y Territorial (DS19).

En total son 125 los proyectos aceptados, equivalentes a 25.022 viviendas, que beneficiarán a familias de diferentes realidades socioeconómicas, quienes podrán acceder a su primera vivienda.

El programa DS19 sufrió una serie de mejoras, las cuales permitieron generar un alto interés por parte de las Entidades Desarrolladoras a la hora de presentar proyectos, todo en un contexto de dificultad para el sector construcción por los efectos de la pandemia.

¿Pero qué es el Programa de Integración Social y Territorial?

Es un programa que incentiva el desarrollo de proyectos habitacionales que permite a familias de diferentes realidades socioeconómicas adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado, accediendo a conjuntos de vivienda en barrios bien localizados y cercanos a servicios, con altos estándares de calidad en diseño, equipamiento y áreas verdes.

Inició su implementación en 2016. Las familias que tienen un subsidio para comprar una vivienda lo pueden aplicar en estos proyectos habitacionales, en la medida que existan viviendas por el valor correspondiente a su beneficio. De igual forma, las familias o personas que no tienen un subsidio habitacional también pueden acceder a viviendas de estos proyectos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de postulación al Subsidio para Sectores Medios (DS1).

¿Cuántos proyectos se presentaron para la selección de este año?


El periodo para que las Entidades Desarrolladoras presentaran proyectos estuvo abierto hasta el 1 de agosto pasado. En total, se ingresaron 203 proyectos, equivalentes a 40.442 viviendas, en 14 de las 16 regiones del país (no se presentaron en las regiones de Aysén y Magallanes).

¿Cuántos proyectos se seleccionaron?

Luego del proceso de evaluación, 125 proyectos resultaron seleccionados, equivalentes a 25.022 viviendas, que corresponden al 62% de la oferta presentada. Los proyectos seleccionados corresponden a 51 Entidades Desarrolladoras, destacando aquellas con mayor número de proyectos seleccionados: PY, ISIETE, Conavicoop, Ecomac y Maestra.

La distribución territorial de los proyectos abarca 63 comunas en 14 de las 16 regiones del país, destacando la incorporación de las comunas de Calle Larga (Región de Valparaíso); Chimbarongo (Región de O’Higgins); Arauco (Región del Biobío) y Conchalí, San Miguel, Quinta Normal y San Ramón en la Región Metropolitana.

¿Qué aspectos destacan en este llamado especial de 2022?

La pandemia significó una serie de dificultades para el sector construcción. Sus efectos sobre la cadena de suministros a nivel internacional persisten, expresándose en un alza del costo de los insumos, su escasez, así como falta de mano de obra, situación para la que el Minvu trabaja para dar una solución en el largo plazo.

Para este llamado en particular, se implementaron medidas y se realizaron gestiones orientadas a generar incentivos e impulsar el desarrollo de nuevos proyectos. Entre estas se cuentan: Gestiones ante las instituciones que tramitan los permisos (ambientales, de mitigación vial, de edificación, entre otros) con el objeto de acelerar los procesos y lograr que estos proyectos se materialicen dentro de los plazos del Plan de Emergencia Habitacional.

Ajustes a los montos de subsidio y precios de vivienda del programa, tanto para el llamado 2022 como para los proyectos de años anteriores.
Desde el punto de vista del financiamiento, se han anunciado medidas que buscan mejorar las garantías de acceso al crédito y la extensión de la eliminación gradual del crédito especial para empresas constructoras.

Gracias a estas medidas, las empresas mostraron un importante interés en participar del proceso, reflejado en el volumen de viviendas postuladas que superó ampliamente los recursos dispuestos en el llamado. Esto motivó un incremento por parte del Minvu que permitió ampliar el total de proyectos seleccionados, reforzando el modelo de alianza público-privada que propone el Programa de Integración Social y Territorial.

Fuente: Gobierno de chile

Cámara rechazó violaciones a los DDHH y represión a la libertad religiosa en Nicaragua

En la resolución aprobada por la Sala se refutan diversos hechos de violencia y de represión gestados por la autoridad del país centroamericano. En ellos se constatarían muertes de civiles, acoso y encarcelamiento de religiosos, secuestros y heridos.

Una mayoría de 104 votos favorables permitió la aprobación de la resolución 393 (también hubo un voto en contra y 13 abstenciones). Por su intermedio, la Sala de la Cámara expresa su más absoluto repudio a hechos de violencia acontecidos en Nicaragua. Particularmente, se refutan situaciones de acoso, tortura y hostigamiento de los fieles cristianos que se encuentran en dicho país.

Se estima que, sin importar el credo o religión que se profese, es un “deber moral y cívico” condenar enérgicamente este tipo de hechos.

En tal perspectiva, se rechaza vigorosamente las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua en contra de los cristianos de dicho país. Entre las situaciones observadas están el acoso a religiosos; el secuestro y tortura de personas; y la muerte de cientos de personas. 

También se considera en este contexto la cancelación de la personalidad jurídica a más de 101 organizaciones no gubernamentales vinculadas a la iglesia.

Así, se llama al cese inmediato de dichas vulneraciones y represiones. “No contribuyen en nada al reconocimiento y respeto intrínseco de la dignidad innata a todos los seres humanos”, se argumenta.

DDHH


En la resolución, asimismo, se manifiesta un profundo rechazo a las vulneraciones al derecho a la libertad religiosa. En tal plano, se insta al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en esta materia y contribuir al bienestar físico y espiritual de sus habitantes.

Por último, se expresa un firme compromiso con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Ello, teniendo a la vista en este caso la libertad religiosa y de expresión, así como el derecho a la integridad física y psíquica de todas las personas, sin distinción alguna.

La resolución es una propuesta de Miguel Ángel Calisto (DC), Chiara Barchiesi (PREP), Felipe Donoso (UDI), Jorge Guzmán (EVOP), Juan Irarrázaval (PREP), Andrés Jouannet (IND), Karen Medina (PDG), Miguel Mellado (RN), Ximena Ossandón (RN) y Renzo Trisotti (UDI).

Jorge Bermúdez expuso ante comisión investigadora por beneficios intrapenitenciarios

El contralor general entregó información sobre aspectos jurídicos de reglamentos penitenciarios y resoluciones, a partir de las solicitudes de pronunciamiento enviadas por diputadas/os.

Avanza el trabajo de la Comisión Investigadora encargada de reunir antecedentes relativos a la concesión de permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile.

La instancia analiza la existencia de eventuales consideraciones políticas en decisiones administrativas relacionadas con beneficios intrapenitenciarios. Asimismo, busca establecer la participación que en ello puede tener el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En especial, obtener antecedentes en relación a la concesión de permisos de salida de José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel y de Celestino Córdova. Esto debido a que fueron autorizados a retornar al medio libre a poco avanzar sus condenas.

La instancia fiscalizadora recibió la exposición del contralor general, Jorge Bermúdez, quien expuso sobre la Resolución Exenta 3.925, de 29 de julio de 2020. Esta aprueba disposiciones respecto a la aplicación de reglamentación penitenciaria. En particular, en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, sobre pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias.

Bermúdez señaló que, a partir de las solicitudes de pronunciamiento sobre la legalidad de esta resolución -remitidas por diputadas/os- el análisis que hace la Contraloría es de jerarquía normativa. “Cómo se ajusta la regla de aplicación que tenemos a una norma que es superior jerárquica como un Decreto Supremo, que es un reglamento que se basa en la Ley Orgánica de Gendarmería”.

Acotó que “acá uno ve que la resolución está dentro de las competencias del marco de las competencias de las personas que ejercen el poder”.

Resolución Exenta

Bermúdez explicó que la citada resolución fue suscrita por Christian Alveal, ex director nacional de Gendarmería. Añadió que, por tratarse de una resolución exenta, esta no pasó por el control previo de la Contraloría.

“En ella se instruye que, para evaluar la participación de la población indígena privada de libertad en las actividades educativas, se deben tener presente las circunstancias personales del interno, las características y los recursos del recinto”.

Esta indica que, mientras no se implementen en los centros penitenciarios los proyectos educativos con enfoque intercultural, los reclusos que no quieran asistir a la escuela, por falta del referido programa, “no verán afectadas sus posibilidades de postular a los permisos de salida, libertad condicional o traslados a Centros de Educación y Trabajo”.

Agregó que, además, instruye que deben actualizarse las instrucciones relativas a la aplicación de sanciones disciplinarias a raíz de una huelga de hambre. “Entendiendo que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no es susceptible de consecuencias disciplinarias”.

Dictamen

Frente a esto, Jorge Bermúdez indicó que el dictamen de la Contraloría establece que la concesión, suspensión o revocación de permisos de salida es facultad privativa del jefe del establecimiento penitenciario.

Así, pese a las atribuciones del director nacional, “de ningún modo estas pueden importar una autorización para alterar requisitos o condiciones fijadas para acceder a determinadas medidas o beneficios, ya sea legal o reglamentariamente”.

Sobre la falta de programas educativos, confirma que la participación en actividades educacionales de los reclusos no es una condición necesariamente obligatoria. De este modo, la autoridad puede ponderar la situación personal de cada interno así como los recursos disponibles en cada recinto.

Respecto de las huelgas de hambre, se establece que no resultó procedente que una resolución altere lo dispuesto en el reglamento. “Sin que se advierta alguna disposición internacional o interna que permita al director de Gendarmería alterar el principio de la jerarquía normativa”, subrayó.

Histórico: COP27 aprueba la creación de un fondo especial para Pérdidas y Daños

 

Por primera vez en la historia, los países reunidos en la cumbre climática mundial acordaron un fondo dedicado a pagar las pérdidas y daños causados por el clima extremo en regiones vulnerables del planeta.

El plenario de la COP27 aprobó en la madrugada del domingo la decisión de financiar las “Pérdidas y Daños” del cambio climático. Luego de dos meses de una mesa liderada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y su par alemana, Jennifer Morgan, la Presidencia de Egipto anunció que las partes acordaron crear un fondo especial para Pérdidas y Daños, un tema desafiante y que encontraba resistencia en muchos países.

“Después de intensas semanas de trabajo, este es un desenlace que emociona. Se tomó la decisión de crear un fondo especial para abordar Pérdidas y Daños. Esto era una petición histórica de los países en desarrollo y que se haya accedido es también histórico. Es primera vez que se aprueba algo de esta magnitud", comentó desde Egipto la ministra Maisa Rojas.

Pérdidas y Daños ha sido durante años el tema más complejo e incómodo de abordar, pues afronta el impacto generado por los Estados desarrollados: fenómenos extremos, como huracanes y olas de calor, así como fenómenos que se manifiestan de forma gradual, tales como el aumento del nivel del mar y la desertificación.

La tarde del sábado, la Coalición para la Ambición en Cambio Climático, integrada por Chile y Alemania, advirtió que mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1,5 °C “será esencial para limitar pérdidas y daños futuros" y llamaba a metas más ambiciosas.

Entre los aspectos de la decisión adoptada destaca:Se reconoce la necesidad urgente e inmediata de contar con recursos financieros adecuados para ayudar a los países en desarrollo q ue son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, como respuesta a las pérdidas y daños económicos y no económicos asociados a estos efectos. 

Esto incluye rehabilitación, recuperación y reconstrucción.
Establece nuevos acuerdos de financiamiento para ayudar a los países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, en pérdidas y daños. Esto incluye proporcionar y movilizar recursos nuevos y adicionales, incluso fuera de la Convención y del Acuerdo de París.

En el contexto de establecer los nuevos acuerdos de financiamiento a los que se refiere el punto anterior, se decide crear un fondo específico para responder a pérdidas y daños.

Establece un Comité de Transición para la puesta en marcha y la operatividad de la nueva financiación para responder a pérdidas y daños.

Pese a la reticencia inicial de algunos países y tras intensas negociaciones, en el plenario se adoptó la propuesta trabajada en la mesa, aunque con algunas ajustes. Los detalles de cómo será operativo el fondo -por ejemplo, su sistema de gobernanza e identificación de fuentes de financiamiento- deberán acordarse con las recomendaciones del Comité de Transición dentro de un año, en la siguiente cumbre climática COP28 que se realizará en Emiratos Árabes en noviembre de 2023.

Plan Nacional de Búsqueda para víctimas de desaparición forzada en dictadura

 

Este plan, liderado por el Ministerio de Justicio y Derechos Humanos, es un instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile, Detenidas y Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos cuyos cuerpos no han sido encontrados.

En el Museo de la Educación Gabriela Mistral y con la participación de familiares de víctimas y representantes de organizaciones de todo el país, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizó el primer encuentro nacional participativo para el diseño de Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile.

La instancia, encabezada por la jefa de la cartera Marcela Ríos y la subsecretaría de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, inicia un espacio de discusión que permita ajustar el proceso, recogiendo la mirada de familiares, agrupaciones y sitios de memoria, presentando el proceso de diseño del Plan Nacional de Búsqueda, con énfasis en sus cuatro etapas. Además, se abordó con mayor detalle el rol de las agrupaciones, la forma de participación, y la metodología que se utilizará.

La ministra Ríos señaló que “han pasado más de cuatro décadas, y aún existen más de 1.159 víctimas de desaparición forzada o de ejecución política, cuyos restos no han sido hallados, identificados, entregados a los familiares. Miles de chilenos y chilenas tienen algún familiar que aún está desaparecido o desaparecida y no solo no han logrado hacer un entierro, una despedida, como toda persona merece, sino que también en muchos casos no conocen toda la verdad, no saben en qué circunstancias sus familiares fueron detenidos y desaparecidos o ejecutados y, en la mayoría de los casos, tampoco se ha logrado justicia respecto de quienes perpetraron estos terribles crímenes contra la humanidad”.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, indicó que “la disposición de los familiares de buscar a los suyos en forma organizada, pero también en forma concordada con la autoridad, es algo que se ha recibido muy bien, al igual que la expresión pública de un mandatario comprometido con la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición”.

¿Qué es el Plan Nacional de Búsqueda?

Es un instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile, Detenidas y Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos cuyos cuerpos no han sido encontrados.

Autoridades presentan Senapred, el nuevo servicio que reemplazará a Onemi

 

La Vicepresidenta, Carolina Tohá, entregó detalles de la nueva institucionalidad que empezará a regir a partir del próximo 1 de enero. Además, aprovechó de despedir al director Ricardo Toro, quien dejará su cargo luego de 10 años.












En una ceremonia encabezada por la Vicepresidenta Carolina Tohá, se dio a conocer el término de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) la cual dará paso a una nueva institucionalidad denominada Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En la ocasión se explicó que este nuevo organismo entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero de 2023, todo dentro de un cambio institucional generado en el anterior Gobierno y que se enmarca en la Ley 21.364, publicada en agosto de 2021.

A grandes rasgos, este nuevo organismo incorpora todos los avances desarrollados en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en estos últimos años, buscando actualizarlos, reforzarlos, estandarizarlos y hacerlos vinculantes para alcanzar estándares de excelencia en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), centrados en la prevención y territorialidad.

Establece como instrumentos de GRD la política, los planes para la GRD, los planes sectoriales, los mapas de amenaza, los mapas de riesgo, el Sistema de Informaciones, y al Sistema de Alerta Temprana y dentro de éste al Sistema de Comunicaciones.

El sistema está conformado por el conjunto de entidades públicas y privadas con competencias relacionadas con las fases del ciclo del riesgo de desastres, que se organizan descentralizadamente y de manera escalonada, desde el ámbito comunal, provincial, regional y nacional, para garantizar una adecuada GRD.

Contempla además, una estructura de coordinación conformada por los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres en los distintos niveles de la estructura del Estado, de los cuales el Comité Nacional es presidido por la Ministra del Interior y Seguridad Pública.

Junto con lo anterior, identifica y define a los Organismos Técnicos de Monitoreo, como aquellas entidades que pertenecen al Sistema y que cuentan con competencias técnicas para mantener el monitoreo permanente de las respectivas amenazas.

Esta nueva institucionalidad, “permitirá mejorar los procesos de prevención y respuesta ante desastres para responderles a las chilenas y chilenos en los momentos en que más necesitan del Estado, alcanzando estándares de excelencia en la Gestión del Riesgo de Desastres”, señaló Tohá.


Aspectos relevantes del nuevo Servicio

Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Funciones principales: asesorar, coordinar, organizar, planificar y supervisar las actividades relacionadas a la GRD del país.

A nivel regional se organiza en Direcciones Regionales con facultades y atribuciones, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior mediante la coordinación con la Subsecretaría del Interior.

Ejerce la Secretaría Técnica y Ejecutiva de los Comités en los niveles nacional, regional y provincial.

En el presupuesto del Servicio se crea un programa para concurrir en el financiamiento de los Instrumentos de GRD con prioridad en las municipalidades.

El primer y segundo nivel jerárquico del Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, reconociendo su importancia estratégica.

Despedida director Onemi

En la ocasión, la Vicepresidenta, destacó el trabajo realizado por Ricardo Toro a cargo de la Onemi, quien dejará su cargo luego de 10 de servicio en la institución.

Toro asumió la dirección el año 2012, y fue ratificado en tres ocasiones, previo concurso en la Alta Dirección Pública.

En su dirección, tuvo que asumir importantes desafíos como el terremoto de Iquique de 2014 y actualmente ha sido protagonista de la implementación de la nueva ley 21.364.

“Es un orgullo para el Estado de Chile haber tenido un Director Nacional con su trayectoria, su entrega y su formación, quien ha sido clave en el robustecimiento institucional de ONEMI que deriva en la creación de este nuevo servicio. La nueva ley mandata a realizar un cambio institucional que siga una senda basada en Principios para la Gestión del Riesgo de Desastres, y que robustece el trabajo de excelencia realizado por ONEMI que cuenta con un gran reconocimiento ciudadano”, señaló Carolina Tohá sobre Toro.

Cabe destacar que a contar del 21 de noviembre asume como Director (s), el Subdirector de Finanzas de Onemi, Mauricio Tapia.

Fuente: Gobierno de Chile

Presupuesto 2023: Cámara de Diputados aprueba proyecto en general y fija cronograma de trabajo

Hoy la Cámara de Diputadas y Diputados inició la primera jornada de discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2023, ocasión en que la iniciativa se aprobó en general por 128 a favor y 5 abstenciones, para continuar durante esta semana el debate en Sala.

Durante su intervención, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que este es el primer presupuesto del Presidente Gabriel Boric, que contempla un aumento de 4,2% y se estructura bajo tres ejes: seguridad económica, seguridad social y seguridad ciudadana. En el primer eje está previsto un aumento de la inversión pública del orden del 5%; de un 4,5% en seguridad ciudadana, y de 8% en fines sociales.

“Quisiera aprovechar la ocasión, para agradecer a todas las diputadas y los diputados que participaron en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, particularmente aquellos que les tocó presidir subcomisiones. Tuvimos en todas esas fases un trabajo muy constructivo, hubo una serie de planteamientos a los cuales les fuimos dando respuesta mediante indicaciones y glosas”, indicó la autoridad, recordando que este proceso culminó con la suscripción de un Protocolo de Acuerdo el viernes pasado.

Este protocolo, de nueve páginas, contempla medidas adicionales para asegurar una ejecución oportuna y efectiva de la inversión pública; se acordó suplementar recursos de los gobiernos regionales según la ejecución de la inversión en el primer trimestre de 2023; la nueva adquisición de 2.693 vehículos para Carabineros de Chile entre 2022 y 2024; el fortalecimiento del Ministerio Público; el incremento del presupuesto para Bomberos; diseñar un plan de mejora continua del Registro Social de Hogares; ingresar un proyecto de ley corta para ampliar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU); entre otras medidas.

“Este protocolo contiene alrededor de 50 puntos de acuerdo en diversas materias, además se determinó evaluar diez programas gubernamentales y realizar cuatro evaluaciones focalizadas de ámbito. Todo lo cual fue producto del diálogo en la Mixta. Esperamos tener también una discusión provechosa en esta Cámara y poder resolver o responder a todas las consultas y dudas que pueda haber sobre el proyecto de Presupuesto para el 2023”, acotó el ministro Marcel.

En este mismo sentido la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señaló que “el Presupuesto es un momento muy importante en el año, en el que nos ponemos de acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, de cómo vamos a gastar los recursos del próximo año. Es por esto que el acuerdo de Protocolo que surgió del trabajo realizado en la Comisión Especial Mixta es un importante avance que fortalece los tres ejes del proyecto de ley de Presupuesto 2023: la inversión pública, la seguridad ciudadana y la protección social”.

“Hasta el momento se ha dado un buen trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso, y confío en que la conversación seguirá siendo bastante constructiva. Mañana iniciamos una revisión de los presupuestos de cada ministerio y será una buena instancia para explicar los puntos que se han levantado por parte de los parlamentarios”, agregó Martínez.

Tras la sesión de esta tarde, mañana 15 de noviembre comenzará la discusión en particular en una jornada que partirá a las 14:00 horas y se extenderá hasta las 21:00 horas. Mientras que el miércoles 16 de noviembre continuará el análisis entre las 10:00 hasta las 21:00 horas, con la posibilidad de que la Mesa de la Cámara prorrogue la sesión hasta el total despacho del proyecto. En caso de ser necesario, el debate se extendería hasta el jueves 17 de noviembre.

Una vez despachado el proyecto de la Cámara debe ser revisado por el Senado. Cabe recordar que el plazo para que el Congreso despache este proyecto expira el 30 de noviembre de 2022.

Chile y su plan para el cambio climático

Desde Egipto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, entregó el reforzamiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) del país que añade medidas para combatir el cambio climático. Hoy, además, Chile fue el segundo país del mundo en entregar el detalle de las emisiones de gases de efecto invernadero, las que muestran un descenso del 4%, la primera en décadas.

Ministra: Maisa Rojas

En pleno desarrollo de la COP27, que se realiza en Egipto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, presentó tres comunicaciones de Chile a la comunidad internacional que refuerzan sus compromisos con la acción climática y que ponen al país a la vanguardia a nivel global.

“Chile llegó a la COP con compromisos concretos. Es por eso que este lunes entregamos tres relevantes comunicaciones: un reforzamiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), el Quinto Informe Bienal de Actualización (5IBA), y nuestra primera Comunicación de Adaptación. Esto demuestra que para el país enfrentar la crisis climática es una prioridad y lo tomamos como una política de Estado”, comentó la ministra Rojas.

El reforzamiento de la NDC introdujo el concepto de Transición Socio Ecológica Justa; actualizó sus políticas climáticas, incluyendo en este documento las obligaciones de la Ley de Cambio Climático y de la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050. Además, comprometió revertir la tendencia creciente de emisiones de metano.

Debido a este reforzamiento, Chile incluirá en su NDC el compromiso de ampliar en al menos 1 millón de hectáreas la actual superficie de protección oficial de ecosistemas terrestres y acuáticos continentales al 2030. Además, se avanzará a que el 100% de las áreas protegidas públicas cuenten con planes de manejo vigentes, los que incluirán medidas de adaptación al cambio climático.

Asimismo, Chile se compromete el 2025 a revertir la tendencia creciente de emisiones de metano nacionales. Para ello se fortalecerá la implementación de medidas en las fuentes relevantes a nivel nacional y se orientará el trabajo para la próxima actualización de la NDC.

Además, la inclusión de la Transición Socio Ecológica Justa reforzará el pilar social de la NDC 2020, ya que permitirá implementar acciones concretas que puedan ser implementadas en las políticas públicas del país. Un ejemplo de ello es el Comité de Transición Socio Ecológica Justa.

"Queremos que, a través del diálogo social y el empoderamiento colectivo, la sociedad promueva transformaciones que nos permitan avanzar hacia una mayor resiliencia y equidad, con iniciativas e inversiones que nos permitan enfrentar la crisis social, ecológica y climática actual”, comentó la ministra Maisa Rojas.

Cabe recordar que Chile, en 2020, entregó su NDC, documento que reúne los compromisos de los países para reducir las emisiones al 2030 y adaptarse al cambio climático. El anexo presentado hoy se alinea con el Pacto de Glasgow (COP26), que llamó a las partes a revisar y fortalecer sus NDC hacia finales de 2022 considerando los objetivos del Acuerdo de París.

Emisiones de Chile caen 4%

Hoy Chile presentó también el Quinto Informe Bienal de Actualización (5IBA), siendo el segundo país en publicar los cinco informes y en el período correspondiente. Este último reporte tiene como valor agregado que ha sido generado con miras hacia el marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París y la presentación de los Informes Bienales de Transparencia (BTR, por sus siglas en inglés).

Este documento contiene el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI), en 2020 el balance de emisiones gases de efecto invernadero (GEI) – que considera la absorción de gases de los bosques- se contabilizaron 55.825 kilotoneladas de dióxido de carbono equivalente (kt CO2 eq), una disminución del 4% respecto del 2018. Esta caída no se veía en más de 20 años.

La disminución puede ser explicada por los efectos de la pandemia, que generó una disminución en la movilidad, reflejado en una caída de las emisiones provenientes del transporte aéreo y terrestre. Asimismo, las emisiones para la generación de electricidad demuestran una caída en el carbón explicado por una mayor participación de fuentes renovables, tales como las tecnologías eólicas, solares, geotérmicas y la mini hidro.

Las emisiones de GEI totales del país -es decir, excluyendo las absorciones- contabilizaron 105.552 kt CO2 eq en 2020, disminuyendo un 4 % desde 2018. De ellas, el sector Energía representó el 75%, seguido por Agricultura (11 %), Residuos (7 %), y finalmente Procesos industriales y uso de productos (7 %).

Si se consideran las emisiones totales por tipo de gas, el CO2 representa un 76%, seguido del CH4 con un 14%, del N2O con un 6% y de los gases fluorados (que se utilizan principalmente como gases refrigerantes) que contabilizan colectivamente un 4%.

Primera comunicación de adaptación

El país también presentó su primera Comunicación de Adaptación, documento tiene como foco las prioridades y necesidades de Chile relacionados a adaptación. En este informe se detallan las principales amenazas, vulnerabilidad y riesgos. Además, contiene las prioridades de adaptación en los instrumentos de cambio climático. Asimismo, se incluyen las necesidades de implementación y apoyo para impulsar la adaptación.

Presidente Boric participa en la apertura del primer centro de innovación de Nestlé en América Latina

 El recinto, ubicado en la comuna de Las Condes, contará con un equipo de 30 profesionales y tendrá disponible una plataforma para que startup puedan desarrollar y probar conceptos disruptivos, apoyados por los equipos tecnológicos de la multinacional.

Con la presencia del Presidente Gabriel Boric, y los ministros de Hacienda, Mario Marcel, Trabajo Jeannette Jara, y Agricultura, Esteban Valenzuela, se presentó el primer Centro de Desarrollo e Investigación de Nestlé en América Latina, el cual estará ubicado en la comuna de Las Condes.

Este primer hub regional Nestlé R&D Latam será liderado por la ingeniera en alimentos Aline Mor, quien contará con un equipo de cerca de 30 personas, que trabajarán en el desarrollo de productos a base de plantas (plant-based) que permitan dietas más saludables y sustentables, soluciones nutricionales accesibles e innovaciones en embalajes amigables con el medioambiente.

Al respecto, el Presidente Gabriel Boric, señaló que esta inauguración es una gran noticia que confirma los lazos entre la multinacional y nuestro país, los cuales ya se extienden por 90 años.


“Es una gran alegría que Nestlé haya escogido una vez más a Chile, esta vez como sede de su primer Centro de Investigación y Desarrollo en América Latina. Esto lo tomamos con mucha alegría y humildad, alegría porque siempre se habla de Chile como una gran fuente proveedora de recursos naturales, sin embargo, somos mucho más que eso. Es cierto, tenemos litio, cobre, tungsteno, la posibilidad de producir hidrógeno verde, pero también tenemos conocimiento, innovación, academia, profesores, estudiantes, que están pensando cómo innovar y hacer la vida y las industrias, más sustentables”, indicó el Presidente.

En ese sentido recordó que “tenemos la productividad estancada hace cerca de 10 años, y cuando vemos iniciativas como esta, es justamente el camino que debemos seguir para poder potenciar la productividad, para poder pegarnos un salto hacia adelante, por eso, esperamos tener muchas más de estas noticias en el futuro, en donde se vaya vinculando y generando un encadenamiento productivo, con transferencia tecnológica, entre los diferentes actores de la cadena de los alimentos”.

Aceleradora

Otra de las ventajas de este centro es que contará con ’The Accelerator’, plataforma de clase mundial para que startup y emprendedores, estudiantes y empleados de Nestlé en Latinoamérica, puedan desarrollar y probar conceptos disruptivos en menos de seis meses, a través del acceso a la experiencia en I+D de Nestlé, espacios de trabajo colaborativos y equipos de producción de pequeña a mediana escala para facilitar el desarrollo y/o mejora de productos para un lanzamiento de prueba en condiciones reales de mercado.

Según explicaron ejecutivos de Nestlé, sus aceleradoras regionales en China, India, África subsahariana, Estados Unidos y pronto en Chile, trabajan con start-ups y estudiantes locales para desarrollar innovaciones relevantes para sus regiones. De hecho, desde 2019, más de 250 participantes se han beneficiado de estas aceleradoras y se han probado 90 productos en 20 países.

Después de 55 días, la policía encuentra el cuerpo del astrónomo inglés desaparecido en el norte de Chile

Thomas Richard Marsh, de 61 años, desapareció poco después de llegar al país para realizar trabajos de investigación en el observatorio internacional de La Silla.

Observatório de La Silla, no Chile

La policía chilena encontró este jueves el cuerpo del astrónomo británico Thomas Richard Marsh, desaparecido el 16 de septiembre cerca del observatorio internacional de La Silla, en el norte del país.

Marsh, de 61 años, desapareció poco después de llegar a Chile para realizar trabajos de investigación en el observatorio, a cargo del Observatorio Europeo Austral (ESO), en la ciudad de La Higuera, unos 600 kilómetros al norte de Santiago.

Tras una extensa búsqueda en la zona, un equipo multidisciplinario de Carabineros “encontró el cuerpo sin vida de un astrónomo desaparecido desde el 16 de septiembre. Lamentamos esta triste noticia y expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos”, indicó la policía chilena en una escueta nota. en twitter

En las últimas semanas, la familia de Marsh viajó desde el Reino Unido para acompañar los esfuerzos de búsqueda.

Thomas Richard Marsh

La hija de Marsh, Tabitha, ha estado pidiendo ayuda desde septiembre con una foto y un mensaje que publicó en inglés y español en las redes sociales: "Este es mi papá Tom Marsh. Hace casi una semana que está desaparecido en Chile. Comparte esto, estamos desesperados por Encuéntralo".Marsh llegó a Chile dos días antes de su desaparición para utilizar los instrumentos de observación del observatorio internacional, como parte de una investigación científica que realiza en la Universidad de Warwick, en Inglaterra.

El observatorio La Silla está ubicado en la parte sur del desierto de Atacama y a una altitud de 2.400 metros, considerado uno de los mejores lugares para la observación astronómica del mundo.

El procurador regional de la ciudad de Coquimbo, Adrián Vega, no descartó ninguna posibilidad durante este período de búsqueda. Una es que desapareció al caer en uno de los barrancos que rodean el observatorio.

Presidente Boric: Ley antiterrorista no será utilizada para sancionar atentados en el sur de Chile

El presidente Gabriel Boric dijo durante una visita el jueves a la región sureña de la Araucanía que la Ley Antiterrorista de Chile es una herramienta inadecuada para abordar los brotes de violencia y los ataques incendiarios allí.

La visita del presidente de izquierda a la región, el epicentro de un largo conflicto que involucra a las fuerzas de seguridad, poderosos intereses económicos y la comunidad indígena mapuche, fue la primera desde que asumió el cargo en marzo.


“Ha habido actos terroristas en la región, pero el problema es que la prisa inmediata por aplicar la Ley Antiterrorista ha producido resultados terribles para las víctimas y para el Estado”, agregó.

Antes de su llegada, el mandatario condenó enérgicamente los ataques en la Araucanía -quema de una escuela y una iglesia, y bloqueo de la principal vía de esa región-, calificó de "cobardes" a los perpetradores y prometió que enfrentarán "toda la fuerza de la ley”. 


Culpó de la violencia a "grupos criminales que explotan causas legítimas para cometer delitos y causar miedo, lesiones y muerte".


“Me recuerdan cuando en los años 30 los nazis quemaban sinagogas, o cuando la dictadura militar (en Chile, 1973-1990) quemaba libros en la Plaza San Borja”, dijo Boric. “La gran mayoría del pueblo mapuche quiere la paz y vamos a dialogar con ellos”.


En la primera conferencia de prensa de su visita, Boric también anunció una serie de medidas en materia de seguridad pública, mejoramiento social y diálogo político en la Araucanía que se codificarán en una ley que “trasciende” su presidencia.

“Queremos que sea una política de Estado. No quiero que se identifique con mi nombre en particular”, dijo el mandatario, quien invitó a gobernadores, legisladores, alcaldes y otros actores clave de la región a colaborar en la redacción de la legislación.

Boric recordó que el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche sigue sin resolverse, a pesar de los esfuerzos realizados en el pasado por diferentes gobiernos.

“La única forma de frenar la escalada de violencia es pagar la deuda histórica que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche”, dijo el mandatario.

Se refería a la toma del territorio tradicional de ese grupo indígena (hoy en gran parte en manos de madereros pertenecientes a poderosos grupos económicos) durante una campaña de “exterminio” en la Araucanía a fines del siglo XIX.

En el primer punto de su agenda en la Araucanía, Boric y tres ministros que lo acompañan en la visita se reunieron con el gobernador regional, Luciano Rivas.

Posteriormente, al presidir una reunión del Gabinete regional, Boric dijo que el Estado es culpable de abandonar ciertos sectores de la Araucanía y prometió una renovada presencia gubernamental que garantice “la tranquilidad y la paz para nuestro país”.

“Esto no es solo desde el punto de vista del orden público, aunque esa es nuestra mayor preocupación”, dijo Boric durante el encuentro, insistiendo en la necesidad de inversiones en seguridad, infraestructura, salud, educación, cultura y deportes.

Este viernes será el último día de la visita del presidente a la Araucanía, un viaje muy esperado que fue anunciado semanas atrás.

El llamado “conflicto mapuche”, que se desarrolla desde hace décadas en la Araucanía y otras regiones del sur de Chile, enfrenta a comunidades indígenas contra intereses agrícolas y madereros que explotan territorios considerados por los pueblos originarios como sus tierras ancestrales.

En este contexto, los ataques incendiarios contra maquinaria pesada y otros bienes son frecuentes y muchos miembros de la comunidad mapuche fueron asesinados por las fuerzas de seguridad.

El conflicto también se cobró la vida de policías, mientras que los presos indígenas condenados a largas penas de prisión se declararon en huelga de hambre.