Chile, 2025: Derechos Humanos en el papel, miseria en la vida real

 

Por Rodolfo  Varela 

Este 31 de julio de 2025 cierra una nueva Consulta Ciudadana sobre Derechos Humanos en Chile. Es parte de un proceso participativo para construir el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos y el Tercer Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas. 

¿Solución al problema de las pensiones en Chile?

Una iniciativa que suena democrática, participativa y moderna. Pero la pregunta de fondo es: ¿para qué sirve tanta consulta si las víctimas de la dictadura siguen sobreviviendo con pensiones miserables, maltrato institucional y promesas rotas?

Desde el retorno a la democracia, han pasado más de tres décadas de gobiernos de derecha y de izquierda que, pese a los discursos grandilocuentes, no han cumplido con la reparación integral que merecen quienes fueron perseguidos, torturados y relegados al olvido. Hoy, muchas de esas víctimas sobreviven en la precariedad más absoluta, cobrando pensiones indignas, con descuentos abusivos por parte de Fonasa y sin acceso real a tratamientos de salud física y mental.

Se agradece el anuncio de la expropiación de la infame Colonia Dignidad, ese enclave alemán que durante años funcionó como centro de tortura, desapariciones y abusos sistemáticos. Es una medida justa, aunque tardía. Pero cuidado: no basta con apropiarse del terreno. Hay que devolverle el sentido de justicia a ese lugar, convertirlo en un verdadero sitio de memoria, no en un parque temático financiado por la cooperación internacional o una fachada cultural sin alma ni verdad.

También se anuncian fondos concursables para proyectos de memoria y cultura. ¿Quién los administra? ¿Quién decide qué organizaciones pueden hablar del pasado? ¿Por qué se sigue privilegiando a ciertas fundaciones cercanas al poder, mientras muchas agrupaciones de víctimas reales no tienen ni sede donde reunirse?

A todo esto se suma un hecho que debería ser central en cualquier política de derechos humanos: el Estado chileno está tratando de recuperar 16 millones de dólares robados por Augusto Pinochet, que hoy están en manos de sus herederos. ¿Cómo puede haber justicia si los bienes mal habidos de la dictadura siguen en manos privadas, mientras las víctimas sobreviven con bonos ridículos y un Estado ausente?

No son solo los herederos. También deben rendir cuentas los jueces que validaron montajes, los empresarios que se enriquecieron con el terror, los políticos que hicieron carrera sobre el silencio, los religiosos que bendijeron crímenes, y los artistas que aplaudieron desde los escenarios mientras otros eran ejecutados. La justicia patrimonial y moral también es un derecho humano.

  

imagen más dolorosa: Todos los jubilados haciendo fila para cobrar

Este gobierno, al igual que los anteriores, se ha especializado en el arte de la simulación. Simulan escuchar. Simulan reparar. Simulan legislar. Pero no cambian la realidad de quienes siguen pagando con su salud y su pobreza los costos del horror vivido entre 1973 y 1990.

Chile necesita algo más que planes nacionales y consultas en línea. Necesita voluntad política para hacer justicia. Necesita reparación económica real, acceso garantizado a salud mental, reconocimiento público y permanente, educación para no repetir la historia y, sobre todo, una reforma profunda al sistema de pensiones para que nunca más una víctima tenga que mendigar por lo que legítimamente le corresponde.

Y necesita, sobre todo, que se devuelva al pueblo lo que le fue robado. La dignidad no puede seguir postergada por cálculos políticos. 

Los derechos humanos no se consultan, se garantizan.

Chile 2025: Human Rights on Paper, Misery in Real Life

By Rodolfo Varela 

On July 31, 2025, Chile closes yet another Virtual Public Consultation on Human Rights. This initiative aims to gather citizen input for drafting the Third National Human Rights Plan and the Third National Action Plan on Business and Human Rights. It all sounds democratic and participatory.

¿Solución al problema de las pensiones en Chile?

But here’s the real question: What good are all these consultations if the victims of the dictatorship still live in poverty, with miserable pensions, institutional neglect, and broken promises?

More than three decades have passed since Chile's return to democracy, under both right-wing and left-wing governments. Despite all the grand speeches, true and full reparation for those who were persecuted, tortured, exiled, or exonerated has never been delivered. Many survivors are still struggling to survive, receiving shamefully low pensions, facing abusive deductions from the public health system (Fonasa), and lacking access to proper medical and psychological care.

To this, we must add another unpunished crime: the dictatorship stole pension contributions from thousands of workers—disappeared from records or funneled away. These were never returned, and the pension system still fails to acknowledge those lost years, pushing survivors into extreme poverty.

The government has also announced the expropriation of Colonia Dignidad, the infamous German enclave that operated as a torture and extermination center for years. This is a long-overdue and necessary measure. But expropriation alone is not enough. Justice demands that this place become a true memorial site—not a sanitized tourist attraction funded by foreign aid or a soulless cultural façade.

There are also calls for new cultural and memory project grants. But who decides which organizations receive funding? Why do politically connected foundations get privileged access, while many real victims’ associations lack even a place to meet?

Another issue that must be central to any serious human rights agenda: the Chilean State is still trying to recover $16 million USD stolen by Augusto Pinochet, currently held by his heirs. How can there be justice while the dictatorship’s stolen wealth remains in private hands, and the survivors live on crumbs from the state?

And let us not forget one of the most painful and unresolved crimes: the abduction and trafficking of children during the dictatorship, handed over—often illegally—to foreign families under threats or deception. Many of these now-adult victims live abroad, searching for their true identities, without sufficient help from the Chilean government, without access to case files, without truth, justice, or reparations.

      imagen más dolorosa: Todos los jubilados haciendo fila para cobrar

It’s not just Pinochet’s heirs who must be held accountable. Judges who validated fabricated cases, politicians who built careers on silence, religious figures who blessed state terror, business elites who profited from fear, and artists who cheered on the regime while others were being executed—they too must face the weight of memory and justice.

This administration, like the ones before it, has become a master of simulation. They simulate listening. They simulate repairing. They simulate legislating. But they do not change the lived reality of those who still suffer the consequences of the horror between 1973 and 1990.

Chile needs more than national plans and online consultations. It needs political will to deliver justice. It needs real financial reparation, guaranteed access to mental health care, restoration of stolen pension contributions, public recognition, truth for stolen children, education to prevent repetition, and above all, a deep reform of the pension system, so that no survivor is ever forced to beg for what is rightfully theirs.

And above all, it needs the return of everything that was stolen from the people—in money, in memory, and in dignity.
Human rights are not to be consulted. They must be guaranteed.

Chile ante el abismo laboral: desempleo, corrupción y deudas históricas no resueltas

 La oposición exige soluciones inmediatas, pero arrastra responsabilidad en el colapso de un modelo que ha precarizado al país durante décadas. El presente laboral chileno evidencia una estructura agotada, falta de voluntad política y una deuda moral con sus propias víctimas.

Por Rodolfo Varela

Chile vive hoy una profunda crisis laboral. La reciente cifra entregada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que posiciona al país con un desempleo del 8,9%, el tercero más alto entre los países miembros, es mucho más que un dato técnico: es el reflejo de un modelo económico agotado, una clase política desconectada y una estructura social que sigue arrastrando heridas que nunca cerraron.

Desde la oposición, los diputados Mauro González (RN) y Sofía Cid (Prep) expresaron su “preocupación” y exigieron medidas urgentes al Ejecutivo. Sin embargo, la ciudadanía no olvida que tanto la derecha como sectores de la centroizquierda han sido responsables directos de sostener durante décadas un sistema que ha favorecido el crecimiento sin equidad, precarizando el trabajo y debilitando el rol del Estado.

     

 

Imágen Que Describen El Contraste Entre La Pobreza Y La Riqueza

 

 “Chile se enfrenta a una crisis laboral estructural que trasciende gobiernos”.

 

Corrupción y falta de visión: la política en deuda con Chile

 

El desempleo no es un fenómeno aislado. Está vinculado directamente a una falta de planificación, a la ausencia de políticas productivas modernas y a un Estado capturado por intereses partidistas y económicos. A esto se suma la corrupción sistémica que durante años ha minado la confianza en las instituciones: financiamiento irregular de campañas, favoritismo político en licitaciones, y promesas vacías que jamás se concretan.

Mientras la clase dirigente discute en el Congreso, miles de familias esperan medidas concretas. Pero el foco está más en las disputas ideológicas que en diseñar un verdadero proyecto país.

¿Dónde están las nuevas industrias?

Chile sigue anclado a un modelo extractivista basado en la exportación de materias primas como el cobre y el litio, sin valor agregado, sin transferencia tecnológica ni una política industrial de largo plazo. No se han generado nuevas fuentes laborales en áreas estratégicas como las energías renovables, la ciencia, la economía creativa o la tecnología.

Los discursos sobre digitalización, emprendimiento y modernización chocan con una realidad en la que las pequeñas y medianas empresas enfrentan regulaciones asfixiantes, y donde no hay inversión seria en capital humano ni innovación.

Las mujeres siguen fuera del sistema

Más de 450 mil mujeres se encuentran fuera del mercado laboral. La agenda de género, según expertos como Javiera Rodríguez, directora de Mentoras, ha estado marcada más por los gestos simbólicos que por resultados tangibles. Reducir la jornada sin medidas compensatorias, subir el salario sin considerar el costo de contratación, o anunciar reformas sin sustento técnico, no ha contribuido a revertir esta exclusión histórica.

“Las mujeres no necesitan discursos, necesitan oportunidades reales, flexibilidad y condiciones que les permitan avanzar con autonomía”, afirmó Rodríguez.

La deuda con las víctimas: una herida que no cierra

En medio del debate sobre el desempleo y el crecimiento económico, permanece una deuda moral y estructural que atraviesa toda la historia reciente de Chile: la deuda histórica con las víctimas de la dictadura militar.

Miles de personas que fueron torturadas, desaparecidas, exiliadas o represaliadas aún viven en condiciones indignas. Muchas reciben pensiones miserables del sistema de AFP que nació en el mismo régimen que les negó sus derechos.

❝La transición fue pactada, y la justicia fue postergada. Hoy, cuando hablamos de desarrollo, no podemos seguir haciéndolo desde la impunidad y el olvido.❞

La derecha ha negado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos. Pero también sectores de centroizquierda han preferido callar, temiendo los costos políticos de incomodar a los mismos grupos que dominaron el poder económico desde 1990 en adelante.

Hoy, cualquier “nuevo pacto social” que se pretenda construir debe partir desde la memoria activa, la reparación y la justicia real.

Por un Chile verdaderamente nuestro

Chile no necesita más discursos, necesita acciones. Un país justo no se construye sobre la exclusión, el olvido ni la desigualdad.

¿Condiciones para un “Nunca Más”?

Se necesita una política valiente, libre de corrupción, con visión productiva y auténtico compromiso social. Apostar por nuevas industrias, por empleos dignos, por la equidad de género y por cerrar la brecha de clases no es ideología: es desarrollo con dignidad.

Como ha dicho la candidata Janet Jara, los cambios estructurales requieren voluntad, pero también mayoría política. No basta con exigir reformas; hay que crear las condiciones para hacerlas posibles.

Jeannette Jara se impone con amplia mayoría

Chile tiene historia, recursos y un pueblo que no olvida. Lo que falta —y urge— es decisión.

Chile on the Edge: Unemployment, Corruption, and Historical Debts Unresolved

 The opposition demands immediate solutions, yet bears responsibility for maintaining a system that has left the country precarious for decades. Chile's current labor crisis reveals a failing structure, a lack of political will, and a moral debt to its own victims.

By Rodolfo Varela

Chile is currently facing a deep labor crisis. According to recent data from the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the country has reached an unemployment rate of 8.9% — the third highest among OECD member nations. This figure is more than a technical statistic; it reflects a worn-out economic model, a disconnected political class, and a social structure still haunted by wounds that were never properly healed.

Right-wing opposition lawmakers, such as Mauro González (RN) and Sofía Cid (Prep), expressed "concern" and demanded urgent measures from the current administration. Yet, the public has not forgotten that both the right and parts of the center-left have long been complicit in upholding a system that favors economic growth without equity, undermining labor rights and weakening the role of the state.

Imágen Que Describen El Contraste Entre La Pobreza Y La Riqueza

“Chile faces a structural labor crisis that transcends individual governments.”

 

Corruption and lack of vision: politics in debt to the people

 

Unemployment is not an isolated issue. It is directly linked to poor planning, the absence of modern production policies, and a state captured by party politics and private interests. Add to that a history of systemic corruption—illicit campaign financing, cronyism in public tenders, and broken promises—and it becomes clear why citizens feel abandoned.

While political leaders argue endlessly in Congress, thousands of families wait for concrete action. Yet the focus remains on ideological posturing rather than building a real national project.

Where are the new industries?

Chile remains anchored to an extractivist model based on raw exports like copper and lithium, with little to no value added, no long-term industrial policy, and minimal investment in R&D. There’s been no serious attempt to develop new labor sources in strategic sectors like renewable energy, science, technology, or the creative economy.

Talks of modernization and entrepreneurship are contradicted by a harsh reality where small and medium-sized businesses face suffocating regulations and an absence of public investment in innovation and human capital.

Women still locked out of the system

More than 450,000 women are currently out of the labor market. According to Javiera Rodríguez, director of Mentoras, the government's gender agenda has prioritized symbolism over substance. Reducing work hours without offsetting measures, raising the minimum wage without considering hiring costs, or announcing reforms without proper technical groundwork—none of these have helped close the gender gap.

“Women don’t need speeches; they need real opportunities, flexibility, and conditions that allow them to move forward with autonomy,” Rodríguez said.

Unpaid debts: the unresolved legacy of the dictatorship

Amid discussions about unemployment and economic growth, there remains a moral and structural debt rarely addressed: Chile’s historical debt to the victims of the military dictatorship.

Thousands who were tortured, disappeared, exiled, or executed still live in precarious conditions. Many receive miserable pensions through the very same privatized system—AFP—that was implemented under the regime that stripped them of their rights.

❝The democratic transition was negotiated, and justice was postponed. If we talk about development, it cannot be built on impunity and forgetfulness.❞

While the political right continues to deny the extent of the atrocities committed, many in the center-left have chosen silence over confrontation, afraid to challenge the same economic elites who have dominated since the 1990s.

Today, any “new social contract” must begin with active remembrance, justice, and full reparations.

Toward a Chile that is truly ours

Chile doesn’t need more empty rhetoric—it needs decisive action. A just nation cannot be built on exclusion, amnesia, or inequality.

The country needs clean politics, a productive vision, and a genuine commitment to social justice. Investing in new industries, creating dignified jobs, advancing gender equity, and closing economic gaps is not ideology—it’s development with dignity.

Conditions for 'Never Again'?

As Senate candidate Janet Jara has emphasized, structural reforms require political will—and also parliamentary majorities. Demanding change isn’t enough; the country must create the conditions to make those changes possible.

Jeannette Jara se impone con amplia mayoría

Chile has the history, the resources, and the people. What it now needs—urgently—is courage.

Encuesta Cadem: Kast lidera la primera vuelta con el 30%, seguido de Jara con el 27%

¿Olvido o resignación? Chile repite sus errores

Publicado por Rodolfo Varela

Santiago, julio de 2025 — La última encuesta de Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, revela un panorama preocupante para quienes se preocupan por el resurgimiento de la ultraderecha en Chile.

José Antonio Kast sube 3 puntos hasta el 30% y se pone líder en la primera vuelta.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, lidera actualmente la carrera presidencial con un 30% de apoyo, superando a la candidata oficialista Jeannette Jara, quien se mantiene estable en el 27%. Aunque técnicamente están empatados, el hecho de que Kast haya ganado tres puntos en una sola semana es significativo y muestra un impulso alcista.

Les siguen Evelyn Matthei (Chile Vamos) con un 14%, Franco Parisi (Partido del Pueblo) con un 11% y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) con un 5%. La lista continúa con Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%). Otro 9% de los encuestados está indeciso o decidió no responder.

En intención de voto espontánea, Kast también lidera con un 25%, seguido de cerca por Jara con un 24%. Matthei baja al 12%, Parisi al 8% y Kaiser se mantiene en el 5%. Un significativo 22% permanece indeciso o no responde.

¿Qué dicen realmente estas cifras?

Más allá de las cifras, la encuesta revela algo más profundo: una pérdida generalizada de memoria histórica. En un país que soportó casi dos décadas de dictadura militar, con su represión, tortura, desapariciones y la imposición de un modelo neoliberal que lo privatizó todo, incluso la jubilación, el ascenso de Kast y otras figuras de la extrema derecha no es solo político. Refleja una sociedad que se ha acostumbrado al olvido. A normalizar la injusticia. A la resignación.

Una nación rica en recursos, pero pobre en justicia y memoria colectiva.

Chile sigue siendo profundamente desigual. Su riqueza —en cobre, litio, océanos, energía y bosques— beneficia a unos pocos, no a la mayoría. El sistema de pensiones de las AFP, impuesto durante la dictadura con el apoyo de la derecha, sigue funcionando como un negocio multimillonario. Mientras tanto, la mayoría de los jubilados lucha por sobrevivir con pensiones exiguas que no cubren las necesidades básicas.

No se trata de "expectativas incumplidas", como afirman algunos. Es una emergencia social y humanitaria. Sin embargo, el debate político sigue volviendo a las mismas fórmulas fallidas del pasado.

Pero hay otro legado, más insidioso, de aquella época: el individualismo extremo. Los chilenos parecen preocuparse cada vez más solo por sus propios problemas inmediatos —su pensión, su salario, la seguridad de su barrio— sin importarles sus vecinos, compañeros de trabajo ni conciudadanos. La solidaridad se ha erosionado hasta el punto de que muchos prefieren mirar hacia otro lado en lugar de reconocer nuestras luchas compartidas. ¿Dónde está la empatía por el trabajador que gana menos, por la persona sin acceso a atención médica, a vivienda o a justicia?

Boric atrapado entre el Congreso y una cultura de egoísmo

El presidente Gabriel Boric, a pesar de un ligero aumento en su aprobación (ahora del 33%, según Cadem), sigue enfrentándose a un Congreso hostil y fragmentado, a menudo más comprometido con la autopreservación que con las reformas reales. En este contexto, importantes cambios estructurales, como la reforma de las pensiones o las mejoras en la sanidad pública, siguen estancados o diluidos.

'No estaríamos aquí sin las manifestaciones', dice Boric

Mientras tanto, las mismas fuerzas políticas y económicas que una vez defendieron el modelo de la dictadura siguen firmemente en su lugar, ahora con rostros renovados y eslóganes modernos. Kast no es un extraño. Es el heredero ideológico directo de ese legado. Su regreso a la cima de las encuestas no es solo un impulso político; es una advertencia nacional.

¿De verdad lo hemos olvidado?

¿Dónde está el recuerdo de los crímenes de la dictadura? ¿De las víctimas silenciadas? ¿De las promesas incumplidas y la desigualdad sistémica? ¿Del levantamiento de 2019? ¿Del proceso constitucional fallido?

Parece que nos hemos acostumbrado al olvido. Acostumbrados a votar por los mismos nombres, a tolerar la corrupción y a creer que la desigualdad es parte de la vida. Chile, un país con todos los recursos necesarios para prosperar con justicia y dignidad, se ha visto reducido a un lugar donde la riqueza se acumula, los derechos son condicionales y la solidaridad es opcional.

Reflexiones finales

El ascenso de Kast en las encuestas no se limita a estas elecciones. Es la señal más clara hasta ahora de que la historia se repite cuando elegimos no recordar. Un país sin memoria no solo está condenado a cometer los mismos errores, sino que se vuelve incapaz de imaginar un futuro diferente.

Cadem Poll: Kast Leads First Round with 30%, Followed by Jara with 27%

Forgetfulness or Resignation? Chile Repeats Its Mistakes

Posted by Rodolfo Varela

Santiago, July 2025 — The latest Plaza Pública Cadem poll, released this Sunday, reveals a troubling scenario for those concerned about the resurgence of far-right politics in Chile. 

José Antonio Kast rises 3 points to 30% and takes the lead in the first round.

José Antonio Kast, leader of the Republican Party, is currently leading the presidential race with 30% support, surpassing the officialist candidate Jeannette Jara, who holds steady at 27%. Though technically tied, the fact that Kast has gained three points in a single week is significant and shows upward momentum.

Trailing behind are Evelyn Matthei (Chile Vamos) with 14%, Franco Parisi (Party of the People) with 11%, and Johannes Kaiser (National Libertarian Party) with 5%. The list continues with Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%), and Eduardo Artés (1%). Another 9% of respondents are undecided or chose not to answer.

In spontaneous voting intention, Kast also leads with 25%, closely followed by Jara at 24%. Matthei drops to 12%, Parisi to 8%, and Kaiser remains at 5%. A significant 22% remain undecided or provide no answer.

What do these numbers really say?

Beyond the figures, the poll reveals something deeper: a widespread loss of historical memory. In a country that endured nearly two decades of military dictatorship, with its repression, torture, disappearances, and the imposition of a neoliberal model that privatized everything —even retirement— the rise of Kast and other far-right figures is not just political. It reflects a society that has grown accustomed to forgetting. To normalizing injustice. To resignation.

A nation rich in resources but poor in justice and collective memory

Chile remains deeply unequal. Its wealth —in copper, lithium, oceans, energy, and forests— benefits the few, not the many. The AFP pension system, imposed during the dictatorship with right-wing support, still functions as a multi-billion-dollar business. Meanwhile, most retirees struggle to survive on meager pensions that fail to cover basic needs.

This is not a matter of “unmet expectations,” as some claim. It’s a social and humanitarian emergency. And yet, the political debate keeps circling back to the same failed formulas of the past.

But there’s another, more insidious legacy from that era: extreme individualism. Chileans increasingly seem to care only about their own immediate problems —their pension, their salary, their neighborhood's security— without regard for their neighbors, coworkers, or fellow citizens. Solidarity has eroded to the point that many prefer to look the other way rather than acknowledge our shared struggles. Where is the empathy for the worker earning less, for the person without access to healthcare, shelter, or justice?

Boric trapped between Congress and a culture of self-interest

President Gabriel Boric, despite a slight rise in approval (now at 33%, according to Cadem), continues to face a hostile and fragmented Congress —one often more committed to self-preservation than real reform. In this environment, major structural changes such as pension reform or improvements in public healthcare remain stalled or watered down.

We wouldn't be here without the demonstrations,' says Boric

Meanwhile, the same political and economic forces that once defended the dictatorship’s model remain firmly in place —now repackaged with newer faces and modern slogans. Kast is no outsider. He is the direct ideological heir of that legacy. His return to the top of the polls is not just political momentum; it’s a national warning.

Have we really forgotten?

Where is the memory of dictatorship crimes? Of silenced victims? Of broken promises and systemic inequality? Of the 2019 uprising? Of the failed constitutional process?

It seems we’ve grown used to forgetting. Used to voting for the same names, tolerating corruption, and believing inequality is just part of life. Chile, a country with every resource needed to thrive in justice and dignity, has been reduced to a place where wealth is hoarded, rights are conditional, and solidarity is optional.

Final thoughts

Kast’s rise in the polls is not just about this election. It is the clearest sign yet that history repeats itself when we choose not to remember. A country without memory is not just doomed to make the same mistakes —it becomes unable to imagine a different future.

Chile rumbo a las elecciones: la izquierda enfrenta su prueba más difícil

 Por Rodolfo Varela

Locutor profesional, exiliado político y hombre de izquierda esclarecida

La izquierda chilena llega a las elecciones presidenciales de noviembre en una posición compleja y debilitada. La candidatura de Jeannette Jara, exministra del gobierno de Gabriel Boric y militante del Partido Comunista, será la carta de la coalición progresista. 

Los presidentes Boric, Bachelet, Lagos, Frei y Piñera firman compromiso “Por la democracia, siempre”

Pero su camino no será fácil: deberá enfrentarse a figuras con fuerte presencia en las encuestas como José Antonio Kast (ultraderecha) y Evelyn Matthei (centroderecha).

Yo soy de izquierda. Pero no de la “renovada” que se acomoda al poder. Soy un hombre esclarecido, con memoria. Fui víctima de la dictadura, viví el exilio, y sé perfectamente lo que significa luchar por la democracia real. Por eso, lo que hoy veo me duele. Me indigna.

La izquierda no está fuerte. Y no lo está porque ha fallado en cumplir con las promesas hechas desde el fin de la dictadura. Chile aún arrastra una deuda profunda con su pueblo: las víctimas del régimen militar, los trabajadores precarizados, los jubilados abandonados, los estudiantes endeudados, los pueblos originarios ignorados.

Un comunista será el candidato de la coalición de izquierda a la presidencia de Chile.

El actual gobierno prometió reformas estructurales —como el fin del sistema de AFP— y avances reales en reparación histórica. ¿Qué pasó? Nada. Las AFP siguen igual, con 30 años más para lucrar con el trabajo ajeno. Las pensiones siguen siendo de miseria. Y la deuda histórica con profesores, exonerados y víctimas sigue intacta.

Mientras tanto, los partidos tradicionales, tanto de derecha como de izquierda, se reparten el poder entre pactos, silencios y privilegios.

Y aquí surge una pregunta que muchos se hacen en silencio:
¿Por qué no abrir paso a nuevas voces? Existen candidatos independientes, jóvenes y con visión moderna, que no están atados al pasado ni a los compromisos de siempre. Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, representa una izquierda con ideas propias, dispuesta a incomodar, a debatir y a mirar hacia adelante. No lo conozco personalmente, pero ¿por qué no dar oportunidades a quienes aún no nos han fallado?

Marco Enríquez-Ominami: "A la izquierda le falta más imaginación"

¿Democracia Siempre… pero para quién?

El presidente Boric promueve la iniciativa “Democracia Siempre”, junto a otros líderes progresistas de la región. Pero hay una contradicción brutal entre ese discurso internacional y la realidad cotidiana del pueblo chileno.

¿De qué democracia estamos hablando cuando los expresidentes reciben más de 30 millones de pesos mensuales, mientras millones sobreviven en la pobreza?
¿Qué clase de igualdad es esa donde aún hay personas con pensiones de 100 mil pesos? ¿Cómo pueden hablar de derechos humanos si las víctimas de la dictadura siguen esperando justicia y reparación?

Los políticos —de derecha y también de izquierda— hablan desde el privilegio, como si alguna vez hubieran pasado hambre o frío. Pero el pueblo no olvida. El pueblo sigue esperando hechos, no palabras.

Esta no es la democracia por la que luchamos. Una democracia sin justicia social, sin memoria activa y sin reparación verdadera, es solo una fachada elegante para mantener los mismos abusos de siempre.

Chile merece más

Yo no hablo desde la teoría ni desde el confort. Hablo desde la experiencia. Como comunicador, como sobreviviente de la dictadura, como exiliado, como hombre de izquierda que nunca se vendió ni se arrodilló.

Ni la derecha ni la vieja izquierda han estado a la altura del pueblo chileno. Chile merece más. Merece coherencia, verdad y justicia. Merece una izquierda que vuelva a sus raíces: la defensa del débil, la dignidad del trabajador, la voz de los silenciados.

Todavía estamos a tiempo.
Pero solo si despertamos.

Chile Heads to Elections: The Left Faces Its Toughest Test

 

By Rodolfo Varela
Professional broadcaster, political exile, and conscious leftist

Chile's left-wing coalition heads into the November presidential elections in a weakened and challenging position. Jeannette Jara, former minister under President Gabriel Boric and a member of the Communist Party, will be the candidate of the progressive bloc. 

Presidents Boric, Bachelet, Lagos, Frei, and Piñera sign the "For Democracy, Always" pledge

But she will face tough competition from well-positioned figures in the polls like José Antonio Kast (far right) and Evelyn Matthei (center-right).

I am a man of the left. But not of the so-called “renewed” left that bows to power. I am a conscious leftist, with memory and conviction. I was a victim of the dictatorship. I lived through exile. I know what it means to fight for real democracy. And that’s why what I see today pains and angers me.

The left is not strong — because it has failed to deliver on the promises made since the end of the dictatorship. Chile still carries a heavy debt to its people: the victims of the military regime, the exploited workers, the abandoned retirees, the indebted students, the ignored Indigenous communities.

Communist to be the left-wing coalition's candidate for the Chilean presidency

The current government promised structural reforms — such as ending the abusive private pension system (AFP) — and meaningful historical reparations. But what happened? Nothing. The AFPs remain untouched, now with another 30 years to profit from workers’ labor. Pensions remain disgracefully low. And the historical debt to teachers, political exiles, and victims of the dictatorship remains unpaid.

Meanwhile, traditional parties —right and left alike— continue to trade power through pacts, silence, and privilege.

This raises a fair question:
Why not open space for new voices? There are young, independent candidates with modern ideas and clean hands — not bound to the old deals or the same ruling elite. Marco Enríquez-Ominami, for example, represents a different kind of left: bold, unafraid to debate, and ready to break with old molds. I don’t know him personally, but why not give a chance to those who haven’t yet betrayed us?

Marco Enríquez-Ominami: "The left lacks more imagination"

Democracy Always… but for whom?

President Boric has recently launched an initiative titled “Democracy Always,” alongside progressive leaders from the region. But there’s a brutal contradiction between that international discourse and Chile’s domestic reality.

What kind of democracy is it where former presidents receive over 30 million pesos a month, while millions of Chileans live in poverty and neglect?
How can we speak of equality when some retirees live on pensions of only 100,000 pesos? How can we claim to defend human rights, while dictatorship victims still await justice and compensation?

Politicians —both from the right and the institutional left— speak confidently from positions of privilege, as if they had ever known true hardship. But the people have not forgotten. The people are still waiting — not for speeches, but for action.

This is not the democracy we fought for. A democracy without social justice, without active memory, without real reparation, is just a polished mask for the same abuses as always.

Chile deserves better

I don’t speak from theory or comfort. I speak from experience. As a broadcaster, as a dictatorship survivor, as an exile, as a man of the left who never sold out or stayed silent.

Neither the right nor the old left has lived up to the Chilean people. Chile deserves more. It deserves coherence, truth, and justice. It deserves a left that returns to its roots: defending the weak, uplifting workers, giving voice to the silenced.

There is still time.
But only if we wake up.

Justicia tardía, pero necesaria: Chile condena a la sucesión de Pinochet por malversación de fondos

 Por Rodolfo Varela

Santiago, Chile – La reciente resolución del Séptimo Juzgado Civil de Santiago representa un paso decisivo en la larga y dolorosa lucha por la justicia en Chile. 

Herederos del dictador y ladrón Pinochet

El fallo que obliga a los herederos del dictador Augusto Pinochet a devolver más de 16 millones de dólares malversados del Estado chileno es más que un simple acto jurídico: es un grito de dignidad, una señal de que la historia no se puede sepultar con el silencio ni con la impunidad.

Durante décadas, las víctimas del régimen cívico-militar han esperado justicia no solo por las brutales violaciones a los derechos humanos, sino también por el saqueo sistemático de los recursos públicos. La figura de Pinochet no solo encarna el autoritarismo sangriento, sino también la corrupción obscena. Fue un traidor que se enriqueció mientras asesinaba, torturaba y desaparecía a compatriotas. Y, sin embargo, hasta hoy, hay quienes siguen justificando su accionar.

La impunidad en la cultura y los medios

Uno de los aspectos más dolorosos —y a menudo silenciados— de la dictadura fue la traición dentro del mundo artístico y cultural. Actores, cantantes, locutores de radio y televisión colaboraron activamente con el régimen, delatando colegas, justificando crímenes y prestando sus voces al aparato propagandístico de la dictadura.

Lo más indignante es que hubo artistas sin talento ni trayectoria, que jamás lograron éxito genuino en sus carreras, y que se pusieron al servicio de la dictadura organizando y animando fiestas privadas para los altos mandos militares, a cambio de favores y privilegios. Mientras el pueblo era reprimido, torturado o forzado al exilio, estas personas enriquecieron su patrimonio cantando en salones de sangre y brindando con los verdugos. Hoy, muchas de ellas viven como millonarias, gozan de prestigio mediático y fingen haber estado "al margen" de los horrores.

¿Hasta cuándo?

Muchos de esos personajes, increíblemente, siguen activos en los medios de comunicación, algunos incluso se autodenominan orgullosamente “pinochetistas”, sin que exista una reacción institucional ni del Estado ni de los canales que los emplean. ¿Cómo es posible que, en un país que busca sanar sus heridas, se tolere la presencia de quienes fueron cómplices de un régimen que robó, mató y torturó?

Es un insulto a la memoria de los que ya no están, y una burla para quienes lucharon —y aún luchan— por un Chile más justo. No puede haber verdadera reconciliación sin memoria, y no puede haber memoria si seguimos premiando el silencio y la complicidad.

¿Quién fue Pinochet? Conozcan al ladrón, asesino y comandante de la dictadura chilena.

El fallo como símbolo de esperanza

La decisión judicial no solo exige una reparación económica por el daño al Estado, sino que también reafirma la responsabilidad moral que recae sobre quienes se beneficiaron —y aún hoy se benefician— del botín de la dictadura. Porque no basta con señalar a Pinochet. Es necesario que la justicia llegue también a sus cómplices: militares de alto rango, políticos que medraron del régimen, empresarios inescrupulosos, religiosos que bendecían los crímenes, artistas oportunistas, comunicadores serviles y miembros del Poder Judicial que miraron para otro lado.

Un país en deuda con su memoria

Chile está en deuda. Está en deuda con sus desaparecidos, con las madres que murieron sin saber dónde estaban sus hijos, con los niños que crecieron sin padres, con los exiliados que jamás volvieron a su tierra. Este fallo es un pequeño gesto de reparación, pero debe ser solo el comienzo.

No se puede construir un país verdaderamente democrático y justo sin desmontar las estructuras de poder que la dictadura dejó como herencia. La corrupción, el clasismo, la represión encubierta, la desigualdad social… todo eso tiene raíces en el modelo impuesto a sangre y fuego.

Una luz al final del túnel

Pero hay esperanza. Porque mientras la justicia avance, aunque sea lentamente, el futuro puede ser distinto. Ver que los tribunales reconocen el dolo, el robo y la inmoralidad del régimen pinochetista abre una ventana hacia un Chile más honesto, más transparente y, sobre todo, más solidario. Un Chile verdaderamente nuestro.

Este fallo no borra el dolor, pero lo honra. Y nos recuerda que, por más que intenten negarlo, la verdad siempre encuentra su camino. Y con ella, la justicia.

Delayed but Necessary Justice: Chile Orders Pinochet’s Heirs to Repay Millions in Embezzled Public Funds

 

By Rodolfo Varela

Santiago, Chile – The recent ruling by the Seventh Civil Court of Santiago marks a major step forward in Chile's long and painful journey toward justice. 

Heirs of the Dictator and Thief Pinochet

The court has ordered the heirs of dictator Augusto Pinochet to repay more than 16 million U.S. dollars embezzled from public funds. This decision is more than a legal milestone — it is a cry for dignity and a signal that history cannot be buried in silence or impunity.

For decades, the victims of the military regime have demanded justice, not only for the brutal human rights violations but also for the systematic looting of public wealth. Pinochet was not only a bloodthirsty authoritarian — he was a thief. While he murdered, tortured, and exiled thousands of Chileans, he also enriched himself and his circle. And to this day, there are still Chileans who justify his actions.

Impunity in Culture and the Media

One of the most painful — and often overlooked — aspects of the dictatorship was the betrayal that took place within Chile’s own artistic and cultural circles. Actors, singers, radio and TV hosts collaborated with the regime, betraying colleagues, justifying crimes, and lending their voices to the dictatorship’s propaganda machine.

Even more disturbing is the fact that certain artists — who never achieved real success on their own merit — gained wealth and visibility by serving the regime. Some performed at private parties for high-ranking military officials, exchanged favors, and built fortunes from the suffering of a country in mourning. While the people were being tortured, silenced, or forced into exile, these figures were celebrating in luxury halls and drinking with the executioners.

Today, many of them are millionaires. Some are still active in television and media, and some even proudly call themselves “Pinochetistas” in public — without any accountability. How is it possible that in a country striving to heal its wounds, we continue to allow such people to hold influence and public voice?

It is an insult to the memory of those who are no longer with us and a slap in the face to those who still carry the trauma. There can be no real reconciliation without memory, and there can be no true memory if we continue to reward silence and complicity.

A Verdict That Brings Hope

This judicial decision does more than demand financial reparation — it reinforces the moral responsibility of all those who benefited from the dictatorship’s crimes. Pointing the finger at Pinochet alone is not enough. Justice must also reach his collaborators: high-ranking military officials, politicians who grew rich from the regime, unscrupulous businessmen, religious leaders who blessed the killings, opportunistic artists, complicit journalists, and a judicial system that often looked the other way.

Who was Pinochet? Meet the thief, assassin and commander of the Chilean Dictatorship

Where are the judges who legitimized torture? Where are the parliamentarians who, without shame, still celebrate the legacy of Pinochet? How long will the political heirs of the dictatorship continue to enjoy impunity disguised as legality?

A Nation Still in Debt

Chile owes a historical debt. It owes justice to the disappeared, to the mothers who died without knowing where their children were, to the children who grew up without parents, and to the exiles who never returned. This ruling is a small step toward reparation, but it must only be the beginning.

A truly democratic and just country cannot be built without dismantling the structures of power inherited from the dictatorship. Corruption, classism, silent repression, and social inequality — all are rooted in the model imposed with blood and fire.

A Light at the End of the Tunnel

But there is hope. Because as long as justice moves forward — even slowly — the future can be different. Seeing the courts finally acknowledge the theft, the fraud, and the moral depravity of the Pinochet regime opens a path toward a more honest, transparent, and truly united Chile. A Chile that belongs to all of us.

This ruling does not erase the pain — but it honors it. And it reminds us that, no matter how hard they try to deny it, truth always finds its way. And with truth comes justice.

In the Name of Democracy… or the Control of Freedom?

Posted by Rodolfo Varela

At the recent summit of progressive Latin American presidents, Brazil’s President Luiz Inácio Lula da Silva once again defended regulating social media. 

His argument: protecting citizens from hate, misinformation, and fake news. But behind this apparently well-meaning message lies a legitimate concern: do they really want to protect us—or control us?

Freedom of expression is a cornerstone of any real democracy. Without it, there is no debate, no legitimate opposition, no free press, and no real citizen participation. Regulating what can or cannot be said on social media may mark the beginning of a dangerous road toward silencing dissenting voices. Who decides what is true? Who gets to silence opinions? And what happens when that power shifts?

Every government elected by the people must be accountable to the people. The people are the sovereign, the true authority. That relationship cannot be reversed. A government’s job is not to protect itself from its citizens—it exists to serve them. Citizens should not be controlled—they must be empowered. In a democracy, the people do not answer to their rulers; it’s the rulers who must answer to the people.

And this leads us to an uncomfortable truth across Latin America: many of our congresses no longer represent the people—they protect themselves. Why do we elect legislators if not to defend the public interest? Yet many members of parliament are under criminal investigation, face corruption charges, or have serious conflicts of interest. How can they legislate for the people if they’re more concerned with avoiding prosecution? How can they hold the Executive branch accountable if they rely on it to stay protected?

Cumbre progresista: Sánchez, Boric, Petro, Lula y Orsi

In such scenarios, it’s not uncommon for lawmakers to align with the government—not out of conviction, but out of fear or self-interest. This weakens the separation of powers—and with it, democracy itself.

Of course, no one defends hate speech or lies. But the legal tools to address those already exist. If someone feels defamed or harmed, they can go to court. If a post violates the law, governments have the right to request its removal through legal channels. But no democratic government should ever place itself above the people and decide in advance what may or may not be said.

In the name of “protecting democracy,” democracy itself can be destroyed. Latin America has seen too many times what happens when governments accumulate unchecked power in the name of the people. We don’t want new Venezuelas or authoritarian regimes disguised as social justice. We want societies where every citizen has the right to speak, to disagree, and to fully participate in public life—without fear, and without censorship.

We are not cattle. We are free, thinking, conscious citizens. We want full freedom of expression—no prior censorship, no official truths imposed from above. And if someone lies, let them face justice—not a government-run censorship board.

True democracy does not fear freedom. It celebrates it, defends it, and respects it.

En nombre de la democracia… ¿el control de la libertad?

Por Rodolfo Varela

En la reciente cumbre de presidentes progresistas de América Latina, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a defender con firmeza la idea de regular las redes sociales. 

Lo hizo bajo el argumento de proteger a los ciudadanos contra el odio, las noticias falsas y la desinformación. Pero detrás de este discurso, tan bien intencionado en apariencia, se esconde una preocupación legítima: ¿quieren protegernos o quieren controlarnos?

La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin ella, no hay debate, no hay oposición legítima, no hay prensa libre ni participación ciudadana real. Regular lo que se puede o no se puede decir en redes sociales puede ser el inicio de un camino peligroso hacia el silenciamiento de voces disidentes. ¿Quién decide qué es verdad? ¿Quién tiene el poder de callar opiniones? ¿Y qué pasa si ese poder cambia de manos?

Todos los gobiernos elegidos por el pueblo deben rendir cuentas al pueblo. El pueblo es el soberano, el mandante, el patrón. No puede invertirse esa relación. No se gobierna para protegerse del pueblo, sino para servirlo. No se debe intentar controlar al ciudadano, sino garantizarle sus derechos. En democracia, el pueblo no debe rendir cuentas a sus gobernantes, sino exigirlas.

Y esto nos lleva a una verdad incómoda que recorre América Latina: nuestros parlamentos, muchas veces, no representan al pueblo, sino a sus propios intereses. ¿Para qué elegimos congresistas si no es para que defiendan a la ciudadanía? Sin embargo, una parte importante de ellos enfrenta procesos judiciales, acusaciones de corrupción o conflictos de interés. ¿Cómo van a legislar a favor del pueblo si tienen que protegerse de la ley? ¿Cómo van a fiscalizar al Ejecutivo si dependen de su benevolencia para mantenerse a salvo?

Cumbre progresista: Sánchez, Boric, Petro, Lula y Orsi

En este contexto, no es raro que algunos legisladores se alineen con los deseos del gobierno, no por convicción democrática, sino por conveniencia personal. Así se debilita el equilibrio de poderes, y con él, la democracia misma.

Por supuesto, nadie defiende el discurso de odio ni la mentira deliberada. Pero los mecanismos para combatirlos ya existen. Si una persona se siente difamada u ofendida, puede recurrir a la justicia. Si una publicación viola la ley, el Estado tiene todo el derecho de exigir su remoción judicial. Pero lo que no puede hacer ningún gobierno, por más democrático que diga ser, es colocarse por encima de la ciudadanía y decidir de antemano lo que se puede o no se puede decir.

Bajo la excusa de "proteger la democracia", se puede terminar destruyéndola. América Latina ya conoce lo que ocurre cuando los gobiernos concentran demasiado poder en nombre del pueblo. No queremos nuevas Venezuela ni autoritarismos disfrazados de justicia social. Queremos vivir en sociedades donde el ciudadano tenga derecho a expresarse, disentir y participar plenamente de la vida pública, sin miedo y sin mordazas.

No somos ganado. Somos ciudadanos libres, conscientes, inteligentes, y con criterio. Queremos libertad de expresión total, sin censura previa y sin verdades oficiales impuestas desde arriba. Y si alguien miente, que lo enfrente ante la justicia, no ante un comité de censura digital.

La democracia verdadera no teme a la libertad. La celebra, la protege y la respeta.