Diputados que viven en palacios llaman “populismo” a proyectos que buscan proteger a la ciudadanía

Por Rodolfo Varela

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en general un proyecto de ley que busca restringir beneficios fiscales a inmigrantes irregulares. La moción, presentada por parlamentarios de Chile Vamos encabezados por Juan Fuenzalida (UDI), plantea que para acceder a beneficios estatales los extranjeros deberán contar con cédula de identidad vigente emitida por el Registro Civil. El objetivo, según sus autores, es desincentivar el ingreso clandestino al país y evitar la saturación del sistema social.

La Comisión de Gobierno Interior aprobó en forma unánime -con 9 votos a favor-, la idea de legislar el proyecto que busca restringir el acceso de inmigrantes irregulares a beneficios de cargo fiscal (boletín 17474).

Sin embargo, el diputado comunista Matías Ramírez salió al paso calificando la iniciativa como un “pésimo proyecto” y tildándola de “populista”, afirmando que contiene “xenofobia y pocos datos duros”. Para Ramírez, este tipo de medidas ataca a población sensible y puede generar mayor exclusión y precariedad.

Pero aquí es necesario levantar la voz y poner las cosas en su lugar. Resulta indignante escuchar a un parlamentario hablar de “populismo” cuando el pueblo chileno vive en una miseria cotidiana, producto de la negligencia y la hipocresía de quienes deberían representarlo. 

Diputado Juan Manuel Fuenzalida

El diputado Ramírez parece no tener idea de la realidad nacional: lo invito a visitar las comunas y mirar a los ojos a las familias que sobreviven con pensiones miserables, a los niños y niñas que padecen hambre, y a las víctimas de la dictadura que aún esperan justicia y reparación.

Yo hablo desde la izquierda honesta, la que sufrió prisión, tortura y exoneración. Conozco en carne propia lo que significa el abandono del Estado. Por eso sé de lo que hablo, y no acepto que me vengan con discursos vacíos mientras se ignora la tragedia de miles de compatriotas.

Y ya que habla de “populismo”, pregunto con toda claridad: señor Ramírez, ¿qué proyecto ha presentado usted para acabar con las AFP y devolverle dignidad a los trabajadores chilenos que sobreviven con pensiones de hambre? ¿O acaso también eso le parece un tema menor, o “populista”?

Diputado Matías Ramírez Pascal Región: Región de TarapacáPeríodo: 2022-2026, protector de los extranjeros ilegales

¿Dónde están sus proyectos para saldar la deuda histórica con los exonerados y las víctimas de la dictadura? ¿Dónde están sus iniciativas para garantizar pensiones dignas a los torturados y perseguidos que sobreviven con migajas del Estado?

Señor Ramírez: antes de acusar a otros de caricaturizar la realidad, mire de frente a las familias a quienes el Estado les robó a sus hijos, a las madres que aún buscan a sus desaparecidos, a los trabajadores abandonados con pensiones miserables. Eso sí es vergonzoso.

La verdadera caricatura es ver a diputados comunistas —que deberían defender con honestidad y coherencia a los chilenos y chilenas más humildes— transformados en cómplices de esta izquierda corrompida que se instaló en Chile y que solo se preocupa de sus privilegios.

No nos vengan a hablar de “populismo” cuando lo que está en juego es la supervivencia de un pueblo entero.

La justicia que llega en tiempos de elecciones: ¿reparación o burla para las víctimas de la dictadura?

Por Rodolfo Varela

En plena época electoral, comienzan a aparecer resoluciones judiciales que condenan al Estado chileno a pagar indemnizaciones a víctimas de la dictadura. 

13° Juzgado Civil de Santiago

Fallos que los medios presentan como “grandes victorias” de la justicia, pero que, en la práctica, dejan al descubierto una verdad amarga: Chile sigue en deuda con miles de compatriotas que sufrieron torturas, secuestros, exilios, desapariciones y destrucción familiar, y que aún esperan una reparación real.

El reciente fallo del 13° Juzgado Civil de Santiago, que ordena al Fisco pagar $45.000.000 a Víctor Ricardo Mac-Namara Maldonado, detenido y torturado en 1975 por la disuelta CNI, es un ejemplo claro. La sentencia reconoce el carácter de crimen de lesa humanidad, imprescriptible, y detalla los daños físicos y psicológicos sufridos por la víctima. Una resolución justa, sin duda, pero profundamente limitada: se trata de una reparación monetaria que, lejos de sanar heridas, reduce el sufrimiento humano a cifras en una planilla judicial.

El problema es más profundo. ¿Qué pasa con quienes fueron detenidos y torturados sin que existiera registro alguno? Yo mismo, como tantos otros, fui apresado, golpeado y liberado de madrugada en plena dictadura, sin salvo conducto ni documento que acreditara lo vivido. Sin papeles, sin prueba oficial. ¿Significa eso que nuestra verdad no existe para el Estado? ¿Que el dolor solo cuenta si aparece escrito en un archivo?

La manipulación de los datos de las víctimas

Y qué decir de las familias que nunca se recuperaron: los hijos robados y vendidos a extranjeros, las viudas y huérfanos, los desaparecidos que jamás volvieron. Aún hoy, la mayoría de las víctimas reconocidas sobreviven con pensiones miserables, que no alcanzan siquiera para cubrir los gastos de salud derivados de las secuelas de la tortura.

Peor aún, miles de familias todavía buscan a sus hijos e hijas secuestrados, abusados y entregados a familias extranjeras durante la dictadura, muchas veces con la complicidad de políticos, jueces y religiosos. Esas familias siguen esperando justicia, intentando reconstruir lazos rotos hace décadas.

La trama de adopciones forzadas de la dictadura chilena

Más grave aún es el silencio de las propias asociaciones de exonerados políticos, ex presos políticos y tantas más, que lejos de luchar con fuerza por sus bases, han permitido que miles de compañeros sigan en el abandono. Estas organizaciones, que deberían ser la voz de los olvidados, muchas veces se han burocratizado o acomodado, dejando de lado a quienes continúan pagando el precio de la dictadura en soledad.

La justicia que hoy aparece en titulares no es justicia plena: es un recordatorio cruel de la deuda olvidada por las autoridades chilenas. Es humillante que las víctimas tengan que demandar al Estado para obtener algún tipo de reconocimiento. Y es aún más ofensivo que estas sentencias se difundan como triunfos en medio de campañas políticas, como si fueran parte de la propaganda electoral.

Chile ha sido engañado una y otra vez. Los gobiernos, de derecha y de izquierda, han prometido verdad, justicia y reparación, pero lo que tenemos son migajas tardías. Resolver un caso aislado no cambia la realidad de miles que siguen esperando.

Entre estas páginas hay incorporadas fotografías, cartas, testimonios y otros documentos que las familias, amigas y amigos entregaron o escribieron especialmente para este libro.

No podemos olvidar a las familias de los niños y niñas que fueron secuestrados, abusados y vendidos a familias extranjeras con la complicidad de políticos, jueces y religiosos. Ellos siguen buscando a sus hijos e hijas, muchos de los cuales, ya adultos, intentan hoy reencontrarse con sus padres biológicos. Esa herida permanece abierta, y mientras no exista justicia y verdad plena, Chile seguirá cargando con una deuda moral imposible de borrar.

Otra farsa oficial: el gobierno habla de “conmemoración” en Lonquén

 By Rodolfo Varela

Una vez más, el Estado chileno vuelve a disfrazar de memoria lo que en verdad es manipulación política. El reciente acto en los Hornos de Lonquén fue presentado como “conmemoración por los 52 años del Caso Lonquén”. ¿Cómo se puede llamar “conmemorar” al horror de la desaparición forzada, al asesinato brutal de 15 campesinos —entre ellos cuatro menores de edad— cuyos cuerpos fueron arrojados a hornos de cal? 

En el Sitio de Memoria Hornos de Lonquén

Eso no es conmemoración: es recordación, es denuncia, es memoria viva de un crimen de lesa humanidad.Pero los gobiernos de turno, de derecha y de izquierda, insisten en usar las palabras para maquillar la verdad. Transforman el dolor de las familias en discursos solemnes que suenan bien en vísperas electorales, pero que no se traducen en justicia, reparación ni verdad. Pasan los años y el patrón se repite: cada aniversario, ministros y autoridades acuden a los sitios de memoria, leen frases bonitas sobre el “alma de Chile” y la “necesidad de justicia”, pero al día siguiente el país vuelve a convivir con la impunidad.

¿Dónde estaban estos mismos poderes del Estado cuando se levantaban los montajes judiciales que encubrían a militares, policías y cómplices civiles de la dictadura? ¿Dónde estuvo la Iglesia, que tardó en alzar la voz, y que aún guarda silencios vergonzosos? ¿Qué ha hecho la justicia chilena, más allá de condenas parciales y tardías, frente a miles de familias que siguen esperando respuesta sobre el paradero de sus seres queridos?

Gobierno realiza acto conmemorativo por los 52 años del “Caso Lonquén”

El “Caso Lonquén” fue, en 1978, el primer golpe que desnudó ante el mundo la maquinaria criminal de Pinochet. Fue el testimonio irrefutable de que en Chile se secuestraba, se torturaba y se asesinaba. Y, sin embargo, 52 años después, las víctimas siguen siendo usadas como estandarte por gobiernos que prometen mucho y cumplen poco. El Plan Nacional de Búsqueda es necesario, sí, pero llega demasiado tarde para quienes murieron esperando verdad y justicia.

Y mientras las autoridades levantan placas y pronuncian discursos, los sobrevivientes y familiares reciben pensiones miserables, indignas, que no alcanzan ni para cubrir medicamentos, mucho menos para vivir con dignidad. ¿Cómo puede el Estado pedir “conmemorar” a los muertos, cuando a los vivos —los que cargan las cicatrices de la tortura y del exilio— se les condena a sobrevivir con sumas que son una burla? Esa es la verdadera cara de la corrupción: políticos de todos los colores protegen sus privilegios, se enriquecen en el poder, y al mismo tiempo empujan a las víctimas a la pobreza y al olvido.

Representantes del Gobierno de Chile

Peor aún: restos humanos de víctimas del terrorismo de Estado siguen guardados en el Servicio Médico Legal, esperando autorización para ser reconocidos. Restos que podrían devolver identidad y paz a familias que llevan medio siglo buscando a los suyos, pero que son retenidos por la burocracia, la indiferencia y el desinterés de un Estado que dice “buscar la verdad” mientras oculta pruebas bajo llave.

Y como si fuera poco, los medios de comunicación en Chile tampoco son del pueblo. Están controlados por grandes empresas, en su mayoría extranjeras, que imponen contenidos alejados de nuestra cultura y de nuestras costumbres. Esos medios no cuentan la verdad del Chile profundo, del Chile obrero, campesino, de las víctimas olvidadas; solo transmiten lo que conviene a los políticos y al poder económico. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la voz del pueblo sea silenciada y que la memoria sea utilizada como mercancía?

Chile no necesita ceremonias vacías ni placas inaugurales que se descubren con discursos huecos. Chile necesita coraje político para desmontar la impunidad, voluntad real para sancionar a los responsables, justicia para las víctimas, dignidad para los sobrevivientes y medios de comunicación verdaderamente en manos de los chilenos.

No se conmemora la desaparición forzada: se recuerda, se denuncia y se exige justicia. Todo lo demás es oportunismo disfrazado de memoria.

Joaquín Lavín y la impunidad de siempre: la corrupción bajo la alfombra en Chile

Por Rodolfo Varela

En Chile, la corrupción política no sorprende, se normaliza. Y cuando aparece un caso como el del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), lo único que hace es desnudar lo que todos sabemos y pocos se atreven a decir: la justicia y los medios de comunicación trabajan al servicio de los poderosos, ocultando, relativizando y postergando procesos que deberían escandalizar a un país entero.

Joaquín Lavín Jr. reconoce fraude

El Ministerio Público acusa al parlamentario de haber defraudado al fisco con facturas falsas, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos. Según la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Lavín creó en las sombras la empresa Modo74 SpA, a través de un asesor de confianza, para triangular recursos del Congreso y del Servel. El resultado: más de $104 millones de pesos en operaciones sospechosas, reembolsos que nunca llegaron a la empresa y depósitos en efectivo de origen desconocido.

La Corte de Apelaciones de Santiago aún no fija fecha para revisar la solicitud de desafuero. ¿Por qué la demora? Porque estamos en época electoral. Porque cuando se trata de proteger a los suyos, la política chilena sabe cómo congelar, retrasar y maquillar la corrupción.

"La familia no está para juzgar": La postura de Joaquín Lavín padre tras enrolarse

Mientras tanto, los abogados de Lavín aseguran que todo es “una selección arbitraria” de pagos. La misma estrategia de siempre: victimizar al poderoso, confundir a la opinión pública y esperar a que el tiempo entierre el escándalo. Lo más indignante es que, como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, la población quedará al margen de esta noticia. La prensa tradicional —cómplice y servil— callará, minimizará o diluirá el caso, porque informar de verdad significaría enfrentarse al sistema que los financia.

El trasfondo es brutal: Lavín habría usado recursos fiscales para construir una plataforma digital de uso electoral, SocialTazk, destinada a la campaña de decenas de candidatos de la UDI, entre ellos su propia esposa, Cathy Barriga, también imputada por fraude al fisco. Y como si fuera poco, hasta su padre rindió facturas de esta empresa. Negocios familiares a costa del erario público.

Escándalo en la familia de Joaquín Lavín León.

Nada de esto es nuevo en Chile. Políticos que se reparten millones mientras la gente sobrevive con pensiones de miseria y salarios indignos. Y lo peor es que dentro de algunos años, como ya ha pasado tantas veces, Joaquín Lavín podría volver a ser candidato, a levantar banderas de “renovación” y a ser elegido por el mismo pueblo que hoy es víctima de este saqueo institucionalizado.

Aquí no hay justicia ni transparencia. Hay un sistema político podrido, donde la corrupción se esconde bajo la alfombra y la memoria colectiva es borrada por medios de comunicación corruptos y acomodados.

La pregunta es: ¿hasta cuándo Chile va a soportar ser gobernado por quienes lo roban a plena luz del día?

Una condena tardía y ridícula: la memoria de Florencio Ascencio Vargas Díaz sigue siendo pisoteada

Por Rodolfo Varela

La Corte Suprema de Chile acaba de confirmar una condena vergonzosa: tres años de presidio, con beneficio de remisión condicional, contra el exteniente de Carabineros Óscar Arnaldo Urrejola San Martín, responsable directo de la detención ilegal y posterior muerte del primer alcalde de Pueblo Hundido (hoy Diego de Almagro), Florencio Ascencio Vargas Díaz, ocurrida en octubre de 1973.

Florencio Ascencio Vargas Díaz- Ejecutado Político | Memoriaviva

Tres años. Una burla judicial. Una bofetada en la cara de la familia de don Florencio, de sus hijos, nietos y de toda una comunidad que lo conoció como un hombre honesto, trabajador y profundamente comprometido con su pueblo. Yo lo conocí personalmente. Trabajamos juntos en Radio Diego de Almeyda, donde fui director entre 1971 y 1972, y puedo dar testimonio de su integridad y de su compromiso con la comunidad.

Don Florencio no fue un alcalde más. Como primer edil de Pueblo Hundido, fue el gestor de los trámites —junto a la Junta por el Progreso— que permitieron que su localidad se convirtiera en comuna. Fue también quien habló personalmente con el presidente Salvador Allende, no solo para obtener respaldo al desarrollo de la región, sino también para que yo mismo fuera designado como director de la emisora local, con la misión de realizar una labor social, cultural y comunicacional ante el pueblo minero del norte de Chile.

Florencio Ascencio Vargas Díaz - Asesinado político 

Ese compromiso con su gente, ese espíritu de servicio público, fue lo que lo convirtió en blanco de la dictadura. Depuesto de su cargo, detenido ilegalmente y hallado muerto en una celda policial, don Florencio fue víctima del terrorismo de Estado que arrasó con líderes sociales y políticos en todo Chile.

El fallo de la Suprema reduce su asesinato a un simple “secuestro” y absuelve de responsabilidad a quienes crearon el escenario de su muerte. La justicia chilena, una vez más, demuestra que los crímenes de la dictadura siguen siendo relativizados, disfrazados y minimizados bajo tecnicismos legales que insultan la memoria de las víctimas.

Florencio Vargas, primer alcalde de Pueblo Hundido

Chile vuelve a barrer su historia bajo la alfombra. Más de medio siglo después del golpe, seguimos viendo cómo se cierran causas con penas simbólicas, mientras miles de familias continúan cargando con el dolor y la impunidad. ¿Cómo puede hablarse de reconciliación, cuando el Estado mismo niega justicia?

Florencio Ascencio Vargas Díaz

El caso de Florencio Ascencio no es aislado: es un espejo de la deuda pendiente del país con todos los ejecutados políticos y desaparecidos. Y frente a esa deuda, no basta con homenajes ni con discursos vacíos: se necesita verdad plena, justicia real y reparación efectiva.

Porque no fueron tres años de presidio lo que sufrió Florencio. Fueron el encierro, la tortura y la muerte a manos del Estado. Y frente a eso, la justicia chilena le responde con una condena simbólica. Una vergüenza histórica que el pueblo de Chile no debería aceptar en silencio.

Chile y sus deudas con la justicia: indemnizaciones tardías que no reparan

Por Rodolfo Varela

La reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que elevó las indemnizaciones a víctimas detenidas y torturadas en 1973 y 1974, ha sido presentada como un avance en materia de reparación. 

La justicia chilena ordenó el pago de USD 165.000 a 29 víctimas de torturas durante la dictadura

El tribunal fijó en $55 millones el monto total que el Estado deberá pagar a Carlos Rafael Riquelme Retamal y Milton Manuel Briones Hormazábal, ambos detenidos siendo jóvenes y sometidos a torturas en regimientos, recintos policiales, el Estadio Nacional y centros clandestinos.

Es cierto: se trata de un reconocimiento judicial al dolor y al daño moral causado por la maquinaria represiva de la dictadura. Pero, ¿acaso después de cinco décadas debemos aplaudir un fallo tardío, que apenas alcanza a rozar la dimensión del horror sufrido por miles de chilenos?

La deuda de Chile con el derecho a vivir en paz

Mientras se anuncia esta resolución como si fuera un logro, miles de procesos siguen estancados o invisibilizados. Las familias de niños y niñas abusados y vendidos al extranjero durante los años más oscuros de nuestra historia aún esperan verdad y justicia. Los presos políticos, los torturados, los detenidos desaparecidos y sus familiares cargan con décadas de espera, promesas incumplidas y expedientes archivados.

Y hay un hecho aún más doloroso: en el Instituto Médico Legal permanecen cientos de restos mortales de víctimas de la dictadura que aún no han sido identificados, porque falta la autorización del Estado para avanzar en los procesos. Allí, en depósitos fríos y silenciosos, se acumulan huesos que tienen nombre, historia y familias que llevan medio siglo esperando una respuesta que nunca llega.

Dentro del Instituto Médico Legal

Yo mismo soy uno de esos sobrevivientes. Fui detenido y torturado en 1973, en el subterráneo del Ministerio de Defensa, y luego en Salvador, ciudad minera del norte de Chile, donde me amenazaron de muerte. Durante años no inicié proceso alguno contra el Estado; a mis 75 años siento que, si algún día llegara un fallo, ya estaría muerto. Solo cuando quise ser reconocido como exonerado político debí entrar en un proceso judicial, y fue el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto quien me defendió. De no haber sido por él, aún seguiría esperando una resolución.

Hoy recibo una pensión de $230.000 pesos, cantidad que en Chile no alcanza para vivir dignamente ni para costear los remedios que necesito por las secuelas de las torturas sufridas. Mi historia es la historia de miles.

Chile arrastra una deuda que no se resuelve con sumas de dinero fijadas en tribunales, mucho menos cuando esas indemnizaciones llegan tarde y solo a unos pocos. Lo más grave: los sucesivos gobiernos —de derecha y también de izquierda— han demostrado una falta de compromiso real con la justicia. La izquierda, que se proclama heredera de las luchas por la democracia, ha caído en la misma tibieza institucional que posterga y relativiza el derecho a la verdad.

¿Hasta cuándo se seguirá llamando “victorias judiciales” a fallos que son apenas el cumplimiento mínimo de una obligación del Estado? La justicia no debería llegar como limosna ni como reparación simbólica, sino como respuesta concreta, integral y oportuna.

El negocio de las adopciones ilegales en Chile no es una historia (solo) de la dictadura

Hoy, cuando se conmemoran más de 50 años del golpe, la deuda con las víctimas y con el pueblo sigue abierta. Chile necesita despertar de la indiferencia, reconocer que estas resoluciones no son un regalo ni un gesto magnánimo de los tribunales, sino la evidencia de que la justicia ha llegado tarde, mal y a medias.

No hay verdadera democracia sin memoria, sin reparación íntegra y sin un Estado que asuma de una vez por todas su responsabilidad frente al dolor de miles de compatriotas que siguen esperando.

Por Rodolfo Varela, locutor y sobreviviente de la dictadura chilena