Chile: la deuda histórica que la política no quiere pagar

Por Rodolfo Varela

Hoy, 31 de octubre de 2025, Chile parece un país que ha olvidado sus heridas. Mientras los políticos se reparten el protagonismo entre encuestas, campañas anticipadas y disputas presupuestarias, la otra mitad del país —la de los sobrevivientes, los olvidados, los que todavía esperan justicia— sigue hundida en la pobreza, la humillación y el abandono estatal.

                                              Justicia en la Deuda Histórica?

Un país atrapado en su propio desencanto

La polarización se ha convertido en el lenguaje cotidiano. Las promesas se repiten con acentos distintos, pero con el mismo vacío moral. La población ya no cree en los partidos ni en la política, y menos aún en una justicia que exhibe indicios de corrupción, favoritismo y manipulación. Los escándalos como el “Caso Curauma” o el “Caso Ulloa” muestran un sistema judicial que muchas veces protege a los suyos en vez de proteger la verdad.

Manuel Cruzat denuncia corrupción en el Poder Judicial

Mientras tanto, el debate nacional gira en torno a encuestas presidenciales que dan ventaja a figuras de la derecha como Evelyn Matthei o José Antonio Kast, los mismos sectores que durante décadas negaron los crímenes de la dictadura y se oponen hoy a toda forma de reparación o memoria. El presidente Gabriel Boric, pese a sus discursos y gestos simbólicos, enfrenta una creciente desconfianza y una oposición que apuesta al caos antes que al diálogo.

Las implicancias del fuego cruzado entre Kast y Matthei

La deuda que nunca se paga

Han pasado más de cincuenta años desde el golpe militar, y sin embargo, miles de víctimas siguen viviendo en condiciones indignas. Muchos reciben pensiones miserables —equivalentes a la mitad del salario mínimo— que no alcanzan ni para comprar medicamentos. Otros, ancianos y enfermos, sobreviven gracias a la caridad o a redes de apoyo formadas por sus propios compañeros de lucha.

¿Dónde están las instituciones que prometieron verdad, justicia y reparación? ¿Qué hacen las organizaciones que se autodenominan defensoras de los derechos humanos mientras los exonerados, los torturados y los familiares de desaparecidos viven en la pobreza absoluta? 

La respuesta es dolorosa: se ha instalado un silencio cómplice, una burocracia fría y un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.

Memoria y cinismo político

El reciente episodio protagonizado por Evelyn Matthei, al minimizar los crímenes de la dictadura, no es un simple desliz verbal. Es la expresión de una clase política que desprecia la memoria histórica y que ha aprendido a manipular el olvido como herramienta electoral. La reacción del país fue de indignación, pero el daño está hecho: cada palabra negacionista reabre las heridas de miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos.

52 años del golpe de Estado

El Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, intenta ser una política permanente para esclarecer el paradero de las víctimas. Pero sin recursos, sin voluntad política real y bajo el ataque constante de los sectores más reaccionarios del Congreso, su avance es lento y frágil.

Un país moralmente agotado

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es blanco de amenazas y propuestas de cierre. Las cárceles están hacinadas, los niños y niñas institucionalizados siguen siendo víctimas de abusos, y el pueblo mapuche continúa siendo criminalizado por defender sus tierras. En todos estos frentes, la respuesta estatal es la misma: indiferencia y represión.

Chile se desangra en su propia contradicción. Habla de crecimiento, innovación y democracia, pero no puede mirar a los ojos a sus víctimas. Mientras el Estado celebra foros internacionales como el APEC y el presidente Boric habla de multilateralismo, dentro del país hay compatriotas que ni siquiera pueden costear un tratamiento médico o acceder a una vivienda digna.

La memoria no se negocia

La deuda histórica con las víctimas de la dictadura y con todos los chilenos marginados por el sistema no se resuelve con discursos ni con homenajes protocolares. Se paga con justicia real, con reparación económica, con reconocimiento público y con una transformación moral profunda.

Mientras eso no ocurra, Chile seguirá siendo un país fragmentado, donde la miseria convive con el cinismo, y donde la justicia sigue siendo privilegio de unos pocos. Porque la memoria, mi querido Chile, no se borra ni con el tiempo ni con el silencio: se defiende, se honra y se exige.

Caso Curauma: la sombra de la corrupción judicial en Chile

 Por Rodolfo Varela

En Chile, la confianza en el Poder Judicial atraviesa una de sus peores crisis. Las sospechas de corrupción, favoritismos y manipulación de causas no son nuevas, pero el llamado “Caso Curauma” vuelve a poner en evidencia un sistema que, lejos de garantizar justicia, parece proteger intereses poderosos.

Caso Curauma | Interferencia

Desde hace más de una década, el empresario Manuel Cruzat Infante —antiguo símbolo del empresariado chileno— libra una batalla legal que revela grietas profundas en el funcionamiento del sistema judicial. Su denuncia es tan grave como clara: se habría manipulado el sistema informático del Poder Judicial para asignar su causa a un tribunal “de conveniencia”, el 2° Juzgado Civil de Santiago, en perjuicio directo de sus intereses en la quiebra del proyecto inmobiliario Curauma S.A., un megaproyecto de 3.000 hectáreas.

Según los documentos obtenidos por Interferencia, un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) dirigido a la Corte Suprema el 6 de mayo de 2022 confirma que existía un criterio técnico y obligatorio para la asignación de juzgados. Dicho criterio no se habría cumplido. El sistema debía asignar la causa al 6° Juzgado Civil de Santiago, el menos congestionado según los registros de 2013. Sin embargo, de forma inexplicable —o más bien sospechosa—, el caso fue entregado al 2° Juzgado Civil de Santiago, dirigido por la jueza Inelie Durán Madina.

Ministra Inelie Durán Madina

Ese “error” cambió el destino de una causa multimillonaria. Y no fue un hecho aislado. De acuerdo con la defensa de Cruzat, el 2° Juzgado Civil ha concentrado de manera reiterada casos de alto perfil y con grandes intereses económicos, como el de LATAM Airlines, en el que el empresario Jorge Said Yarur también denunció irregularidades.

¿Casualidad? ¿O una muestra de un patrón de manipulación dentro del Poder Judicial?

Cruzat fue tajante: “Manipular el sistema informático del Poder Judicial para escoger un tribunal de conveniencia es un delito. Este hecho debe ser investigado y perseguido hasta dar con los responsables y beneficiados finales”. Y tiene razón. Si un juez o un funcionario puede alterar la asignación de una causa, el sistema entero se derrumba.

Caso Curauma: oficio a la Suprema evidencia incumplimiento de criterio

En Chile, la corrupción ya no se esconde en maletines ni en sobres sellados: se disfraza de procedimiento técnico, de algoritmo neutral, de acto administrativo. Pero los documentos demuestran que ese algoritmo fue vulnerado. Que hubo una mano invisible —o muy visible— que acomodó la justicia a intereses particulares.

El Caso Curauma no solo expone una posible red de corrupción dentro de los tribunales civiles de Santiago. Revela algo aún más grave: la fragilidad institucional de un país que ha perdido la fe en sus jueces, donde la justicia parece estar al servicio del dinero y no del derecho.

Es hora de que la ciudadanía exija respuestas. Que la Corte Suprema, tantas veces silenciosa ante escándalos internos, rinda cuentas. Porque cuando la justicia se corrompe, todo el Estado se contamina.

El Caso Curauma no debe archivarse. Debe marcar un antes y un después en la historia judicial de Chile. De lo contrario, seguiremos viviendo en un país donde el poder se compra, el silencio se premia y la justicia se negocia.

Las facciones criminales: El nuevo poder que devora América Latina

 Por Rodolfo Varela

Yo soy un hombre de izquierda, pero no de esta izquierda que hoy gobierna muchos países de América Latina y que, bajo discursos de derechos humanos y democracia, mira hacia otro lado mientras el crimen organizado avanza.

Violencia escolar en Chile

América Latina está siendo devorada desde adentro. 

Mientras los gobiernos populistas de izquierda hablan de derechos humanos, inclusión social y democracia, las facciones criminales se apoderan —silenciosamente o a plena luz del día— de territorios, instituciones y economías enteras. Hoy, millones de latinoamericanos viven bajo las leyes del crimen, no bajo las de sus constituciones.

Lo que antes era un problema policial se ha convertido en una crisis de Estado. 

El crimen organizado ya no es solo narcotráfico: es minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y manipulación política. Estas organizaciones cuentan con inteligencia financiera, tecnología militar y redes internacionales que superan por mucho la capacidad de reacción de nuestros gobiernos.

Mientras tanto, la corrupción institucional mantiene funcionando esta maquinaria delictiva. En Brasil, Chile, Argentina, México, Ecuador, Honduras o Colombia, las facciones criminales han infiltrado la política, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Pactan con autoridades, financian campañas y compran jueces. Así se destruye el Estado de derecho desde adentro, con la complicidad de quienes deberían protegerlo.

Violencia urbana: una alerta de seguridad pública para Chile

Chile: la alarma que nadie quiere escuchar

Chile ya no es la excepción. La Fiscalía y expertos confirman la expansión del crimen organizado: secuestros, sicariato, lavado de dinero, corrupción carcelaria y complicidad dentro de instituciones claves como Gendarmería o el Poder Judicial. Los barrios humildes viven sitiados por bandas que imponen sus propias reglas. El discurso oficial minimiza el problema, mientras los ciudadanos viven con miedo y desconfianza.

Brasil: el mapa del poder paralelo

El gobernador Cláudio Castro durante una conferencia de prensa en el Palacio de Guanabara.

Brasil es el espejo más brutal del colapso. Las dos facciones más poderosas, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), controlan territorios, economías y comunidades enteras. Su guerra por el narcotráfico deja miles de muertos al año y ya cruzó las fronteras: Paraguay, Bolivia, Venezuela y hasta Europa.

Estos 120 muertos no son víctimas: son delincuentes que enfrentaron a la policía. Hay que felicitar al gobernador Cláudio Castro de Río de Janeiro por su valiente acción.

Río de Janeiro: la operación policial más mortífera de la historia contra el crimen organizado.

Surge una pregunta urgente para todos los gobiernos de América Latina:

¿No deberían los legislativos declarar a estas facciones como grupos terroristas, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir directamente?

En muchas regiones —como Río de Janeiro de Brasil, Colombia y otros países— estas organizaciones imponen sus propias leyes, desafían al Estado y controlan territorios como si fueran naciones dentro de la nación. Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil forman parte del mismo bloque latinoamericano enfrentando un enemigo común: la criminalidad organizada como poder político, militar y territorial.

Com o apoio do presidente Javier Milei, o novo governador de Santa Fé lançou uma operação para tentar colocar fim à violência gerada pelo tráfico de drogas em Rosário

Argentina: el laboratorio del crimen transnacional

En Argentina, los clanes locales como “Los Monos” y “Los Cantero” se fortalecen bajo la sombra del PCC y CV, aprovechando la corrupción policial y la debilidad judicial. Rosario es un epicentro de narcotráfico y violencia, mientras el gobierno responde con discursos vacíos y promesas incumplidas.

Un continente a la deriva moral

Lo más grave no es solo el poder del crimen: es la indiferencia de los gobiernos que, escudados en su discurso populista, desmovilizan a las fuerzas del orden y justifican la inacción con la palabra “democracia”. En nombre de los derechos humanos, dejan indefensos a millones de ciudadanos que ya no tienen justicia, ni Estado.

América Latina es hoy un territorio donde la impunidad es ley y la corrupción es cultura. Mientras las facciones criminales se consolidan como nuevos poderes económicos y políticos, los verdaderos perdedores son siempre los mismos: los pobres, los trabajadores, los que viven con miedo detrás de una puerta sin cerradura.

La pregunta ya no es si el crimen organizado avanza: es si nuestros Estados aún tienen la voluntad —o la capacidad— de resistir. Cada vez que un gobierno mira hacia otro lado, una nación más cae bajo el dominio de las facciones criminales.

Chile: Un código de ética para quienes olvidaron lo que es la ética

Por Rodolfo Varela

La Corte Suprema de Chile ha anunciado, con cierta solemnidad, la aprobación de un nuevo Código de Ética Judicial. Un hecho que, más allá del titular optimista, debería preocupar profundamente a cualquier ciudadano consciente del deterioro de nuestra justicia.

El anuncio fue realizado por la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, durante un desayuno con periodistas. Según explicó, el nuevo código —que entrará en vigencia en junio del próximo año— busca orientar y ofrecer “autoconsulta” a los magistrados frente a posibles dilemas éticos. En otras palabras, pretende servir como guía para que los jueces puedan comportarse correctamente y evitar conductas reprochables.

La pregunta inevitable es: ¿de verdad necesitamos un código de ética para que los jueces actúen con decencia? ¿Acaso la ética no es un valor intrínseco, una convicción que debería formar parte de la esencia misma del ejercicio judicial?

Resulta casi insultante para el pueblo chileno que, medio siglo después de la dictadura, la Corte Suprema tenga que aprobar un documento para recordar a sus miembros lo que debería ser una obviedad: que la justicia se funda en la integridad, la independencia y el honor.

El texto, según se explicó, es de carácter “consultivo y orientador”. No sanciona, solo aconseja. Y vendrá acompañado de un Consejo Consultivo de Ética compuesto por jueces y un académico. En teoría, servirá para resolver dudas morales o conflictos de conducta. En la práctica, parece más un gesto simbólico, un intento de lavar la imagen institucional ante una ciudadanía cada vez más desconfiada.

Es lamentable que la justicia chilena, cuestionada por fallos contradictorios y por su falta de transparencia, crea que la solución a su crisis moral pasa por un código. La ética no se legisla ni se consulta: se vive.

Los jueces y ministros de la Corte Suprema deberían ser intachables, a prueba de cualquier sospecha. No debería ser necesario redactar un reglamento para comportarse con honestidad. Lo verdaderamente ético sería reconocer los errores del pasado, sancionar los abusos del presente y recuperar la confianza de un pueblo cansado de ver cómo la justicia parece tener un precio o un color político.

Y aquí surge una pregunta aún más profunda: ¿este nuevo código también implicará revisar las causas del pasado? ¿Se atreverá la Corte Suprema a mirar hacia atrás y revisar los fallos dictados durante y después de la dictadura, cuando tantas víctimas fueron negadas, silenciadas o simplemente olvidadas?

Si la ética va a ser realmente un principio rector, entonces deberá aplicarse también a la historia. Eso significaría verificar aquellas causas mal conducidas por jueces que no cumplieron su deber moral ni su obligación de justicia, y finalmente castigar —aunque sea tarde— a los torturadores, asesinos, secuestradores y ladrones que actuaron bajo el amparo del poder.

Solo entonces la palabra “ética” tendrá un verdadero sentido. Mientras no haya justicia para las víctimas de la dictadura, ningún código podrá limpiar la conciencia de la judicatura chilena.

América Latina: Entre el populismo y la corrupción, una región secuestrada

Por Rodolfo Varela

América Latina sigue atrapada en un círculo vicioso de populismo y corrupción. Son dos caras de una misma moneda que han destruido la confianza pública, deformado la democracia y empobrecido a pueblos enteros bajo la manipulación de líderes carismáticos que prometen redención, pero entregan miseria.

Informe sobre Pobreza en Chile: Impacto del Nuevo Estudio de Comisión Asesora Presidencial

Durante décadas, el populismo —tanto de izquierda como de derecha— ha ofrecido respuestas fáciles a problemas complejos. Sus recetas inmediatas: gasto público descontrolado, endeudamiento, subsidios eternos y ataques a las instituciones. El resultado siempre es el mismo: inflación, crisis económica y dependencia del Estado.

La corrupción multiplica el desastre. Gobiernos que nombran ministros sin competencia, antiguos políticos de partido o amigos del poder, utilizan el Estado como botín personal. Fondos públicos destinados a educación, salud o vivienda terminan en bolsillos privados o en cuentas extranjeras. El costo global de la corrupción supera el 5% del PIB mundial, pero en América Latina su precio es moral: la destrucción de la confianza en las instituciones y la perpetuación de la desigualdad.

El populismo y la corrupción erosionan la justicia, la educación, la libertad de expresión y la cultura. Las democracias se convierten en espectáculos vacíos, donde los políticos manipulan la fe popular mientras artistas y figuras públicas, beneficiadas por subsidios, viven del dinero del contribuyente. La población humilde recibe migajas, no derechos.

Hogares Argentinos en situación de pobreza: 28,6%

Los ejemplos sobran:

Argentina: Décadas de populismo y corrupción la hundieron en hiperinflación, pobreza y crisis cíclicas. Solo ahora comienza lentamente a salir del abismo creado por sus propios líderes.
Chile: Treinta y cuatro años de supuesta democracia, con gobiernos de izquierda y derecha igualmente corruptos, incapaces de reparar a las víctimas de la dictadura. Un poder judicial podrido y una élite política complaciente mantienen a un pueblo engañado mientras organismos internacionales (ONU) celebran una “calidad de vida” que no existe.
Venezuela: Del chavismo al madurismo, un modelo autoritario que destruyó la economía y apagó las libertades bajo la bandera del “poder popular”.
Perú y Brasil: Los escándalos Odebrecht y Lava Jato revelaron la magnitud de la podredumbre política regional, donde los sobornos deciden elecciones y gobiernos.
Nicaragua y Bolivia: Líderes que manipulan constituciones y elecciones para eternizarse en el poder, repitiendo el guion autoritario del populismo continental.

Pobreza extrema en Brasil: afecta al 13% de la población (28 millones)

Mientras tanto, el crimen organizado se fortalece al amparo de la corrupción estatal, controlando territorios, elecciones y economías paralelas. América Latina ya no sufre una crisis económica: sufre una crisis moral.

Hasta que los pueblos comprendan que ni el caudillismo ni el populismo redimen, y que la corrupción no es un defecto sino un sistema, la región seguirá gobernada por los mismos rostros que prometen justicia mientras venden la patria al mejor postor.

Sin ética no hay futuro. Sin memoria no hay libertad.

#Populismo #Corrupción #AméricaLatina #Justicia #Democracia #Ética

¿De qué Chile habla la ONU? El informe que desconoce la realidad del país

Por Rodolfo Varela 

Según el más reciente Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Chile es el país con la mejor calidad de vida en América Latina. La noticia fue rápidamente reproducida por los grandes medios nacionales, celebrada en matinales, portales y noticieros como un logro nacional. Sin embargo, basta mirar a nuestro alrededor para preguntarse: ¿de qué Chile habla la ONU? ¿Y qué medios son estos que repiten sin cuestionar una versión tan alejada de la realidad?

Las comunas de la Región Metropolitana que superan la tasa de pobreza nacional

La ficción de las estadísticas

La ONU afirma que Chile lidera la región gracias a su salud, educación y bienestar social. Pero la vida cotidiana del trabajador chileno cuenta otra historia.

Desde el 1 de mayo de 2025, el salario mínimo para un trabajador entre 18 y 65 años es de $529.000 CLP, con una promesa de subir a $539.000 CLP en enero de 2026. Una cifra que apenas alcanza para pagar un arriendo básico, ya que el precio de una vivienda “mínimamente decente” en la Región Metropolitana ronda los $500.000 CLP mensuales.

¿Con qué dinero se come, se viste o se paga el transporte? ¿Dónde está la “calidad de vida” cuando el sueldo se esfuma el mismo día que llega?

El kilo de marraqueta cuesta $2.219 CLP, la hallulla $2.197 CLP, y un litro de leche supera los $1.000 CLP. En un país donde el pan y la leche son casi artículos de lujo, hablar de prosperidad nacional es un insulto a la realidad.

Chile, 50 años de extrema desigualdad

La pobreza que no aparece en los rankings

El informe de la ONU se apoya en indicadores promedio que maquillan la desigualdad. Según estimaciones del propio Ministerio de Desarrollo Social y Familia, si se aplicara la nueva metodología de medición de pobreza propuesta en julio de 2025, la cifra oficial saltaría del 6,5% al 22,3%.

Las regiones más golpeadas son La Araucanía, Ñuble, Tarapacá, Atacama y Arica y Parinacota, donde la pobreza multidimensional —que considera educación, salud y vivienda— sigue aumentando.

  Situación de calle y marginalidad en Chile: una realidad paralela

En Santiago, comunas como La Pintana, Puente Alto, Paine o Renca continúan viviendo en condiciones precarias, mientras en Las Condes o Providencia se levantan torres de lujo. Este abismo social no se ve desde los escritorios en Nueva York, donde la ONU elabora sus informes, ni desde los estudios de televisión, donde los periodistas sonríen repitiendo cifras sin contexto.

Medios cómplices y comunicación basura

Los grandes medios nacionales no solo repiten lo que la ONU dice: lo amplifican, lo maquillan y lo venden como verdad absoluta. Se convierten en cómplices de una narrativa que sirve al poder y no a la ciudadanía.

En vez de cuestionar los datos o investigar las contradicciones del informe, optan por desinformar, ocupando horas de programación en farándula, reality shows y noticias triviales, mientras la pobreza, el desempleo y la desigualdad apenas ocupan segundos.

Chile: los medios de comunicación tradicionales no se escapan del descontento

La televisión y la prensa chilena viven del espectáculo y la publicidad gubernamental. Han olvidado su función social y se han convertido en voceros de una élite que necesita mantener al pueblo dormido, distraído y desinformado.

¿Cómo puede hablarse de “bienestar” en un país donde la salud pública colapsa, la educación se deteriora y los medios de comunicación funcionan como instrumentos de distracción masiva?

Crisis en la salud. Largas listas de espera y despidos del personal de salud.

La trampa del “modelo chileno”

Durante años se ha vendido al mundo la idea del “milagro chileno”: estabilidad económica, instituciones sólidas, modernidad. Pero lo que no se dice es que ese modelo se sostiene sobre el endeudamiento, la precariedad y la desigualdad estructural.

Miles de familias sobreviven gracias al crédito, los subsidios o la ayuda de terceros. La educación pública continúa en crisis, los hospitales no dan abasto y los sueldos siguen estancados. Mientras tanto, los altos funcionarios y las empresas celebran el “éxito del país” en los foros internacionales.

Un informe que ofende la dignidad del pueblo

Que la ONU reconozca a Chile como el país con mejor calidad de vida no solo es un error técnico; es una ofensa moral para quienes viven en carne propia el abandono del Estado.

No se trata de negar los avances que existen, sino de denunciar el cinismo de quienes maquillan la pobreza para mantener un relato de estabilidad que beneficia a unos pocos.

Si los representantes de la ONU realmente conocieran Chile, si caminaran por las calles de La Pintana, si visitaran un hospital público o una escuela rural, entenderían que la calidad de vida no se mide en índices, sino en la dignidad cotidiana que aquí sigue siendo un privilegio, no un derecho.

Chile: la desigualdad que persiste

Conclusión: entre la mentira y la esperanza

Chile no necesita que la ONU lo halague; necesita que el mundo vea su verdad. Que escuche a los que no tienen voz y mire más allá de las cifras que esconden desigualdad, pobreza y frustración.

Y los medios de comunicación, en lugar de ser cómplices del engaño, deberían recuperar su rol: informar con verdad, denunciar con coraje y servir al pueblo, no al poder.

Hasta que eso ocurra, seguiremos viviendo en dos Chiles distintos: el Chile de los informes internacionales y el Chile real, el que lucha cada día para sobrevivir en medio del espejismo del progreso.

Cárceles, tribunales y silencios: la impunidad como ley en Chile y Latinoamérica

Por Rodolfo Varela

Mientras la justicia chilena absuelve a los acusados del caso SQM —uno de los mayores escándalos de corrupción política de las últimas décadas—, la Comisión de Derechos Humanos recibe un informe sobre tortura, malos tratos y abusos en centros estatales. Dos noticias que, juntas, revelan un país donde la impunidad sigue siendo ley y la justicia, una burla para el pueblo.

The silent and brief hearing of the SQM case

Porque en Chile, como en gran parte de América Latina, los papeles están invertidos: quienes violan la ley caminan libres, y quienes la sufren viven presos del olvido. Los tribunales defienden a los poderosos, a los corruptos y a los torturadores, mientras las víctimas de dictaduras —militares o civiles— siguen esperando justicia. ¿Hasta cuándo soportaremos estas injusticias disfrazadas de democracia?

El informe del Comité de Prevención contra la Tortura, presentado el 22 de octubre de 2025 ante la Comisión de DDHH, revela lo que muchos ya sabemos pero pocos se atreven a denunciar: tortura psicológica, aislamiento extremo, sanciones sin control judicial, abusos en residencias de menores, maltratos en centros psiquiátricos, y condiciones infrahumanas en cárceles y centros para migrantes. En septiembre de 2024, 329 personas seguían encerradas 22 horas al día. Y en las escuelas penitenciarias persiste una “cultura del castigo” que se reproduce en todos los niveles del sistema.

En el periodo contenido en el presente informe, que abarca desde agosto 2023 a diciembre 2024, el comité visitó un total de 107 centros.

Mientras tanto, en el norte del país, los migrantes son retenidos en instalaciones que “no son cárceles”, pero funcionan como tales. Niños y niñas que cruzan fronteras sin adultos responsables quedan expuestos a abusos, explotación y trata de personas. El Estado lo sabe, lo documenta, y aún así lo permite.

¿Dónde están los organismos de derechos humanos cuando se trata de defender a las víctimas reales?

Porque parece que en América Latina estos comités, comisiones y ONGs se han vuelto expertos en burocracia y silencio. Publican informes, repiten frases técnicas, pero no mueven un dedo por los pueblos que siguen siendo víctimas de abusos judiciales, prisiones arbitrarias y torturas encubiertas.

Las juezas que absolvieron a los ocho acusados del caso SQM

María Teresa Barrientos Marabolí (presidenta), Claudia Santos Silva y Carolina Paredes Arizaga emitieron duros cuestionamientos al Ministerio Público en el veredicto.

Tenemos dictaduras judiciales disfrazadas de democracias constitucionales. Cortes supremas que violan la propia Constitución. Y una prensa que calla o manipula, porque también es parte del sistema de impunidad.

Chile no es una excepción. Es el espejo de un continente entero atrapado entre el cinismo del poder y la resignación de sus pueblos. Y mientras las élites celebran sus absoluciones, los pobres, los presos, los exiliados, los migrantes y las víctimas de ayer y de hoy siguen siendo torturados —no solo en cuerpo, sino también en alma y en memoria.

Ha llegado la hora de decirlo con todas sus letras:
sin justicia, no hay democracia; sin memoria, no hay futuro.

La Gran Farsa Política: Cuando la Izquierda y la Derecha se Parecen Demasiado

 Por Rodolfo Varela

En América Latina, la política se ha convertido en un espectáculo de mentiras, corrupción y manipulación. Los pueblos, cansados de décadas de promesas vacías, siguen atrapados entre dos extremos que en realidad se parecen más de lo que admiten: una derecha que defiende privilegios históricos y una izquierda que traiciona los ideales que dice representar. En Chile, esto se refleja con crudeza.

La Gran Farsa Política: Cuando la Izquierda y la Derecha se Parecen Demasiado

Muchos políticos, tanto de izquierda como de derecha, han utilizado la democracia para enriquecerse, mientras los barrios más humildes continúan sin viviendas dignas, sin salud ni educación de calidad. Hablan de derechos humanos en sus discursos, pero ignoran a los miles de compatriotas que viven sin dignidad. La expresidenta Michelle Bachelet es un claro ejemplo: se presenta como defensora internacional de los derechos humanos, pero en Chile nunca se preocupó realmente por los chilenos.

Incluso cuando intentó criticar las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió una respuesta contundente. Bukele le recordó que ella jamás visitó El Salvador en tiempos de crisis, cuando el narcotráfico y la delincuencia dominaban las calles, asesinaban niños, violentaban niñas y destruían familias enteras, sin que la entonces Alta Comisionada hiciera nada. Fue un verdadero “tapaboca” que evidenció la incoherencia de quienes se arrogan la bandera de los derechos humanos, pero callan ante la tragedia de sus propios pueblos.

Bukele responde a opinión de Bachelet sobre derechos humanos en El Salvador.

Los chilenos no necesitan discursos vacíos, sino justicia real, viviendas, trabajo y respeto. Los políticos corruptos, disfrazados de demócratas, hablan de igualdad mientras se benefician del mismo sistema que dicen combatir. ¿Cómo pueden hablar de derechos humanos quienes han permitido que miles vivan en la miseria?

La crisis no es solo chilena: en toda América Latina vemos el mismo patrón. Gobiernos que manipulan el discurso de la justicia social para perpetuarse en el poder. Líderes populistas que se autoproclaman salvadores del pueblo mientras concentran poder, controlan medios de comunicación y destruyen las instituciones democráticas. Prometen participación ciudadana, pero terminan imponiendo decisiones desde la élite. Hablan de transparencia, pero encubren corrupción e impunidad.

La izquierda traiciona sus ideales.

Muchos de estos gobiernos, que se dicen progresistas, practican la dictadura judicial —el llamado lawfare (guerra legal)— usando la justicia como arma para silenciar a opositores y críticos honestos. Mientras tanto, las verdaderas causas populares se transforman en herramientas de propaganda.

Pero hay que dejarlo claro: esta facción de la llamada izquierda no representa a la verdadera izquierda ni a las personas honestas que luchan por justicia social, libertad y dignidad. Representan apenas un poder corrompido que se escuda en la historia y la ideología para seguir engañando a los pueblos.

La unidad mentirosa de la izquierda y la integración latinoamericana

Las políticas económicas de estos gobiernos, basadas en gasto público desmedido y mala administración, son insostenibles. Han frenado el desarrollo, espantado la inversión y mantenido a los países en la dependencia de materias primas. Lo prometido como justicia social se ha convertido en miseria administrada.

Los pueblos latinoamericanos merecen una izquierda y una derecha honestas, con principios éticos y compromiso real con la democracia y los derechos humanos. Pero para eso debemos abrir los ojos: no votar por los mismos, no votar por corruptos. Es hora de romper con el engaño de las élites políticas y construir una nueva generación de líderes comprometidos con la verdad, la justicia y la dignidad de nuestros pueblos.

Porque ya no bastan los discursos vacíos: lo que Chile y toda América Latina necesitan es coherencia, ética y acción.

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Poder, Favores y Silencio: La Crisis de la Justicia en Chile

 

Por Rodolfo Varela

No podemos olvidar que la justicia es el guardián de la Constitución y de los derechos de todos los ciudadanos. Pero en Chile, la justicia parece haberse convertido en un tablero de influencias, favores y complicidades. 

La comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de 

¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en un sistema donde los jueces hablan con abogados sobre las causas que deben resolver?

El periodista Nicolás Sepúlveda lo confirmó ante la comisión que investiga al ministro Antonio Ulloa Márquez, revelando redes de poder que operan al margen de la ética y de la ley, y que ponen en jaque la confianza ciudadana en jueces y políticos.

Su testimonio deja claro lo que muchos ciudadanos ya sospechaban: las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y Ulloa no son meras charlas “entre amigos”, sino indicios de una estructura de protección mutua que asegura favores, nombramientos y decisiones judiciales favorables a intereses privados.

Resulta indignante escuchar a diputados relativizar estos hechos, intentando suavizar lo que es, en el fondo, una trama de corrupción institucional. Mientras los políticos discuten sobre “sesgos” y “prudencia”, el país asiste a una degradación moral profunda.

El ministro del tribunal de alzada capitalino, Antonio Ulloa Márquez

Aún más grave: los grandes medios de comunicación, en lugar de cumplir su deber de informar al pueblo con verdad y rigor, eligen el silencio o distraen a la ciudadanía con programas basura que degradan la cultura y el respeto. Prefieren callar frente a la corrupción antes que incomodar al poder. En este escenario, periodistas como Nicolás Sepúlveda merecen reconocimiento por su valentía y profesionalismo al denunciar los hechos tal como son, sin temor y con compromiso ético.

Diputada Alejandra Placencia, Partido Comunista

Chile necesita limpiar su justicia, su política y también sus medios de comunicación. 

La corrupción judicial es el cáncer más peligroso para una democracia, porque destruye la confianza en el Estado. Sin jueces íntegros, sin políticos honestos y sin prensa libre, no hay justicia, no hay democracia, no hay futuro.

Y cabe preguntarse: ¿cómo pueden los chilenos esperar que algún día se pague la deuda histórica con las víctimas de la dictadura, si la justicia sigue siendo corrupta? 

La impunidad del pasado se prolonga en la impunidad del presente. Y mientras eso no cambie, Chile seguirá siendo un país herido, sin justicia y sin memoria.

Chile: la reparación gota a gota

Por Rodolfo Varela

El Gobierno de Chile acaba de promulgar la ley que crea el Registro de Ausentes por Desaparición Forzada, una medida que, según el propio Ejecutivo, constituye un “acto de reparación histórica”.

Este 15/10/2025 el Gobierno promulgó la ley que introduce por primera vez en la legislación chilena la calificación jurídica de "ausente por desaparición forzada" y crea un registro especial para las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la pregunta que muchos nos hacemos es inevitable: ¿por qué recién ahora?
Han pasado más de cinco décadas desde el golpe militar de 1973 y todavía seguimos viendo cómo la reparación se entrega a cuentagotas, como si el dolor pudiera administrarse por calendario político.

La memoria usada como vitrina electoral

Llama la atención que esta ley —por importante que sea— aparezca en plena época electoral. No es casualidad. En Chile, los gobiernos han aprendido a dosificar el dolor de las víctimas para convertirlo en titulares convenientes.
¿Acaso creen que los familiares de los detenidos desaparecidos son ingenuos?
Durante años el Servicio Médico Legal ha tenido cientos de restos humanos sin identificar, esperando una orden que nunca llega. ¿Por qué el gobierno no ordena esas pericias con urgencia?
La respuesta es tan simple como cruel: porque es más visible hacerlo cuando hay elecciones.
Entonces, lo que se presenta como “acto de justicia”, termina siendo una puesta en escena, una promesa tardía frente a una deuda que sigue creciendo.

Un paso necesario, pero insuficiente

Reconozco que este Registro de Ausentes por Desaparición Forzada es un paso necesario. Pero no podemos permitir que se use como cortina de humo.
El vicepresidente Álvaro Elizalde declaró:

“Sabemos que este acto no repara el dolor ni reemplaza la ausencia, pero sí reafirma que el Estado asume su responsabilidad histórica”.

Le pregunto al señor Elizalde: ¿de qué responsabilidad histórica hablamos si las víctimas siguen viviendo en la miseria?
Muchos ex presos políticos, exonerados, familiares y sobrevivientes viven hoy en condiciones indignas, en viviendas precarias, con pensiones miserables, sin atención médica y con humillaciones diarias.

Los verdaderos responsables del horror murieron impunes o viven con jubilaciones de lujo, mientras las víctimas envejecen olvidadas y sin justicia.
¿Qué dignidad hay en un país donde los sobrevivientes de la dictadura no tienen para comer?

Las heridas abiertas del Chile profundo

Esta nueva ley —al igual que el llamado Plan Nacional de Búsqueda— llega tarde.
Muy tarde.
Mientras los discursos oficiales hablan de “verdad, justicia y garantías de no repetición”, la realidad sigue marcada por la indiferencia.
Aún no hay justicia plena para los torturados.
Aún no hay reparación integral para los exonerados.
Aún no hay verdad para los hijos e hijas robadas y vendidas como mercancía por el Estado.

No es posible seguir fingiendo que con una ley simbólica se salda medio siglo de dolor.
Chile fue azotado por una dictadura sangrienta impuesta con el apoyo de Estados Unidos, y todavía hoy las estructuras de impunidad siguen intactas.

El deber del Parlamento: crear una Comisión Nacional de Reparación Integral

Si el Gobierno se demora, es hora de que el Parlamento de Chile —la casa del pueblo— asuma su responsabilidad.
Los diputados y senadores fueron elegidos por el pueblo y reciben millonarios salarios pagados con los impuestos de ese mismo pueblo.
Ha llegado el momento de que justifiquen ese privilegio creando una Comisión Especial Permanente para resolver la deuda histórica con las víctimas de la dictadura.

Una comisión con poder real, que escuche a los sobrevivientes, revise los casos pendientes, fiscalice al Estado y proponga medidas urgentes de reparación material y moral.
Chile no puede seguir viviendo del discurso de la memoria: necesita acciones concretas, ahora.

Ni perdón ni olvido

Los gobiernos de derecha nunca tuvieron interés en reparar a las víctimas, pero lo más doloroso es ver cómo también los gobiernos de izquierda han abandonado esa causa.
Se llenan la boca con la palabra “memoria”, pero la memoria sin acción es una mentira.
Los viejos luchadores que sobrevivieron a la tortura y al exilio están muriendo en silencio.
A ellos no les sirven los homenajes, sino la dignidad ahora, en vida, no cuando estén muertos.

La historia no se repara con discursos.
Se repara con justicia, con verdad, y con la voluntad política de un país que deje de usar la memoria como instrumento de campaña.

Un paso clave para la memoria

Porque la reparación no puede seguir siendo gota a gota.
Porque el dolor no se mide por decreto.
Y porque las víctimas de la dictadura —todas— merecen vivir con la dignidad que Chile les negó durante más de cincuenta años.

La falsa izquierda que traicionó a los pueblos de América Latina

Por Rodolfo Varela

Durante décadas, la palabra izquierda evocó esperanza. Fue sinónimo de justicia social, igualdad, educación pública y derechos para todos. Representaba la lucha de los pueblos humildes contra la opresión, la concentración de la riqueza y las dictaduras militares. 

Pero hoy, gran parte de esa izquierda se ha convertido en una facción de poder, que ha traicionado los ideales de libertad y justicia que alguna vez la inspiraron.

La izquierda que olvidó al pueblo

En toda América Latina, los partidos que se autoproclaman progresistas prometen redistribuir la riqueza, fortalecer la educación, la salud y la democracia. Sin embargo, una vez en el poder, muchos de sus dirigentes reproducen los mismos vicios de la derecha: corrupción, clientelismo, privilegios y enriquecimiento personal.
Mientras los pueblos continúan sumidos en la pobreza, los nuevos “revolucionarios” viajan en autos de lujo, gastan dinero público en viajes innecesarios y se aferran a cargos creados solo para mantener su estructura de poder.

Promesas rotas y desigualdad

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. La brecha entre ricos y pobres no se ha reducido: por el contrario, crece a medida que los gobiernos se vuelven más corruptos e ineficientes. La delincuencia, el narcotráfico y el desempleo aumentan, mientras los servicios públicos colapsan.
Las promesas de bienestar social quedaron reducidas a discursos vacíos. Los verdaderos beneficiarios de estas políticas no son los trabajadores ni las familias humildes, sino las élites políticas que viven del Estado.

La manipulación del pueblo

Esta falsa izquierda se mantiene en el poder fomentando la dependencia económica y la ignorancia. Promueve subsidios temporales en lugar de empleos dignos, impone impuestos que ahogan a los emprendedores y utiliza los medios públicos como herramientas de propaganda.
Así, millones de latinoamericanos permanecen sometidos a un sistema que dice protegerlos, pero en realidad los utiliza como base electoral para perpetuarse.

El secuestro de la cultura

Hasta el mundo cultural ha sido cooptado. Con dinero público se financian artistas y colectivos que funcionan como instrumentos de propaganda de los gobiernos. Muchos de ellos realizan largas giras de tres o cuatro meses pagadas con fondos del Estado y, aun así, cobran entrada al público, cuando esos espectáculos deberían ser gratuitos.

El pueblo paga dos veces: con sus impuestos y con el precio de la entrada. Esta es otra muestra de que la izquierda actual no da nada gratis, ni siquiera la cultura, porque la ha transformado en un negocio político disfrazado de arte.

La deuda con las víctimas de las dictaduras

No podemos olvidar la deuda histórica que varios países latinoamericanos tienen con las víctimas de las dictaduras militares. En Chile, los gobiernos de izquierda no han hecho justicia: las pensiones de los exonerados políticos y de las víctimas siguen siendo miserables; los desaparecidos continúan en el olvido; y las madres que perdieron a sus hijos no encuentran sensibilidad ni respuestas del Estado.

Mientras tanto, cientos de cajas con restos humanos permanecen sin identificar en el Servicio Médico Legal, acumulando décadas de indiferencia. Cada cierto tiempo, los gobiernos prometen soluciones, usan el dolor de las familias como recurso electoral y luego vuelven al silencio.
Es el engaño más cruel: convertir la memoria en propaganda y la justicia en promesa vacía.

¿Dónde quedó la verdadera izquierda?

La auténtica izquierda latinoamericana —la que defendía la educación, la cultura, la libertad y la fraternidad— fue desplazada por una burocracia ciega y oportunista.
La verdadera izquierda no busca privilegios: busca justicia. No impone silencio: promueve pensamiento crítico. No manipula al pueblo: lo educa, lo libera y lo dignifica.

Salvador Allende,ex-Presidente de Chile

Estas facciones políticas que hoy se autoproclaman de izquierda viven mencionando a Salvador Allende o a José “Pepe” Mujica, verdaderos representantes del ideal humanista y popular de la izquierda latinoamericana.
Pero no se pueden comparar: Allende y Mujica fueron líderes honestos, coherentes, que sirvieron a su pueblo con humildad y sacrificio.

José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai

Los actuales usurpadores de la izquierda solo usan sus nombres para justificarse, mientras se alejan cada día más de esos valores.

Porque la verdadera izquierda no traiciona al pueblo: vive y lucha por él.