Campaña en Chile aboga por renacionalización del cobre y bienes públicos

Proyecto de Iniciativa Popular fue el primero en superar las firmas requeridas en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constituyente.

La campaña por la renacionalización del cobre y los bienes públicos estratégicos entregados a las empresas transnacionales durante el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990) se ha visto impulsada tras la victoria de Gabriel Boric a la presidencia, en diciembre de 2021, y el compromiso de referentes históricos como Orlando Caputo al proceso constituyente, a partir de abril.

Cosechando el resultado de la movilización, ya en las primeras semanas de enero, el proyecto de Iniciativa Popular de la Norma Constitucional 15.150 fue el primero en ir más allá de las firmas necesarias para que su proceso sea aceptado en la Convención Constituyente, en la Comisión de “Medio Ambiente , derechos de la naturaleza , bienes comunes naturales y modelo económico”.

Sobre la pertinencia de la proposición, el representante del presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) en el comité ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), y gerente de la empresa estatal, responsable de las empresas nacionalizadas, Orlando Caputo ha venido contribuyendo al debate, sustentando su pertinencia para el progreso independiente de la nación.

“La nacionalización del cobre fue muy exitosa, reconocida por economistas e historiadores como la principal transformación económica, social y política de Chile en el siglo XX, luego vino la desnacionalización del cobre que para nosotros constituye un asalto al país en el siglo XX. y los siglos 20. 21”, denunció. 

Caputo recordó que la política de vaciar la empresa estatal por la política de enriquecer a otros golpeó fuerte no solo a Codelco, sino al país. “Codelco controlaba el 100% de la producción de cobre y ahora las grandes mineras extranjeras controlan más del 70%, quedando Codelco con solo el 28%”, protestó.

Lucha contra las transnacionales

proporciona desarrollo con justicia social, empleo e ingresos, y el otro es transmitido por oligopolios mediáticos en función de rentistas e intereses externos. “Estamos convencidos de que la desnacionalización del cobre es altamente dañina para nuestro país, a pesar de toda la propaganda que hace el Consejo Minero, los economistas de derecha, los neoliberales. Somos economistas de la Universidad de Chile, pero economistas críticos, que analizamos la economía desde el punto de vista de la defensa de los recursos naturales y de los trabajadores”, dijo Caputo.



Para el país actual, apuntó, “más que en la época de la presidencia de Eduardo Frei (1964-1970), cuando el cobre era la viga principal, e incluso la de Allende, cuando el cobre era el salario de Chile, este mineral en la actualidad es aún más relevante. ”. “Porque el cobre está entrando, junto con el litio, en una nueva era en la que será la base de una plataforma energética para la economía mundial. Y nada se puede hacer en el país si no se nacionaliza el cobre”, explicó Caputo, y agregó que “este es un proceso de industrialización nacional que le dará valor agregado al cobre y también impulsará una industria nacional poderosa”.

El hecho, recordó, es que pese a ser líder mundial en la extracción de litio, Chile exporta más del 80% del mineral en forma de concentrados, es decir, sin procesar. Algo similar sucede con otros minerales, como el litio, y en gran medida con la pesca y la silvicultura.

Trabajadores de campaña

Para la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, que presentó el proyecto de Iniciativa Popular, es fundamental la plena incorporación del artículo 24, inciso sexto de la Constitución vigente, aprobada el 11 de julio de 1971. “El problema a resolver es que la histórica nacionalización de el cobre presentado por el presidente Allende, aprobado por el parlamento y mantenido en la Constitución vigente, ha sido violado flagrantemente en virtud de la legislación arraigada en ella por la dictadura y mantenida hasta el día de hoy”.

Y al estar indignada, agregó la entidad, “permitió que la propiedad efectiva de la mayor parte del cobre extraído, así como de casi todo el subsuelo en todo el territorio nacional, haya sido usurpada gratuitamente por un pequeño grupo de grandes corporaciones privadas. . Una situación similar se dio en los principales bienes comunes de todo nuestro territorio”.

A partir de extensos estudios, la Confederación encontró que “el inmenso flujo de ingresos asociado a los recursos así usurpados, cuyo orden de magnitud en el caso del cobre equivale solo a la mitad del presupuesto estatal, otorga a estas corporaciones una posición hegemónica que determina el rumbo empresa pública en general, impone un marcado sesgo rentista, extractivo y depredador en la economía y constituye la principal causa de la desigualdad social”.

De esta forma, subrayan los trabajadores, “la recuperación del dominio público del Estado sobre los bienes estratégicos es condición indispensable para la efectiva recuperación de la soberanía de los pueblos y de las instituciones democráticas y para la determinación del rumbo de los asuntos públicos”. Por lo tanto, “considerando el peso determinante del principal recurso del territorio, se puede decir con certeza que quien controla el cobre controla a Chile”.

Recuperación de dominio público

La Iniciativa Popular 15.150 proyecta que al renacionalizar el cobre y los bienes públicos estratégicos, “la Nueva Constitución permitirá recuperar el dominio público efectivo sobre los mismos, reservando al Estado la exclusividad de su manejo en el caso de los principales, como los grandes minería del cobre y otros minerales, agua y otros recursos de esta naturaleza”. Esta decisión, explican los trabajadores, permitirá establecer una Política Minera Sustentable que busque moderar la explotación de manera compatible con el equilibrio de la naturaleza, “antes y después de su extracción, lo que constituye la base de un nuevo modelo de economía”. desarrollo, así como financiar el buen vivir de todos los pueblos, en primer lugar de las comunidades aledañas a las tareas productivas”.

Simbólicamente, la Confederación propone “mantener en la Nueva Constitución el párrafo sobre la nacionalización de 1971, que ni siquiera modificó la Constitución actual, que se sugiere reproducir palabra por palabra por su trascendencia histórica”. Sin embargo, al mismo tiempo, el proyecto de ley propugna que el conjunto de nuevas normas se adapte a los fines de dicho párrafo, “derogando la actual ley de concesiones y demás disposiciones constitucionales que hayan violado flagrantemente su espíritu”.

Fuente: Leonardo Wexell Severo
Jornalista e analista internacional