La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sostuvo una reunión con el comisionado y relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, en que acordaron avanzar en el seguimiento colaborativo de las recomendaciones efectuadas por la CIDH a propósito de la crisis social de 2019.
En el encuentro, al que también asistieron la Unidad de Estudios y Memoria del INDH y la Sección de Seguimiento de Recomendaciones de la CIDH, se abordó la Declaración de Compromiso entre la Comisión y las instituciones nacionales de DD.HH. firmada en Guatemala en noviembre de 2018. En este documento se abordan las materias de cooperación técnica para fortalecer el seguimiento de recomendaciones en materia de derechos humanos.
El INDH valoró la instalación entre el Estado de Chile y la Comisión del Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las recomendaciones del informe Situación de Derechos Humanos en Chile (MESECH), que fue firmada el pasado 12 de diciembre en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La CIDH y el Estado decidieron suscribir un plan de trabajo que contribuya en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.
En la reunión el INDH ofreció el Índice de Monitoreo de Recomendaciones (IMR) que desarrolló el instituto para medir avances en la implementación de recomendaciones y monitorear decisiones, sentencias y políticas públicas y que ya ha sido validado en diversas instancias. El Sector de Seguimiento de Recomendaciones de la CIDH mostró interés en utilizar este índice.
Además, la directora expresó su preocupación por la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, según retrató el Informe Anual Situación de los DD.HH. en Chile 2022. Entre otros, estos temas son descritos en un capítulo sobre derecho al agua, cambio climático y desarrollo sostenible. El texto hace presente la escasez hídrica, causada por actividades productivas con un uso intensivo de agua.
El INDH busca estandarizar los parámetros legales para la región en materia de empresas y DD.HH., a través de la cooperación para confeccionar una ley modelo de Debida Diligencia Empresarial en DD.HH. La norma contribuiría a la protección y acceso a mecanismos de reparación y facilitaría a los estados a incorporar estos estándares en sus legislaciones domésticas.
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