¿Quién Financia La ONU...Y A Quién Sirve Realmente?

 Por Rodolfo Varela

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se presenta ante el mundo como la gran garante de la paz, la justicia y los derechos humanos. Sin embargo, hay una verdad incómoda que casi nunca se dice con claridad: la ONU no se financia con dinero abstracto, ni con fondos mágicos, se financia con el dinero del contribuyente, con el salario del trabajador común, con los impuestos de quienes luchan cada día por sobrevivir.

Cómo se financia la ONU?

El dinero no cae del cielo: sale del bolsillo del pueblo

Los 193 Estados miembros financian la ONU mediante cuotas obligatorias y contribuciones voluntarias.
Eso significa que cada hospital que falta, cada escuela que se cae a pedazos, cada jubilación miserable, convive con millones transferidos a una organización internacional que no rinde cuentas directas a quienes la pagan.

Para 2026, el presupuesto ordinario aprobado alcanza 3.450 millones de dólares.
Estados Unidos, China, Japón y Alemania concentran gran parte del aporte, pero América Latina también pone dinero, cerca del 8% del total.

El dinero no cae del cielo: Sale de tu bolsillo

Chile, por ejemplo, aporta entre 12,5 y 13 millones de dólares anuales, dinero público, dinero de todos.
¿La pregunta incómoda? ¿Dónde está el retorno ético de esa inversión?

Derechos humanos selectivos: víctimas invisibles, victimarios protegidos

Aquí aparece el punto más grave.

Nunca —o casi nunca— vemos emisarios de la ONU visitando a las víctimas de las pandillas,
a las familias destruidas por el narcotráfico,
a los niños reclutados por el crimen organizado,
a los ciudadanos aterrorizados por dictadores, violadores y torturadores que siguen en el poder.

En cambio, lo que sí vemos con frecuencia es:

• ONG financiadas con fondos internacionales

• Organismos de “derechos humanos”

• Abogados y voceros bien pagados

defendiendo a delincuentes, asesinos, terroristas, narcotraficantes, corruptos y dictadores, o a sus familiares.

Entonces la pregunta deja de ser retórica y pasa a ser política:

👉 ¿Por qué los victimarios parecen tener más derechos que las víctimas?
👉 ¿Por qué el dolor del ciudadano común no tiene portavoz internacional?

¿Falta de dinero… o falta de compasión?

La ONU habla de dignidad humana, pero guarda silencio cuando:

• Hay pueblos enteros sometidos por el crimen organizado

• Dictaduras que violan sistemáticamente los derechos humanos siguen sentadas en foros internacionales

• Millones pasan hambre mientras los recursos “se pierden en el camino”

Aumenta la violencia y la inseguridad en Haití, ¿y la ONU no lo ve?

¿Dónde están esos recursos?

¿Quién fiscaliza a las ONG?
¿Quién controla el uso real del dinero humanitario?

La sensación en la calle —y no es paranoia— es clara:
hay intermediarios que viven muy bien de la tragedia ajena.

El trabajador común paga… y es humillado

Aquí está el núcleo del enojo popular:

El mismo trabajador que paga impuestos
financia organismos que no lo defienden,
sostiene estructuras que no lo representan,
y termina siendo tratado como sospechoso, ignorante o irrelevante.

Mientras tanto:

• Gente muere de hambre en América Latina

• La ayuda llega tarde… o nunca

• Los discursos abundan, pero la acción concreta escasea

La ironía es brutal:
el pueblo financia su propia invisibilidad.

El precio de la paz y el desarrollo: ¿Cómo se financia la ONU?

¿Para qué fue creada la ONU… y qué quedó de esa promesa?

La ONU nació en 1945 para evitar nuevas guerras y proteger la dignidad humana.
Hoy, ochenta años después, la pregunta es inevitable:

👉 ¿Sigue cumpliendo ese mandato o se ha convertido en una gran burocracia global, más preocupada de su supervivencia que de las víctimas reales?

La ONU debía armonizar los esfuerzos de las naciones para que la libertad, la justicia y la paz fueran irrenunciables.
Pero cuando esa armonía excluye al ciudadano común,
cuando la justicia no alcanza a los poderosos,
cuando la paz solo existe en los discursos,

entonces la legitimidad se rompe.

Conclusión: una crítica que ya no puede ignorarse

Esto no es un ataque ideológico.
Es un grito social.

Meta de erradicação da pobreza extrema foi comprometida por pandemia e mudanças climáticas, segundo a ONU

Mientras los pueblos pagan,
mientras las víctimas callan porque nadie las escucha,
mientras los recursos se diluyen en estructuras opacas,

la pregunta seguirá creciendo en las calles, en las redes y en la conciencia colectiva:

¿A quién sirven realmente las organizaciones que decimos financiar en nombre de la humanidad?

Y esa, mi amigo, es una pregunta que la ONU ya no puede seguir esquivando.

La palabra, la coherencia y la traición a una generación

Cuando el poder se cree dueño del mundo

Por Rodolfo Varela

Después de leer el artículo de mi querido amigo Miguel Ángel, lo hice con la atención y la emoción que siempre me provocan sus reflexiones. No son textos livianos ni oportunistas: nacen de la experiencia, del pensamiento crítico y de una coherencia que ha sabido mantenerse intacta a lo largo de los años. Eso no es casualidad.

La captura de la mente humana

Quienes hemos vivido, trabajado y aprendido en la radio —y más aún en momentos tan decisivos como aquel 11 de septiembre de 1973 en Radio Corporación— sabemos que la palabra tiene peso, memoria y responsabilidad. No es solo comunicación: es historia viva.

Hoy el problema no es de derecha o izquierda. El verdadero conflicto es la falta de coherencia, de ética, de cultura y de formación crítica. 

La pregunta sigue siendo brutalmente actual:
¿Estamos formando una juventud capaz de dirigir los destinos de la humanidad o solo masas fácilmente manipulables?

Nuestros jóvenes viven atrapados en una caja pequeña llamada teléfono celular. No se trata de rechazar la tecnología, sino de denunciar algo mucho más grave: la captura de la mente humana por herramientas creadas por el propio ser humano, hoy usadas para dominar, distraer y anestesiar el pensamiento crítico.

El celular en la cabeza?

Las redes sociales y los algoritmos se han transformado en armas políticas. Políticos inescrupulosos, sostenidos en la mentira y el discurso vacío, alejan a los jóvenes de la realidad, de la ética y de la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Se les enseña que la mentira, repetida mil veces, puede convertirse en verdad.

Así se construyen narrativas perversas: ellos contra nosotros. Se enfrenta a los jóvenes entre sí, se los aleja de la escuela, de la universidad y —lo más grave— del núcleo familiar, destruyendo valores fundamentales como el respeto, la educación, la convivencia y la humanidad.

Pero esta degradación no ocurre solo a nivel local. También es consecuencia de los desmanes de las grandes potencias y de líderes que creen ser dueños del mundo. Tanto el presidente de Estados Unidos como el de Rusia se entrometen en la vida de otros países, imponen agendas, modelos y conflictos, y pretenden que pueblos enteros sigan sus cartillas ideológicas y estratégicas.

La vida no es una doctrina impuesta desde Washington o Moscú.
La vida es acierto y error, aprendizaje, diversidad y soberanía.
Ningún ser humano —por mucho poder económico o bélico que tenga— tiene derecho a decidir el destino de otros pueblos.

Estos líderes no son dioses ni salvadores: son simples seres humanos con un poder desproporcionado, usado muchas veces sin ética ni responsabilidad. Sus guerras, sus sanciones y sus intervenciones solo dejan muerte, pobreza y generaciones fracturadas.

Mientras tanto, los políticos locales repiten el mismo patrón: mienten por conveniencia, por dinero, estatus y poder. Y los jóvenes, muchas veces sin darse cuenta, son manipulados, utilizados y descartados. De ahí nace la alarmante falta de profesionales competentes, éticos y comprometidos con la verdad.

Cómo es que la adicción a los teléfonos afecta a tu cerebro

La tecnología no es el enemigo.

El enemigo es el ser humano deshonesto, corrupto y oportunista que la usa para dominar.

Por eso es urgente denunciar sin ambigüedades, recuperar la educación crítica, la cultura, la memoria y la palabra.

Porque sin ética, sin coherencia y sin respeto por la soberanía, no hay futuro posible.
Y porque la palabra —cuando es honesta— sigue siendo un acto de resistencia.

Chile arde y el Congreso duerme

La vergonzosa demora de una ley clave contra los incendios forestales

Chile. Inacción sistemática: Historial de leyes sobre incendios forestales que terminaron

Por Rodolfo Varela

Mientras Chile enfrenta una nueva temporada de megaincendios forestales, con comunidades evacuadas, miles de hectáreas destruidas y regiones enteras bajo Estado de Catástrofe, el Congreso Nacional vuelve a demostrar una conducta inaceptable: lentitud, negligencia y una peligrosa desconexión con la realidad del país.

El Proyecto de Ley de Incendios Forestales (Boletín 16335-14), presentado en 2023, permaneció más de 27 meses estancado, principalmente en el Senado, pese a haber sido despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados en marzo de 2024 y contar con urgencia legislativa. No fue una demora técnica. Fue una decisión política.

Urgencia por una Ley de Incendios en Chile

Esta historia no es nueva. Proyectos similares han sido presentados durante más de una década y terminaron archivados. El patrón se repite: cuando una ley afecta intereses económicos, inmobiliarios o forestales, el Congreso se paraliza. Cuando la urgencia es social y humana, el trámite se vuelve eterno.

Sueldos de primer mundo, respuestas de tercer nivel

Diputados y senadores reciben sueldos millonarios financiados por los contribuyentes, gozan de privilegios institucionales y, aun así, incumplen su función esencial: legislar para prevenir tragedias anunciadas.

La pregunta es directa:

¿Hasta cuándo Chile seguirá tolerando un Congreso que reacciona solo cuando el país ya está en llamas?

Basta revisar la tabla legislativa para comprobar que decenas de proyectos estratégicos permanecen congelados, tanto en la Cámara como en el Senado. No es falta de tiempo. Es falta de voluntad, exceso de cálculo político y una alarmante normalización de la irresponsabilidad.

Un avance tardío, impuesto por el fuego

Recién el 27 de enero de 2026, con Ñuble y Biobío en Estado de Catástrofe y bajo presión ciudadana y ambiental, el Senado destrabó el proyecto y lo envió a tercer trámite constitucional.

No fue liderazgo.
Fue reacción tardía.

Organizaciones como Greenpeace Chile advirtieron reiteradamente que la demora legislativa agravaba la crisis. El Congreso escuchó tarde, como casi siempre.

¿Qué establece la ley?

La iniciativa introduce medidas básicas de prevención:

• Cortafuegos obligatorios para propietarios públicos y privados.

• Regulación estricta de la interfaz urbano-rural, donde el riesgo es mayor.

• Facultades ampliadas para CONAF, incluyendo la prohibición de uso de fuego en zonas críticas.

• Responsabilidad directa del propietario, con posibilidad de cobro estatal si no cumple.

Medidas evidentes, elementales, urgentes.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿por qué el Senado bloqueó esto durante más de dos años?

Tragedia y destrucción por los incendio y el Congreso duerme

El punto más incómodo: el negocio del fuego

El mayor conflicto fue el cambio de uso de suelo tras los incendios.
La propuesta original buscaba impedir que terrenos quemados fueran utilizados para proyectos inmobiliarios. Esa norma fue debilitada tras presiones políticas conocidas —aunque nunca transparentadas— en las comisiones del Senado, particularmente en aquellas con peso económico y presupuestario.

El resultado fue una solución tibia: mapas de riesgo, zonas de amortiguación y planificación municipal. Avances, sí. Pero sin una prohibición clara, la puerta a la especulación sigue entreabierta.

Interpelación directa al Senado de la República

El Senado de Chile, sus comisiones permanentes —especialmente Hacienda y Medio Ambiente— y su conducción política deben asumir responsabilidad política por esta demora injustificable.

Senado despacha a tercer trámite proyecto de Ley de Incendios

No basta con aprobar leyes cuando la tragedia ya ocurrió.
No basta con discursos solemnes mientras el país se quema.

Chile necesita saber:

• Quién decidió frenar este proyecto.

• Quiénes pidieron más tiempo mientras ardían los bosques.

• A qué intereses se protegió con el silencio legislativo.

Esto no es ideología. Es decencia pública.

Si el Congreso no es capaz de legislar a tiempo para proteger la vida, el territorio y el futuro del país, entonces el problema no es técnico: es ético y político.

Chile arde.
Y el Senado ya no puede seguir mirando para otro lado.

El contradictorio balance del Ministerio de Seguridad en Chile:

Cifras que no alcanzan para calmar el miedo

Por Rodolfo Varela

A un año de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno chileno celebra cifras, balances y estadísticas que, en el papel, parecen alentadoras. Sin embargo, en las calles, en las poblaciones, en los barrios más humildes del país, la realidad se siente muy distinta.

El titular de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, hizo hoy un balance positivo de esa cartera al cumplirse un año de su creación para combatir el delito y el crimen organizado en el país.

 Allí donde vive la mayoría de quienes sostienen este país con su trabajo diario, el miedo sigue siendo parte de la rutina, y la sensación de abandono por parte del Estado es cada vez más profunda.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un balance positivo del primer año de funcionamiento de la cartera, destacando una inversión de 271 mil millones de pesos, la coordinación de 13 instituciones, y una supuesta mejora en indicadores clave como la tasa de homicidios, que habría bajado de 6,7 a 5,4 por cada 100 mil habitantes en comparación con 2022.

También se informó una reducción en los ingresos irregulares por las fronteras terrestres, una baja significativa en la violencia rural en la Macrozona Sur y un aumento en las detenciones realizadas por Carabineros y la PDI, junto con importantes incautaciones de drogas y armas.

Comunas Más Pobres de Chile

Desde el punto de vista técnico y estadístico, el balance parece sólido. Desde el punto de vista humano, social y ciudadano, es profundamente insuficiente.

Cifras oficiales versus miedo real

Porque mientras el gobierno habla de disminuciones porcentuales, la población más pobre sigue viviendo encerrada, con miedo a salir de noche, desconfiando de la policía, de la justicia y, muchas veces, del propio Estado.

No es una percepción antojadiza. Diversos sondeos siguen ubicando a Chile entre los países con mayor sensación de inseguridad, especialmente al caminar de noche. La gente no discute si el homicidio bajó un punto más o menos; la gente se pregunta si llegará viva a su casa, si su hijo volverá del colegio, si el almacén del barrio resistirá una semana más sin ser asaltado.

Aquí está la gran contradicción:
las cifras bajan, pero el miedo no.

Un Estado fuerte en el discurso, débil en los territorios

El propio ministro ha reconocido que el país enfrenta desafíos estructurales derivados de contextos internacionales, migraciones forzadas y redes criminales transnacionales. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que el Estado chileno sigue llegando tarde, mal o derechamente no llegando a los sectores más vulnerables.

En muchas poblaciones:

• La presencia policial es esporádica

• Las denuncias no prosperan

• Las víctimas quedan solas

• Los delincuentes reinciden

Hablar de “Estado fuerte” mientras la gente humilde se siente indefensa frente al delito es una contradicción que ya no puede seguir maquillándose con discursos.

Corrupción: el cáncer que debilita toda política de seguridad

A este escenario se suma un factor devastador: la corrupción.
Casos como el Caso Convenios, el Caso Audios, el aumento de causas por fraude y las sospechas de penetración del narcotráfico en instituciones públicas han erosionado gravemente la fe pública.

La corrupción, un cáncer que se alimenta de la crisis valórica de la sociedad chilena

¿Cómo pedirle confianza a la ciudadanía cuando:

• funcionarios públicos desvían recursos,

• fundaciones sirven de pantalla,

• redes políticas y judiciales aparecen comprometidas,

• y las sanciones parecen lentas o insuficientes?

La seguridad no fracasa solo por falta de policías o tecnología. Fracasa cuando la corrupción se vuelve sistémica y el ciudadano común siente que la ley no es igual para todos.

No es derecha ni izquierda: es dignidad y derechos humanos

Este no es un debate ideológico.
No es una pelea entre derecha e izquierda.
Es una cuestión básica de derechos humanos.

La seguridad es un derecho humano fundamental.
La justicia es un derecho humano fundamental.
La protección del Estado no puede depender del barrio donde se nace ni del apellido que se lleva.

Cuando el Estado falla en proteger a los más pobres, falla en su esencia.

Conclusión: un ministerio bajo presión moral

El Ministerio de Seguridad Pública ha mostrado avances técnicos, coordinación institucional y despliegue operativo. Eso es innegable. Pero el balance sigue siendo contradictorio, porque no ha logrado lo más importante:
devolverle la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía más vulnerable.

Violencias, miedo e inseguridad más allá de la delincuencia en Chile

Mientras la gente humilde siga viviendo con miedo, mientras la corrupción siga golpeando la credibilidad del sistema, y mientras la justicia siga pareciendo lejana para el ciudadano común, ningún balance puede considerarse realmente exitoso.

El desafío ya no es solo mejorar cifras.
El desafío es recuperar la dignidad, la seguridad y la confianza de quienes eligieron a sus autoridades esperando protección, no excusas.

Chile: la corrupción que carcomió la justicia mientras los gobiernos miraban hacia otro lado

Por Rodolfo Varela

La reciente detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, marca un punto de inflexión histórico para el sistema judicial chileno. 

Carabineros allana domicilio de exministra Ángela Vivanco: Tribunal emitió orden de captura.

Por primera vez en décadas, una figura del máximo tribunal es arrestada y enfrenta cargos graves por cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y quebrantamiento de secreto, delitos que golpean directamente el corazón del Estado de Derecho.

Este hecho no puede interpretarse únicamente como un triunfo institucional. Es, al mismo tiempo, una acusación política directa contra todos los gobiernos —de izquierda, centroizquierda y derecha— que durante años hicieron vista gorda frente a señales evidentes de corrupción, permitiendo que redes de poder, dinero e influencias se enquistaran en el Poder Judicial.

La caída de una ministra suprema

Ángela Vivanco fue detenida el 25 de enero de 2026 en su domicilio de la comuna de Las Condes, tras la decisión de la Corte Suprema de acoger una querella de capítulos, lo que permitió levantar su fuero y dar inicio a su persecución penal. El operativo fue encabezado por el fiscal Marco Muñoz, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto a personal del OS7 de Carabineros de Chile.

Las acusaciones se concentran principalmente en la denominada trama o “muñeca bielorrusa”, vinculada al consorcio Belaz Movitec, favorecido en un fallo judicial en una disputa contra Codelco, además del denominado “caso audios”, que reveló gestiones indebidas y tráfico de influencias a través de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

Durante la noche de este domingo se logró la captura de la ex magistrada por estar involucrada en la trama de la “Muñeca Bielorrusa”.

Los cargos: corrupción en estado puro

La investigación penal apunta a delitos de extrema gravedad:

• Cohecho, por presuntas retribuciones económicas recibidas a cambio de decisiones judiciales favorables.

• Lavado de activos, mediante maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos.

• Tráfico de influencias, por intervenir en procesos judiciales en favor de terceros.

• Entrega de información privilegiada y quebrantamiento del secreto, afectando la imparcialidad judicial.

Estos hechos ya habían sido advertidos en octubre de 2024, cuando Vivanco fue destituida del máximo tribunal e inhabilitada por el Senado, tras una acusación constitucional por notable abandono de deberes, que enumeró siete capítulos de graves irregularidades, incluyendo manipulación de salas, interferencia en nombramientos y coordinación con abogados externos.

Ángela Vivanco: Auge y caída de destituida jueza de Suprema

Responsabilidades políticas: el silencio cómplice

Reducir este escándalo a una sola persona sería una forma más de encubrimiento. Ángela Vivanco no actuó sola ni en el vacío. Operó dentro de un sistema tolerado por sucesivos gobiernos.

Aquí la mayor responsabilidad política recae en los gobiernos de izquierda y centroizquierda, que gobernaron Chile durante más tiempo, levantaron discursos éticos y de derechos humanos, pero fracasaron en depurar las instituciones, fiscalizar al Poder Judicial y cumplir la deuda histórica con las víctimas de la dictadura.

La derecha, por su parte, tampoco queda exenta de responsabilidad: optó por la estabilidad del sistema antes que por su transparencia, privilegiando el silencio y el cálculo político.

Chile como señal para América Latina

Este caso adquiere una dimensión regional. En un continente donde, en no pocos países, el Poder Judicial ha sido capturado o subordinado al poder político —con la complicidad abierta o silenciosa de sectores de la izquierda—, lo ocurrido en Chile envía una señal clara.

Mientras en otras realidades se consolida una verdadera dictadura judicial, en la que jueces y fiscales operan protegidos por gobiernos afines, en Chile se demuestra que incluso las más altas autoridades judiciales pueden y deben rendir cuentas. No es el triunfo de un sector político, sino una advertencia regional: la democracia no sobrevive cuando la justicia se convierte en instrumento ideológico.

Una señal tardía, pero necesaria

La actuación de la Fiscalía y de la Corte Suprema constituye una señal potente, aunque tardía. Recuperar la confianza ciudadana exige sanciones reales, sin privilegios ni pactos de silencio, caiga quien caiga.

Impunidad, corrupción y justicia 

Porque un país que tolera la corrupción en sus tribunales termina condenando a su pueblo a la impunidad, la desconfianza y el desencanto democrático.

Chile y el Crimen Organizado

La ceguera política y la responsabilidad de los gobiernos de izquierda

El crimen organizado ya no actúa en las sombras.

Por Rodolfo Varela

La irrupción del Tren de Aragua en Chile ha modificado de manera dramática el panorama delictual del país, introduciendo niveles inéditos de violencia: sicariato, secuestros extorsivos, trata de personas, corrupción judicial y política, configurando una amenaza directa a la seguridad nacional. Sin embargo, esta realidad fue reconocida tarde y con reticencia por las autoridades, particularmente por gobiernos de orientación progresista que subestimaron —o negaron— el fenómeno.

La expansión del Tren de Aragua ha sido facilitada por la crisis migratoria venezolana, la fragilidad del control fronterizo y, a nivel regional, por alianzas estratégicas con organizaciones criminales consolidadas, especialmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, una de las mafias más poderosas del mundo.

Política Nacional Contra el Crimen Organizado – Ministerio de Seguridad Pública

Crimen organizado y corrupción política en América Latina

La corrupción vinculada al crimen organizado es hoy uno de los desafíos estructurales más graves de América Latina. El crimen ya no opera únicamente en la clandestinidad: se ha convertido en un actor político, infiltrando instituciones públicas, corrompiendo funcionarios y, en algunos casos, pactando con gobiernos que terminan normalizando la impunidad.

Crimen organizado y política

Informes regionales recientes indican que países como Chile, Brasil, Ecuador y México perciben al crimen organizado como una de las mayores amenazas para el Estado. Venezuela y Nicaragua figuran reiteradamente entre los países con mayores niveles de corrupción e infiltración criminal, bajo gobiernos que se autodenominan de izquierda o “populares”.

El Tren de Aragua en Chile: estructura, violencia y alianzas

El Tren de Aragua opera en Chile mediante un modelo empresarial criminal, caracterizado por:

• Violencia extrema como método de control territorial.

• Secuestros extorsivos y sicariato, prácticas importadas desde Venezuela y Brasil.

• Trata de personas y explotación sexual, especialmente de migrantes vulnerables en la frontera norte.

• Contabilidad y organización empresarial, con registros financieros detallados incautados por la policía en Arica, lo que evidencia una estructura jerárquica y profesionalizada.

Muertes y alianza con el PCC: cómo el Tren de Aragua gana terreno en Brasil y Chile.

Diversos informes policiales señalan que el Tren de Aragua mantiene alianzas operativas con el PCC, basadas en cooperación logística, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas en Sudamérica. Chile no es una excepción en esta red criminal transnacional.

El PCC: una mafia transnacional con poder político y económico

El Primeiro Comando da Capital (PCC) tiene como principal especialidad el tráfico internacional de drogas a gran escala, actuando como enlace entre países productores andinos —Bolivia, Perú, Colombia e incluso rutas que afectan a Chile— y mercados en Europa y África.

El PCC opera como una empresa criminal global, con normas internas, “tribunales” propios —como la llamada “armonía de los 14”—, contabilidad precisa y una estructura que combina poder económico ilícito con control político interno, moviendo miles de millones de dólares anualmente.

Casos emblemáticos y señales ignoradas

El Tren de Aragua ha sido vinculado en Chile a casos de alto impacto, entre ellos:

• El asesinato del suboficial de Carabineros Emanuel Sánchez.

• El crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda.

• Atentados contra tribunales en Arica, acciones que coinciden con el modus operandi del PCC.

Chile: muerte del carabinero Sanchez apunta al tren de Aragua

A pesar de estas señales, el Gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio de Seguridad Pública, ha negado reiteradamente la existencia de operaciones activas del PCC en Chile, una postura que refleja ceguera ideológica, negligencia política o simple negación de la realidad.

La respuesta judicial: tardía pero necesaria

El Ministerio Público chileno ha logrado desarticular algunas células criminales, obteniendo condenas a cadena perpetua contra miembros dedicados a extorsión y trata de migrantes, especialmente en el norte del país. No obstante, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno y la falta de una estrategia política coherente.

Chile debería coordinar de manera urgente con autoridades brasileñas, que poseen experiencia directa en el combate al PCC, algo que hasta ahora no se ha abordado con la seriedad requerida.

Cambio de ciclo político: el desafío del nuevo gobierno

El presidente electo José Antonio Kast ha centrado su discurso en:

• Seguridad y orden, bajo el principio de que “el orden es justicia”.

• Combate frontal a la corrupción, criticando la pasividad del gobierno saliente.

Más allá de simpatías políticas, su administración enfrentará una prueba decisiva: romper definitivamente cualquier tolerancia, complicidad o ambigüedad del Estado frente al crimen organizado.

Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de Kast

Conclusión

El avance del Tren de Aragua y sus vínculos con el PCC no son un fenómeno aislado, sino el resultado de años de negligencia, ideologización de la seguridad pública y gobiernos de izquierda que prefirieron negar la realidad. El crimen organizado no entiende de discursos progresistas ni de consignas: ocupa el vacío que deja un Estado débil.

Chile aún está a tiempo, pero el costo de la negación ya ha sido alto —y lo han pagado los ciudadanos.

La izquierda chilena frente a su peor derrota desde el retorno a la democracia

 Por Rodolfo Varela

La izquierda chilena intenta hoy comprender una derrota que, aunque anunciada, no deja de ser histórica. La excandidata presidencial y exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Jara, obtuvo un 41,8% de los votos en la segunda vuelta presidencial, 16 puntos menos que el candidato de las derechas, José Antonio Kast, quien se impuso con un contundente 58% y llegará a La Moneda el 11 de marzo de 2026.

Chile no hubiera despertado si su gente estuviera más "feliz".

Si bien algunos sectores del oficialismo intentan ver el vaso medio lleno —destacando que Jara subió desde el 26,8% obtenido en la primera vuelta del 16 de noviembre—, lo cierto es que la magnitud de la derrota marca el peor resultado electoral de la izquierda desde 1990, cuando Chile recuperó la democracia.

Con el restablecimiento del voto obligatorio hace tres años, Kast se convirtió además en el presidente con mayor respaldo electoral de la historia del país, superando los 7,2 millones de votos, frente a los 5,2 millones obtenidos por Jara. No se trata solo de números: es una señal política profunda que la izquierda no puede seguir relativizando.

Governos das Américas parabenizam Kast por vitória em eleição no Chile

La autocrítica que no llega al fondo

Tras la elección, la izquierda inició un proceso de reflexión. El senador comunista Daniel Núñez, jefe estratégico de la campaña de Jara, calificó el resultado como “digno” y destacó que se evitó bajar del 40%. Sin embargo, esta lectura defensiva revela más resignación que autocrítica real.

Núñez afirmó que Chile no se ha convertido en un país ideológicamente de derecha, y atribuyó el triunfo de Kast a su capacidad para instalar con fuerza el tema de la seguridad ciudadana, la migración irregular y la delincuencia. Esa explicación, aunque parcialmente cierta, resulta insuficiente y cómoda.

El avance de la derecha no se explica solo por su discurso, sino por las promesas incumplidas de la izquierda y la centroizquierda durante décadas:
la deuda histórica con las víctimas de la dictadura;
los ex presos políticos;
los detenidos desaparecidos;
los niños y niñas robados y vendidos como mercancía;
el sistema de AFP que condena a los trabajadores a pensiones miserables que no alcanzan ni el 50% del salario mínimo;
la corrupción política y judicial;
la pobreza estructural;
y los discursos vacíos de dirigentes que, mientras predican igualdad, se enriquecen y se elitizan, alejándose del pueblo que dicen representar.

Boric, el estallido y el proyecto fallido

Este lunes, los partidos que respaldaron a Jara se reunieron con el presidente Gabriel Boric y su comité político, en el primer encuentro tras la victoria de Kast. Participó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, jefa de campaña de Jara en segunda vuelta, quien reconoció que la derrota es colectiva y no responsabilidad exclusiva de la candidata.

Boric  y la izquierda del estallido 

Vodanovic llamó a ir más allá de explicaciones fáciles, como la alternancia política o el auge global de la ultraderecha, y propuso analizar causas más profundas: el periodo posterior al estallido social e incluso lo ocurrido antes. Reconoció, además, que la centroizquierda fue incapaz de defender los avances de los llamados “30 años”, permitiendo que se instalara un relato que invisibilizó progresos reales del país.

Tras el estallido social, la izquierda apostó todo a un proyecto constitucional que terminó en un fracaso rotundo, rechazado por el 62% de la ciudadanía en el plebiscito de septiembre de 2022. El gobierno de Boric había depositado en ese texto sus principales expectativas de transformación, pero al ser rechazado, optó por un giro hacia la centroizquierda tradicional y, al mismo tiempo, mostró una preocupante falta de liderazgo para empujar un nuevo proyecto, escudándose en la excusa de “no interferir”.

Una crisis más profunda que lo electoral

El próximo 17 de enero, el oficialismo realizará un cónclave para analizar los resultados y proyectarse hacia el futuro. Paulina Vodanovic afirmó que existe un compromiso con los más de cinco millones de personas que votaron por Jeannette Jara y que creen en el progresismo.

Pero la verdadera pregunta es si la izquierda está dispuesta a decir la verdad y asumir cambios reales. Reestructurarse no es solo un ejercicio discursivo: implica acabar con las promesas incumplidas, saldar de una vez la deuda histórica con las víctimas de la dictadura, terminar con las AFP, garantizar educación y salud de calidad, combatir la pobreza de manera efectiva, promover viviendas dignas, nombrar ministros técnicos y no militantes sin experiencia, enfrentar la inseguridad con políticas serias y claras, y erradicar la corrupción, el nepotismo y los privilegios.

La izquierda chilena vive una crisis.

Chile rechaza las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. El país tiene memoria y miedo, y la izquierda no puede seguir ignorándolo.

Conclusión

El fracaso de la izquierda chilena no es solo electoral: es una crisis de proyecto, de representación y de credibilidad. La promesa refundacional del gobierno de Boric chocó con la realidad y generó frustración; la fragmentación interna y la falta de una narrativa coherente alejaron a amplios sectores del electorado; y la incapacidad de responder con hechos a las demandas históricas y sociales debilitó al progresismo frente a un escenario político cada vez más exigente y polarizado.

Mientras la izquierda no vuelva a defender con acciones —y no solo con discursos— a los pobres, a los excluidos y a quienes pasan hambre, seguirá perdiendo elecciones… y algo aún más grave: su razón de ser.

PGU: improvisación, contradicciones y una ley que castiga injustamente a los adultos mayores

Por Rodolfo Varela

El manejo del Gobierno del presidente Gabriel Boric frente a la suspensión de la Pensión Garantizada Universal (PGU) dejó al descubierto una preocupante combinación de improvisación, descoordinación institucional y falta de criterio político, con consecuencias directas para miles de adultos mayores en Chile.

La “falta de preparación” del Estado de Chile.

La crisis se originó cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) notificó la suspensión del pago de la PGU basándose en información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI). Según esos datos, los beneficiarios habrían permanecido fuera del país por más de 180 días, causal que —según la ley vigente— extingue el derecho al beneficio.

Reclamos masivos y una rectificación tardía

Los reclamos se multiplicaron a nivel nacional. Adultos mayores aseguraron no haber salido del país o haberlo hecho por períodos inferiores a los establecidos por la normativa. Solo entonces el presidente Boric salió a explicar la situación.

En entrevista con Radio Futuro, el mandatario señaló que el Gobierno decidió no aplicar la suspensión y ordenó una investigación profunda para cotejar y verificar los datos migratorios.

“Lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue”, afirmó Boric, enfatizando que la prioridad es entregar tranquilidad a los pensionados y evitar injusticias.

Desde el Ejecutivo se indicó que la revisión busca restablecer la confianza en el sistema de pagos y garantizar que el beneficio llegue oportunamente. Sin embargo, no se informó un plazo claro para finalizar la verificación ni para regularizar los pagos suspendidos, dejando a miles de personas en la incertidumbre.

El Estado se equivoca, pero el daño ya está hecho

El propio Gobierno reconoció que cerca de 13 mil beneficiarios fueron afectados por errores administrativos. El IPS adoptó medidas de contingencia y aseguró que ninguna persona que cumpla la normativa perderá su pensión por fallas en la información.


Pero la pregunta es inevitable:

¿por qué primero se castiga y después se investiga?

Durante días, adultos mayores vieron suspendido un ingreso del cual dependen para alimentarse, comprar medicamentos o pagar servicios básicos. No fue un error menor: fue una falla grave del Estado.

13 mil pensionados denuncian que por error les quitaron la PGU

Una ley injusta que debe ser modificada

Es cierto que la ley original de la PGU, creada antes de este gobierno, establece como causal de extinción del beneficio el permanecer fuera de Chile por más de 180 días continuos o discontinuos en un año calendario.

Pero este episodio deja en evidencia un problema más profundo:
esta cláusula es injusta, discriminatoria y debe ser retirada o modificada.

¿Desde cuándo en Chile se castiga la movilidad de los pobres y jubilados?
¿Por qué un adulto mayor no puede pasar una temporada con hijos o familiares que viven en el extranjero?
¿Es un pecado querer compartir los últimos años de vida con la familia?

Mientras autoridades, parlamentarios y altos funcionarios viajan constantemente, muchas veces con recursos públicos y sin fiscalización real, un adulto mayor arriesga perder su pensión por salir del país. Esta desigualdad revela una visión clasista del Estado, donde los derechos no son iguales para todos.

Una pensión digna no puede estar condicionada a permanecer encerrado dentro de las fronteras. La PGU no es un favor: es un derecho social.

                                La “falta de preparación” de Gabriel Boric

Una izquierda que se dice social, pero actúa sin humanidad

Este episodio expone una contradicción profunda de esta izquierda que se autodefine como defensora de los más vulnerables. Por un error del propio Estado, el Gobierno suspendió pensiones y solo rectificó tras la presión pública.

Gobernar no es improvisar.
Mucho menos cuando se administra la dignidad de los adultos mayores.

Conclusión

El retroceso del presidente Boric no borra el daño causado. La confianza se pierde cuando el Estado actúa sin rigor y corrige solo cuando la indignación social lo obliga.

Chile necesita un gobierno que proteja primero a los más vulnerables, y una legislación que respete la libertad y dignidad de quienes trabajaron toda su vida.

Porque cuando el Estado falla, los adultos mayores no deberían ser los primeros en pagar el precio.