En primer lugar, la resolución 968 pide que el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) promueva, impulse y ejecute programas para los y las jóvenes que egresan del sistema de Protección Especializada y del Sistema de Justicia Penal Adolescente.
En la iniciativa se argumenta que el desarrollo social y laboral de estos jóvenes es fundamental a fin de evitar la reincidencia en la comisión del delito. Por lo tanto, se necesita ofertar y entregar oportunidades al término del sistema de protección y de justicia penal adolescente. Esto quiere decir, contar con una oferta programática para que puedan reinsertarse laboralmente o, también, desarrollarse profesionalmente.
Sin embargo, para que el Injuv pueda ejecutar estas acciones, es necesario modificar la ley que lo regula (N° 19042). La idea es permitir que el instituto pueda no sólo proponer e impulsar los programas, sino también ejecutarlos. De esta manera, sería más rápida y eficaz la entrega de estos servicios a las y los jóvenes.
Esta resolución la promovieron Clara Sagardia (IND), María Francisca Bello (PCS), Mercedes Bulnes (IND), Lorena Fries (PCS), Claudia Mix (Comunes), Javiera Morales (PCS), Marcela Riquelme (IND), Emilia Schneider (PCS) y Gonzalo Winter (PCS).
GES y Mejor Niñez
Luego, la resolución 947 solicita incorporar dentro del programa de Garantías Explícitas de Salud (GES) la atención de salud mental para NNA institucionalizados.
El texto argumenta que uno de cada dos NNA que vive en estas residencias está afectado por algún problema de salud mental (55%). Empero, el 46,4% de ellos no ha recibido siquiera una sesión de atención psicológica.
Agrega que ya en el año 2018, el Ministerio de Justicia reconoció que el déficit en atención de salud mental llegaba a un 89%. Dicha situación se agravó durante la crisis sanitaria por Covid-19.
Por esto, la resolución establece que es necesario que las autoridades implementen medidas para garantizar el acceso a prestaciones de salud mental para NNA residentes de hogares dependientes del servicio de Mejor Niñez.
Junto a lo anterior, establece que debe existir una correcta fiscalización y seguimiento de los casos de cada paciente. Esto, porque sólo así será posible lograr mejoras en la salud mental de estos menores que han sufrido graves vulneraciones a sus derechos.
Esta resolución la presentaron, desde el Comité UDI, Marta Bravo, Jorge Alessandri, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Joaquín Lavín, Daniel Lilayu, Cristhian Moreira, Marlene Pérez, Marco Antonio Sulantay y Renzo Trisotti.
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