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2016/06/29

Washington el nuevo plan Cóndor neoliberal

Así como en las décadas de 1970 y 1980 tuvo lugar un Plan Cóndor -que era una operación de coordinación criminal y apoyo mutuo entre las dictaduras del Cono Sur del continente americano bajo supervisión de la CIA para asesinar, espiar, vigilar, secuestrar, torturar e intercambiar personas ilegalmente entre países, sin tener en cuenta fronteras, soberanías ni derechos nacionales- hoy America Latina sufre un nuevo “Plan Cóndor” para reimplantar el neoliberalismo.







Aquel Plan Cóndor fue una de las diversas operaciones que se realizaron en el marco de la siembra de dictaduras militares en el Cono Sur americano para aplicar la teoría de la Seguridad Nacional de Estados Unidos y dejar a los pueblos atrapados bajo gobiernos terroristas de Estado, presuntamente para combatir el peligro del comunismo.


Participaron en aquella Operación o Plan Cóndor, con mayor o menor grado de involucramiento, los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América que Washington había impuesto o aprobado en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y, por supuesto, con Estados Unidos como jefe de la banda.


“Hoy América Latina vive un plan golpista no convencional contra los gobiernos progresistas. Un nuevo Plan Cóndor para reimplantar el neoliberalismo: ya no mediante dictaduras militares, sino a través del poder combinado de los grandes medios, los empresariados nacionales, los partidos de derecha y los gobiernos de las grandes potencias”, según lo ha denunciado la emisora multinacional latinoamericana TeleSur.


Entrevistado por TeleSur, el analista y periodista Miguel Jaimes identificó la nueva operación como de bajo perfil, si se le compara con los golpes de estado promovidos por Occidente en el Medio Oriente -caracterizados por la implantación de conflictos con empleo de armamento bélico propio de las guerras. En América Latina lo que se han estado promoviendo son juicios políticos como el aprobado contra la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, y como el que se intenta imponer a la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández contra el fantasma de su liderazgo.


Por su parte, el investigador Adalberto Santana dijo que lo que pretende Estados Unidos con su actual versión de Plan Cóndor es desmontar los gobiernos populares, para mantener o recuperar su dominio sobre los procesos políticos para custodiar los recursos petroleros, ambientales y económicos que ambiciona de la región.


Buscan crear desesperanza en la población, frenar los programas sociales de los gobiernos populares y acabar con la imagen de los liderazgos revolucionarios en la región, empleando a los medios de comunicación para generar el rechazo ciudadano.


Aunque la estrategia básica en esta nueva versión de Plan Cóndor no excluye la violencia armada ni los atentados contra dirigentes populares para eliminar liderazgos en los movimientos sociales y partidos de izquierda, y sembrar desmoralización y miedo en las bases (recordar los asesinatos de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras y del diputado Robert Serra en Venezuela), las características distintivas de este modelo golpista son el ataque directo a la economía y a los aparatos productivos de los países seleccionados.


Objetivo esencial de estas acciones –más allá de su expresión terrorista- es afectar las fuentes de financiamiento de los programas sociales que son la base del apoyo popular a los gobiernos progresistas. De ahí que pongan énfasis, por ejemplo, en el desabastecimiento de productos básicos de consumo.




El financiamiento por Washington –y algún que otro aliado suyo– de partidos y ONGs opositoras también es importante en esta guerra no convencional. Mediante el empleo de recursos para promover la subversión con métodos especialmente diseñados han logrado la inclusión de una parte de la juventud de clase media como punta de lanza de las protestas derechistas.


Organizaciones no oficiales estadounidenses como la USAID y la NED, señaladas de ser promotoras del golpe de Estado de 2002 en Caracas, han sido las encargadas de organizar la violencia en las calles con el empleo de jóvenes a los que utilizan y pagan.


Los medios, después, se encargan de convertir los actos de violencia de calle en “síntomas del descontento social”, “señal del caos económico” o “prueba de la represión policial”.


Ciertamente, si algún actor sobresale en este nuevo Plan Cóndor neoliberal para América Latina, es el poder mediático. Constantes campañas informativas que criminalizan a los gobiernos de izquierda y un torrente de noticias de alto impacto tienen el propósito de influir en determinados sectores de la población para provocar temor, hastío y, finalmente, su posicionamiento político.


Los medios, hoy, en el actual Plan Cóndor neoliberal diseñado en Washington, juegan el papel de los militares golpistas de Latinoamérica en los años 70 y 80 del siglo XX.


2016/06/21

Legislarán para garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia

Sala otorgó un contundente respaldo en general a la moción que apunta a modificar la Ley General de Telecomunicaciones.



Imagen foto_00000014Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo 4 de julio quedó el proyecto, en primer trámite, que garantiza las comunicaciones en situaciones de emergencia. Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad la idea de legislar de la iniciativa



El texto legal tuvo su origen en una moción de los senadores Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón, y tiene por objeto establecer obligaciones a los concesionarios de servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos ante situaciones de emergencia o catástrofe, de manera que los usuarios afectados puedan contar con servicio público de voz e Internet.



Durante el debate hicieron uso de la palabra los senadores Manuel Antonio Matta, Baldo Prokurica, Guido Girardi y Alejandro Navarro.



En lo fundamental el proyecto de ley contiene los siguientes aspectos:



- Establece la obligación de provisión de Roaming Automático Nacional entre concesionarios de servicio público de telefonía móvil y de transmisión de datos, ante situaciones de emergencia o catástrofe.



- Para tales efectos, todos los concesionarios que dispongan de espectro asignado para la prestación de servicios de telefonía e internet móvil estarán obligados a generar una oferta para la prestación del servicio de Roaming Automático Nacional en dichas circunstancias.



- Prohíbe al concesionario cuya infraestructura se haya visto afectada, traspasar el costo del servicio de Roaming Automático Nacional a sus usuarios.



- Las llamadas a los organismos encargados de la emergencia se considerarán prioritarias y tendrán preferencia en materia de interconexión.



- Estas obligaciones regirán solamente mientras se encuentre vigente la declaración de emergencia o catástrofe.


EXPERIENCIA




MATTA



"Las catástrofes ocurridas en los últimos años y la forma en que dañan severamente la infraestructura hacen necesario introducir medidas específicas que resulten eficaces y por eso hay que establecer un uso compartido de la red ante emergencias y resulta esencial la colaboración de servicios públicos móviles".




PORKURICA



"En los últimos 9 años hemos tenido una serie de catástrofes naturales que han causado pérdida de vidas humanas y daños en infraestructura. En Febrero de 2010 las autoridades demoraron casi 11 horas en saber qué estaba pasando en el epicentro del terremoto, por eso es fundamental mantener la infraestructura crítica de telecomunicaciones".




GIRARDI



"Cada territorio del país debiera establecer su vocación de riesgo pues, por ejemplo, Santiago tiene la falla de San Ramón y tenemos que vivir planificando pues uno de eventos dramáticos que podemos enfrentar es un gran sismo que nos afectará en forma compleja, en esa línea hay que fortalecer las comunicaciones".




NAVARRO



"La ONEMI demostró en 2010 que no se solucionó el tema de las comunicaciones satelitales"… "este proyecto establece que las empresas de comunicaciones pongan a disposición todas las facilidades a fin que haya conectividad y en mi opinión está claro que se requiere emergencia satelital".


Contra Beneficios carcelarios para violadores de Derechos Humanos



Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se encadenaron frente a la Corte Suprema de Santiago para protestar en contra de los beneficios carcelarios para los condenados por crímenes de lesa humanidad.



Agrupaciones de DD.HH




"No bastó con que la Corte Suprema no acogiera ningún recurso de amparo y permitieran que nuestros familiares desaparecieran hasta el día de hoy, sino que a 42 años del Golpe de Estado, los pocos criminales que logramos condenar son tratados como víctimas y saldrán en libertad", dijo a la prensa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.



"Hablan de pobres ancianos, contra quienes se comete una injusticia al mantenerlos en la cárcel, porque están viejos y enfermos, pero la verdad es que siguen siendo igual de criminales que el primer día. Se han burlado del dolor ajeno", aseveró la dirigente.



Encadenadas




Estas personas, al igual como lo hicieron en el año 1979, en plena dictadura, se encadenaron a la reja del Congreso de Santiago, porque "el poder judicial es un cómplice activo de la impunidad, así como lo fue de los crímenes" durante el régimen de Pinochet, señaló Pizarro.







"En estas mujeres también pasaron los años, varias tienen entre 70 u 80 años y por el silencio de esos criminales nunca han encontrado la verdad, nunca han visto que se haga justicia, y nunca han sabido que pasó con sus familiares", declaró.




Agregó que en Chile "no hay justicia", y acusó al senador derechista Hernán Larraín y al independiente y también periodista, Alejandro Guillier, de "hacer eco" de lo que ocurre en el poder judicial, en relación a los condenados por violaciones a los derechos humanos.




"Esta acción contraviene el derecho internacional humanitario, y como si fuera poco, nuestros senadores buscan caminos para liberar a estos criminales. No estamos dispuestos a tremenda aberración", espetó la líder.




La organización criticó también la existencia del penal Punta Peuco, donde actualmente cumplen condena los encarcelados por violaciones a los derechos humanos, ya que "es un recinto especial, construido solo para los presos por estos crímenes".




La Corte Suprema cuestionó recientemente la evaluación de Gendarmería a los condenados por crímenes de lesa humanidad.




A raíz de esto, la Tercera Sala acogió una serie de recursos de protección, para que estos presos fueran reevaluados para poder acceder a beneficios como libertad vigilada o salidas dominicales, entre otros.




2016/06/20

Michelle Bachelet cae al 21 %, la más baja de su mandato

La aprobación a la gestión de la presidenta de Chile,Michelle Bachelet, bajó tres puntos y se situó la semana pasada en un 21 %, la cifra más baja de su mandato, según una encuesta publicada por la consultora Plaza Pública Cadem.



La aprobación de Bachelet cae al 24 por ciento, la más baja de su mandato, según una encuesta



La desaprobación a la jefa de Estado subió en tanto cuatro puntos, al 73 %, el más alto desde marzo de 2014, de acuerdo con el sondeo que mide semanalmente la gestión del Gobierno.



En relación con las movilizaciones que los estudiantes llevan a cabo en el país austral, en demanda de una educación gratuita y de calidad, la encuesta reveló que un 50 % de los entrevistados está en desacuerdo con las manifestaciones y un 42 % asegura que el movimiento estudiantil “se ha debilitado”.



Asimismo, un 75 % rechaza que los jóvenes se tomen los colegios públicos, mientras otro 76 % afirma que los padres “deben pagar por los daños que los hijos han provocado” en dichas tomas.



El estudio, apunta a los “pequeños grupos, infiltrados y radicalizados” (63 %) como los principales responsables de los destrozos en las protestas, sin embargo, otro 36 % asegura que la violencia es una consecuencia del sistema político y el modelo económico chileno.



En la misma línea, un 64 % declara que la presidenta Bachelet debe “privilegiar el orden y el respeto por la propiedad pública y privada”, por sobre un 31 % que antepone el derecho de participación y movilización de organizaciones sociales.



El documento, destacó como el político mejor evaluado de junio al senador independiente por la región norteña de Antofagasta Alejandro Guillier, con un 55 % de aprobación en este mes.



Le siguen los diputados de izquierda Gabriel Boric, también con un 55 % y Giorgio Jackson, con un 52 % de aprobación; ambos líderes estudiantiles durante el movimiento universitario de 2011.



Entre los peor evaluados de la lista están el actual senador Guido Girardi, y el excandidato presidencial Marco Enríquez Ominami, con un 23 % y 24 % de aprobación, respectivamente.



La encuesta se realizó entre los 15, 16 y 17 de junio de 2016 e incluyó 471 encuestas telefónicas y 299 entrevistas cara a cara en todo el país con un margen de error del 3,7 % y un nivel de confianza del 95 %, indicó la consultora.



Chile:5,3% del electorado participó en las elecciones primarias



Solo un 5,3% de los electores habilitados participó en las primarias celebradas en 93 municipios de Chile, en las que las coaliciones políticas eligieron candidatos a alcaldes y concejales para las elecciones municipales del próximo octubre.






Así lo indicó un nuevo boletín de resultados entregado por el Servicio Electoral (Servel), que precisó que de 5.058.812 electores habilitados en esos 93 municipios acudieron a las urnas solo 267.581.


Por coaliciones, en los 40 municipios en que solo hubo primarias del opositor pacto Chile Vamos votaron 78.861 personas, equivalentes al 5,02 % de los votantes habilitados, de los que 2.394 fueron nulos y 2.209 en blanco.


En tanto, en las 50 localidades en que solamente hubo primarias de la oficialista Nueva Mayoría votaron 170.015 personas, equivalentes al 5,2 % de los votantes habilitados, de los que 5.287 fueron considerados nulos y 3.681 en blanco.


Asimismo, en tres comunas en las que hubo primarias de ambas coaliciones los votos válidos sumaron 18.705 (7,34 % de los electores habilitados), de los que 6.676 fueron para Chile Vamos y 11.029 para la Nueva Mayoría, además de 978 nulos y 376 en blanco.



Desconfianza



Patricio Santamaría, presidente del Servel, consideró tras presentar los datos que la desconfianza de la gente en los políticos tras los casos de corrupción destapados en el último tiempo fue el principal motivo de la pobre convocatoria.



A su juicio, el sistema "no tiene mucho futuro si no trabajamos entre todos para recuperar precisamente esa confianza".



El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría




"En una democracia representativa es fundamental el tema de la confianza", subrayó Santa María, para quien tampoco se puede prescindir de los partidos políticos, que consideró "fundamentales".



La Moneda, el portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz, desdramatizó la escasa participación ciudadana en estas primarias, que son las primeras que se celebran en Chile bajo la ley electoral y destacó que "si antes el candidato a alcalde lo elegían cuatro personas, hoy lo hace la ciudadanía y de manera vinculante.



Desde ese punto de vista "hay una evaluación positiva" de las primarias y "es bueno tener en claro los desafíos, pero es importante valorar este paso", añadió, además de coincidir en señalar la desconfianza hacia los políticos como el principal factor la poca participación.



En ese marco, han surgido analistas y políticos planteando el regreso al sistema de voto obligatorio, suprimido en 2012.


Bachelet, vetó parcialmente la reforma laboral

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, vetó parcialmente la reforma laboral tras no lograr el apoyo de la oposición para aprobar una reforma constitucional que permitiera revertir un fallo adverso del Tribunal Constitucional en relación a este proyecto de ley.



Bachelet reforma laboral tras no lograr un acuerdo con la oposición. 




La sentencia del máximo tribunal, dictada hace dos meses en respuesta a un recurso presentado precisamente por la oposición conservadora, echó abajo una parte sustancial de la iniciativa del Gobierno.



En las últimas semanas, el Ejecutivo ha intentado, sin éxito, consensuar una reforma parcial de la Constitución para revertir la resolución judicial.



El ministro portavoz, Marcelo Díaz, anunció la decisión de Bachelet en una comparecencia pública a última hora de la tarde del viernes en el palacio presidencial de La Moneda, junto con los titulares de Hacienda,Rodrigo Valdés, y Trabajo, Ximena Rincón.



Díaz acusó a la oposición de carecer de voluntad política para sumarse a una iniciativa aprobada por el Parlamento, lo que impidió que se realizará el cambio constitucional necesario para promulgar las materias cuestionadas por el Tribunal Constitucional.



El pasado 27 de abril, el TC acogió parcialmente los requerimientos de la oposición conservadora para frenar algunos artículos de la reforma laboral que fue aprobada por el Congreso chileno.


Ministra Rincón



Concretamente, el tribunal declaró inconstitucional la titularidad sindical, uno de los puntos fuertes de la reforma, que establecía la exclusividad de los sindicatos para encabezar la negociación colectiva con el empleador, eliminando los grupos negociadores.



Este artículo fue cuestionado por la coalición opositora, al considerar que en la práctica establecía un monopolio de los sindicatos sobre la negociación colectiva.




La decisión de optar por el veto presidencial fue tomada tras un comité político convocado por el ministro del Interior, Mario Fernández, en el que participaron también los ministros de Trabajo y de Hacienda.




Pese a que no se podrá implementar la reforma tal y como la había presentado inicialmente el Ejecutivo, los trabajadores podrán contar con “huelga efectiva, piso (punto de partida) para la negociación, más información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con una extensión pactada de beneficios”, aseguró el ministro Díaz.



“El Gobierno hizo todos los esfuerzos y no se logró construir esos acuerdos”, lamentó la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en tanto que el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, agradeció al bloque oficialista Nueva Mayoría el apoyo recibido y se sumó a las críticas a la oposición.


2016/06/18

Ministro Carroza Dicta Acusación En Contra 21 Agentes de la CNI


El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó acusación en contra de 21 agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado de Lucía Vergara Valenzuela, Arturo Vilavella Araujo y Sergio Peña Díaz, perpetrados el 7 de septiembre de 1983, en Las Condes.


El juez Mario Carroza dictó acusación en contra de 21 agentes .




En la resolución , el ministro en visita sindica como co-autores de los homicidios a los agentes: Álvaro Corbalán Castilla, Aquiles González Cortés, Norman Jeldes Aguilar, Roberto Schmied Zanzi, Sergio Canals Baldwin, Juan José Pastene Osses, Egon Barra Barra, Patricio González Cortez, Luis Torres Méndez, Manuel Morales Acevedo, Luis Gálvez Navarro, Sergio Valenzuela Morales, Juan Olivares Carrizo, Raúl Escobar Díaz, Eduardo Chávez Baeza, Luis Burgos Jofré, Raúl González Fernández, Orlando Torrejón Gatica, Manuel Laureda Núñez, Rafael Riveros Frost y Juan Jorquera Abarzúa,



En la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establecer que: el 7 de septiembre de 1983, agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) -en el marco de operativos organizados para detener a los autores del homicidio del intendente de Santiago, Carol Urzúa, ocurrido una semana antes (el 30 de agosto)- asaltaron una casa de seguridad del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ubicada en calle Fuente Ovejuna 1330, lugar donde se encontraban las tres víctimas.


De este modo, los agentes fueron acusados del delito de homicidio calificado por la muerte de las tres personas que se encontraban en la casona ubicada en Las Condes.

2016/06/16

Ministra Cifuentes, dictó acusación por el homicidio de Patricio Leonel González


La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel para causas por violaciones a los derechos humanos, Marianela Cifuentes, dictó acusación por el homicidio de Patricio Leonel González González -militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez- cometido el día 10 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.


La Ministra Cifuentes 



En la resolución, la ministra Cifuentes responsabilizó como autores del delito de homicidio a Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Pérez Cabezas y Ramón Venegas Arenas.


De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:



"a) Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun (…) por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras (…), dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.



b) Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, mediante intimidación (…), el día anterior, en la comuna de Providencia.



c) Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 "Puente Alto", el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon, se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes (…)



d) Que, ante lo ocurrido, lograron descender del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.



e) Que, sin embargo, el conductor Patricio González González, resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur-oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.



f) Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax (…) lesiones que le causaron la muerte.



g) Que, tras lo acontecido, se alteró el sitio del suceso, ya que la víctima fue situada en el asiento delantero derecho del móvil, lugar en que fue encontrada por oficiales de la Brigada de Homicidios y fotografiada por un perito del Laboratorio de Criminalística de la misma institución.

2016/06/15

Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral

La Sala respaldó en forma unánime la iniciativa que modifica la ley N°19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en materia de límite a los montos de los aportes que efectúan los candidatos a concejal en sus campañas.

Imagen foto_00000015En condiciones de ser remitido para su proceso de promulgación como Ley quedó el proyecto que establece la modificación al inciso 6° del artículo 9 de la Ley de Trasparencia, Límite y Control de Gasto Electoral que regula los límites a los montos sobre los aportes propios que pueden efectuar los candidatos a concejales.



Ello, luego que la Sala respaldara por unanimidad la iniciativa. En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Ena Von Baer, Juan Antonio Coloma, José García Ruminot y Alejandro Navarro.


VON BAER




“Al dictarse la ley n° 20.900, se modificaron diversos cuerpos legales en los que se encuentra la ley n° 19.884 sobre Trasparencia, Límite y Control del Gasto Electoral. Una de aquellas modificaciones remplazó el artículo 9° en su inciso 6° donde se limitaba el aporte propio de los concejales hasta en un 25% del gasto electoral permitido y establecer 50 UF en beneficio de aquellos candidatos de comunas pequeñas. Sin embargo la redacción conspiró contra ese propósito. El cambio fue respaldado por el Ejecutivo que presentó una moción para adecuar los límites de los aportes del concejal”.



COLOMA



“Quiero hacer una autocrítica al Senado sobre este punto. Lamentablemente como está este vértigo de que hay que aprobar todo rápida y darle para adelante, ese planteamiento se hizo, dije que este límite iba a ser muy absurdo en comunas pequeñas. Me parece que está bien (la modificación), pero es lo mismo que propusimos aquí en el Senado. Quiero simplemente no dejarlo pasar para que en el futuro no haya que enmendar lo que por vértigo quedó aprobado”.




GARCÍA RUMINOT



“Integro la comisión que analiza y estudia los proyectos y puedo dar fe de que así fue el acuerdo que tuvimos con el Ejecutivo. Normalmente los candidatos a concejales de comunas pequeñas no piden financiamiento a nadie, quizás para gastos de bencina, pero muchas veces esa cifra podía significar que quedaran en una situación de atropello de la ley, por eso dijimos con el Ejecutivo que existiera la posibilidad de las 50 UF, pero lamentablemente la redacción quedó mal hecha, quedó como techo cuando en realidad era el piso”.



NAVARRO



“Mencionar un hecho transversal. La inclusión de los concejales a la ley del lobby ha traído más que beneficios a la aplicación de la ley, por lo que sugiero que junto a aprobar esto, podamos ver cómo lo hacemos para que los concejales estén bajo la ley del lobby como lo están otras autoridades”.

2016/06/11

Chile pide a La Haya bloquear posibles acciones de Bolivia en el Silala

El canciller Heraldo Muñoz anunció que Chile pidió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya bloquear cualquier eventual acción de Bolivia sobre el río Silala.



635x300heraldomunoz.jpgHeraldo Muñoz, caciller de Chile.





"Le hemos pedido a la Corte que no se realicen acciones que puedan afectar cualitativa o cuantitativamente el cauce de este río y se exigirá que Bolivia nos notifique de cualquier acción en este sentido", puntualizó Heraldo Muñoz.


El pasado lunes Chile se anticipó a una eventual acción del Gobierno de Evo Morales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y decidió presentar una demanda contra Bolivia para que el tribunal de la ONU determine si el Silala es un río internacional cuyas aguas deben compartir ambos países.

Temores




Chile temía que en algún momento Bolivia impidiera el flujo de las aguas del Silala hacia su territorio y por eso decidió activar una demanda ante la CIJ para cuya presentación la Cancillería afirma que ha recopilado datos durante dos décadas.


Asimismo, el canciller informó que próximamente se reunirá el agente y el coagente de Chile en la Haya para determinar los plazos de la presentación de la memoria con todos los argumentos.


Bolivia sostiene que el Silala, situado en la región andina es un conjunto de manantiales cuyas aguas se desviaron hacia Chile por un sistema de canales artificiales.


Por su parte, Chile asegura que Bolivia reconoció el Silala como río internacional hasta 1997, año en el que cambió sus argumentos y empezó a defender la tesis de los manantiales desviados por Chile.


En 2009 ambos países estuvieron a punto de llegar a un acuerdo para determinar el uso compartido de las aguas del Silala, pero no se alcanzó un pacto.


En marzo de este año, el presidente boliviano, Evo Morales, anunció que su país presentaría una nueva demanda contra Chile por lo que definió como "el robo de las aguas del Silala" y anunció una serie de acciones para que el río no fluyera hacia Chile, país que finalmente se anticipó y demandó al país andino.

2016/06/09

Chile:Alza del plan de las Isapres por canasta GES

Los congresistas retomarán el tema cuando pongan en tabla la revisión del proyecto que reforma el sistema privado de salud. Por ahora, se mostraron sorprendidos con los cálculos que realiza la industria para solventar los incrementos.


Alza del plan de las Isapres por canasta GES: Comisión de Salud escucha explicaciones del sector



Una primera mirada al alza que aplicarán las Isapres a sus planes de salud, dieron los integrantes de la Comisión de Salud. Ello luego de conocer de boca de representantes de estos organismos, el detalle de dichos montos, considerando que el próximo 1 de julio comenzará a regir un nuevo decreto Auge.




La presidenta de esta instancia, la senadora Carolina Goic se mostró sorprendida con la diferencia que existe entre el estudio de verificación de costos emitido por la Universidad de Chile con lo que efectivamente aplican las Isapres. “El costo real de las prestaciones Auge es 2,99 Unidades de Fomento (UF), mientras que se está cobrando 5,2 UF, se trata de un aumento significativo e inentendible”, aclaró.



Tras escuchar la exposición de la Asociación de Isapres, la legisladora cuestionó la claridad de los antecedentes, puesto que “estaban desactualizados, lo que genera confusión. Creo que lo mejor es ver los índices cuando estén todas las enfermedades en régimen”.



Respecto de esta situación, la legisladora reconoció que “por ahora debemos abocarnos a votar en particular la ley de medicamentos 2, tras lo cual nos hemos comprometido a reabrir este capítulo cuando pongamos en tabla la reforma al sistema de Isapres”.



“No hay que olvidar que en el marco de ese proyecto, se debe establecer una prima única universal que no esté influenciada por otros factores como se observa hoy. He hecho la única forma en que actualmente se resuelven esos cobros arbitrarios es la vía judicial”, recordó.



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En la misma línea, el senador Fulvio Rossi declaró no entender el sistema de cobros. “No se puede justificar una alza promedio de un 40% de la prima individual, en circunstancia que el decreto que entra en vigencia no incrementa las patologías Auge”, planteó.



“Fue útil contar con la presencia del Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, quien nos explicó que hoy 2,7 pesos se entregan al Auge y las Isapres gastan solo uno. ¿Qué pasa con ese excedente?”, consultó.



ISAPRES EXPLICAN




El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes; y el gerente de estudios de la misma entidad, Gonzalo Simón explicaron el efecto que ha tenido el plan Auge, en el mundo privado más conocido como Garantías Específicas de Salud (GES), en su gestión.



Los ejecutivos aseguraron que en los últimos ocho años, las prestaciones GES se han visto incrementadas cada año en un 26%. “Hoy las Isapres bonifican las garantías GES y adicionalmente se entrega la Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAE) No solo cubrimos las 80 enfermedades que contempla el actual decreto, sino que también avanzamos en los protocolos del Minsal. Por ejemplo, el GES cubre el infarto al miocardio, pero no el tratamiento que debe aplicarse después. Eso último es CAE. Esta cobertura incrementa el costo del GES –en promedio- en un 10%”, graficó Simón.



“En los últimos 10 años hemos entregado mil quinientas atenciones GES, de los cuales 200 mil casos se han incorporado en el último año. Desde el 2005 hemos entregado más de 50 millones de prestaciones. Dentro de las enfermedades que han aumentado su incidencia están el VIH Sida, la diabetes mellitus tipo 2, el linfoma y el cáncer colorrectal”, aseguró.



Respecto a los costos, se indicó que las Isapres reciben el arancel que fija el Minsal, el que se estima de acuerdo a los gastos que realiza el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). “El 20% de este costo es pagado por las personas, pero en el caso de la salud privada, los costos son mucho más elevados. La aproximación que hace la autoridad es bajísima en relación a lo que nosotros invertimos. En nuestro caso el copago no es un 20% sino un 6%. Entregamos una cobertura de un 94%, mucho más alta que un 80% del sistema público”, planteó.



Una demanda que hizo este sector fue valorar las prestaciones GES desde la realidad. “La Superintendencia de Isapres no ha definido nuestra contabilidad, en relación al GES, como un centro de costos. Nosotros necesitamos que se haga porque nosotros gastamos mucho más de los que indica el decreto en cada beneficiario”, solicitó Caviedes.



ERRORES DECRETO AUGE




En sesiones pasadas, los legisladores conocieron los errores que se cometieron en el decreto Auge vigente. El documento que regirá a partir del 1 de julio, rectificará las equivocaciones cometidas en 40 de las 80 patologías del programa.

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Según explicaron autoridades el Ministerio de Salud (Minsal), esto se debe a que en el decreto Auge de 2013 -elaborado en el gobierno pasado- se cambió la metodología con que se calculaba el arancel de referencia del programa.



El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, sostuvo que desde el inicio del programa, en 2005, este arancel se construyó en base a la estructura de costos del Programa de Prestaciones Valoradas (PPV) -precio de las atenciones y procedimientos que se realizan en los hospitales-, con un ajuste del 30% para asumir el cambio tecnológico, inversión en infraestructura y equipamiento clínico, y hacerlo más acorde a los costos reales del sistema privado.



En 2013, según explicó la autoridad, en lugar de un ajuste del 30%, se aplicó un 9%, lo que habría favorecido a que las Isapres “no tuvieran aumento importante de prima y no hubiera aumento de copago consistente con el aumento de arancel”.



En el nuevo decreto, sin embargo, se retomó la metodología original, lo que implicaría “un aumento del copago en el sector privado al poner el costo real de las prestaciones, que no se hizo en el decreto de 2013”, explicó la directora de Fonasa, Jeanette Vega, quien agregó que, a raíz de dichos cambios, faltó un reajuste en el arancel de 29 mil millones de pesos en el área privada.



La ministra de Salud, Carmen Castillo, indicó que “el aumento de las primas Auge de isapres lo vemos con preocupación porque es un impacto al pago mensual de los afiliados”.

2016/06/08

Inician Hoy Votación Que Desmunicipaliza la Educación Publica

En la jornada de ayer fueron presentadas las últimas indicaciones del Ejecutivo, la gran mayoría de las cuales vienen a corregir materias sancionadas por la comisión técnica. Una de las novedades lo constituye una extensión de la vigencia del Fondo de Fortalecimiento de la Educación Pública al año 2022, con el objeto de apoyar los traspasos.







Concluido el período de debate y audiencias, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados iniciará hoy, en su sesión ordinaria de las 15:00 horas, la votación del proyecto que crea el sistema de educación pública, más conocido como desmunicipalización.

En la jornada de ayer, el grupo de parlamentarios recibió de parte de los Ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Educación, Adriana Delpiano, la explicación de las últimas indicaciones presentadas por parte del Ejecutivo, las cuales, en su gran mayoría, vienen a corregir materias sancionadas por la comisión técnica, hecho motivó al inicio de la sesión un amplio debate relativo a la real competencia de la instancia para evaluar dichos cambios.

Al respecto, la Ministra Delpiano indicó que algunas de las indicaciones obedecen a materias que, durante el debate en la Comisión de Educación, fueron sancionadas pese a que no había competencia para hacerlas, porque eran iniciativa del Ejecutivo. Explicitó que, en este ámbito, en algunas de las propuestas fueron acogidas en su fondo, aunque planteándose una redacción distinta.

"Creo que ha sido una buena experiencia ver todas las indicaciones, las explicaciones tanto del Ministro de Hacienda como mía sobre la razón y fundamento de cada una de las indicaciones y mañana (hoy) el compromiso es empezar a votar los artículos de esta ley muy importante que esperamos pueda salir lo antes posible", planteó al término de la sesión.

Tanto la Ministra Delpiano como el Ministro Valdés resaltaron durante la explicación de las indicaciones que algunos de los cambios propuestos por la Comisión de Educación que no fueron apoyados por el Gobierno tenían un claro impacto fiscal y que la idea era volver al concepto presentado en el proyecto original. En este punto se incluyen, por ejemplo, la forma de la designación del director de Educación Pública y las atribuciones de los Consejos Locales (se propone mantener su carácter meramente consultivo y asesor).

Según resaltaron los Secretarios de Estado, entre las indicaciones solo existe una materia nueva que viene a afectar el informe financiero de la propuesta original presentada por el Ejecutivo, la que dice relación con una extensión de la vigencia del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Explicaron que el FAEP, constituido a través de la Ley 20.845 (de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales), consideró un aporte anual de 250 mil millones de pesos en los cuatro años de vigencia (2016, 2017, 2018 y 2019). 



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"Lo que estamos haciendo es prolongarlo hasta el 2022, pero en un marco decreciente, pero igualmente es un gran aporte que va a ayudar a lo que es la instalación de la educación pública. Es decir, el FAEP va a acompañar todo el tiempo que dura el traspaso de los colegios desde los municipios hacia los servicios locales y si eso se puede hacer con mayor calidad y mayor apoyo, eso es muy importante", recalcó la Ministra.



Reacciones



El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Manuel Monsalve (PS), resaltó que este es un proyecto muy importante, "porque la gente que está en sus casas quiere que sus hijos reciban mejor calidad en la educación en las escuelas públicas, en los liceos públicos y eso requiere de varias medidas".

Recordó que esta iniciativa legal cambia la institucionalidad, derivando el manejo de los establecimientos desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación, que se van a dedicar únicamente a mejorar la gestión técnica, administrativa, financiera y pedagógica de los establecimientos de educación pública de Chile.

Respecto de la competencia para analizar el paquete de indicaciones del Gobierno, dijo que, después de escuchar de parte de los Ministros de Hacienda y de Educación la explicación de cada una de las propuesta, la única conclusión es que todos los cambios planteados por el Ejecutivo tienen relación con la administración financiera y presupuestaria o con el gasto público, por lo que corresponden, en su totalidad, a la competencia de la Comisión.

El legislador destacó del conjunto de las indicaciones presentadas por el Gobierno la prolongación de la vigencia del FAEP. "Son 250 mil millones de pesos destinados a la educación pública que tenía vigencia para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. El 2020 ya no había Fondo y hemos logrado una indicación por la cual el Ejecutivo va a colocar 200 mil millones de pesos en 2020; 150 mil millones de pesos en 2021; y 100 mil millones de pesos en 2022. Son 450 mil millones de pesos que no tenía la educación pública y que a partir del acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno van a ser destinados a este tema", enfatizó.

El diputado señaló que espera que también se resuelva adecuadamente el tema de los 61 mil trabajadores asistentes de la educación que laboran en los establecimientos de educación pública de Chile. "La idea es que, cuando sean traspasados, tengan la garantía de tener un estatuto laboral propio que fije sus condiciones laborales y salariales. Esperamos que mañana, entre las indicaciones que ingrese el Ejecutivo, esté una en esta línea", acotó.

Finalmente reiteró su apoyo a la iniciativa y valoró las mejoras que se están acordando en el marco de las conversaciones en la instancia. "Creo que el logro de más recursos y garantías es algo que estamos consiguiendo en la Comisión de Hacienda, lo que me parece muy importante", puntualizó.

Por su parte, el diputado Felipe De Mussy (UDI) dijo que le llamó la atención que muchas de las propuestas del Gobierno, de una manera u otra, fueron temas ya sancionados por la comisión técnica y que hoy se tratan de reponer en su idea original. "Eso es un tema que tendremos que analizar", evaluó al término de la sesión de ayer.

Respecto del fondo de las indicaciones, planteó que hay algunas cosas que tienen alguna lógica y que comparten como sector, pero remarcó que, pese a estar a favor de buscar una desmunicipalización, cree que "este no es el proyecto adecuado".

Cabe mencionar que la cita de hoy, convocada hasta las 17:00 horas, no está contemplada hasta el total despacho del proyecto, pero, según adelantó el diputado Monsalve, no se descarta la posibilidad de citar a una nueva sesión para mañana, en caso de que no se alcance a concluir con las votaciones en el día de hoy.


2016/06/07

Corte Condena Agentes Dina Por Tortura en Centro de José Domingo Cañas


En fallo unánime, Quinta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.



Fernando Eduardo Lauriani Maturana





La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos reiterados de aplicación de tormentos en contra de Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, ilícitos perpetrados entre el 22 o 23 de septiembre y el 5 de octubre de 1974, en el centro de detención clandestino de José Domingo Cañas.



Basclay Humberto Zapata Reyes, miembro de la Brigada Aguila de la DINA






En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Javiera González Sepúlveda y Ana María Hernández Medina– confirmó la sentencia apelada que condenó a 5 años y un día de presidio a Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana.



Ricardo Victor Lawrence Mires
Teniente Coronel de Carabineros





En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile a pagar una indemnización por daño moral ascendiente a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada víctima.


Chile:Obstetras, médicos y matronas están a favor del aborto

Los senadores continuarán la ronda de audiencias en los próximos días, tras lo cual deberán votar la idea de legislar. Una vez zanjado aquello, la Sala hará lo propio.


Imagen foto_00000014Una mirada médico-jurídica tuvieron los integrantes de la Comisión de Salud respecto al proyecto que regula la despenalización del aborto en tres causales, que se encuentra en segundo trámite.



Esto luego de escuchar a facultativos y profesionales que deben intervenir en estos procedimientos, y a especialistas de la Sociedad Civil que analizan desde la óptica del derecho esta posibilidad.



Durante la sesión, los legisladores conocieron las encuestas realizadas por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología; el Colegio Médico; y Colegio de Matronas y Matrones, a sus integrantes. ¿Estaría a favor de practicar o intervenir en un aborto en el caso del riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o ante una violación? fue la pregunta central.



Mayoritariamente los profesionales se mostraron a favor de estas causales, haciendo ciertas salvedades relacionadas a procedimientos y protocolos. En tanto, los congresistas conocieron el parecer de entidades como la corporación Humanas; y la organización Idea País que se encuentran en los extremos argumentales.



ENCUESTA A OBSTETRAS





El presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazzal presentó una encuesta del gremio en relación a la norma. “En Chile existen mil 100 profesionales acreditados, de ellos un 60% son parte de nuestra sociedad. Les aplicamos la encuesta el 2015, preguntando por las tres alternativas del proyecto de ley”, explicó.





“En el caso del riesgo de vida de la madre, un 61% de los encuestados se mostró favor de una aborto; mientras que cuando hay inviabilidad fetal, un 66% declaró estar de acuerdo al procedimiento. Es distinto el panorama en la tercera causal, porque sólo un tercio de las personas que respondieron indicaron que sí avalan la interrupción”, aclaró.




En cuanto a cifras, Nazzal hizo énfasis en la necesidad de cuantificar las potenciales afectadas. “Cada año se registran entre 50 y 60 casos de mujeres que ven en riesgo su vida por su embarazo; y son entre 700 a 800 los casos de fetos que vienen con malformaciones que hacen vulnerable su vida”, aseguró.



DEFINIENDO ROLES





El presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique Paris reconoció que conciliar la voluntad de la madre con la vida de su hijo es un verdadero dilema para los médicos. Citó documentos de la Asociación Médica Mundial, por ejemplo indicando que “no es función de la profesión médica fijar las reglas del juego en este contexto, sí lo es asegurar la protección de los pacientes”.





Respecto a la propuesta del gremio, el profesional también mencionó una encuesta entre sus asociados. “En cuanto a la primera causal, estamos de acuerdo con la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Cuando hay inviabilidad fetal, creemos que hay que respetar la voluntad de la madre sea continuar con esa vida o no. De todas formas creemos que un especialista debe determinar esas complicaciones, nunca un médico general”, hizo ver.




En relación a la causal de violación, el doctor Paris mencionó la necesidad de contar con un acompañamiento multidisciplinario. “Los médicos podremos describir las lesiones, pero no nos corresponde constatar una violación. Esa esa tarea de las policías. Debe respetarse la confidencialidad y la objeción de conciencia”, aclaró respecto al rol de los facultativos.



UN PASO ADELANTE





La presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, Anita Román aseguró que “cada año mueren en Chile unas 50 mujeres, 5 de las cuales fallecen por un aborto inseguro. En nuestro país, el aborto es un hecho de la causa y como se hace en forma clandestina genera un riesgo sanitario innecesario. Felicitamos al Gobierno por la presentación de esta iniciativa que es un paso adelante”.





En relación a las mujeres violadas, “el proyecto no obliga a abortar pero sí le da seguridad sanitaria a aquellas que prefieran hacerlo. Siempre se habla de violaciones que se llevan a cabo en sitios eriazos, pero no se profundiza en la mayor parte de estos casos que se dan al interior del hogar. Los familiares son los victimarios que atacan en forma consecutiva. A estas mujeres, el proyecto va a proteger”.




La profesional admitió que “el Código del Trabajo no cuida a la mujer, porque hay que reconocer el porcentaje de mujeres que hoy se ven obligadas a abortar porque no tienen la seguridad laboral para seguir con esa vida. Nadie habla de esto y creo que hay que visibilizarlo”.




EUFEMISMOS







Imagen foto_00000016El representante de la organización Idea País, Antonio Correa mencionó algunos errores en que incurriría el proyecto de ley. “Hay eufemismos como cuando se usa el término interrupción si en realidad estamos frente al término de una vida. Se dice que es una despenalización, pero en realidad se está discutiendo garantizar un derecho”, ejemplificó.



“Respecto del supuesto que las mujeres van a la cárcel por hacerse un aborto, quiero hacer ver que solo hay 6 juicios por esta causa y en ninguno se ha condenado a una mujer. Es más ninguna condena alude a estas tres causales. El proyecto asegura que se hacen 32 mil abortos por año, pero nuestros cálculos hablan de no más de 18 mil”, planteó.



En cuanto a la necesidad de acompañamiento, Correa criticó la actitud del Ejecutivo respecto a los fondos que se destinan para este fin. “El proyecto habla de mil 600 millones de pesos; mientras que nuestros estudios nos indican que se requieren no menos de 23 mil millones de pesos para hacer un proceso efectivo”, mencionó.



DERECHOS HUMANOS





El representante de la corporación Comunidad y Justicia, Cristóbal Aguilera, desde un punto de vista jurídico cuestionó la norma en debate. “Creemos que esta discusión es infructífera porque las partes no van a poder ponerse de acuerdo. Representamos la opinión del senador Guido Girardi, quien considera que estas audiencias solo demoran la votación”, aclaró.





El jurista explicó que “las premisas que acá se analizan son muy profundas, más de lo que parece. Las diferencias son radicales porque tienen un cariz antropológico y metafísico”. A su vez, Aguilera hizo un parangón entre los derechos humanos y el derecho positivo.




“Los derechos humanos son anteriores al Estado. Acá el proyecto crea el derecho de abortar en tres circunstancias y queda en manos de la mujer el estatus jurídico que se le entrega al que está por nacer. Así el Estado renuncia a proteger el derecho de todos, es más, derrumba toda noción de derechos humanos. El aborto sería el primer paso para la pérdida del sentido humano”, enfatizó.




ROL DE LA MUJER





La representante del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Camila Maturana recordó que este proyecto forma parte de una promesa de campaña de la actual administración y también responde a las obligaciones que tiene pendiente Chile, con organizaciones internacionales.





“Tutelar la sexualidad de la mujeres es el tema. Hoy se deja en un segundo plano nuestro rol como mujeres porque se nos reduce biológicamente. No queremos que se confunda el derecho y la moral porque todo indica que un sector quiere obligarnos a actuar de determinada manera. Chile es un estado laico, no hay que olvidarlo”, dijo.




En cuanto a la actual legislación, Maturana insistió en que “hoy se respetan los derechos de las personas, es decir de los nacidos. Los embriones no son personas. La Constitución es clara, se protege la vida del que está por nacer”.




SENADORES PREGUNTAN






Tras escuchar las exposiciones, el senador Francisco Chahuán consultó a las organizaciones que hicieron encuestas a sus afiliados, datos que apunten a dar credibilidad a dichas mediciones. Asimismo, aseguró que la praxis médica no condena a un profesional que por ayudar a una mujer embarazada en riesgo, se ve involucrado en la muerte del que está por nacer. También solicitó tener mayores antecedentes respecto del plan de acompañamiento diseñado por Idea País.





Luego, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe preguntó por el recurso humano y técnico que se requiere para hacer un adecuado diagnóstico de una enfermedad fetal. “Me gustaría saber si existen los medios adecuados y a partir de qué edad se hace este estudio. Son consideraciones importantes”, aseguró junto con plantear que en el caso de la primera causal, “tengo la sensación que se abre más la puerta al aborto de lo que se está reconociendo”.




Finalmente, el presidente accidental de la Comisión, el senador Ignacio Walker, respecto de la inviabilidad fetal, hizo ver la pertinencia de hacer un diagnóstico certero. A la corporación Humanas, el legislador consultó cómo ellos definían al embrión o feto. A su vez, reconoció que conciliar posturas es difícil pensando que “unos defienden a la mujer y otros al que está por nacer. Extraño que no se estudie el contexto que es una mirada pertinente”.