En los últimos días, las calles de Brasil se han colapsado por las manifestaciones (programadas y espontáneas) defendiendo a Dilma y a Lula o, por el contrario, exigiendo el tan frecuente lema latinoamericano: Que se vayan todos.
La avenida Paulista, la principal de esa inmensa y devoradora ciudad que es São Paulo, es tan extensa que uno puede encontrarse las cosas y personajes más imprevisibles a cada metro. Los domingos se cierra para dar paso a los peatones y a las bicis, a la vida familiar y a las parejas, a los skaters, a los corredores sudorosos que presumen de abdominales, y por supuesto, a la música. Al final es verdad aquel estereotipo de que los brasileños llevan la fiesta en la sangre, parece que la alegría es un invento suyo. Un grupo de jóvenes y no tan jóvenes toca los bombos, mientras otros agitan el shekere (agbe, en portugués) con una destreza hipnótica. Es un instrumento de percusión africano, una calabaza seca envuelta con cuentas de colores tejidas en un red, que al agitarse generan un sonido penetrante que hace bailar hasta a las aceras. Otro metro y un grupo de rock: jóvenes flaquísimos con pantalones de pitillo tocan sus mejores canciones con voz de ultratumba, mientras un mendigo deja una pesada bolsa en el suelo y en el medio del espontáneo escenario empieza a bailar. Otro metro y un puesto de mazorcas hervidas que un turista compra sin saber muy bien por qué.
Era evidente que aunque no hubiera manifestaciones programadas, algo iba a suceder en la avenida Paulista. Brasil está convulsionada desde que el pasado viernes 4 de marzo, cuando la policía, por orden del juez federal Sérgio Moro, fue a la casa del expresidente Lula para llevarlo a declarar acusado de corrupción en el caso de Petrobrás.
En la entrada de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) hay unas cuantas tiendas de campaña coronadas por un monigote de Lula, en cuya pierna cuelga un grillete. Un pato hinchable de un tamano descomunal dice: Naovoupagaropato.com.br, en alusión a una página que junta firmas en contra del aumento de impuestos. Desde lo alto del edificio y en todos los postes de la avenida ondean banderas de Brasil, mientras que otras protegen los hombros descubiertos de quien lleva de pie y tocando el silbato unas cuantas horas y tolera cada vez menos la impertinencia del viento, en una ciudad que se niega a sentir frío. Pancartas, caretas, un cartel dedicado a Sérgio Moro, en el que sostiene una jaula de pájaro con una caricatura de Lula dentro, mientras que otro que dice: «Moro, Brasil está contigo»...Y por encima de todo, el grito inagotable de la gente: «Fuera Dilma», «Fuera PT», «Fuera Lula».
Celio Cruz trabaja en una empresa de seguros, tiene 50 años y recuerda una y otra vez que se trata de una manifestación espontánea. «Nosotros no pertenecemos a ningún partido, somos ciudadanos que venimos a manifestarnos». Dice que el problema es la corrupción, todo el dinero que, a su juicio, se ha robado el gobierno de Dilma Rousseff, sucesora de Lula, y el propio Lula y que ha llevado al país al caos. No es su voz precisamente la de los que defienden que el país ha mejorado con el Partido de los Trabajadores, la de los acérrimos defensores de Lula y Dilma, que les ponen el distintivo de haber reducido las cifras de pobreza y haberle dado una oportunidad a los menos favorecidos: «Gracias a Lula los pobres han podido acceder a la Universidad, esto es una maniobra para sacarlo del poder, parece mentira que la gente que lo critica de corrupción sean los mismos que están envueltos en escándalos de corrupción», lamenta Fernando Fernandes, profesor de música, refiriéndose a Aécio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), en la oposición, y acusado de corrupción por Delcídio do Amaral, senador del PT que fue detenido en noviembre de 2015 por su participación en la red de Petrobrás. Algo parecido al caso de Eduardo da Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, adversario de Rousseff, y que fue denunciado por Amaral y hace escasos días por el procurador Rodrigo Janot, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
«Nosotros no defendemos a ningún político y si cometen delitos deben todos rendir cuentas a la justicia», explica Reinaldo Esquivel, de 41 años, que participa en las marchas en contra del PT y que lamenta las mentiras acerca del bienestar que en teoría Dilma y Lula le dieron al país. «Hay inflación, hay paro, yo no estoy trabajando; Brasil ya no es un país para vivir», lamenta. No niega que se ha hecho una labor social pero considera que ha sido más bien una campaña de marketing que ha llegado a poca gente. «Se hicieron obras en el norte, que es una de las zonas más pobres, pero no fue suficiente, se destinó poco dinero porque al final se lo robaron todo; funcionó como campaña de marketing, para conseguir votos», asegura Esquivel, que así justifica por qué pese a los escándalos, el PT sigue en el gobierno.
Otro de los protagonistas de esta enorme convulsión que vive Brasil en tan solo quince días es el juez Sérgio Moro, que instruye el caso. «Todo esto es una guerra política, y Moro quiere quitar de en medio al PT para poner a algún amigo suyo del PSDB», asegura Fernandes. «Moro es un funcionario público que está haciendo su trabajo, es la primera vez que en Brasil estamos viviendo algo así», defiende Esquivel. A su lado, Eliana, una china con un perfecto acento portugués dice: «Llevo 50 años en Brasil, esta es mi patria y Dilma tiene que irse, se lo han robado todo, son lo peor que ha tenido este país, si sigue en el poder, Brasil se convertirá en Venezuela».
La policía intenta dispersar a la gente de la avenida Paulista. El domingo va llegando a su fin y los coches vuelven a circular. O al menos lo intentan, ya que se crea una caravana lenta porque los manifestantes detienen los coches y arengan a los conductores para que sigan sus cánticos, que la mayoría acompaña con bocinazos. En la inmensa fachada del edificio del FIESP, mientras Sao Paulo se niega a dormir, aparece en luces de neón la bandera de Brasil, que deja de titilar para dar paso a la gran palabra que hoy paraliza el país: impeachment, proceso de destitución abierto en el Congreso contra Rousseff por maniobras fiscales (que no la causa de Petrobras) si en 45 días no consigue reunir los aliados necesarios.
Fuente:ABC Internacional
