Ola de violencia contra candidatos en Brasil

La ola de violencia contra políticos se ha intensificado en los últimos días en Brasil con la muerte por homicidio de varios aspirantes a concejales y alcaldes.

El lunes, el presidente de la escuela de samba de Portela, una de las más tradicionales del carnaval de Río de Janeiro, Marcos Vieira de Souza, quien era candidato a concejal, fue asesinado por pistoleros en su comité de campaña. El asesinato dejó en shock a los cariocas, sumado el hecho de que imágenes de su cadáver circularon por Whatsapp. A su entierro acudieron varios sambistas.

Este miércoles, el candidato a la Alcaldía del municipio brasileño de Itumbiara José Gomes da Rocha y uno de sus guardaespaldas murieron tiroteados durante un acto político a cuatro días de las elecciones municipales, en un ataque en el que resultó herido el vicegobernador de Goiás, José Eliton, que será trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos.

José Gomes da Rocha

Expertos consultados advierten que el crimen organizado participa de forma activa en el proceso de elecciones municipales que vive Brasil con el objetivo de aumentar sus recursos, consolidar su poder protegerse frente a la acción de la Justicia.

"En Río de Janeiro grupos al margen de la ley y paramilitares han participado activamente en el proceso electoral. Nos preocupa que el crimen organizado esté implicado en la financiación de las elecciones y que se organicen políticamente", afirmó recientemente el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes.

La situación que denunció Mendes es especialmente preocupante en zonas como la Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, donde la violencia política se ha agudizado en vísperas de las elecciones municipales del 2 de octubre por la acción del crimen organizado y de las llamadas "milicias", policías corruptos que decían combatir el narcotráfico pero han pasado a controlar por la fuerza amplios territorios en zonas empobrecidas.

"En el pasado algunos grupos criminales llegaron a presentar a sus propios candidatos, pero esa notoriedad provocó una reacción por parte de la sociedad, lo que incidió en las fuerzas de seguridad, que acabaron luchando con más ahínco a esas bandas", señaló el coordinador do Grupo de Actuación Especial de Lucha contra el Crimen Organizado (GAECO) de Río de Janeiro, Cláucio Cardoso, que investiga la violencia política en el estado. 

En la actualidad, agregó, estos grupos ya no presentan candidatos sino que apoyan a personas de confianza, ya sea financieramente o mediante el uso de la violencia contra sus adversarios. 

"Esto genera un auténtico asedio a los posibles candidatos en los meses previos a las elecciones", admitió Cardoso, que subrayó que el móvil último de las bandas criminales y las milicias es económico.

"Los criminales buscan el dinero, no tienen ideología", y ese afán de "enriquecimiento" es compartido por las facciones criminales, las milicias y las tramas de corrupción política, dijo.

Las organizaciones violentas crecen gracias al control de las favelas, núcleos urbanos pobres sometidos por narcotráficantes y bandas que cobran comisiones por el suministro del gas, electricidad, internet o seguridad.

"Una comunidad, aunque tenga poca renta, consume y puede ser una fuente inagotable de ingresos", añadió Cardoso. 

La búsqueda de financiación salpica también a las elecciones mediante la llamada "tasa electoral" que el crimen organizado cobra a los candidatos para permitirles hacer campaña en sus zonas de control y que oscila entre los 15.000 y los 20.000 reales (de 5.000 a 6.500 dólares), según denunció este miércoles el diario O Globo. 

Además, explicó fe el coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Ignacio Cano, durante décadas "la política fue la manera de protegerse frente a procesos legales". 

Según datos de la UERJ, una quinta parte de la población brasileña vive en territorios controlados por facciones criminales, lo que "coarta la libertad" de los votantes, ya que es "ilusorio" pensar que se puede controlar la situación en esas áreas durante la campaña electoral, relató Cano. 

Según el experto, las milicias, grupos vinculados con las fuerzas de seguridad que en ocasiones "son una evolución de antiguos grupos de exterminio", son las más interesadas en acceder a los organismos públicos porque "tienen una mayor estrategia; el traficante de drogas, generalmente, no tiene una gran formación intelectual y carece de capacidad organizativa".

El objetivo de estos grupos paramilitares es "juntar el viejo clientelismo con una nueva violencia coercitiva", que a veces es practicada contra los políticos y otras por los propios políticos, añadió.

Los casos de violencia política se multiplican en todo el país, como el de Túlio Bandeira, candidato a la alcaldía de Foz do Iguaçu (Paraná), que fue detenido hace un par de semanas acusado de asociación criminal con invasión de tierras y extorsión.

Otros casos, como el Carlos Macedo, concejal suplente del Niteroi que contrató a un sicario para asesinar al titular y acceder a su cargo, o el del alcalde de Paraty, Carlos José Gama Miranda, que recibió un disparo en la cabeza por una disputa sobre unos terrenos públicos, evidencian que la política en Brasil es una profesión de alto riesgo.

"Es cierto que es arriesgado meterse a político", concedió Cardoso quien, no obstante, quiso mostrarse optimista al considerar que "son casos puntuales que no comprometen el sistema electoral".

  

Corte Confirma Condena De Agentes De La Dina Por Secuestro Calificado

La Corte Suprema confirmó la condena de cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Amelia Bruhn Fernández, ilícito perpetrado a partir del 4 de octubre de 1974, en la Región Metropolitana.

En fallo dividido , la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Miilton Juica, Carlos Künsemüler, Haroldo Brito, Lamberto Cisterrnas y Jorge Dahm- ratificó las penas dictadas en contra de Miguel Krassnoff Martchenko, de 7 años de presidio; y César Manríquez Bravo, Orlando Manzo Durán y Ciro Torré Sáez, a 5 años y un día de presidio.

El fallo de primera instancia, dictado por el ministro en visita Mario Carroza, dio por establecido que al mediodía del 4 de octubre de 1974, "(…) agentes armados vestidos de civil pertenecientes a la DINA, brigada "Caupolicán", grupo "Halcón", luego de allanar el departamento donde vivía la víctima Amelia Bruhn Fernández, fueron a buscarla a su lugar de trabajo, una empresa de decoración de interiores, ubicada en calle Catedral Nº 2808 de Santiago Centro, y al enterarse por el dueño de la empresa que concurriría más tarde, los agentes deciden esperarla y al llegar la detienen junto a una amiga que la acompañaba, las interrogan y luego las trasladan al centro de reclusión clandestino de calle José Domingo Cañas, denominado cuartel Ollagüe (…)".

En el cuartel, continúa, "(…) las someten a torturas e interrogatorios, al día siguiente dejan libre a su amiga y a ella, luego de intensos interrogatorios, la llevan al centro de prisiones secreto de Cuatro Álamos, donde la mantienen en una celda junto a otras detenidas, en calidad de incomunicadas, posteriormente vuelven a llevarla a José Domingo Cañas, hasta que un día, sus compañeras se dan cuenta que unos agentes van a buscarla a ese lugar y una vez que la identifican, le señalan que no es necesario que lleve nada porque regresaría, pero la traslada a un destino desconocido, siendo esa oportunidad, la última vez que la ven con vida".

Lamberto Cisternas

Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Cisternas.

Ríos 2016: Juegos Paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, la décimo quinta edición de los Juegos Paralímpicos de verano, serán un evento multideportivo internacional para atletas con discapacidades, que se llevará a cabo en Río de Janeiro del 7 al 18 de septiembre de 2016.

Estos serán los primeros Juegos celebrados durante el invierno, los primeros organizados por un país de América Latina, los segundos realizados en el hemisferio sur y los primeros para un país lusófono. Asimismo, se introducirán dos nuevos deportes al programa paralímpico: piragüismo y paratriatlón. Competirán 4.022 deportistas de 160 países.

Como parte de un acuerdo formal entre el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional, establecido en 2001, el ganador de la candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016 también debió organizar los Juegos Paralímpicos.

Tras tres rondas de votación, el 2 de octubre de 2009, durante la 121.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, Río de Janeiro ganó el derecho a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2016.

Se apunta a la celebración de losJuegos Paralímpicos 2016 que desde este miércoles 7 de septiembre, y hasta el próximo domingo 18, se desarrollarán en Río de Janeiro, justo un mes después de acoger los primeros Juegos Olímpicos de la historia de Sudamérica. Hoy, el mítico estadio del Maracaná recibirá la ceremonia de más de dos horas de duración.

Tal como hiciera en agosto con los 'doodles' de los Fruti Juegos, que reivindicaban el deporte y la vida sana, el buscador destaca ahora las asombrosas hazañas de las que son capaces atletas invidentes y con discapacidades físicas (en disciplinas como halterofilia, natación, fútbol y voléibol).

DESDE 1948

La cita paralímpica comenzó como una pequeña reunión de veteranos británicos de la segunda guerra mundial en 1948 y ha ido creciendo hasta convertirse en el evento deportivo más grande para personas con discapacidades físicas.

En Río se han programado 534 competiciones, divididas en 23 modalidades, en las que 4.022 atletas de 160 países buscarán el oro.

La delegación española, que participará en 15 de las 22 disciplinas, está formada por 201 representantes (entre los cuales hay guías y médicos). Los deportistas españoles lograron en los JJOO de Londres del 2012 un total de 42 medallas.

Chile ya se encuentra en suelo carioca con una inédita delegación de 15 deportistas que participarán en seis disciplinas.

En la historia paralímpica internacional, Chile tiene sólo una medalla: el oro que consiguió el atleta Cristián Valenzuela en los Juegos de Londres 2012. Llegar al podio es precisamente la meta que se impusieron los nacionales, convencidos de que, tal como lo han señalado en redes sociales, para ellos "la discapacidad no es un límite".

La delegación está compuesta por los tenimesistas Cristian Dettoni, Matías Pino, Macarena Cabrillana y Francisca Mardones; los pesistas Juan Carlos Garrido, Jorge Carinao y María Antonieta Ortiz, más la atleta Paula Guzmán y los nadadores Alberto Abarza y Valentina Muñoz, que fueron los primeros integrantes del equipo de Chile Paralímpico en llegar a Brasil.



A ellos se sumaron los atletas Cristián Valenzuela, Amanda Cerna y Margarita Faúndez, más el tenista Robinson Méndez y la kayakista Katherine Wollermann que se encontraban en el extranjero.

El presidente del Comité Paralímpico Ricardo Elizalde señaló en el sitio oficial del equipo que el número de deportistas, que entre el 7 y el 18 de septiembre representarán a Chile en los Juegos, "son un número histórico y que supera con creces a los clasificados hace cuatro años".

Las reglas nuevas para instituciones públicas más sólidas y transparentes

Como una manera de fomentar la transparencia en las instituciones del Estado, entró en vigencia la Ley de Probidad en la Función Pública.

La normativa es parte de la Agenda de Probidad, que impulsa el Gobierno, para combatir la corrupción y evitar los conflictos de intereses, entre otras materias. Y es precisamente este último punto el que queda plasmado en la ley, porque aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses, endureciendo las sanciones para quienes transgreden la norma.



Bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes, son sólo algunos de los aspectos que deberán ser declarados, para evitar anomalías que podrían afectar las decisiones de una determinada labor o institución.

Para concretar este trámite, los funcionarios deberán completar un formulario electrónico único, disponible en el sitio web www.contraloria.cl, en tres diferentes momentos:

Dentro de los 30 días siguientes de asumir el cargo.

Anualmente, en marzo de cada año.

Y dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones.

Quienes no lo hagan o entreguen información incompleta e inexacta, arriesgan sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo, lo que no estaba sancionado en la normativa que operaba anteriormente.

Las reglas cambiaron para todos

Con esta ley, los funcionarios que tengan un patrimonio en acciones o valores sobre 25.000 UF ($655 MM aprox) deberán delegar su administración a un tercero. Además, en caso de que altas autoridades tengan participación o posean empresas que provean servicios al Estado, tendrán que acogerse a un "mandato especial de cartera de valores", figura también conocida como fideicomiso ciego.

Más información y detalles sobre cómo se implementa esta legislación, podrás encontrarlo en el siguiente manual explicativo.

Ministro Arancibia Procesa a 11 Uniformado y un PDI por Secuestro de Menor de 15 años

El ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, sometió a proceso y decretó la prisión preventiva para 11 miembros en retiro de la Armada y un funcionario de la PDI, por el delito de secuestro con grave daño de Marco Contardo Guerra.

En la resolución  el magistrado encausó a Ricardo Riesco Cornejo y Guilfor Aracena Rojo (PDI) como autores de delitos de detención ilegal y secuestro con daño grave. 

Además se encausó a Alejo Esparza Martínez, Bertalino Castillo Soto, Sergio Hevia Febres, Valentín Riquelme Villalobos, Gilda Ulloa Valle, Jaime Lazo Vega, Héctor Santibáñez Obreque, Juan Reyes Basaur, Juan Jorquera Terrazas y Jaime Riesle Wetherby, como autores en el delito de secuestro con grave daño.

De acuerdo a los antecedentes, los hechos se registraron en horas de la madrugada del 12 de octubre de 1973, cuando la víctima tenía 15 años fue detenida en su domicilio en Playa Ancha Valparaíso. Junto su madre y su abuela, por un destacamento de la Armada a cargo de un oficial y además por un detective de Investigaciones, siendo llevados hasta la Academia de Guerra Naval, donde fue sometido a torturas, aplicándosele golpes y corriente eléctrica, por personas no identificadas pues tenía la vista vendada, siendo obligada su madre a presenciar el maltrato, posteriormente fue llevado detenido al barco Lebu –atracado en Valparaíso- y al cabo de dos semanas fue liberado.

Según consta en la investigación, "el ofendido, posteriormente, fue detenido nuevamente por personal de la Armada a principios del mes de noviembre de 1973, siendo llevado hasta la Academia de Guerra Naval donde fue sometido a tormentos siendo liberado a principios de diciembre de ese año".

Los procesados, una vez notificados del auto de procesamiento, deben ser conducidos a los recintos que la Armada y la PDI designen, para cumplir con la prisión preventiva.