Las reglas nuevas para instituciones públicas más sólidas y transparentes

Como una manera de fomentar la transparencia en las instituciones del Estado, entró en vigencia la Ley de Probidad en la Función Pública.

La normativa es parte de la Agenda de Probidad, que impulsa el Gobierno, para combatir la corrupción y evitar los conflictos de intereses, entre otras materias. Y es precisamente este último punto el que queda plasmado en la ley, porque aumenta la cantidad de autoridades y cargos que deben realizar declaraciones de patrimonio e intereses, endureciendo las sanciones para quienes transgreden la norma.



Bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes, son sólo algunos de los aspectos que deberán ser declarados, para evitar anomalías que podrían afectar las decisiones de una determinada labor o institución.

Para concretar este trámite, los funcionarios deberán completar un formulario electrónico único, disponible en el sitio web www.contraloria.cl, en tres diferentes momentos:

Dentro de los 30 días siguientes de asumir el cargo.

Anualmente, en marzo de cada año.

Y dentro de los 30 días posteriores a concluir sus funciones.

Quienes no lo hagan o entreguen información incompleta e inexacta, arriesgan sanciones económicas que van desde las 5 a las 50 UTM e incluso podrían llegar a perder su cargo, lo que no estaba sancionado en la normativa que operaba anteriormente.

Las reglas cambiaron para todos

Con esta ley, los funcionarios que tengan un patrimonio en acciones o valores sobre 25.000 UF ($655 MM aprox) deberán delegar su administración a un tercero. Además, en caso de que altas autoridades tengan participación o posean empresas que provean servicios al Estado, tendrán que acogerse a un "mandato especial de cartera de valores", figura también conocida como fideicomiso ciego.

Más información y detalles sobre cómo se implementa esta legislación, podrás encontrarlo en el siguiente manual explicativo.