El gobierno decretó alerta sanitaria en la ciudad de Arica, al norte del país, debido al aumento de la presencia del mosquito "Aedes Aegypti", que transmite el virus del Zika, el dengue y el chikunguña, informaron fuentes oficiales.
Carmen Castillo, ministra de Salud
La ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó que la medida permitirá destinar más recursos y apoyo para evitar que el insecto, que ya está presente en varios puntos de Arica, se propague a otras regiones.
"Esta es una campaña de limpieza y manejo de residuos, efectuando una campaña con las autoridades locales con las distintas instancias para poder ser muy pro activos con la limpieza de los entornos donde viven las personas", señaló la ministra.
Castillo subrayó que, aunque la presencia del mosquito se ha extendido por la ciudad, no se ha detectado ningún caso de contagio directo del Zika.
El subsecretario de Salud, Jaime Burrows, indicó que con la alerta sanitaria se podrá contar con la ayuda de las Fuerzas Armadas para las tareas de limpieza de calles y viviendas.
Además, explicó que la presencia del mosquito cubre casi toda la ciudad de Arica, cerca de la frontera con Perú, aunque eso no significa que el insecto transporte el virus del Zika, el dengue o el chikunguña.
La presencia del mosquito del género Aedes fue registrada a mediados de abril en Arica.
La jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, sigue batallando para evitar su destitución y hoy se reunió con sus asesores para analizar unas medidas de carácter social que podría anunciar durante el Día de los Trabajadores con el fin de reconquistar el apoyo de la izquierda.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
Las posibilidades de Rousseff de mantenerse a flote cada vez son menores y en las últimas semanas la presidenta le ha hecho varios guiños a los movimientos sociales y sindicatos con el fin de recuperar su respaldo, el cual se había debilitado en medio de una serie de propuestas de ajuste fiscal lanzadas por la mandataria en el último año.
Mientras Rousseff busca su reaproximación con las bases, su vicepresidente y ahora adversario político, Michel Temer, hilvana a contrarreloj las piezas de su eventual Gobierno.
Temer, primero en la línea de sucesión, ha comenzado a conformar su tablero político y distribuye cargos entre bastidores, algunos de los cuales ya se dan por sentenciados, como el del expresidente del Banco Central, Henrique Meirelles, como ministro de Hacienda.
El vicepresidente, de 75 años, también tantea la presencia en su eventual Ejecutivo de algunos exministros de Rousseff, como Eliseu Padilha o Wellington Moreira Franco.
Temer trabaja para definir las líneas maestras de su posible programa gubernamental, que, según un documento obtenido por la prensa local titulado la "Travesía social", prevé la privatización o concesión "de todo lo que sea posible".
No obstante, en caso de que se concrete, encontrará de frente la oposición de los movimientos sociales, que ya han expresado abiertamente su rechazo a una eventual gestión del vicepresidente y han advertido que "resistirán" en las calles.
Los sindicatos y sectores de izquierda han comenzado a organizarse para el Día de los Trabajadores, una fecha que esperan convertir en un palco contra el "golpe de Estado", como la izquierda y el propio Gobierno han calificado el juicio político que amenaza con destituir a Rousseff.
La marcha en Sao Paulo, inicialmente, estará encabezada por Rousseff y su padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien en las últimas semanas se ha movilizado para defender a su muñeca política ante la amenaza de su destitución.
La oposición señala que la presidenta cometió un "crimen de responsabilidades" al realizar unas maniobras fiscales para maquillar las cuentas de 2014 y 2015, al modificar los presupuestos a través de decretos y acumular deudas y contratado créditos con la banca pública, lo que está prohibido por la legislación vigente.
El Gobierno ha admitido que realizó estas operaciones contables, pero insiste en que no suponen un "delito de responsabilidades" y por tanto no sirven de argumento para iniciar un juicio legislativo en su contra.
No obstante, los argumentos del Ejecutivo no parecen convencer a los legisladores y Rousseff cuenta cada día con menos cartas en su baraja política, lo que complica su estrategia de cara a la votación del Senado, que ya ha comenzado a debatir si existen méritos jurídicos para iniciar el proceso con miras a acortar su mandato.
El caso está ahora en manos de una comisión del Senado, que elaborará un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Ese informe será analizado después en el pleno del Senado, que alrededor del 10 de mayo se pronunciará sobre el asunto.
En caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe la instauración del proceso, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días que puede durar el juicio político y su lugar sería ocupado por Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 si la presidenta es finalmente destituida.
Por ello, es posible que Temer sea quien se siente en el palco de autoridades durante la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Janeiro el próximo agosto, un evento cuya preparación se ha visto eclipsada por la grave crisis política que azota sin tregua al país.
Estaba llamado a hacer historia como el primer puente basculante de Chile y hoy, cinco años después de que se colocara la primera piedra, el gobierno ha anunciado que deberá ser demolido y reconstruido casi de cero.
La razón, según el Ministerio de Obras Públicas de Chile, es que la empresa responsable—la española Azvi— colocó al revés una de las piezas principales, uno de los tableros que conformaban la parte levadiza.
Y la consecuencia: la obra, ya millonaria, tendrá un costo adicional de US$15 millones y su inauguración se retrasará hasta 2017, cuando se esperaba poner en funcionamiento en marzo de 2014.
La compañía prefirió no hacer declaraciones cuando la prensa se puso en contacto con ella.
Complicaciones desde el inicio
El proyecto del puente sobre el río Cau Cau, en la región chilena de Los Ríos, a 850 kilómetros al sur de la capital Santiago, comenzó a gestarse en 1991.
Era necesario para conectar Valdivia, la capital de la región, con la costa, algo que los ciudadanos demandan desde hace décadas.
Image copyrightVictor Gonzalez Wikimedia CommonsImage captionEl puente debía unir Valdivia, a 850 kilómetros al sur de Santiago, con la costa.
Pero las complicaciones han sido la regla desde que se licitó.
De hecho, la primera licitación, en 2005, se declaró desierta porque la única empresa que concurrió al concurso pedía un 70% más de presupuesto que el establecido.
La segunda licitación se abrió seis años después, en agosto de 2011, y la obra le fue adjudicada a Azvi por US$13.900 millones.
La empresa había diseñado un puente de 90 metros de largo que uniría Isla Teja y Las Ánimas, formado por dos tramos móviles y elevables que permitirían la navegación por el río.
Eso último era una condición imprescindible, ya que en el mismo lugar se sitúa la empresa Astilleros y Servicios Navales (Asenav) y da salida a las embarcaciones que construye por ese tramo del río.
Las obras empezaron en diciembre de 2011 y dos años después, en 2013, estallaría el primer escándalo.
En diciembre de ese año, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo a Roberto Méndez Carrillo, el topógrafo del puente sobre el Cau Cau, por ejercicio ilegal de la profesión.
Méndez había presentado documentación falsa para trabajar en la empresa. Había entregado un título de ingeniero en geomensura de la Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) cuando en realidad no había sido formado como tal. Así lo confirmó el centro de estudios y presentó una demanda en su contra.
Plataforma al revés
Sin embargo, la dimensión de ese episodio se quedó en nada cuando en 2014— con el 95% construido y pasado el plazo inicial de inauguración— se detectó un fallo mayor en la contrucción de la infraestructura.
Las autoridades locales comunicaron que una de las plataformas móviles había sido instalada al revés.
El puente sufría una desviación de 75 centímetros entre el eje estructural fijo y su parte móvil, por lo que cuando no estaba elevado en el centro se creaba un bache.
Y el carril para bicicletas quedaba a la derecha en un mitad del puente y a la izquierda en la otra.
El puente que se come la contaminación
El alcalde de Valdivia, Omar Sabat, pidió entonces al Ministerio de Obras Públicas (MOP), encargado de la ejecución de la obra, un informe técnico para analizar qué medidas correspondía adoptar.
Sabat dijo que había un error en las etiquetas para la instalación de los brazos del puente, que habían sido enviados desde España.
Image copyrightGettyImage captionLa construcción lleva más de un año parada.
Tras una reunión técnica, la entonces titular chilena de Obras Públicas, Loreto Silva, atribuyó la responsabilidad de la equivocación a la constructora Azvi, "una empresa que tiene prestigio, que acreditó experiencia y que no debe cometer errores de esta naturaleza", afirmó.
Ante esto, con un comunicado, la empresa reconoció: "Se han detectado errores en las pendientes transversales de la cubierta del tablero que serán subsanados durante el proceso de acabado de la obra".
Y anunció que lo haría "sin que sean necesarias obras de gran envergadura".
Más problemas
Una de las soluciones que la compañía planteó fue repavimentar una de las plataformas para nivelar el puente.
Pero con ello no terminaron los problemas.
A los pocos meses, en febrero de 2015, se comprobó que el sistema de alzamiento de los brazos del puente no funcionaba.
De hecho, uno de los cilindros necesarios para hacer ese trabajo se rompió.
Ante esto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pidió al consultor independiente Sergio Contreras que elaborara un informe técnico sobre lo ocurrido, y éste señaló que la rotura se debía a la mala calidad del material, un acero que no cumplía con la certificación requerida, y a que la soldadura estaba mal ejecutada.
"Todas las soluciones adoptadas para ajustar la geometría del tablero, produjeron un aumento en el peso (...) que repercute en mayor o menor medida en el sistema de levante", concluyó tras elaborar un documento de 114 páginas.
Así, en junio de 2015 la sucesión de problemas acababa con la finalización del contrato con la empresa responsable de la construcción del puente, la española Azvi.
Image copyrightSaul Slash Hudson Wikimedia CommonsImage captionEl turismo para ver el puente fallido ha aumentado, asegura la Agrupación de Turismo Fluvial (ATF).
Aunque hubo quien también responsabilizó en parte al MOP por lo ocurrido.
"Este informe aclara que el MOP, desde la administracón anterior de Loreto Silva a la actual del ministro Undurraga, ha sido absolutamente inconsistente en materia de supervisar adecuadamente este proyecto", reclamó Alfonso de Urresti, senador por el Partido Socialista y miembro de la Comisión de Obras Públicas del Senado.
El ministro Undurraga recogió el guante, reconoció que el Ministerio no llevó a cabo las tareas de supervisión y control como debía, e informó que "han renunciado altos directivos en la materia y hay algunos sumarios en curso".
"Tiene que ser hecho de nuevo"
Pero aún quedaba un informe tecnico más por presentar, con base en el cual el gobierno decidiría el destino del puente ya fallido.
El estudio lo llevó a cabo la empresa estadounidense de ingeniería Hardesty & Hanover, y planteaba dos posibilidades: demoler los brazos del puente o asumir el riesgo que no garantizaba la solución de los problemas.
"No podemos vernos expuestos a que obras tan emblemáticas para una ciudad sean permanentemente dilatadas y sean sometidas a estos retrasos", opinó en senador De Urresti cuando el informe fue presentado ante el Senado hace siete días.
Y este martes el ministro Undurraga anunció en conferencia de prensa la decisión final: "El término de los estudios nos permite afirmar que el puente tiene que ser hecho, en lo medular, completamente de nuevo".
Según el MOP, la reconstrucción supondrá un gasto extra de US$15 millones, un desembolso que pretende que haga la empresa Azvi, ya que la licitación se hizo a través de un "contrato con cargos".
La Prensa se puso en contacto con Azvi para conocer su versión, pero no obtuvo ninguna explicación.
"La empresa no va ha hacer ninguna declaración pública", le contestó la portavoz María Elena Zúñiga. "Esas son las instrucciones".
Atracción turística
Los que sí han hablado son los ciudadanos, y lo han hecho a través de las redes sociales.
"Adiós puente Cau Cau. Nos diste una gran lección de perseverancia: nunca bajar los brazos", escribió un usuario en Twitter.
"Una vergüenza de profesionales; nadie da la cara. ¿Y quién paga tanto desastre?", se quejó otro.
El Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, confirmó la presentación de 18 solicitudes de procesamientos en el marco del caso SQM, una de las empresas chilenas involucradas en la financiación ilegal de campañas electorales.
Fiscal nacional Jorge Abbott
Abbot explicó a los periodistas que la determinación la tomó después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII), interpusiera una querella por delitos tributarios.
“Se van a presentar 18 solicitudes de formalización en el caso, 17 de ellas por boletas ideológicamente falsas y una por facilitar el uso de esas boletas”, precisó el fiscal.
Además, aseguró que se trata de formalizaciones (procesamientos) nuevos y no de “reformalizaciones”.
Los procesamientos incluyen a Mariela Molina, exasesora del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y al hijo del diputado Roberto León, Roberto León Araya.
La acción legal afecta también al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, al actual gerente general de la minera, Patricio de Solminihac y a Ricardo Ramos, actual vicepresidente de Administración y Finanzas.
Los tres fueron querellados por el delito tributario correspondiente a declaraciones maliciosamente falsas de impuestos.
La petición de procesamiento será ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que luego deberá fijar día y hora para la audiencia de comunicación de cargos.
La empresa SQM, que era controlada por Julio Ponce, un exyerno del fallecido dictador Augusto Pinochet, es una de las compañías que, según la fiscalía chilena, financió campañas de diversos sectores, incluida la oficialista coalición Nueva Mayoría.
Las empresas entregaban aportes que encubrían como pago de honorarios por servicios inexistentes, justificados mediante boletas “ideológicamente falsas” que además eran utilizadas para rebajar impuestos.
El pasado 21 de enero, la minera no metálica SQM hizo rectificaciones tributarias ante el SII por 14,7 millones de dólares, según la investigación de unos abogados estadounidenses.
Según la pesquisa, que duró casi nueve meses y que los abogados estadounidenses presentaron el 15 de diciembre a los directores de SQM, los ‘peak’ se alcanzaron en 2009, año de elecciones presidenciales, y 2012 en municipales, y sus pagos fueron dirigidos mayoritariamente a la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
A SQM se suma el llamado caso Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares, en el que están involucrados empresarios y políticos y el caso Caval, un polémico negocio inmobiliario en que participaron Sebastián Dávalos, hijo mayor de la presidenta Michelle Bachelet, y su esposa.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprovechó su discurso en la noche de este miércoles, durante la 12ª Conferencia Nacional de Derechos Humanos, para denunciar el proceso de “impeachment” en su contra.
“El proceso tiene un pecado original que es el presidente de la Cámara que quiso hacer una jugada oculta con el Gobierno: voten para impedir que sea jugado en el Consejo de Ética y no entraré en el proceso de impeachment, el gobierno que aceptase una negociación de ese tipo sería un gobierno en proceso de putrefacción”, sentenció Rousseff.
En esta misma línea, Rousseff recordó que, a diferencia del político del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), ella no posee cuentas bancarias en el exterior, ni empleó el dinero público para beneficiarse, ni se cuenta con acusaciones de corrupción en su contra, por lo que “inventaron una acusación” que acabará por demostrarse como “frágil y manipulada”.
“En Brasil hicimos un camino muy largo para garantizar las elecciones directas y el voto secreto para elegir presidentes, gobernadores y alcaldes, no dejaremos que usen un atajo para llegar al poder a través de una elección indirecta disfraza de impeachment”, subrayó la política.
Los movimientos Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y Unión Soberanista (MUS) repudiaron este lunes las detenciones de luchadores antiimperialistas realizadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El copresidente del MINH, Julio Muriente, condenó que la policía federal estadounidense esté deteniendo a ex prisioneros políticos puertorriqueños para forzarlos sin ninguna explicación a proporcionar muestras de su ADN.
El copresidente del MINH, Julio Muriente
“Exigimos al FBI y a las autoridades de Estados Unidos que, en lugar de obligar bajo amenaza a independentistas puertorriqueños a ofrecer muestras de su ADN, hagan público el ADN de los asesinos de Filiberto Ojeda Ríos, Santiago Mari Pesquera, David Sanes Rodríguez, Carlos Muñiz Varela, Antonia Martínez, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado”, dijo.
El dirigente del MINH se refirió a luchadores y simpatizantes independentistas asesinados en distintas etapas por el FBI, agentes policiales puertorriqueños o terroristas de ultraderecha sin que hasta ahora se conozca las identidades de los autores.
El FBI tiene en su poder, según se han dicho funcionarios judiciales de Puerto Rico, la identidad de los asesinos de Muñiz Varela, a quien emboscaron en un suburbio de San Juan el 28 de abril de 1979.
“Son los federales quienes tienen delitos que saldar ante el pueblo puertorriqueño; son ellos los que han asesinado y encubierto por décadas, impunemente”, agregó Muriente en referencia al asesinato de 19 nacionalistas en Ponce en 1937 y de otros cuatro nacionalistas y un transeúnte en Río Piedras en 1935.
Mientras, la presidenta del MUS, María de Lourdes Guzmán, condenó los arrestos de reconocidos luchadores independentistas como “mecanismo de represión” mediante orden emitida por el juez federal José A. Fusté, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
Maria de Lourdes Guzmán.
“Estos arrestos del FBI en Puerto Rico son un mecanismo de represión e intimidación al que ya nos tienen acostumbrados”, dijo.
Guzmán, quien aspira a un escaño por acumulación en la Cámara de Representantes para las elecciones de noviembre próximo, se refirió a que en el transcurso de la semana pasada fueron detenidos por separado Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo.
Más imágenes de fueron detenidos por separado Orlando González Claudio, Juan Segarra Palmer y Norberto Cintrón Fiallo.
Los arrestados fueron llevados al Centro Médico en Río Piedras con el propósito de extraerles muestras de ADN como parte de una solicitud al FBI del Naval Criminal Inteligence Services (NCIS).
Los tres han estado encarcelados en Estados Unidos por actividades relacionadas con el clandestino Ejército Popular Boricua-Macheteros (EPB-Macheteros) González Claudio y Segarra Palmer y por negarse a testificar ante un gran jurado Cintrón Fiallo.
“Estos actos son otra muestra más de cómo las agencias represivas del gobierno de Estados Unidos campean por sus respetos en nuestro país y, en esta ocasión, violentan los derechos de estos compatriotas puertorriqueños únicamente por su ideología política”, dijo Guzmán.
La presidenta del MUS argumentó que el tribunal de distrito federal es cómplice de un sinnúmero de atropellos contra el pueblo puertorriqueño.
Además, dijo, “protege y promueve estos abusos y utiliza su poder para continuar la campaña de demonización del independentismo”.
Guzmán sostuvo que el juez federal Fusté emitió órdenes contra 16 independentistas para que provean muestra de su ADN.
“Nuevamente se pone de manifiesto la condición de subordinación a la que está sometido nuestro país, cuando estas agencias federales violentan, impune y flagrantemente, los derechos de un sector del pueblo solo por defender el derecho a la libertad de su patria”, anotó la dirigente soberanista puertorriqueña.
Así lo señaló el senador Alejandro Navarro, quien solicitó ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), investigar la responsabilidad del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener, por la turbiedad de las aguas.
Tras el corte de suministro de agua potable que mantuvo a la Región Metropolitana casi dos días sin agua debido al “extremo sedimento”, el senador Alejandro Navarro solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se investigue la responsabilidad del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo de AES Gener, en la turbiedad de las aguas.
El legislador acompañó requerimiento con informes que revelan que “este proyecto tiene impacto en la población en cuanto a la generación de concentraciones tóxicas”, precisó.
Asimismo, presentó un informe elaborado por el Dr. Andrei Tchernitchin de noviembre de 2015, que indica que “los trabajos que realiza AES Gener en la zona de la alta cordillera demuestran concentraciones tóxicas de sustancias cancerígenas, entre ellas el arsénico, y cuya presencia va más allá del límite permitido por la Organización Mundial de la salud (OMS)”.
“La evidencia científica que ha mostrado el Dr. Andrei Tchertnitchin es realmente alarmante, sobre todo luego de lo ocurrido la semana pasada con la contaminación de las aguas y el posterior corte del suministro. Aquí se requiere que la institucionalidad aclare los impactos que este proyecto acarrea sobre la población. Porque tal como señalan los científicos ‘el proceso de contaminación de las napas es lento; pero irreversible”, alertó el legislador.
Asimismo, continuó según este informe “serán 2,7 millones de metros cúbicos de material contaminado, los que trasladará Alto Maipo hasta diferentes zonas del Cajón. A ellos se suman los químicos de los explosivos y del estuco que usarán para colocar dentro de ese túnel no impermeabilizado”.
El senador recalcó “la importancia de que se dé a conocer ante la opinión pública y la ciudadanía lo que puede pasar en el agua potable y de riego de toda la Región Metropolitana, si esta está contaminada con sedimentos que pudiesen contener estos metales pesados”.
Finalmente reiteró “y todo esto, ¿para qué? ¡Para producir energía para el proyecto Pelambres, del grupo Luksic!, tal como reconoció Armando Lolas, vicedirector del proyecto al ser consultado por el programa “En la Mira”, de Chilevisión”.
Agregó que “es un despropósito pretender que es posible sustentar, la desenfrenada sed extractiva de la minería, sector que ya consume el 34 por ciento de la energía que produce el país y que está dejando, como resultado de sus excesos, una estela de miseria y contaminación”.
“Si incluso el proyecto tuviera destino residencial, por ningún motivo valdría la pena tanto sacrificio para tener el beneficio que da la electricidad. Como se sabe, existen alternativas de energías, que no ponen en riesgo la salud de la población”, concluyó.
La compañía espera realizar este año una nueva campaña de exploración en búsqueda de una mejor ley de mineral para viabilizarlo.
Por un difícil momento estaría pasando el proyecto Diego de Almagro, propiedad del brazo minero del grupo Angelini. La iniciativa cuenta con la aprobación ambiental, sin embargo estaría enfrentando problemas de costos para desarrollar la mina.
Según consigna Diario Financiero, el gerente general de Alxar -brazo minero de Copec-, Erwin Kaufmann, comentó al directorio de la empresa que en 2015 terminaron la campaña de exploración de la iniciativa, la que entregó información útil para su materialización, pero también dejó patente el alto cash cost de la faena, lo que impediría que flote económicamente.
La publicación señala que de acuerdo a las actas del directorio, Kaufmann ha comentado que en el desarrollo de óxidos, su procesamiento posee un alto cash cost, producto de un elevado consumo de ácido y bajas recuperaciones.
Por otra parte, la explotación de súlfuros presenta un menor cash cost que los óxidos producto de una mejor recuperación, sin embargo, “el costo no es lo suficientemente bajo como para hacer rentable el proyecto” sostiene.
Sumado a esto, los aluviones que afectaron a la Región de Atacama el año pasado también impactaron al proyecto, debido a esto se habría optado por realizar una nueva campaña de exploración en el entorno del proyecto, en propiedades de Enami y la quebrada Cerro Dominador.
Kaufmann, habría comentado a la publicación que según indican las actas, “el objetivo es encontrar al menos 36 toneladas métricas de mineral con una ley de cobre superior a 0,55% de modo que el proyecto sea económicamente factible”, comentó Kaufmann.
De ser exitosa la campaña de exploración para este año, la construcción se podría iniciar en 2019m por lo que el proyecto, propiedad de la filial Sierra Norte, comenzaría a operar en 2021.
Diego de Almagro se encuentra ubicado en la Región de Atacama, a 50 kilómetros al Este de Chañaral y a 12 kilómetros al Oeste de la localidad de Diego de Almagro. En total, el proyecto produciría en promedio 35 mil toneladas anuales de cobre fino. En su ingreso a evaluación ambiental, se estimaba una inversión de US$ 475 millones, aunque ésta habría subido a unos USD 600 millones.
En total, de concretarse la mina, podría producir 110.000 toneladas de cátodos de cobre y 300.000 toneladas de concentrado en 20 años de vida útil.
El presidente de la minera chilena SQM, Juan Antonio Guzmán, dejará su cargo en la compañía en medio del avance de un proceso de venta del control de la firma, dijo en una entrevista publicada el domingo por la prensa chilena.
Juan Antonio Guzmán
Guzmán había asumido hace cerca de un año en reemplazo del controlador de la compañía, el empresario local Julio Ponce, en un intento por superar un escándalo de financiamiento ilegal de campañas electorales en que estuvieron involucrados ex ejecutivos de la firma.
El alejamiento de Guzmán se conoce dos días antes de que se realice la junta anual de accionistas de SQM, una de las mayores productoras de fertilizantes de especialidad del mundo.
“La compañía hoy está funcionando bien, superamos la crisis (…) Nosotros entendimos que este era un directorio de transición para enfrentar la crisis y, como hay un proceso de venta, es natural que uno tome una decisión de esta naturaleza”, dijo Guzmán.
La dimisión de Guzmán se suma a la ya presentada por los directores Hernán Büchi y Wolf von Appen, dos representantes del empresario Ponce, ex yerno del dictador Augusto Pinochet.
El empresario chileno Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet.
La desarticulación del directorio de SQM ocurre en momentos en que Oro Blanco, sociedad controlada por Ponce, avanza con su proceso de eventual venta de toda su participación en Pampa Calichera, con gran peso dentro del esquema de control de la productora de fertilizantes.
“Si usted compra una parte sustantiva de una compañía va a querer tener un directorio en que usted pueda haber votado y eso es muy probable que vaya a ocurrir”, dijo Guzmán.
Dentro del complejo esquema de propiedad de las sociedades vinculadas a Ponce, Oro Blanco posee el 88,64 por ciento de Pampa Calichera, que a su vez tiene el 21,66 por ciento de SQM.
La firma china CITIC Capital manifestó su intención de participar en el eventual proceso de venta Oro Blanco, aunque en el mercado persisten las dudas sobre si Ponce finalmente concretará el traspaso de control.
“Todas las señales indican que sí (quiere desprenderse del control)”, dijo Guzmán. “¡Esto va en serio!”, agregó.
