Ante la Comisión Investigadora, el titular del Ministerio Público criticó también la falta de colaboración de la comunidad y aseguró que se está tratando de abordar la problemática a través de una mayor coordinación, tanto a nivel de las fiscalías como de los diversos organismos públicos y policiales involucrados. Además, refutó la real eficacia de la Ley Antiterrorista, ya que ella solo amplía el tiempo del secreto de la investigación y exacerba las penas, pero sin considerar instrumentos adecuados para investigar.
Un llamado a propiciar más y mejores herramientas investigativas para la persecución criminal en lo que se ha denominado "violencia rural" en las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, realizó hoy el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en el contexto de la investigación que realiza la Cámara de Diputados en la materia.
Ante la Comisión Investigadora sobre La Araucanía, Jorge Abbott y sus asesores cercanos, informaron que para enfrentar la problemática de la macrozona se creó una mesa interregional donde se reúnen con regularidad los tres fiscales regionales, más los representantes de la Fiscalía, los fiscales encargados de los casos, analistas y equipos de apoyo.
Precisaron que la idea es intercambiar información sobre los hechos que ocurren en cada una de las regiones, identificar los elementos comunes (por ejemplo los tipos de delitos y la forma en que se opera) y procurar vías de acción para determinar las responsabilidades individuales de los actores.
El Fiscal Abbott informó, además, que hubo un aumento de dotación en las regiones y resaltó que, desde hace tres meses, comenzaron a funcionar dos unidades de análisis criminal (Biobío y La Araucanía), que desarrollan un esfuerzo coordinado con las de las policías.
Pese a lo anterior, Abbott reconoció que existen dificultades, por ejemplo, para detener a las personas durante la comisión de los delitos, dada la superficie de las tres regiones, la cantidad de caminos y la falta de ciertas herramientas, ya existentes en otros cuerpos legales, que les permitiría realizar mejores y más oportunas indagaciones. "El desafío para las policías y para el Ministerio Público tiene que ver con el manejo del sitio del suceso, mientras no tengamos otros métodos de la ley para hacer más eficiente la investigación", enfatizó.
Asimismo, observó que la aplicación de la Ley Antiterrorista solo amplía el tiempo del secreto de la investigación y exacerba las penas, pero sostuvo que no entrega instrumentos adecuados para la investigación.
El director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado de la Fiscalía y participante de la mesa interregional, Mauricio Fernández, planteó que no puede ser que haya más herramientas para investigar el microtráfico, por ejemplo, que para condiciones especiales de violencia rural, como las que se dan en la región de La Araucanía.
En materia de la Ley Antiterrorista, o de herramientas procesales para este tipo de delitos violentos, consideró poco presentable que no hayan herramientas como la entrega vigilada, el agente encubierto y una serie de otros instrumentos investigativos que están presentes para la persecución del micro y narcotráfico y del lavado de dinero.
Respecto de la ley que creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), criticó que no menciona en ninguna parte la investigación criminal. "Por el contexto en que salió rehúye totalmente de la conexión con el sistema procesal penal, con la investigación criminal", precisó.
El Fiscal Jorge Abbott observó que, otro factor que dificulta la persecución criminal en la zona es la poca colaboración que se registra de parte de los lugareños, ello porque se entienden parte de la problemática general.
En este plano, destacó que el fenómeno que se presenta en La Araucanía tiene un trasfondo político. "Este es un fenómeno que excede por mucho el tema penal, no se soluciona con la respuesta o el reproche penal. Es un fenómeno de carácter político respecto del cual el Ministerio Público tiene un aporte que dice relación con entregar señales de que no es posible tolerar para el Estado ni para la ciudadanía la realización de actos que son constitutivos de delito para reclamar ciertas reivindicaciones, por muy legítimas que ellas pudieran ser", detalló.
Remarcó que este es un problema transversal donde todos tienen que poner, desde su ámbito de responsabilidad, la cuota de solución que les corresponde para dar una respuesta global al tema.
Reconoció que, en algunos casos, llegan antecedentes informales sobre algunos hechos, pero recalcó que ello no permite sostener una acusación criminal. No obstante, aseguró que se hacen todos los esfuerzos posibles de coordinación, no solo con las policías, sino también con otros organismos públicos, como el Ministerio del Interior y la Conadi.
Respecto del modo de operar de los infractores, el Fiscal Nacional dijo que tienen la percepción que ocurre algo similar a lo que fue el tema de la instalación de bombas, esto es, una organización central que operó en un comienzo, pero que después se fue separando y que hoy no responde a una lógica común.
Finalmente, señaló que el Ministerio Público mantiene un firme compromiso con las víctimas de la violencia rural y comunicó que, actualmente, se está haciendo una revisión para ver la pertinencia de mantener algunas de las medidas de protección o de ir mejorándolas, de modo de optimizar los recursos del Estado.
El presidente de la Comisión, diputado Germán Becker (RN), estimó que fue la sesión fue bastante importante, dado que la participación del Ministerio Público vino a completar el testimonio entregado por las policías. "Creo que, lo más importante, desde los resultados de esta Comisión, es el tema de la Ley Antiterrorista. No puede ser que la Ley Antiterrorista tenga menos herramientas para investigar que la ley de lavado de dinero o de drogas", puntualizó.
Recordó que la bancada RN presentó un proyecto de ley que amplía las facultades investigativas de las fiscalías, en el sentido de crear las figuras de agente encubierto y todas las atribuciones que se tienen a través de la ley de drogas, en línea con lo planteado por el Fiscal Abbott. "Afortunadamente, la Comisión de Seguridad Ciudadana ya la aprobó y esperamos que pase a la Sala prontamente", acotó.
El diputado Fuad Chahin (DC) destacó que Jorge Abbott fue muy claro al indicar que al Ministerio Público no le corresponde resolver los problemas de la política, pero también que es un tremendo desafío mejorar la gestión y la capacidad de la persecución penal, porque el cumplimiento del Estado de derecho es un supuesto indispensable para que se pueda buscar una solución política.
Valoró las medidas impulsadas por la Fiscalía, como la conformación de la mesa interregional, pero concordó en que es insuficiente y que es preciso seguir mejorando las técnicas investigativas y la calidad de la inteligencia que permita llegar a resultados concretos. Asimismo, llamó la atención que la Ley Antiterrorista es una norma que aporta poco, sin herramientas de investigación útiles y que solo eleva los estándares de prueba que exigen los tribunales para obtener condena.
