Cómo el nuevo plan progresista de Chile para extraer litio enfrenta obstáculos indígenas

 

El presidente de Chile, Gabriel Boric, prometió una minería diferente. Convertiría al mayor productor de cobre del mundo y la segunda mayor minera de litio en un país centrado en la responsabilidad ambiental y social.

Cuando Boric anunció su ambicioso plan en abril para tomar el control estatal de la industria del litio del país y expandir la extracción de este componente esencial de las baterías de los automóviles eléctricos, se comprometió a hacerlo con tecnología pionera respetuosa con el medio ambiente y hablando personalmente con las comunidades indígenas locales.

Pero las comunidades que viven en o alrededor de las salinas de litio del norte de Chile, una vez estrechamente agrupadas bajo un consejo regional y ahora a menudo en desacuerdo, son escépticas y puede resultar más difícil trabajar con ellas de lo que había planeado el gobierno en el lejano Santiago. En entrevistas con la prensa, algunos líderes comunitarios dijeron que exigirían que se canalicen más ganancias hacia ellos, mientras que otros dijeron que se resistirían a cualquier nueva minería de litio.

“Estamos en el desierto más árido y cambiar lo que tenemos en agua y vegetación por una batería de litio nos va a dejar sin nada”, dijo Francisco Mondaca, ingeniero civil y jefe de la unidad ambiental del Cabildo Indígena de Atacama.

"No se puede sacrificar una zona para satisfacer otra".



Chile posee las reservas de litio más grandes del mundo, el 90% de las cuales se encuentran en el desierto de Atacama. Está buscando capitalizar la demanda en auge del metal de la batería codiciado por los fabricantes de automóviles, incluidos Tesla (TSLA.O) y BMW (BMWG.DE), así como las empresas de energía renovable.

Pero otros países han progresado más rápido en la expansión de la producción de litio en los últimos años. Actualmente, solo dos empresas, el productor nacional SQM (SQMA.SN) y la firma estadounidense Albemarle (ALB.N), extraen litio de las salinas de Chile.

El plan de Boric prevé expandir la minería con sociedades público-privadas controladas por una nueva empresa estatal de litio. El gobierno ya comenzó a negociar el control estatal con SQM y planea hacerlo con Albemarle antes de que expire su contrato en 2043.

El litio se extrae a través de estanques de evaporación de salmuera masivos que, según los lugareños y los ambientalistas, alteran el nivel freático y dañan las poblaciones de flamencos y otros animales salvajes.

El nuevo plan busca emplear la extracción directa de litio (DLE), una tecnología que promete ser más sostenible al reinyectar la salmuera en el suelo una vez que se extrae el mineral.

Pero DLE aún no se ha probado comercialmente y los lugareños no están convencidos.

“Lo que me molesta es que un producto se venda como una solución sostenible para el mundo cuando no lo es”, dijo Mondaca.

DIVISIONES INTERNAS

El terreno rocoso y hostil de Atacama que la NASA utiliza para simular Marte ha sido habitado por el pueblo Lickan Antay durante al menos 1.500 años.

Sus comunidades brotaron a lo largo de oasis turquesas rebosantes de litio. Uno de ellos, el Salar de Tara, se encuentra en un área biodiversa cubierta de antiguas puntas de flecha, cerámica y otros restos arqueológicos y forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos.

Cristian Espindola, quien supervisa las patrullas y la seguridad en el departamento de Tara para la comunidad local de Toconao, dijo que no veía mucha diferencia entre el gobierno actual y el anterior, y criticó a la administración Boric por anunciar su plan antes de consultar con los lugareños.

"El gobierno de Chile comienza a vender este litio sin preguntarnos a los nativos, a la gente que vive aquí, a los propietarios, al pueblo de Lickan Antay", dijo Espindola, quien calificó la medida de "irresponsable" y una continuación de la política anterior.

"Este método del Estado chileno de tratar con las comunidades nativas nunca cambia", dijo Espíndola. “Cuando quieren instalar nuevas operaciones mineras, atropellan a las comunidades”.

Si bien Atacama cuenta con instalaciones mineras de última generación, observatorios y centros turísticos con restaurantes y tiendas de artesanías, muchos pueblos indígenas vecinos solo tienen caminos de tierra accidentados, edificios sin terminar y una infraestructura deficiente.

“En Toconao no hay agua potable ni centro de salud, tenemos cortes de luz”, dijo Espíndola. "¿Dónde están los beneficios para la comunidad indígena?"

Espindola dijo que las comunidades indígenas de Atacama vivían y se gobernaban de manera diferente al gobierno federal y tenían un conjunto diferente de prioridades centradas en el medio ambiente, la cultura y la preservación de su forma de vida.

Tanto Espíndola como Mondaca dijeron que la mayoría de los miembros de la comunidad se oponen a la expansión de la minería de litio en la región.

Cuando se le preguntó si el gobierno continuaría con la expansión planificada si las comunidades se opusieran, el Ministerio de Minería declinó hacer comentarios. Dijo que se toma en serio las relaciones con las comunidades indígenas y es por eso que Boric se reunió con ellos en persona.

En una conferencia de prensa posterior a una primera reunión con representantes indígenas el 30 de junio, Boric dijo que era "optimista" y que coincidía en que "el desarrollo debe ser integral, sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades".

El presidente dijo que el gobierno abordaría temas como la falta de electricidad y agua potable en la región y dijo que el Ministerio de Minería continuaría las conversaciones con las comunidades.

“Creo que esta política de litio se va a topar con la política indígena y ahí es donde va a estar el choque”, dijo.

CONVERTIRSE EN SOCIO DEL ESTADO

Algunos líderes indígenas dijeron que estaban abiertos a apoyar la extracción de litio a un precio justo.

Yermin Basques, presidente de Toconao, dijo que está presionando para que la comunidad reciba una mayor participación en las ganancias y sea un "socio estratégico" en la empresa estatal de litio.

“Queremos tener ganancias, ganancias compartidas como socios estratégicos porque somos dueños del territorio”, dijo. Los vascos dijeron que quieren que las comunidades indígenas se involucren en la toma de decisiones y promuevan inversiones en agricultura, turismo y otros proyectos que brindarán beneficios a la comunidad después de que el auge del litio desaparezca.

Esa propuesta es apoyada por algunos en el Consejo Indígena de Atacama, una agrupación de comunidades formada en 1995 donde las decisiones se toman por mayoría simple de votos.

Desde 2017, Albemarle ha entregado el 3,5 % de sus ventas cada año al consejo, dividido en partes iguales entre las 18 comunidades miembros. Eso ha llevado a desacuerdos, dijo Alonso Barros, un abogado que ayudó a negociar el acuerdo. “Hay comunidades con diez personas que reciben $2 millones y comunidades con 3.000 que reciben lo mismo”.

Algunas comunidades ahora planean celebrar negociaciones individuales con el gobierno, pasando por alto al consejo por completo. Esto sigue el modelo que ha tomado SQM, logrando acuerdos individuales con las comunidades más cercanas a su operación.

Rolando Humire, un ex presidente del consejo que reunió a las comunidades para firmar el acuerdo de Albemarle, dijo que le tomó casi cinco años lograr que todos se unieran.

"Fue un proceso lento, años de diálogo, años de conversación sin siquiera mencionar cuánto íbamos a pedir", dijo Humire. Las comunidades habían aprendido que legalmente pueden retrasar los proyectos hasta que se cumplan sus demandas, dijo.

"No creo que (el gobierno) vaya a implementar lo que quiere en Atacama", dijo Humire. “Las comunidades tienen poder, pueden formar una oposición, tienen recursos, pueden contratar abogados. Un proyecto que va a juicio aquí se puede demorar años”.

Mauricio Lorca, investigador de la Universidad de Atacama especializado en minería y comunidades indígenas, dijo que espera que las negociaciones sean "increíblemente complejas" y que el plan de Boric mostró una falta de comprensión de la realidad sobre el terreno.

"Lo que Boric intentó hacer, en mi opinión, no fue una estrategia, sino querer dejar contentos a todos", dijo. "Y al final, dejó contenta a muy poca gente".

Chile: INDH Valparaíso logra sentencia condenatoria para teniente coronel de Carabineros que disparó escopeta a la espalda de una persona

 

En un juicio simplificado, el tribunal de San Felipe declaró culpable del delito de vejaciones injustas a F.F.J.F.Z. Se trata del segundo proceso por este hecho, ya que en el primero la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de nulidad presentado por el INDH.

El Juzgado de Garantía de San Felipe declaró culpable al teniente coronel de Carabineros F.F.J.F.Z. por el delito de vejaciones injustas. En noviembre de 2019, el oficial disparó su escopeta antidisturbios a la espalda de un hombre. La sede de Valparaíso es querellante en esta causa, que se desarrolla en un juicio oral simplificado, y recurrió contra la primera sentencia del caso.

Cabe mencionar que los hechos por los cuales se acusó el oficial ocurrieron el 14 de noviembre de 2019, en una esquina de calles Diego Portales con Adolfo Carmona, en la comuna de San Felipe. En ese sitio, F.F.J.F.Z. disparó desde el interior de una patrulla policial en contra de un hombre que iba en bicicleta. El disparó de la escopeta calibre 12 alcanzó a la víctima en una pierna.

La acción del teniente coronel de Carabineros no se ajustó a los términos que se establecen en el protocolo para el mantenimiento del orden público. En particular, al empleo de la escopeta antidisturbios. El impacto de los perdigones causó en la víctima heridas de carácter clínicamente menos graves. Esto último lo consigna un informe médico legal del 25 de febrero de 2021.

Primer juicio

En el primer juicio F.F.J.F.Z. recibió 41 días de cárcel, castigo que el juzgado sustituyó por la remisión condicional de la pena. En tanto, la pena accesoria, la suspensión de cargo u oficio público, quedó suspendida. El tribunal resolvió por último omitir los hechos del certificado de antecedentes del sentenciado.

Debido a esta situación, la sede de Valparaíso presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones. El tribunal de alzada acogió el reclamo. Estimó que “la sentencia recurrida ha errado en la aplicación del derecho (…) en tanto en ella se suspende la pena accesoria”. A juicio de la corte no es posible dejar sin efecto la pena accesoria como consecuencia de haberse sustituido la pena principal.

El juzgado informó que comunicará la sentencia el lunes 24 de julio.

Chile: Venta ilegal de medicamentos presentarán indicaciones para dar más facultades al ISP

 

La Comisión de Salud aprobó en general, la moción tras conocer mayores detalles de los últimos decomisos que ha realizado la autoridad en la vía pública, donde también se ha detectado la falsificación de estos productos.

Hasta el 4 de agosto tendrán como plazo los senadores y el Ejecutivo, para presentar indicaciones al proyecto que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal, el que cursa primer trámite.








Esto luego que los integrantes de la Comisión de Salud aprobaran en general, la norma de autoría de los senadores Juan Luis Castro, Javier Macaya, Francisco Chahuán, Ximena Órdenes y Juan Ignacio Latorre, considerando la importancia de terminar con este tipo de prácticas que se han generalizado en los últimos años.


De hecho, en la última sesión, el director del Instituto de Salud Pública (ISP), Rubén Verdugo entregó detalles de los decomisos que se han realizado. Así comentó que “en el 2020, se hicieron 189 acciones de fiscalización y en lo que va del año llevamos 79. El problema es que los volúmenes son mucho mayores ahora, por ejemplo entre el 2020 y el 2021 se comercializaron 133 mil unidades, pero hoy hablamos de más de 473 mil”.


“Nos gustaría tener más facultades para requerir información pensando en la inteligencia de datos, levantar alertas al mercado, actuar como agente revelador también, acceder a información tributaria y contar con una red de fiscalización descentralizada. La Contraloría nos ha dicho que no tenemos mayores atribuciones para hacer mucho más”, sintetizó la autoridad.


En tanto, el director de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Medioambientales, Ciberdelitos y Lavados de Activos (ULDDECO) del Ministerio Público, Mauricio Fernández hizo ver algunas precisiones técnicas que deberían hacerse a la redacción al proyecto en cuanto a los tipos penales relacionados a la venta ilegal y la falsificación y la sustracción de medicamentos, y la responsabilidad del propietario de la farmacia desde donde provienen los fármacos.


En la sesión, Verdugo mostró antibióticos, sicotrópicos, analgésicos y antiespasmódicos que pueden ser expedidos en farmacias pero que han sido incautados en ferias, algunos de ellos falsificados. En cuanto a estos últimos, los senadores consultaron si se están haciendo análisis de sus componentes ante lo cual, la autoridad reconoció que casi no se encuentra el principio activo en estas unidades, solo excipientes.


También se consultó sobre el tráfico de medicamentos en el personal de salud, la fiscalización que se realiza a los vendedores de cadenas de farmacias que expenden a granel fármacos para el comercio ilegal, y los pasos que se realizan para controlar la cadena de distribución.


Cabe consignar que el texto contempla el endurecimiento de sanciones penales y sanitarias para quienes vendan medicamentos en lugares no destinados para ello y fármacos adulterados, como para quienes los prescriben o faciliten estos hechos.

Chile: Tribunal de San Bernardo condena a Dos Carabineros por brutal golpiza a Mario Acuña Martínez

 

Tribunal de San Bernardo comunicó veredicto condenatorio para dos excarabineros por brutal golpiza perpetrada en Buin durante la crisis social

Arnold, primo de Mario, otorgándole cuidados. Fuente foto: Puroperiodismo.cl

El Tribunal Oral en lo Penal también declaró culpable a un excapitán de la policía uniformada, que disparó con su escopeta y alcanzó a dos víctimas que estaban manifestándose. La sede de la Región Metropolitana del INDH actúa como querellante en esta causa.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo dio por configurado el delito de lesiones graves gravísimas con ocasión de apremios ilegítimos respecto de los exfuncionarios de Carabineros Víctor Antonio Lastra Marguirot y Henry Giovanny Cuéllar Vega por la golpiza perpetrada contra una persona en Buin en el contexto de la crisis social en 2019. Además, resolvió un veredicto condenatorio para el ex capitán J.R.R.A. por dos delitos de apremios ilegítimos cometidos en el mismo lugar.

La sede de la Región Metropolitana del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es parte en la causa. Cuatro días después de las agresiones presentó una querella, la primera acción penal interpuesta en este caso.

El tribunal tuvo por acreditado que, durante la noche del 23 de octubre de 2019, un grupo de funcionarios de Carabineros perpetró diversos hechos ilícitos cuando se desplazaba por la comuna de Buin. Primero, el ex capitán J.R.R.A. disparó su escopeta antidisturbios, sin motivo o justificación alguna, en contra de las personas que estaban manifestándose en el sector de Bajos de Matte con Los Olmos, sin que existiera ningún ataque o agresión a los funcionarios policiales, personas que no representaban peligro alguno para los uniformados, encontrándose entre ellos niños, niñas y adolescentes. Los disparos de J.R.R.A. alcanzaron en una pierna a un hombre, dejándole una herida leve, y en la zona abdominal a una mujer, causándole también una herida leve.

Por su parte, los funcionarios H.G.C.V. y V.A.L.M. alcanzaron al ciudadano Mario Acuña Martínez que se escondió en una plazoleta del lugar, le dijeron que se lanzara al suelo y a continuación la golpearon. El ataque fue de tal magnitud que la víctima resultó con traumatismos del encéfalo y de los nervios craneales, con traumatismos de nervios y médula espinal y TEC de carácter grave. La golpiza dejó en la víctima secuelas funcionales, permanentes y definitivas, con una inhabilidad laboral total e incapacidad para el autocuidado.

La jefa de la Región Metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, señaló que “a diferencia de lo resuelto por el tribunal, el INDH durante el juicio sostuvo que estos hechos eran constitutivos del delito de tortura, tanto por su gravedad como por la concurrencia de los demás elementos de este delito, en particular, la finalidad de castigo por estar participando la víctima en una manifestación social”.

La lectura de sentencia se llevará a cabo en una audiencia que quedó programa para el 3 de agosto de 2023..

Las mineras chilenas, buscan permisos más rápidos y costos de energía más bajos

 

Ahora que Chile ha aprobado un aumento en las regalías mineras, las mineras de cobre buscan incentivos para seguir invirtiendo en la producción del metal necesario para la revolución de las energías renovables, con medidas como recortes en los costos de energía, aprobación acelerada de permisos y otros incentivos.

A partir de 2024, las regalías mineras aumentarán a un rango de 8% a 26% del margen operativo desde el rango actual de 5% a 14%. También habrá un impuesto ad valorem del 1% basado en las ventas para los mineros que registren una ganancia.

El Consejo de Minería de Chile, que comprende grandes empresas privadas, estima que esto en última instancia impulsará la tasa impositiva promedio de 44,7%, superando el rango superior de 38 a 44% en países competidores como Perú y Australia.

“Esperamos que esta desventaja competitiva se compense de alguna manera con otras acciones de política pública que fomenten la inversión”, dijo el jefe de estudios de la asociación, José Tomás Morel.

La regalía elevada es el último punto crítico entre la industria minera en el productor de cobre número 1 del mundo y el productor de litio número 2 y el gobierno del presidente Gabriel Boric, quien asumió el cargo con la promesa de lograr que la industria minera del país ayude a pagar los programas sociales ampliados. . El cabildeo de la industria provocó un recorte en el plan original de aumento de regalías, y algunos mineros han dicho que continuarán invirtiendo.

"A pesar de ser un gobierno fuerte de izquierda, comprometieron a la industria y buscaron comprender y trabajar para lograr un resultado que lograra un equilibrio entre las necesidades públicas y lo que se requería para mantener la competitividad de la industria y el país", dijo Mark Henry, CEO de BHP Group <BHP.AX>, el actor número 2 de Chile que inicialmente había dicho que la regalía impulsaría una revisión de su plan de inversión de US$10.000 millones en Chile.

"BHP seguirá invirtiendo".

Otras grandes mineras fueron más tentativas, y algunos ejecutivos mineros se muestran escépticos de que la industria siga adelante con una inversión planificada estimada en $ 70 mil millones sin un estímulo adicional. 

Dado que las minas envejecidas de Chile producen menos cobre, los analistas señalaron que se necesitaba una mayor inversión minera para producir el aumento de ingresos deseado por el gobierno, incluso con la regalía más alta.

Los expertos de la industria están observando de cerca si la minera chilena Antofagasta (ANTO.L) decide invertir $3.700 millones para expandir su mina Centinela hacia fin de año.

Antofagasta no respondió a una solicitud de comentarios. En junio, el gerente general, Iván Arriagada, dijo a los medios locales que la empresa estaba reevaluando el proyecto porque la nueva regalía "sí impacta en la competitividad".

"Algunos proyectos en el margen tendrán que ser reevaluados para determinar si son viables o no", dijo Arriagada.

Freeport-McMoRan, uno de los mayores productores de cobre del mundo, ha dicho que suspenderá las decisiones de inversión en Chile debido a la incertidumbre política.

Boric ha prometido incentivos a la inversión. El gobierno está en conversaciones con empresas mineras y otras partes interesadas. Los mineros aún tienen que proporcionar una lista detallada de los incentivos que buscan.

Morel dijo que el gobierno debería acelerar y simplificar el proceso de obtención de permisos en el que los proyectos necesitan cientos de permisos y cada uno tarda meses en aprobarse. Dijo que el gobierno también debería ayudar a los mineros a navegar los espinosos problemas ambientales y de regulación indígena que pueden conducir a largos casos judiciales.

Los costos de energía son otra preocupación. La industria minera de Chile consume alrededor del 15% de la producción total de energía del país, y la Comisión Chilena del Cobre dice que la energía representa alrededor del 11% de los costos de las mineras. A la industria le gustaría que el gobierno aprobara regulaciones que reduzcan los costos de energía para los mineros.

PRODUCCIÓN EN DECLIVE

El aumento de las regalías mineras formaba parte de un plan de reforma fiscal más amplio que el Congreso rechazó en marzo. El gobierno de Boric espera aumentar los ingresos totales del cobre para el estado hasta el 0,45% del PIB o alrededor de $1.350 millones al año, utilizando los fondos para impulsar programas como cuidado infantil, seguridad, atención médica y educación.

Gustavo Lagos, profesor del departamento de minería de la Universidad Católica de Santiago, dijo que la nueva regalía podría no alcanzar su objetivo, ya que la mayoría de los nuevos proyectos se centran en compensar la disminución de la producción en lugar de aumentar la oferta.

“Creo que habrá inversión, lo que no creo es que crezca más la producción, nos será difícil pasar de los 6 millones de toneladas (métricas) en Chile y eso es lo que finalmente determina los ingresos”, dijo Lagos.

La oferta de cobre de Chile se ha reducido debido a la disminución natural de las leyes minerales de sus yacimientos más antiguos, retrasos en la puesta en marcha de proyectos, accidentes y otros problemas. La producción en 2022 totalizó 5,33 millones de toneladas métricas, por debajo del récord de 5,83 millones en 2018.

El gobierno está manteniendo conversaciones con grupos empresariales y otros actores políticos para una segunda oportunidad de reforma fiscal, y los mineros esperan que esto posiblemente aumente sus posibilidades de obtener incentivos.

Un ejecutivo minero, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza del tema, dijo que el gobierno podría comprometerse más para tratar de impulsar futuras inversiones.

"Los (proyectos) que no se lleven a cabo van a llegar a un punto en que van a negociar con el gobierno y decir 'estoy haciendo este proyecto pero necesito otra garantía'", dijo el ejecutivo.

Chile: “Democracia y derechos humanos en Latinoamérica”

 

Séptimo Congreso Internacional de DDHH UCSH: por más democracia y custodia de los derechos humanos en Latinoamérica

La actividad, que cuenta con el patrocinio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tiene como objetivo promover, desde el ámbito académico, la protección y respeto de los derechos humanos en Chile y Latinoamérica, a través de la exposición de expertos/as en el área y ponencias seleccionadas en grupos de trabajo.

Desde el año 2016, la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Silva Henríquez, con el apoyo de UNISAL-Brasil, ha organizado el Congreso Internacional de Derechos Humanos, una de las instancias institucionales más relevantes en esta materia, que coordina distintos estudios y experiencias académicas y de la sociedad civil respecto de la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. La actividad cuenta con el patrocinio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En su séptima versión, el Congreso Internacional de Derechos Humanos vuelve a ser la principal instancia de conversación, difusión y promoción de los derechos humanos en la Universidad Católica Silva Henríquez. Este año, la actividad lleva por título “Democracia y derechos humanos en Latinoamérica”, se realizará los días 16 y 17 de agosto de 2023, en Santiago de Chile. 

La conferencia de apertura estará a cargo del ministro de Justicia, Luis Cordero, mientras que la cátedra inaugural la realizará la Premio Nacional de Periodismo 2019, Mónica González Mujica.

“Esperamos que exista diálogo e intercambio entre estudiantes, docentes universitarios, grupos de investigación, centros académicos dedicados al estudio, investigación y difusión de los derechos humanos, además de organizaciones nacionales e internacionales y la comunidad en general”, expresa el director de la Escuela de Derecho UCSH, Dr. Armando Arteaga San Martín.

Existirán dos modalidades de participación: presencial para la exposición de expertos/as, e híbrido (presencial y virtual) para las ponencias en mesas de trabajos.

Este año el Congreso contará con 3 plenarios de discusión de expertos/as donde se dialogará sobre:

Democracia en Latinoamérica, abordando los tópicos Abuso del Estado de Derecho y Constitucionalismo Autoritario; Poderes políticos y DDHH; Corrupción y DDHH; y Procesos constitucionales en Latinoamérica.

Memoria y Derechos Humanos, espacio en que se tratarán los temas Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes; Fuerzas de seguridad y DDHH; Procesos de paz en Latinoamérica; Justicia transicional y DDHH, Justicia penal internacional y DDHH);

Vulnerabilidad, discriminación y derechos humanos, espacio en que se tratará su impacto en grupos de especial protección como mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas mayores, con discapacidades, migrantes y pueblos indígenas.

El intercambio de ideas y el enriquecimiento intelectual, social y cultural de estudiantes, académicos y asistentes, a través de experiencias nacionales y comparadas, son parte de los ejes de acción y objetivos de esta instancia.

Chile: Acusadores presentaron sus argumentos para sostener el libelo en contra del ministro Ávila

Ante la Sala, la diputada Francesca Muñoz relató las consideraciones generales que se tuvieron a la vista para presentar la acusación constitucional, al tiempo que explicitó cada uno de los capítulos del libelo.





Con el debate de fondo se inició el análisis, en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, de la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ello, luego que la defensa del secretario de Estado no apelara a la denominada cuestión previa. Esto es, la impugnación de los requisitos formales para la formulación del libelo.

El debate partió con la exposición de los acusadores, representados por la diputada Francesca Muñoz (SOC). Expuso, en primer lugar, el contexto en el cual el actual Gobierno recibió la administración del Estado. Esto es, una postpandemia donde hubo un impacto relevante en el sistema educacional, debido a la limitante en la asistencia presencial a clases.

En tal escenario, remarcó, otros Estados dieron una preponderancia a recuperar el espacio perdido en materia de aprendizaje. Por el contrario, acusó que ello no se vislumbró en nuestro país, privilegiándose otras materias que acusó de orden “ideológico”.

Seguidamente, pasó a revisar en detalle cada uno de los siete capítulos del libelo acusatorio. El primero de ellos sostiene que hubo infracción a la Constitución y las leyes en el diseño, promoción e implementación de las “Jornadas Nacionales hacia una Educación no Sexista”.

En este marco, afirmó que se conculcaron gravemente derechos fundamentales: el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de conciencia. Para apoyar dicha visión enumeró un amplio listado de normas nacionales y acuerdos internacionales.

Criticó, además, que se presentó una forma específica de abordar la educación sexual y lo que se debe entender por educación no sexista. Ello, sin mecanismos que permitan respetar otras cosmovisiones valóricas y morales de abordar estas temáticas.


Capítulos 2 y 3





Respecto al capítulo 2, la diputada Francesca Muñoz observó una infracción de la Constitución y las leyes, en el diseño, promoción e implementación de orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno, junto con otras acciones y medidas en líneas similares.

Como en el caso anterior, se sostiene que se impone una única cosmovisión, sin espacio para otras convicciones morales. Asimismo, se refuta el desarrollo de actividades altamente cuestionables para los niños. Junto a ello, la infracción al derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos en estas materias.

Luego, respecto del capítulo 3, dijo que se produce una triste paradoja con la implementación de la Política de Educación Inclusiva. Criticó que los estudiantes con discapacidad fueran excluidos de ella. En contraposición, advirtió un sesgo claro para favorecer a la comunidad LGBTQA+ y a los migrantes. Esto se verificaría, por ejemplo, en la página web de Educación Inclusiva, donde solo hay documentos y links relativos a los grupos mencionados.

De igual modo, sostuvo que tampoco existen planes específicos y concretos que permitan dar respuesta a distintas problemáticas relacionadas con la inclusión de estudiantes con discapacidad. Esto, refrendó, implica una inobservancia e infracción directa a las normas legales sobre inclusión de personas con discapacidad en el ámbito educacional. También representa un incumplimiento grave de compromisos adquirido en tratados internacionales sobre la materia.

Inacción y Junaeb





En el capítulo 4 se apuntó a una inacción de parte del ministro en temas relevantes de su cartera. Se mencionó, por ejemplo, inéditos niveles de ausentismo y deserción escolar. Igualmente, suspensión de actividades formativas; y el aumento notorio de hechos de violencia en distintos establecimientos.

Otros puntos criticados en este marco son la omisión de tender hacia un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos que son dispuestos para abordar el problema de infraestructura de escuelas, colegios y liceos. Asimismo, un desincentivo sin justificación de la Red de Liceos Bicentenarios. Junto a ello, incumplimiento de la obligación de informar a las comisiones de Educación de ambas cámaras del Congreso.

“El ministro ha abandonado su rol de dirección y conducción, anteponiendo prioridades que distan mucho de las necesidades de los estudiantes”, se afirmó.

Situaciones vinculadas a la Junaeb se abordan en los capítulos 5 y 6. El primer punto refiere a un inserto en los cuadernos que se entregan a niños y adolescentes. En ellos había información vinculada con educación u orientación de tipo sexual, en particular, sobre educación no sexista. Esto, planteó la diputada, afecta el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

El segundo tema es referente a los programas de Alimentación Escolar y de Alimentación de Párvulos. Acá se sostuvo que la Junaeb vulneró el mecanismos de fijación de la programación mensual de productos (PMP) en función de la programación referencial de productos alimenticios (PRP).

Según se detalla, le entidad fija o exige productos no previstos en la PRP y que se sirvan a establecimientos no contemplados en la programación. Igualmente, montos exigidos por fuera de la PRP considerablemente altos. Todo ello, afirmó, altera de manera sustancial el mecanismo de adquisición pública y los contratos suscritos en el proceso de adjudicación.

En ambos casos acusó incumplimiento manifiesto del ministro de Educación de sus deberes de supervigilancia y fiscalización.


Servicios locales de educación pública


Finalmente, explicó el séptimo capítulo, que refiere a negligencias graves e inejecución en el proceso de implementación de los Servicios locales de educación pública (SLEP).

Sobre el respecto, dijo que el ministro no cumplió su rol de superioridad jerárquica de la Dirección de Educación Pública. Dicha entidad no estaría realizando su papel de acompañamiento del proceso de implementación de los SLEP.

En particular, observó la implementación de dos de los seis nuevos SLEP, la cual calificó como ”crítica”. Son los de Licancabur y Maule Costa. En ellos no existiría la dotación funcionaria implementada, ad portas del traspaso, ni oficinas ni equipamiento.

También cuestionó a los SLEP de Valparaíso y de Atacama, donde existirían diversos problemas de funcionamiento y de carácter presupuestario.

El análisis de admisibilidad de la acusación continúa ahora con la presentación de los argumentos de la defensa del ministro Ávila, Francisco Cox.

Chile: Inician aprobación de primeras normas espejo del proyecto de reforma al sistema de pensiones

 

La Comisión de Trabajo respaldó los primeros cambios a la reforma de pensiones, referidos a las adecuaciones del decreto 3.500, que hoy se encuentran contenidas en la actual legislación.

Pese a no existir acercamientos en materia de porcentajes de cotización, ni en otros aspectos de fondo, la Comisión de Trabajo avanzó el trámite del primer paquete medidas (de un total de cuatro), que comprenden la reforma al sistema de pensiones. (boletín 15480)

En concreto, se trató de adecuaciones de lenguaje y código. En específico estos cambios se refieren a modificaciones en el decreto 3.500, actualmente vigente.

El paquete de artículos que comenzó a analizarse, se divide entre 9 normas iguales y 9 normas que cambian hacia un lenguaje inclusivo. En tal sentido, estas vienen a confirmar que las afiliadas y pensionadas son precisamente las personas que más perjudicadas han resultado con el actual sistema previsional.

Las normas espejo aprobadas son propuestas en las que el oficialismo estimaba que no habría conflicto, dado que se trata de temas hoy incluidos en la legislación.

Sin embargo, la aprobación no contó con los votos de la oposición, ya que esta estimó que respaldar dichas normas significaría la derogación implícita del DL 3.500.

A ello se agrega la imposibilidad de llegar a acuerdo en el resto de los temas de fondo, lo que augura un complejo trámite para los aspectos más polémicos, como la separación de la industria, el componente social del 6% por parte del empleador y el futuro de las cuentas nocionales o sistema de reparto.

Bases de la reforma

La reforma tiene como primer y gran objetivo aumentar en forma efectiva y financieramente sustentable las pensiones de los actuales y futuros pensionados y pensionadas de nuestro país.

Para cumplir este objetivo, propone aumentar el monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal, a través del aumento gradual de la PGU a $250 mil, desde los $194 mil actuales.

El texto legal establece una nueva cotización de los empleadores y la creación del Seguro Social Previsional. Se implementará de forma gradual hasta completar un 6% de la renta imponible. Con esta cotización se construirá el Fondo Integrado de Pensiones que creará el Seguro Social.

Además, incorpora una reorganización de la industria en el Pilar Contributivo. El objetivo es mejorar la eficiencia del Pilar Contributivo y elevar las pensiones.

Para ello, contempla la creación de un Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y de Inversores de Pensiones Privados (IPP). La nueva entidad pública gestionará de forma exclusiva el Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que haga el empleador. Además, competirá con los inversores privados (los IPP) por la administración de la cotización del 10,5% del trabajador.

Chile: Indagan irregularidades en corporaciones de Vitacura

 

La Comisión Investigadora conformada para tal efecto se encuentra analizando los hechos registrados en Vitacura entre los años 2008 y 2021.

La Comisión encargada de reunir antecedentes relativos a los actos de Gobierno, en relación con el funcionamiento de las organizaciones comunitarias funcionales y corporaciones municipales de Vitacura, continuó su ronda de audiencias.


La instancia investiga los hechos ocurridos con las corporaciones denominadas Consejo Local de Deportes, Vita Pass, Vita Emprende, Vita Salud y Vita Deportes.

En la oportunidad expuso, en primer término, Eugenio Campos, Director de la Unidad Especializada Anticorrupción e Infracción a la Probidad y Lavado de Activos, de la Fiscalía Nacional.

Campos relató el estado de la causa que tiene seis personas en calidad de imputados, entre ellos el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Recordó que el Ministerio Público dio cuenta en la audiencia de formalización de un monto defraudado aproximado de 750 millones de pesos. Sin embargo esta cifra puede aumentar ya que hay otros peritajes contables que se están desarrollando y que podrían modificar el monto.

También compareció ante la comisión, Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Recordó que el Servicio inició en este caso un proceso de recopilación de antecedentes, para ver si se justificaba o no la presentación de una acción penal por delito tributario.

Fue así como se constató una aserie de irregularidades que involucraban a la municipalidad de Vitacura y a una serie de corporaciones afines. Ello dio pie a las acciones judiciales que están en curso.

Agregó que si bien la querella se dirige contra el ex alcalde Raúl Torrealba, está presentada también contra todos aquellos que resulten responsables. Dicha situación podría aumentar también el número de imputados.

Antecedentes Comisión Investigadora por caso Vitacura

La instancia la solicitaron 66 diputados y diputadas. Específicamente, se espera que aborde la situación de las corporaciones VitaPass, Vita Emprende, Vita Salud y Vita Deportes. Todas ellas corresponden a la comuna de Vitacura. El periodo de las indagatorias será entre los años 2008 y 2021.

Para su trabajo deberá reunir antecedentes relativos a los actos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Asimismo, de los ministerios del Deporte y de Salud. Además, de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y de la Corporación de Fomento de la Producción.

Su informe deberá ser rendido en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Chile: A 100 días de los Juegos Panamericanos 2023

 

Presidente de la República Gabriel Boric Font a 100 días de los Juegos Panamericanos 2023: “que el deporte nos ayude a hacer comunidad, que nos ayude a volver a encontrarnos, que por un rato las diferencias queden de lado”

Junto a la alcaldesa Claudia Pizarro, las autoridades del ministerio del Deporte, y de la Corporación Santiago 2023, el Mandatario participó de una actividad ciudadana en la comuna de La Pintana, la cual será una de las subsedes del evento deportivo.


Durante la mañana de este miércoles, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezó una ceremonia ciudadana en el Polideportivo de La Pïntana, hito que inicia la cuenta regresiva a 100 días del inicio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.


El complejo donde tuvo lugar la actividad, también será subsede del evento deportivo, donde se desarrollará también la competencia de rugby. En la instancia, autoridades y vecinos fueron espectadores de una muestra de disciplinas deportivas convencionales y paralímpicas, tales como vóleibol, básquetbol y breakdance.


“Chile es un país que todavía sigue siendo profundamente desigual, pero si hay algo que está distribuido equitativamente es el talento y la diferencia se nota cuando ponemos las condiciones materiales para que ese talento se desarrolle”, señaló el Presidente de la República.


Asimismo, el Presidente destacó la importancia del evento deportivo que se desarrollará este 20 de octubre y que hoy inicia la venta de entradas. “Queremos ver nuestros recintos deportivos colmados de público y que los juegos se vean en todo el país, en todas las escuelas, en las juntas de vecinos, en los centros comunitarios, que el deporte nos ayude a hacer comunidad, que nos ayude a volver a encontrarnos, que por un rato las diferencias queden de lado y nos sintamos parte de lo mismo”, expresó.


El mandatario se refirió también a su gira a Europa, afirmando que “más allá de los nombres rimbombantes y de la tremenda importancia que tiene este viaje para defender el interés nacional y atraer mayor desarrollo y progreso a nuestro país, me alegra muchísimo partir desde La Pintana”.


Además, agregó aspectos destacados de está última, tales como “atraer inversiones a Chile, hacernos parte de proyectos científicos importantes, participar de una cumbre con todos los mandatarios de Europa y América Latina en Celac-UE”.

Chile: Gobierno rebaja previsión de crecimiento económico para 2023

 

El gobierno de Chile ahora espera que el producto interno bruto (PIB) crezca un 0,2% en 2023, dijo el miércoles el ministro de Finanzas, Mario Marcel, al Senado, revisando su pronóstico a la baja desde una estimación anterior de 0,3%.

Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el cambio en la proyección estuvo motivado por el desempeño de la economía chilena en el 1er trimestre de este año, que registró un crecimiento del 1% con relación al trimestre anterior. A pesar del incremento, el PIB chileno de los tres primeros meses de 2023 fue un 0,9% inferior al registrado en el 1er trimestre del año anterior.

Se prevé que la demanda interna en el mayor productor de cobre del mundo caiga un 4,1% este año a partir de 2022, agregó Marcel, una caída mayor que la del 3,5% proyectada por el gobierno en mayo.


El gobierno del país también revisó a la baja su pronóstico de inflación promedio y precios del cobre para este año.

Chile ahora espera que la inflación promedie 7,8% en 2023, levemente por debajo del 7,9% proyectado hace dos meses, aunque todavía por encima de la meta de 3% del banco central.

Mientras tanto, se prevé que los precios del cobre promedien $ 3,85 por libra, por debajo de los $ 3,86 estimados anteriormente.

Se espera que la economía de Chile crezca un 0,3% en 2023 y evitará una recesión, según proyecciones difundidas por el Ministerio de Hacienda este miércoles. La revisión marca un aumento en relación a la proyección anterior, realizada a principios de año, que pronosticaba una caída de 0,7% en la economía chilena este año.

¿ Que Pasa Si Olvidamos los 50 años del sangriento golpe militar en Chile?

 

En 2023 se cumplirán 50 años del sangriento golpe de estado en Chile, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende por la coalición política de la Unidad Popular.

                

El segundo año del mandato de Gabriel Boric se inició con la difícil tarea de realizar las conmemoraciones por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile.

 En la primera semana de marzo, el gobierno difundió un documento que trae una directriz interna para los distintos organismos públicos sobre qué tono deben tener estos retiros. El texto, titulado Democracia es memoria y futuro, plantea importantes reflexiones sobre una fecha que seguramente estará marcada por intensas disputas.

Dicen que quien olvida su historia está destinado a repetirla. La memoria es parte de lo que somos ahora y ¿qué es más importante que conocernos a nosotros mismos?

El golpe de Estado liderado por el general traidor a la patria Pinochet acabó con el 'camino chileno al socialismo'. El bombardeo del Palacio de la Moneda, donde se encontraba el presidente Salvador Allende, y su decisión de morir antes que entregar el mando a los golpistas, se ha convertido en un símbolo de la historia reciente de Chile.

Sólo dos semanas antes del golpe, el traidor general Augusto Pinochet había sido designado por Allende comandante en jefe del Ejército. Sustituyó al dimitido general Carlos Prats, que falto de apoyos en la cúpula y los mandos del ejército, no pudo resistir la presión social de la derecha. Posteriormente, en 1974, fue asesinado por la DINA, la policía política de la dictadura.

La dictadura que siguió al golpe militar en Chile fue una de las más intensas y sanguinarias de América Latina. El régimen asesinó o desapareció a unas 3.000 personas, torturó a miles de prisioneros y obligó al exilio a miles de chilenos. Económicamente, Chile se ha convertido en el laboratorio de las políticas neoliberales, con la privatización de empresas estatales, ostentación de la globalización y, sobre todo, una política de mínima injerencia estatal en la economía.

50 años después, el país vive un momento importante. Luego de una ola de manifestaciones que tuvo lugar en 2019, el gobierno inició el proceso para la implementación de una nueva Asamblea Constituyente. Sin embargo, el texto final presentado fue rechazado por la población del país en un plebiscito que se llevó a cabo el 4 de septiembre. Así, se mantiene vigente la Constitución promulgada en 1980, durante el gobierno de Pinochet, que es la base de las políticas económicas neoliberales.

Recordar el sangriento golpe militar que se dio en Chile y consecuentemente también el gobierno de Salvador Allende es una oportunidad para aprender sobre las posibles formas de transformar la sociedad y también sobre la violencia que las fuerzas conservadoras son capaces de imponer frente a una política social solidaria, justa y autentivamente nuestra. 

Bono de $200 mil pesos en Chile: Qué es, beneficirios y cómo acceder al Subsidio Protege

 

En Chile, millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que son adultos mayores, se encuentran a la expectativa de recibir el Bono 200,000 pesos. En esta nota que presentaremos a continuación, te contaremos cómo saber si eres beneficiario de este subsidio que ofrece el Estado chilenos a los ciudadanos que más lo necesitan.

Bono Protege de $200 mil pesos en Chile: Quiénes acceden, cómo postular y cuándo pagan

CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL BONO 200,000 PESOS PARA ADULTOS MAYORES


Para saber si eres beneficiario del Bono 200,000 pesos, que en realidad se llama Pensión Garantizada Universal (PGU), primero debes cumplir los siguientes requisitos

1- Personas que tengan 65 años o más

2- No sean parte el 10% más rico de la población

3- Acrediten residencia en el territorio chileno.

Debe cumplir lo siguiente: Un período no inferior a 20 años continuos o discontinuos, desde que la o el solicitante haya cumplido 20 años de edad. Un lapso no inferior a cuatro años de residencia en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud para acogerse al beneficio de PGU

- Cuenten con una pensión base menor a $1.114.446 (monto de la pensión superior).

Luego de ello, se debe postular en el sitio web de ChileAtiende ingresando con tu clave única.

Recuerda que este procedimiento está disponible los 365 días del año, incluyendo fines de semana y días festivos.

QUÉ ES EL BONO 200,000 PESOS PARA ADULTOS MAYORES DE CHILE


La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un programa de seguridad social implementado en Chile con el objetivo de asegurar una pensión mínima a los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Este beneficio fue establecido en el año 2008 como parte de una reforma al sistema de pensiones del país.


El propósito principal de la PGU es brindar una protección social a aquellos adultos mayores que no pudieron acumular los suficientes fondos de pensión durante su vida laboral, ya sea por la falta de aportes o por recibir una pensión muy baja. La PGU busca garantizar un ingreso mínimo para estos adultos mayores, permitiéndoles tener una calidad de vida digna en su etapa de jubilación.


Para acceder a la Pensión Garantizada Universal, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la ley. En primer lugar, la persona debe tener 65 años o más. Además, no debe estar recibiendo una pensión igual o superior a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), que es un monto máximo de pensión establecido anualmente.


El monto de la PGU se calcula utilizando una fórmula establecida por la legislación vigente y se ajusta periódicamente. El objetivo es asegurar que los beneficiarios tengan un ingreso mínimo que les permita cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, vivienda y salud.


Es importante mencionar que la Pensión Garantizada Universal es solo uno de los componentes del sistema de pensiones en Chile. Existen otros beneficios y subsidios disponibles para los adultos mayores que no cuentan con una pensión suficiente. Algunos de estos programas incluyen el Bono de Reconocimiento, el Aporte Previsional Solidario y el Aporte Previsional Voluntario Colectivo, entre otros.


El Bono de Reconocimiento busca compensar a aquellas personas que, debido a las modificaciones del sistema previsional chileno, vieron disminuidos sus montos de pensión. Este bono se entrega a quienes tenían cotizaciones antes de la reforma de 1981 y que no pudieron acumular los suficientes fondos para obtener una pensión adecuada.


Por otro lado, el Aporte Previsional Solidario es un beneficio destinado a las personas que tienen bajos ingresos y que no lograron ahorrar lo suficiente para obtener una pensión adecuada. Este aporte se entrega a través de dos componentes: el Aporte Previsional Básico Solidario (APBS) y el Aporte Previsional Adicional (APA). El APBS busca complementar las pensiones de las personas de menores ingresos, mientras que el APA se entrega a aquellos beneficiarios que hayan cotizado durante al menos 30 años y cuyas pensiones se encuentren bajo un cierto umbral.


Además, existe el Aporte Previsional Voluntario Colectivo, que permite a los trabajadores independientes y a aquellos que no tienen un empleador realizar aportes adicionales a su cuenta de ahorro previsional. Este aporte es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y permite aumentar los fondos de pensión de los trabajadores.

Chile: ¿Se logró aprobar el sexto retiro de las AFP 2023 en Chile?

 

¿Se aprobó el retiro de AFP en Chile? Conoce qué se sabe del proyecto, a quiénes beneficia y más detalles.

Cuánto dinero se podrá cobrar y en qué fechas el sexto retiro de la AFP en Chile.

El sexto retiro de las AFP, es un tema que se encuentra en el centro de la opinión pública en Chile, debido a que más de uno se encuentra interesado en contar con el dinero de sus ahorros para diferentes fines. En esta nota te contare qué es lo que se sabe hasta el momento sobre esta polémica medida que se encuentra en el medio del debate dentro de la Cámara de Diputados.

ACTUALIZACIÓN DEL RETIRO DE AFP:


Finalmente se cerró el debate del retiro de fondos de pensiones. El proyecto, en principio, fue rechazado por una amplia mayoría en la Comisión de Constitución, resultando con 10 votos en contra y 3 a favor.

Asimismo, se obtuvo un resultado similar en la Cámara de Diputados con 48 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones. Luego de estas votaciones, se terminó con la expectativa e incertidumbre sobre un próximo retiro de la AFP.

QUÉ FALTA PARA QUE SE APRUEBE EL SEXTO RETIRO DE LAS AFP EN CHILE: SOBRE EL DEBATE DE LA MEDIDA


El martes 6 de junio, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile sometió a votación en general el proyecto del sexto retiro de fondos de pensiones. Esta iniciativa ha generado expectativas y polémicas en la sociedad, y ahora enfrenta un importante paso en su proceso legislativo.

Sin embargo, algunos especialistas han expresado su preocupación y consideran que el proyecto podría no contar con los votos suficientes para ser aprobado en general. Esto implicaría que el proyecto pasaría con un informe negativo a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que significa que la Comisión recomienda no aprobar la iniciativa.


En términos sencillos, si el proyecto es rechazado en la votación en general, se deberá esperar al menos un año más para retomar la discusión en el Congreso. Esto supone un revés para quienes respaldan el sexto retiro y buscan acceder a sus fondos de pensiones debido a la difícil situación económica que atraviesan.

En contraste, si el proyecto es aprobado en la votación en general, regresará a la Comisión de Constitución para continuar con la discusión y votación en particular. Esta etapa permitirá analizar los detalles específicos del proyecto y realizar las modificaciones pertinentes antes de su aprobación definitiva.

Una vez superada la discusión en particular, el proyecto seguirá su curso a través de los trámites constitucionales correspondientes. Esto incluye su votación en la sala de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, donde también deberá ser debatido y votado.

El sexto retiro de fondos de pensiones ha sido motivo de controversia desde su presentación, ya que algunos sectores argumentan que afectaría la estabilidad del sistema previsional chileno y podría tener consecuencias negativas en el largo plazo. Por otro lado, aquellos que respaldan el retiro sostienen que es una medida necesaria para hacer frente a la crisis económica y social que ha generado la pandemia.


La votación en la Comisión de Constitución marcará un hito clave en el proceso legislativo del sexto retiro. Los resultados determinarán si el proyecto avanza hacia la siguiente etapa o si se estanca y debe esperar para ser retomado en el futuro.

QUÉ ES LA AFP DE CHILE

La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) es una institución financiera privada que opera en Chile y es responsable de administrar el sistema de pensiones del país. Las AFP fueron creadas en 1981 como parte de una reforma al sistema de seguridad social chileno. Su principal objetivo es administrar los fondos de pensiones de los trabajadores y garantizarles una pensión adecuada al momento de su jubilación.

El sistema de AFP se basa en la capitalización individual, lo que significa que cada trabajador tiene una cuenta de ahorro individual en la AFP correspondiente a la que está afiliado. Cada mes, los empleadores y los trabajadores realizan aportes a estas cuentas, los cuales se invierten y generan rendimientos a lo largo del tiempo.

Las AFP ofrecen a los afiliados diferentes tipos de fondos de pensiones, que varían en función del perfil de riesgo y la rentabilidad esperada. Los afiliados pueden elegir el tipo de fondo en el que desean invertir sus ahorros, siendo los principales fondos el de mayor riesgo (A) y el de menor riesgo (E).

Una de las características del sistema de AFP en Chile es la obligatoriedad de la afiliación. Todos los trabajadores dependientes e independientes deben afiliarse a una AFP y realizar aportes mensuales. Sin embargo, existen ciertas excepciones, como los trabajadores del sector público, quienes tienen un sistema de pensiones diferente.

Las AFP tienen la responsabilidad de administrar y hacer crecer los fondos de pensiones de los afiliados. Para ello, realizan inversiones en diferentes instrumentos financieros, como acciones, bonos y otros activos. El objetivo es maximizar la rentabilidad de los fondos y asegurar que los afiliados puedan obtener una pensión adecuada al momento de su jubilación.

Sin embargo, el sistema de AFP en Chile ha sido objeto de críticas y controversias a lo largo de los años. Algunos de los principales cuestionamientos se relacionan con las bajas pensiones que reciben los jubilados, la falta de solidaridad del sistema y las comisiones que cobran las AFP por la administración de los fondos.

Las bajas pensiones son uno de los problemas más relevantes. A pesar de los aportes realizados durante toda la vida laboral, muchas personas reciben pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esto se debe en parte a las fluctuaciones del mercado y a la volatilidad de los rendimientos de los fondos de pensiones.

La falta de solidaridad del sistema es otro aspecto cuestionado. El sistema de AFP se basa en la individualidad de las cuentas de ahorro, lo que significa que cada persona recibe una pensión acorde a sus propios aportes y rendimientos. Esto puede generar inequidades y situaciones en las que algunas personas no logran acumular los suficientes fondos para una pensión digna.

Las comisiones que cobran las AFP por la administración de los fondos también han sido motivo de debate. Algunos críticos consideran que las comisiones son altas y pueden afectar la rentabilidad de los ahorros de los trabajadores.

Chile: Acusación constitucional ministro Ávila

 

Visiones dispares concitó nueva sesión de audiencias

El abogado José Valdivia dijo que las imputaciones que se formulan al ministro son muy difíciles de configurar. Por el contrario, desde el Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda consideró que el activismo del ministro ha superado el límite de lo privado.


La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, continuó esta mañana con sus audiencias. En este contexto, recibió al abogado y profesor de derecho administrativo, José Valdivia; y a Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Ambos presentaron visiones dispares sobre el debate en cuestión.

La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, continuó esta mañana con sus audiencias. En este contexto, recibió al abogado y profesor de derecho administrativo, José Valdivia; y a Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Ambos presentaron visiones dispares sobre el debate en cuestión.


José Valdivia precisó que todas las irregularidades que se achacan al ministro provienen del desempeño de instituciones que son subalternas y que dependen del ministerio.

En particular, se refirió a dos capítulos que calificó como “problemáticos”: el quinto y el sexto. Ellos refieren a los programas de útiles escolares y de alimentación. En ambos casos, “lo que está en juego es una cuestión de supervigilancia”.

Detalló que es muy excepcional que la supervigilancia se traduzca en controles relativos a las actuaciones y operaciones de los organismos en cuestión, como controles concretos. “Los poderes con los que cuenta el ministro, respecto de la Junaeb, son específicamente los que determina la ley y esto se muestra fundamentalmente en la designación de personal”, puntualizó.

Acusaciones







El académico dijo que las acusaciones que se formulan en relación con esta materia,



“pretenden que, gracias a la noción de supervigilancia, el ministro sea responsable respecto de las posibles irregularidades que se hayan cometido al interior de esta institución”.

“Es una acusación que no se ve respaldada en hechos concretos. Simplemente, acusaciones de un déficit de dinero que no parecen provenir de un hecho que sea imputable directamente a la institución (a través de qué contrato se ha producido una falta), por lo que se hace difícil contestar ese tipo de acusación”, detalló.

Manifestó que, “en el caso de los Servicios Locales de Educación, sin duda, la institucionalidad general del Ministerio de Educación permite conceptualizar estas figuras como parte de una misma familia, pero el diseño normativo especifico ha radicado las competencias de supervisión en el director de educación pública”.

Por consiguiente, esto trae por consecuencia una doble cadena de controles. Por una parte, los servicios locales de educación son controlados por el director de educación pública. Son servicios descentralizados que son controlados por un organismo desconcentrado del Ministerio de Educación.

En tal sentido, determinó que las imputaciones que se formulan hacia el ministro son muy difíciles de configurar.

Observatorio legislativo cristiano

Por el contrario, Marcela Aranda dijo que no hay preocupación por los niños. La activista expuso materiales relacionados con el lenguaje no sexista, feminismo y el movimiento LGTBQ+.

“El ministro Ávila puede creer lo que quiera y sentirse como él quiera. Sin embargo, no puede usar su cargo para tomar el ministerio como una plataforma para ejercer una acción de proselitismo ideológico, sea en el ámbito político, de la sexualidad o cualquier otro”, acotó la directora del Observatorio Legislativo Cristiano.

También manifestó su temor a que no se respete el derecho preferente de educar a los hijos. En dicho plano, señaló que espera que se pueda garantizar tal garantía, de modo que las niñas y niños tengan la educación que los padres decidan darle hasta que tengan la edad suficiente para tomar sus decisiones.

Sobre el punto apeló a lo indicado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por el Estado de Chile.

Sostuvo que la moral establece lo que es bueno y malo. Ello considera que la formación física, mental, social, cultural, emocional y espiritual de los hijos sea competencia de los padres. Así, el Estado cumple un rol subsidiario.

Finalmente dejó expuesta su inquietud, frente a si el titular de educación es un lobista LGTBQ+ o un ministro de la educación en Chile.

A su juicio, su activismo y condición ha superado el limite de lo privado y ha cruzado el limite de vulnerar el derecho de niños y padres.

Chile: Estos son los avances del Plan de Reconstrucción tras incendios forestales que afectaron a la zona centro sur

 

El conjunto de medidas en apoyo a las personas afectadas por la catástrofe se basa en 4 ejes de trabajo: habitabilidad, apoyo psicosocial, recuperación productiva e infraestructura.

El Plan de Reconstrucción que estableció el Gobierno tras los incendios forestales de la zona centro sur del país en febrero de este año cuenta con 78 medidas que buscan entregar seguridad, dignidad y esperanza a todas las personas y comunidades afectadas por la catástrofe, así como también recuperar la actividad productiva y promover el desarrollo de los territorios.

Lo anterior se busca lograr a través de la reposición de lo perdido, mejorando y ampliando las oportunidades para sus habitantes, y disminuyendo las actuales brechas de inequidad, en conjunto con gobiernos regionales y los municipios.

Conoce el balance de los avances del Plan de Reconstrucción a continuación.

Balance de los avances del Plan de Reconstrucción por incendios forestales

El Plan de Reconstrucción por los incendios forestales ha avanzado en 4 ejes de trabajo, que se detallan a continuación.

Habitabilidad

Viviendas de emergencia: 1.806 viviendas construidas (100%)
Reparación de viviendas con daño leve o moderado: 181 subsidios otorgados

Apoyo psicosocial

El avance del Plan de Reconstrucción en salud mental corresponde a 14 Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar (Cosam) móviles en 42 comunas.

Recuperación productiva

Bonos de recuperación productiva para pequeños agricultores: 9.840 bonos entregados (86%) por montos de $1 millón a $3 millones.
Subsidios del programa “Turismo social” para MiPymes: 2.528 personas beneficiadas en giras de estudio y turismo familiar.
Subsidios para recuperación de MiPymes y cooperativas: 481 contratos firmados para recuperación de capital de trabajo
Subsidio a la Contratación para MiPymes: Van 1.056 postulaciones y estarán abiertas hasta el 31 de agosto. El pago inicia el lunes 31 de julio de 2023.

Infraestructura

Existen 18 establecimientos educacionales en etapas de evaluación o diseño.

Coordinación de instituciones por el Plan de Reconstrucción por incendios

La coordinación con los gobiernos locales, el rol clave que jugó la colaboración público-privada y el apoyo de la sociedad civil fueron fundamentales para el combate del fuego y lo siguen siendo en el actual proceso, a través del Fondo de Reconstrucción.

Esta coordinación inicial del proceso de reconstrucción y la elaboración del plan fueron encargadas por el Presidente Gabriel Boric a Paulina Saball, quien tuvo el rol de delegada presidencial para la reconstrucción, entre el 10 de febrero y el 1 de junio.

Tras concluir su labor, la ejecución del plan se institucionalizó y quedó en manos de los delegados presidenciales regionales de Ñuble, Biobío y La Araucanía, liderados por el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.

Entregar soluciones habitacionales a las familias damnificadas es la prioridad del Gobierno, por lo que más de 1.800 familias ya cuentan con una vivienda de emergencia, la gran mayoría ya cuenta con alcantarillado y red eléctrica.

Conaf está trabajando en la generación de zonas de amortiguación y cortafuegos, y este año será enviado al Congreso el proyecto de ley de Incendios Forestales y Rurales, que dará las herramientas adecuadas para prevenir, mitigar, controlar y extinguir eficazmente los incendios.