Los senadores Manuel José Ossandón, Alejandro García Huidobro y Alejandro Guillier presentaron una iniciativa en esa línea.
Con el fin de considerar los criterios de funcionalidad en materia habitacional para las personas con discapacidad, los senadores Manuel José Ossandón, Alejandro García Huidobro y Alejandro Guillier, presentaron una iniciativa que modifica la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
La iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Salud para su estudio establece que “las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda adecuada y que posea las condiciones de accesibilidad prescrita en la legislación vigente. Las medidas de igualdad de oportunidades y acciones afirmativas que se establezcan en su favor, ya sea para la compra o para la adaptación de una vivienda, deberán considerar el nivel de severidad o compromiso de la deficiencia y el grado de vulnerabilidad en que se encuentra”.
Según explican los senadores, nuestro país ha asumido el compromiso de continuar y seguir avanzando en la inclusión social de las personas con discapacidad al suscribir, y luego ratificar en el año 2008, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dicho instrumento reconoce la importancia del acceso al entorno físico y propugna un nivel de vida adecuado para las personas en situación de discapacidad y sus familias. Esto incluye una vivienda adecuada y la mejora continua de sus condiciones de vida, debiendo adoptar los Estados Parte medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación, reconociendo además el derecho de las personas con discapacidad a la protección social, comprometiéndose a adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho.
“A nuestro juicio, las medidas de igualdad de oportunidades en materia de vivienda para personas con discapacidad que establece la legislación vigente y su reglamento no son suficientes y no satisfacen las exigencias de accesibilidad con la mera destinación de recursos a través de subsidios especiales, pese a que tradicionalmente esta ha sido la respuesta a las necesidades habitacionales”, señalan los senadores.
Por eso, aseguran, “el Estado debe hacer un esfuerzo para asegurar en mayor medida los derechos a los cuales se obligó al suscribir la CIDPC y darle efectividad a sus disposiciones. Esto va más allá de la implementación de subsidios, dado que la accesibilidad así entendida no permitiría eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en igualdad de condiciones en la vida nacional”.
A juicio de los legisladores “debemos fomentar el establecimiento y consolidación de programas de acciones afirmativas económicas, graduales, reforzadas, ajustadas al nivel de severidad o compromiso de la discapacidad. Y a su vez debemos atender a consideraciones sobre los grados de pobreza para la compra de vivienda digna, lo que no se satisface con meros subsidios que tienen por objeto mejorar condiciones de habitabilidad de las personas con discapacidad”.
La iniciativa, que fue remitida a la Comisión de Salud para su estudio establece que “las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda adecuada y que posea las condiciones de accesibilidad prescrita en la legislación vigente. Las medidas de igualdad de oportunidades y acciones afirmativas que se establezcan en su favor, ya sea para la compra o para la adaptación de una vivienda, deberán considerar el nivel de severidad o compromiso de la deficiencia y el grado de vulnerabilidad en que se encuentra”.Según explican los senadores, nuestro país ha asumido el compromiso de continuar y seguir avanzando en la inclusión social de las personas con discapacidad al suscribir, y luego ratificar en el año 2008, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Dicho instrumento reconoce la importancia del acceso al entorno físico y propugna un nivel de vida adecuado para las personas en situación de discapacidad y sus familias. Esto incluye una vivienda adecuada y la mejora continua de sus condiciones de vida, debiendo adoptar los Estados Parte medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación, reconociendo además el derecho de las personas con discapacidad a la protección social, comprometiéndose a adoptar las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho.
“A nuestro juicio, las medidas de igualdad de oportunidades en materia de vivienda para personas con discapacidad que establece la legislación vigente y su reglamento no son suficientes y no satisfacen las exigencias de accesibilidad con la mera destinación de recursos a través de subsidios especiales, pese a que tradicionalmente esta ha sido la respuesta a las necesidades habitacionales”, señalan los senadores.
Por eso, aseguran, “el Estado debe hacer un esfuerzo para asegurar en mayor medida los derechos a los cuales se obligó al suscribir la CIDPC y darle efectividad a sus disposiciones. Esto va más allá de la implementación de subsidios, dado que la accesibilidad así entendida no permitiría eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad participar en igualdad de condiciones en la vida nacional”.
A juicio de los legisladores “debemos fomentar el establecimiento y consolidación de programas de acciones afirmativas económicas, graduales, reforzadas, ajustadas al nivel de severidad o compromiso de la discapacidad. Y a su vez debemos atender a consideraciones sobre los grados de pobreza para la compra de vivienda digna, lo que no se satisface con meros subsidios que tienen por objeto mejorar condiciones de habitabilidad de las personas con discapacidad”.
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