Un rechazo categórico manifestaron los sitios de memoria a los dichos del jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien insinuó que los militares en retiro tienen la opción de mantener el silencio sobre los crímenes de los que se les acusan.
"Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia", dijo el jefe militar, lo que causó la indignación de las organizaciones de derechos humanos. Aunque el comandante del Ejército insistió en que "nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir", los sitios demandaron este miércoles que el general Oviedo debe ordenar explícitamente a militares activos o en retiro que terminen los pactos secretos y entreguen a la justicia los antecedentes que conozcan sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
Los sitios de memoria también rechazaron que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmara que "no existe voluntad del Ejército de ocultar información", cuando en realidad es como reiteradamente han actuado.
Al respecto, las organizaciones que esta mañana llevaron una serie de propuestas a La Moneda para terminar con los pactos de silencio y la impunidad, recordaron que en 2013, los tribunales enviaron 165 solicitudes de información a las fuerzas armadas y policiales, pero solo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses. Las organizaciones también recordaron que el Mesa de Diálogo del 2000, las FFAA proporcionaron informaciones falsas.
"En 25 años de democracia ninguna autoridad civil ha realizado una investigación exhaustiva y decidida sobre información y documentación existente en recintos y archivos del ejército. Las autoridades civiles del gobierno deben entregar una señal clara y potente a las autoridades militares, sobre el deber que les corresponde de entregar la información que poseen y poner fin a los pactos de silencio", dijo Juan René Maureira, integrante de Londres 38, espacio de memorias.
"Lo que corresponde es que las autoridades civiles, como el ministro de Defensa e incluso la presidenta de la República, tomen medidas concretas que apunten a terminar con los pactos de silencio, ordenen la búsqueda de archivos vinculados a la represión y terminen con la impunidad, con medidas como el cierre del penal de Punta Peuco o enviando una ley que permita degradar a los represores. Eso esperamos de las autoridades.", dijo a su vez Samuel Huston, del sitio de memoria Clínica Santa Lucía.
Entre las propuestas presentadas al gobierno por sitios de memoria de todo el país, enfatizaron en la necesidad de terminar con el secreto de 50 años sobre los testimonios entregados a las Comisiones Valech, así como poner urgencia al proyecto de ley que termina con la atribución de eliminación de archivos que gozan las Fuerzas Armadas.
Los sitios de memoria también rechazaron que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmara que "no existe voluntad del Ejército de ocultar información", cuando en realidad es como reiteradamente han actuado.
Ministro José Antonio Gómez
Al respecto, las organizaciones que esta mañana llevaron una serie de propuestas a La Moneda para terminar con los pactos de silencio y la impunidad, recordaron que en 2013, los tribunales enviaron 165 solicitudes de información a las fuerzas armadas y policiales, pero solo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses. Las organizaciones también recordaron que el Mesa de Diálogo del 2000, las FFAA proporcionaron informaciones falsas.
"En 25 años de democracia ninguna autoridad civil ha realizado una investigación exhaustiva y decidida sobre información y documentación existente en recintos y archivos del ejército. Las autoridades civiles del gobierno deben entregar una señal clara y potente a las autoridades militares, sobre el deber que les corresponde de entregar la información que poseen y poner fin a los pactos de silencio", dijo Juan René Maureira, integrante de Londres 38, espacio de memorias.
"Lo que corresponde es que las autoridades civiles, como el ministro de Defensa e incluso la presidenta de la República, tomen medidas concretas que apunten a terminar con los pactos de silencio, ordenen la búsqueda de archivos vinculados a la represión y terminen con la impunidad, con medidas como el cierre del penal de Punta Peuco o enviando una ley que permita degradar a los represores. Eso esperamos de las autoridades.", dijo a su vez Samuel Huston, del sitio de memoria Clínica Santa Lucía.
Entre las propuestas presentadas al gobierno por sitios de memoria de todo el país, enfatizaron en la necesidad de terminar con el secreto de 50 años sobre los testimonios entregados a las Comisiones Valech, así como poner urgencia al proyecto de ley que termina con la atribución de eliminación de archivos que gozan las Fuerzas Armadas.
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