Lo reveló el diario on line El Desconcierto al dar cuenta del proceso que se inició a mediados de 2006 poco antes de la muerte del militar en diciembre de ese año.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) pide más de 736 mil dólares en tributos no pagados a la 'regalona' de los Pinochet.
La fortuna que el dictador ocultaba en el exterior quedó al descubierto durante la investigación que el Senado de Estados Unidos hizo por financiamiento del terrorismo tras el atentado en 2001 a las Torres Gemelas. En dicha indagación se descubrió la existencia de 125 cuentas secretas de Pinochet, con 27 millones de dólares. A mediados de 2006, poco antes del deceso del anciano militar, el Departamento de Delitos Tributarios en Chile, dependiente de la Subdirección Jurídica del Servicio de Impuestos Internos (SII), citó a declarar a Jacqueline Marie Pinochet Hiriart.
La hija menor estaba siendo investigada por "subdeclaración y no pago de impuestos", correspondientes a ingresos percibidos desde el exterior, entre 2000 y 2005.
El SII sostuvo que las rentas percibidas, correspondientes a intereses, utilidades y dividendos se encontraban gravadas con el impuesto a la Renta de Primera Categoría, y algunos fondos que provenían desde el exterior no estaban debidamente respaldados. Todo como parte de la arista que investigó al dictador por enriquecimiento ilícito.
El Desconcierto reveló que el pasado 30 de septiembre, el Cuarto Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana hizo pública la resolución a reclamación de la hija de Pinochet, que busca evitar el pago de impuestos a la renta, a donaciones y las costas asociadas.
Actualmente, sólo el SII y el Consejo de Defensa del Estado perseveran en el intento de recuperar parte del dinero obtenido por la familia Pinochet mediante fraude al Fisco.
En la resolución se especificó que en los años fiscalizados "la reclamante ha mantenido diversas cuentas bancarias donde periódicamente ha recibido montos de dinero, efectuado giros y también la compra de un inmueble en la comuna de Lo Barnechea".
Entre los más de 47 considerandos, describió que en el año 2003 ingresó al país, a través del mercado cambiario, más de 279 mil dólares de la época. Parte de estos dineros, presume el tribunal tributario, habrían sido utilizados en la compra del mencionado bien raíz en el exclusivo barrio del sector oriente de la capital.
Ella respondió que el dinero provenía de un préstamo del Banco del Orinoco de Venezuela, pero el tribunal sostuvo que "no existe antecedente alguno que acredite la existencia de dicho préstamo".
"La copia simple de la planilla del Banco Central dice que el país de origen de la moneda dólar es Estados Unidos". "La fotocopia acompañada sobre 'Información de Crédito, Depósitos, Inversiones y Aportes de Capital', dice que el acreedor es 'CFI International Corporation', especificó el juzgado.
Además, agregó, "la misma reclamante reconoce en su escrito que los fondos fueron depositados por su padre a la institución que figuraría como acreedora, en forma previa a la operación, no habiendo hecho ella pago alguno ni al acreedor ni a otra persona".
Jacqueline aseguró que el dinero era por concepto de alimentos para sus hijos -nueve- a través de la manutención que hacían sus padres Augusto y Lucía, atendido a que no contaría "con ingresos propios", pero sin acreditar que la obligación realmente exista.
El tribunal explicó que "si bien los ascendientes podrían encontrarse obligados por ley a dar alimento a sus nietos, lo cierto es que no son los primeros obligados a hacerlo, sino…sólo una vez que se acredite que el padre o madre se encuentren impedidos".
Jacqueline Pinochet percibió de parte de su padre por "concepto de rentas mensuales vitalicias", entre noviembre de 2002 hasta octubre de 2003 la suma de 3.000 dólares, y desde noviembre de 2003 en adelante, 4.000 dólares, todos depositados a una cuenta corriente del Banco de Chile con sucursal en Miami.
Pese a esta evidencia, argumentó que sería improcedente cobrar un impuesto a las donaciones, "al tratarse de sumas percibidas en calidad de pago de obligaciones alimentarias establecidas por ley". Y que, en caso de ser considerada afecta, quien debería pagar no es ella sino el donante, en este caso su padre.
La investigación esclareció que la suma de dinero entregada a Jacqueline respondería a un contrato de mandato y fideicomiso suscrito en el año 2002, donde su padre se compromete a entregarle una "pensión mensual vitalicia". El contrato fue firmado por Pinochet y su esposa Lucía, y el abogado Oscar Aitken, albacea del dictador.
El tribunal rechazó casi la totalidad de las reclamaciones, incluida la compra de la casa y las cuestionadas "pensiones vitalicias". Lo único que aceptó fue el descuento de 6.000 dólares por dos meses de "pensión" que el SII no pudo acreditar, los que deberán descontarse y hacer una nueva liquidación sobre este punto.
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