Tras su aprobación en general, la Comisión de Constitución iniciará la discusión en particular del proyecto que busca reforzar la protección de las víctimas y mejorar la operatividad del sistema de justicia penal.
Hasta el momento son 51 las indicaciones que recibió el proyecto que perfecciona la reforma procesal penal con el objeto de corregir las deficiencias que se han detectado en su funcionamiento. Y es por eso, que la Comisión de Constitución, acordó escuchar las opiniones de los diversos actores involucrados en el tema, antes de iniciar la discusión en particular.
De ahí que este miércoles 7 de agosto, la instancia recibirá a los representantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Colegio de Abogados, de Paz Ciudadana, del Instituto de Ciencias Penales, de las asociaciones de funcionarios y fiscales del Ministerio Público, además de los abogados Miguel Otero y Guillermo Piedrabuena.
La sesión está citada a partir de las 10 horas y la idea es poder escuchar todas las sugerencias e inquietudes que existan en torno a la iniciativa que busca reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal.
En lo medular, el proyecto enviado por el Ejecutivo se estructura en torno a cuatro ejes: medidas para aumentar la protección y participación de las víctimas; para mejorar la persecución penal que realiza el Ministerio Público; para fortalecer el trabajo Policial; y para mejorar el perfeccionamiento del sistema en su conjunto.
Entre las propuestas se busca aumentar el control de la víctima y el querellante sobre las actuaciones del Ministerio Público, fundamentalmente en lo referente a los derechos de información y reclamación, y la ampliación de la facultad de recurrir; fortalecer el control administrativo del Ministerio Público; ampliar el catálogo de medidas cautelares personales; ampliar la competencia del juez de garantía para conocer del control de detención; y establecimiento de estándares legales para el reconocimiento de imputados, entre otros.
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