Los temas más polémicos son la seguridad pública, con la propuesta de reformar la policía militar chilena, los llamados carabineros; así como el cambio a un estado plurinacional, que establece un régimen jurídico especial para los pueblos indígenas, algo que sectores de derecha acusan de “privilegios”.
Qué pasa si ganas el "sí"
De aprobarse el texto constitucional de 388 artículos y diez ejes, el mandatario tiene hasta cinco días para convocar a sesión extraordinaria del Congreso para “en acto público y solemne promulgar y jurar acatar la nueva constitución”, determina la legislación vigente . Luego habrá un plazo de diez días para que el nuevo texto sea publicado en el Diario Oficial de la Unión y entre en vigor.
La nueva Carta Magna deberá ser impresa y distribuida gratuitamente en las instituciones públicas vinculadas a los tres poderes, bibliotecas, escuelas, universidades y empresas estatales.
La actual Carta Magna fue promulgada en 1980 durante la sangrienta dictadura del traidor Augusto Pinochet (1973-1990).
¿Y si gana el "rechazo"?
Los partidos de la coalición "Aprovo Dignidade", de la que forma parte el actual presidente Gabriel Boric, firmaron un acuerdo para llevar a cabo las reformas contenidas en la nueva propuesta constitucional.
El gobierno de Chile propone la elección de una nueva Convención Constituyente para elaborar otra propuesta de texto. “Queremos proponer un nuevo proceso constituyente para respetar la decisión popular del 25 de octubre, que era dos cosas: tener una nueva constitución y que sea redactada por personas elegidas exclusivamente para ese fin”, explicó la vocera del gabinete de ministros, Camila Vallejo.
Los partidos de derecha, alineados en la plataforma Chile Vamos, minoritarios en la composición de la circunscripción, encabezan ahora la campaña de "rechazo", defendiendo la redacción de una nueva propuesta constitucional, pero proponiendo un nuevo plebiscito para definir cómo funciona el mecanismo de redacción de una nueva carta. Sugieren un proceso más corto que podría llevarse a cabo con una comisión de expertos o un comité parlamentario.
“Lo que busca evitar la campaña de rechazo es la suspensión de un nicho empresarial con nuestros derechos sociales, algo que se inauguró durante la dictadura con esta constitución vigente desde 1980. Con la nueva propuesta constitucional estamos cambiando el carácter subsidiario del Estado a un carácter social, que le permita al Estado brindar los servicios esenciales, fortaleciendo al sector público. Y esto genera una disminución progresiva de este nicho de negocios, ya que el sector público 'competirá' con el sector privado”, critica Elisa Giustinianovich Campos.
Recuerda la historia del proceso constituyente
El proceso constituyente chileno comenzó en 2019, con el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, firmado en noviembre entre un grupo de partidos y el gobierno del entonces presidente derechista Sebastián Piñera, poniendo fin a las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país. El actual presidente, Gabriel Boric, entonces diputado por la coalición "Yo apruebo la Dignidad", fue uno de los 11 diputados que firmaron el documento.
El pacto preveía un plebiscito constitucional a realizarse en octubre de 2020 para consultar a la población si querían o no una nueva Carta Magna, una de las demandas del levantamiento popular de octubre de 2019.
El llamado "plebiscito de entrada" se realizó el 25 de octubre de 2020 e inició el proceso constituyente con alrededor de 5,8 millones de votos - 78% diciendo "sí" a la redacción de un nuevo texto constitucional a través de la elección de una Convención Constituyente con Paridad de Género .
La convención inició sus trabajos el 4 de julio de 2021, presidida por Elisa Loncón, profesora universitaria de liderazgo mapuche. El Ejecutivo seguía encabezado por el derechista Sebastián Piñera.
Seis meses después, María Elisa Quinteros Cáceres asumió como segunda presidenta de la asamblea constituyente.
Rodolfo Varela
Fuente: Michele de Mello Brasil de Fato
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