El contradictorio balance del Ministerio de Seguridad en Chile:

Cifras que no alcanzan para calmar el miedo

Por Rodolfo Varela

A un año de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, el gobierno chileno celebra cifras, balances y estadísticas que, en el papel, parecen alentadoras. Sin embargo, en las calles, en las poblaciones, en los barrios más humildes del país, la realidad se siente muy distinta.

El titular de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, hizo hoy un balance positivo de esa cartera al cumplirse un año de su creación para combatir el delito y el crimen organizado en el país.

 Allí donde vive la mayoría de quienes sostienen este país con su trabajo diario, el miedo sigue siendo parte de la rutina, y la sensación de abandono por parte del Estado es cada vez más profunda.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un balance positivo del primer año de funcionamiento de la cartera, destacando una inversión de 271 mil millones de pesos, la coordinación de 13 instituciones, y una supuesta mejora en indicadores clave como la tasa de homicidios, que habría bajado de 6,7 a 5,4 por cada 100 mil habitantes en comparación con 2022.

También se informó una reducción en los ingresos irregulares por las fronteras terrestres, una baja significativa en la violencia rural en la Macrozona Sur y un aumento en las detenciones realizadas por Carabineros y la PDI, junto con importantes incautaciones de drogas y armas.

Comunas Más Pobres de Chile

Desde el punto de vista técnico y estadístico, el balance parece sólido. Desde el punto de vista humano, social y ciudadano, es profundamente insuficiente.

Cifras oficiales versus miedo real

Porque mientras el gobierno habla de disminuciones porcentuales, la población más pobre sigue viviendo encerrada, con miedo a salir de noche, desconfiando de la policía, de la justicia y, muchas veces, del propio Estado.

No es una percepción antojadiza. Diversos sondeos siguen ubicando a Chile entre los países con mayor sensación de inseguridad, especialmente al caminar de noche. La gente no discute si el homicidio bajó un punto más o menos; la gente se pregunta si llegará viva a su casa, si su hijo volverá del colegio, si el almacén del barrio resistirá una semana más sin ser asaltado.

Aquí está la gran contradicción:
las cifras bajan, pero el miedo no.

Un Estado fuerte en el discurso, débil en los territorios

El propio ministro ha reconocido que el país enfrenta desafíos estructurales derivados de contextos internacionales, migraciones forzadas y redes criminales transnacionales. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que el Estado chileno sigue llegando tarde, mal o derechamente no llegando a los sectores más vulnerables.

En muchas poblaciones:

• La presencia policial es esporádica

• Las denuncias no prosperan

• Las víctimas quedan solas

• Los delincuentes reinciden

Hablar de “Estado fuerte” mientras la gente humilde se siente indefensa frente al delito es una contradicción que ya no puede seguir maquillándose con discursos.

Corrupción: el cáncer que debilita toda política de seguridad

A este escenario se suma un factor devastador: la corrupción.
Casos como el Caso Convenios, el Caso Audios, el aumento de causas por fraude y las sospechas de penetración del narcotráfico en instituciones públicas han erosionado gravemente la fe pública.

La corrupción, un cáncer que se alimenta de la crisis valórica de la sociedad chilena

¿Cómo pedirle confianza a la ciudadanía cuando:

• funcionarios públicos desvían recursos,

• fundaciones sirven de pantalla,

• redes políticas y judiciales aparecen comprometidas,

• y las sanciones parecen lentas o insuficientes?

La seguridad no fracasa solo por falta de policías o tecnología. Fracasa cuando la corrupción se vuelve sistémica y el ciudadano común siente que la ley no es igual para todos.

No es derecha ni izquierda: es dignidad y derechos humanos

Este no es un debate ideológico.
No es una pelea entre derecha e izquierda.
Es una cuestión básica de derechos humanos.

La seguridad es un derecho humano fundamental.
La justicia es un derecho humano fundamental.
La protección del Estado no puede depender del barrio donde se nace ni del apellido que se lleva.

Cuando el Estado falla en proteger a los más pobres, falla en su esencia.

Conclusión: un ministerio bajo presión moral

El Ministerio de Seguridad Pública ha mostrado avances técnicos, coordinación institucional y despliegue operativo. Eso es innegable. Pero el balance sigue siendo contradictorio, porque no ha logrado lo más importante:
devolverle la tranquilidad y la confianza a la ciudadanía más vulnerable.

Violencias, miedo e inseguridad más allá de la delincuencia en Chile

Mientras la gente humilde siga viviendo con miedo, mientras la corrupción siga golpeando la credibilidad del sistema, y mientras la justicia siga pareciendo lejana para el ciudadano común, ningún balance puede considerarse realmente exitoso.

El desafío ya no es solo mejorar cifras.
El desafío es recuperar la dignidad, la seguridad y la confianza de quienes eligieron a sus autoridades esperando protección, no excusas.

Chile: la corrupción que carcomió la justicia mientras los gobiernos miraban hacia otro lado

Por Rodolfo Varela

La reciente detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, marca un punto de inflexión histórico para el sistema judicial chileno. 

Carabineros allana domicilio de exministra Ángela Vivanco: Tribunal emitió orden de captura.

Por primera vez en décadas, una figura del máximo tribunal es arrestada y enfrenta cargos graves por cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y quebrantamiento de secreto, delitos que golpean directamente el corazón del Estado de Derecho.

Este hecho no puede interpretarse únicamente como un triunfo institucional. Es, al mismo tiempo, una acusación política directa contra todos los gobiernos —de izquierda, centroizquierda y derecha— que durante años hicieron vista gorda frente a señales evidentes de corrupción, permitiendo que redes de poder, dinero e influencias se enquistaran en el Poder Judicial.

La caída de una ministra suprema

Ángela Vivanco fue detenida el 25 de enero de 2026 en su domicilio de la comuna de Las Condes, tras la decisión de la Corte Suprema de acoger una querella de capítulos, lo que permitió levantar su fuero y dar inicio a su persecución penal. El operativo fue encabezado por el fiscal Marco Muñoz, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, junto a personal del OS7 de Carabineros de Chile.

Las acusaciones se concentran principalmente en la denominada trama o “muñeca bielorrusa”, vinculada al consorcio Belaz Movitec, favorecido en un fallo judicial en una disputa contra Codelco, además del denominado “caso audios”, que reveló gestiones indebidas y tráfico de influencias a través de conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

Durante la noche de este domingo se logró la captura de la ex magistrada por estar involucrada en la trama de la “Muñeca Bielorrusa”.

Los cargos: corrupción en estado puro

La investigación penal apunta a delitos de extrema gravedad:

• Cohecho, por presuntas retribuciones económicas recibidas a cambio de decisiones judiciales favorables.

• Lavado de activos, mediante maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos.

• Tráfico de influencias, por intervenir en procesos judiciales en favor de terceros.

• Entrega de información privilegiada y quebrantamiento del secreto, afectando la imparcialidad judicial.

Estos hechos ya habían sido advertidos en octubre de 2024, cuando Vivanco fue destituida del máximo tribunal e inhabilitada por el Senado, tras una acusación constitucional por notable abandono de deberes, que enumeró siete capítulos de graves irregularidades, incluyendo manipulación de salas, interferencia en nombramientos y coordinación con abogados externos.

Ángela Vivanco: Auge y caída de destituida jueza de Suprema

Responsabilidades políticas: el silencio cómplice

Reducir este escándalo a una sola persona sería una forma más de encubrimiento. Ángela Vivanco no actuó sola ni en el vacío. Operó dentro de un sistema tolerado por sucesivos gobiernos.

Aquí la mayor responsabilidad política recae en los gobiernos de izquierda y centroizquierda, que gobernaron Chile durante más tiempo, levantaron discursos éticos y de derechos humanos, pero fracasaron en depurar las instituciones, fiscalizar al Poder Judicial y cumplir la deuda histórica con las víctimas de la dictadura.

La derecha, por su parte, tampoco queda exenta de responsabilidad: optó por la estabilidad del sistema antes que por su transparencia, privilegiando el silencio y el cálculo político.

Chile como señal para América Latina

Este caso adquiere una dimensión regional. En un continente donde, en no pocos países, el Poder Judicial ha sido capturado o subordinado al poder político —con la complicidad abierta o silenciosa de sectores de la izquierda—, lo ocurrido en Chile envía una señal clara.

Mientras en otras realidades se consolida una verdadera dictadura judicial, en la que jueces y fiscales operan protegidos por gobiernos afines, en Chile se demuestra que incluso las más altas autoridades judiciales pueden y deben rendir cuentas. No es el triunfo de un sector político, sino una advertencia regional: la democracia no sobrevive cuando la justicia se convierte en instrumento ideológico.

Una señal tardía, pero necesaria

La actuación de la Fiscalía y de la Corte Suprema constituye una señal potente, aunque tardía. Recuperar la confianza ciudadana exige sanciones reales, sin privilegios ni pactos de silencio, caiga quien caiga.

Impunidad, corrupción y justicia 

Porque un país que tolera la corrupción en sus tribunales termina condenando a su pueblo a la impunidad, la desconfianza y el desencanto democrático.

Chile y el Crimen Organizado

La ceguera política y la responsabilidad de los gobiernos de izquierda

El crimen organizado ya no actúa en las sombras.

Por Rodolfo Varela

La irrupción del Tren de Aragua en Chile ha modificado de manera dramática el panorama delictual del país, introduciendo niveles inéditos de violencia: sicariato, secuestros extorsivos, trata de personas, corrupción judicial y política, configurando una amenaza directa a la seguridad nacional. Sin embargo, esta realidad fue reconocida tarde y con reticencia por las autoridades, particularmente por gobiernos de orientación progresista que subestimaron —o negaron— el fenómeno.

La expansión del Tren de Aragua ha sido facilitada por la crisis migratoria venezolana, la fragilidad del control fronterizo y, a nivel regional, por alianzas estratégicas con organizaciones criminales consolidadas, especialmente el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil, una de las mafias más poderosas del mundo.

Política Nacional Contra el Crimen Organizado – Ministerio de Seguridad Pública

Crimen organizado y corrupción política en América Latina

La corrupción vinculada al crimen organizado es hoy uno de los desafíos estructurales más graves de América Latina. El crimen ya no opera únicamente en la clandestinidad: se ha convertido en un actor político, infiltrando instituciones públicas, corrompiendo funcionarios y, en algunos casos, pactando con gobiernos que terminan normalizando la impunidad.

Crimen organizado y política

Informes regionales recientes indican que países como Chile, Brasil, Ecuador y México perciben al crimen organizado como una de las mayores amenazas para el Estado. Venezuela y Nicaragua figuran reiteradamente entre los países con mayores niveles de corrupción e infiltración criminal, bajo gobiernos que se autodenominan de izquierda o “populares”.

El Tren de Aragua en Chile: estructura, violencia y alianzas

El Tren de Aragua opera en Chile mediante un modelo empresarial criminal, caracterizado por:

• Violencia extrema como método de control territorial.

• Secuestros extorsivos y sicariato, prácticas importadas desde Venezuela y Brasil.

• Trata de personas y explotación sexual, especialmente de migrantes vulnerables en la frontera norte.

• Contabilidad y organización empresarial, con registros financieros detallados incautados por la policía en Arica, lo que evidencia una estructura jerárquica y profesionalizada.

Muertes y alianza con el PCC: cómo el Tren de Aragua gana terreno en Brasil y Chile.

Diversos informes policiales señalan que el Tren de Aragua mantiene alianzas operativas con el PCC, basadas en cooperación logística, tráfico de armas, narcotráfico y trata de personas en Sudamérica. Chile no es una excepción en esta red criminal transnacional.

El PCC: una mafia transnacional con poder político y económico

El Primeiro Comando da Capital (PCC) tiene como principal especialidad el tráfico internacional de drogas a gran escala, actuando como enlace entre países productores andinos —Bolivia, Perú, Colombia e incluso rutas que afectan a Chile— y mercados en Europa y África.

El PCC opera como una empresa criminal global, con normas internas, “tribunales” propios —como la llamada “armonía de los 14”—, contabilidad precisa y una estructura que combina poder económico ilícito con control político interno, moviendo miles de millones de dólares anualmente.

Casos emblemáticos y señales ignoradas

El Tren de Aragua ha sido vinculado en Chile a casos de alto impacto, entre ellos:

• El asesinato del suboficial de Carabineros Emanuel Sánchez.

• El crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda.

• Atentados contra tribunales en Arica, acciones que coinciden con el modus operandi del PCC.

Chile: muerte del carabinero Sanchez apunta al tren de Aragua

A pesar de estas señales, el Gobierno de Gabriel Boric, a través del Ministerio de Seguridad Pública, ha negado reiteradamente la existencia de operaciones activas del PCC en Chile, una postura que refleja ceguera ideológica, negligencia política o simple negación de la realidad.

La respuesta judicial: tardía pero necesaria

El Ministerio Público chileno ha logrado desarticular algunas células criminales, obteniendo condenas a cadena perpetua contra miembros dedicados a extorsión y trata de migrantes, especialmente en el norte del país. No obstante, estas acciones resultan insuficientes frente a la magnitud del fenómeno y la falta de una estrategia política coherente.

Chile debería coordinar de manera urgente con autoridades brasileñas, que poseen experiencia directa en el combate al PCC, algo que hasta ahora no se ha abordado con la seriedad requerida.

Cambio de ciclo político: el desafío del nuevo gobierno

El presidente electo José Antonio Kast ha centrado su discurso en:

• Seguridad y orden, bajo el principio de que “el orden es justicia”.

• Combate frontal a la corrupción, criticando la pasividad del gobierno saliente.

Más allá de simpatías políticas, su administración enfrentará una prueba decisiva: romper definitivamente cualquier tolerancia, complicidad o ambigüedad del Estado frente al crimen organizado.

Ministerio de Seguridad: la arriesgada apuesta de Kast

Conclusión

El avance del Tren de Aragua y sus vínculos con el PCC no son un fenómeno aislado, sino el resultado de años de negligencia, ideologización de la seguridad pública y gobiernos de izquierda que prefirieron negar la realidad. El crimen organizado no entiende de discursos progresistas ni de consignas: ocupa el vacío que deja un Estado débil.

Chile aún está a tiempo, pero el costo de la negación ya ha sido alto —y lo han pagado los ciudadanos.

La izquierda chilena frente a su peor derrota desde el retorno a la democracia

 Por Rodolfo Varela

La izquierda chilena intenta hoy comprender una derrota que, aunque anunciada, no deja de ser histórica. La excandidata presidencial y exministra del Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, Jeannette Jara, obtuvo un 41,8% de los votos en la segunda vuelta presidencial, 16 puntos menos que el candidato de las derechas, José Antonio Kast, quien se impuso con un contundente 58% y llegará a La Moneda el 11 de marzo de 2026.

Chile no hubiera despertado si su gente estuviera más "feliz".

Si bien algunos sectores del oficialismo intentan ver el vaso medio lleno —destacando que Jara subió desde el 26,8% obtenido en la primera vuelta del 16 de noviembre—, lo cierto es que la magnitud de la derrota marca el peor resultado electoral de la izquierda desde 1990, cuando Chile recuperó la democracia.

Con el restablecimiento del voto obligatorio hace tres años, Kast se convirtió además en el presidente con mayor respaldo electoral de la historia del país, superando los 7,2 millones de votos, frente a los 5,2 millones obtenidos por Jara. No se trata solo de números: es una señal política profunda que la izquierda no puede seguir relativizando.

Governos das Américas parabenizam Kast por vitória em eleição no Chile

La autocrítica que no llega al fondo

Tras la elección, la izquierda inició un proceso de reflexión. El senador comunista Daniel Núñez, jefe estratégico de la campaña de Jara, calificó el resultado como “digno” y destacó que se evitó bajar del 40%. Sin embargo, esta lectura defensiva revela más resignación que autocrítica real.

Núñez afirmó que Chile no se ha convertido en un país ideológicamente de derecha, y atribuyó el triunfo de Kast a su capacidad para instalar con fuerza el tema de la seguridad ciudadana, la migración irregular y la delincuencia. Esa explicación, aunque parcialmente cierta, resulta insuficiente y cómoda.

El avance de la derecha no se explica solo por su discurso, sino por las promesas incumplidas de la izquierda y la centroizquierda durante décadas:
la deuda histórica con las víctimas de la dictadura;
los ex presos políticos;
los detenidos desaparecidos;
los niños y niñas robados y vendidos como mercancía;
el sistema de AFP que condena a los trabajadores a pensiones miserables que no alcanzan ni el 50% del salario mínimo;
la corrupción política y judicial;
la pobreza estructural;
y los discursos vacíos de dirigentes que, mientras predican igualdad, se enriquecen y se elitizan, alejándose del pueblo que dicen representar.

Boric, el estallido y el proyecto fallido

Este lunes, los partidos que respaldaron a Jara se reunieron con el presidente Gabriel Boric y su comité político, en el primer encuentro tras la victoria de Kast. Participó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, jefa de campaña de Jara en segunda vuelta, quien reconoció que la derrota es colectiva y no responsabilidad exclusiva de la candidata.

Boric  y la izquierda del estallido 

Vodanovic llamó a ir más allá de explicaciones fáciles, como la alternancia política o el auge global de la ultraderecha, y propuso analizar causas más profundas: el periodo posterior al estallido social e incluso lo ocurrido antes. Reconoció, además, que la centroizquierda fue incapaz de defender los avances de los llamados “30 años”, permitiendo que se instalara un relato que invisibilizó progresos reales del país.

Tras el estallido social, la izquierda apostó todo a un proyecto constitucional que terminó en un fracaso rotundo, rechazado por el 62% de la ciudadanía en el plebiscito de septiembre de 2022. El gobierno de Boric había depositado en ese texto sus principales expectativas de transformación, pero al ser rechazado, optó por un giro hacia la centroizquierda tradicional y, al mismo tiempo, mostró una preocupante falta de liderazgo para empujar un nuevo proyecto, escudándose en la excusa de “no interferir”.

Una crisis más profunda que lo electoral

El próximo 17 de enero, el oficialismo realizará un cónclave para analizar los resultados y proyectarse hacia el futuro. Paulina Vodanovic afirmó que existe un compromiso con los más de cinco millones de personas que votaron por Jeannette Jara y que creen en el progresismo.

Pero la verdadera pregunta es si la izquierda está dispuesta a decir la verdad y asumir cambios reales. Reestructurarse no es solo un ejercicio discursivo: implica acabar con las promesas incumplidas, saldar de una vez la deuda histórica con las víctimas de la dictadura, terminar con las AFP, garantizar educación y salud de calidad, combatir la pobreza de manera efectiva, promover viviendas dignas, nombrar ministros técnicos y no militantes sin experiencia, enfrentar la inseguridad con políticas serias y claras, y erradicar la corrupción, el nepotismo y los privilegios.

La izquierda chilena vive una crisis.

Chile rechaza las dictaduras, sean de derecha o de izquierda. El país tiene memoria y miedo, y la izquierda no puede seguir ignorándolo.

Conclusión

El fracaso de la izquierda chilena no es solo electoral: es una crisis de proyecto, de representación y de credibilidad. La promesa refundacional del gobierno de Boric chocó con la realidad y generó frustración; la fragmentación interna y la falta de una narrativa coherente alejaron a amplios sectores del electorado; y la incapacidad de responder con hechos a las demandas históricas y sociales debilitó al progresismo frente a un escenario político cada vez más exigente y polarizado.

Mientras la izquierda no vuelva a defender con acciones —y no solo con discursos— a los pobres, a los excluidos y a quienes pasan hambre, seguirá perdiendo elecciones… y algo aún más grave: su razón de ser.

PGU: improvisación, contradicciones y una ley que castiga injustamente a los adultos mayores

Por Rodolfo Varela

El manejo del Gobierno del presidente Gabriel Boric frente a la suspensión de la Pensión Garantizada Universal (PGU) dejó al descubierto una preocupante combinación de improvisación, descoordinación institucional y falta de criterio político, con consecuencias directas para miles de adultos mayores en Chile.

La “falta de preparación” del Estado de Chile.

La crisis se originó cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) notificó la suspensión del pago de la PGU basándose en información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI). Según esos datos, los beneficiarios habrían permanecido fuera del país por más de 180 días, causal que —según la ley vigente— extingue el derecho al beneficio.

Reclamos masivos y una rectificación tardía

Los reclamos se multiplicaron a nivel nacional. Adultos mayores aseguraron no haber salido del país o haberlo hecho por períodos inferiores a los establecidos por la normativa. Solo entonces el presidente Boric salió a explicar la situación.

En entrevista con Radio Futuro, el mandatario señaló que el Gobierno decidió no aplicar la suspensión y ordenó una investigación profunda para cotejar y verificar los datos migratorios.

“Lo que decidimos como Gobierno es no aplicar esto y que se investigue”, afirmó Boric, enfatizando que la prioridad es entregar tranquilidad a los pensionados y evitar injusticias.

Desde el Ejecutivo se indicó que la revisión busca restablecer la confianza en el sistema de pagos y garantizar que el beneficio llegue oportunamente. Sin embargo, no se informó un plazo claro para finalizar la verificación ni para regularizar los pagos suspendidos, dejando a miles de personas en la incertidumbre.

El Estado se equivoca, pero el daño ya está hecho

El propio Gobierno reconoció que cerca de 13 mil beneficiarios fueron afectados por errores administrativos. El IPS adoptó medidas de contingencia y aseguró que ninguna persona que cumpla la normativa perderá su pensión por fallas en la información.


Pero la pregunta es inevitable:

¿por qué primero se castiga y después se investiga?

Durante días, adultos mayores vieron suspendido un ingreso del cual dependen para alimentarse, comprar medicamentos o pagar servicios básicos. No fue un error menor: fue una falla grave del Estado.

13 mil pensionados denuncian que por error les quitaron la PGU

Una ley injusta que debe ser modificada

Es cierto que la ley original de la PGU, creada antes de este gobierno, establece como causal de extinción del beneficio el permanecer fuera de Chile por más de 180 días continuos o discontinuos en un año calendario.

Pero este episodio deja en evidencia un problema más profundo:
esta cláusula es injusta, discriminatoria y debe ser retirada o modificada.

¿Desde cuándo en Chile se castiga la movilidad de los pobres y jubilados?
¿Por qué un adulto mayor no puede pasar una temporada con hijos o familiares que viven en el extranjero?
¿Es un pecado querer compartir los últimos años de vida con la familia?

Mientras autoridades, parlamentarios y altos funcionarios viajan constantemente, muchas veces con recursos públicos y sin fiscalización real, un adulto mayor arriesga perder su pensión por salir del país. Esta desigualdad revela una visión clasista del Estado, donde los derechos no son iguales para todos.

Una pensión digna no puede estar condicionada a permanecer encerrado dentro de las fronteras. La PGU no es un favor: es un derecho social.

                                La “falta de preparación” de Gabriel Boric

Una izquierda que se dice social, pero actúa sin humanidad

Este episodio expone una contradicción profunda de esta izquierda que se autodefine como defensora de los más vulnerables. Por un error del propio Estado, el Gobierno suspendió pensiones y solo rectificó tras la presión pública.

Gobernar no es improvisar.
Mucho menos cuando se administra la dignidad de los adultos mayores.

Conclusión

El retroceso del presidente Boric no borra el daño causado. La confianza se pierde cuando el Estado actúa sin rigor y corrige solo cuando la indignación social lo obliga.

Chile necesita un gobierno que proteja primero a los más vulnerables, y una legislación que respete la libertad y dignidad de quienes trabajaron toda su vida.

Porque cuando el Estado falla, los adultos mayores no deberían ser los primeros en pagar el precio.

Cómo la izquierda y la derecha polarizan al pueblo chileno y a América Latina

Por Rodolfo Varela

La polarización política se ha transformado en uno de los principales males de la democracia chilena y latinoamericana. Tanto la izquierda como la derecha han contribuido, por acción u omisión, a dividir a la sociedad en bandos irreconciliables, instalando una peligrosa lógica de “nosotros contra ellos” que debilita el diálogo, erosiona la confianza pública y paraliza las soluciones a los problemas reales de la población.

"¡Despierta Chile, despierta América Latina!"

Esta polarización no surge de manera espontánea. Es alimentada por discursos ideológicos rígidos, por el uso político del miedo, por la manipulación informativa y, sobre todo, por la profunda desconexión entre la clase política y la ciudadanía.

El discurso de la izquierda: de los derechos sociales al olvido histórico

Históricamente, la izquierda chilena y latinoamericana se definió por la defensa del Estado de bienestar y de los derechos sociales fundamentales: salud, educación, vivienda, trabajo digno y pensiones justas. También fue portadora de una lucha ética irrenunciable: la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, la llamada “nueva izquierda” ha traicionado gran parte de ese legado. Ha abandonado la deuda histórica con las víctimas de la dictadura, con los exonerados, los presos políticos, los torturados y sus familias. Ese abandono no es menor: es una herida abierta que sigue sangrando en la memoria colectiva del país.

Pasado reciente y debates públicos en el Chile postdictatorial

En lugar de construir políticas universales que respondan al malestar social, esta nueva izquierda ha priorizado discursos fragmentados, alejados de la vida cotidiana de la mayoría de la población. El resultado es una ciudadanía cansada, escéptica y profundamente desconfiada, que ya no cree en discursos moralistas ni en promesas incumplidas.

Peor aún, bajo el argumento de combatir la desinformación, algunos gobiernos de izquierda han intentado controlar o presionar a los medios de comunicación, debilitando la libertad de prensa y contribuyendo, paradójicamente, a una mayor desinformación. No es casual que una amplia mayoría de los chilenos perciba hoy la desinformación como una amenaza real para la democracia.

El discurso de la derecha: orden, mercado y negacionismo

Por su parte, la derecha ha construido su discurso en torno a la defensa del libre mercado, la inversión privada y la reducción del rol del Estado. Promueve el crecimiento económico como solución casi exclusiva a los problemas sociales, ignorando —o minimizando— las profundas desigualdades estructurales que ese mismo modelo ha generado.

En los últimos años, la derecha ha ganado apoyo al enfocarse en temas sensibles como la seguridad ciudadana y la migración, capitalizando el miedo y la frustración social. En ese contexto, sectores de ultraderecha han emergido con fuerza, apelando a una narrativa de “orden”, “patria” y “autoridad”, muchas veces deshumanizando al adversario político.

Discursos negacionistas y derechos humanos en Latinoamérica: ¿nunca más?

La dictadura militar sigue siendo un punto de quiebre profundo. Mientras parte importante de la derecha relativiza o justifica los crímenes del régimen, escudándose en el crecimiento económico, ignora deliberadamente el dolor, la muerte y la impunidad que marcaron a miles de familias chilenas. Ese negacionismo también es una forma grave de polarización.

Mecanismos que alimentan la polarización

La polarización actual no es solo ideológica; es emocional y afectiva. Entre sus principales mecanismos destacan:

• La creación de enemigos políticos, donde el adversario es presentado como una amenaza existencial para la democracia.

• El uso permanente de temas históricos no resueltos, como la dictadura, sin una voluntad real de verdad, justicia y reparación.

• Discursos populistas que simplifican problemas complejos y prometen soluciones fáciles.

• La segmentación informativa y la desinformación, que encierran a la ciudadanía en burbujas ideológicas.

• La rigidez ideológica de las élites políticas, que castigan el diálogo y el consenso como si fueran traición.

La polarización política es un desafío para las democracias en Chile y América Latina

La corrupción: el factor común que une el rechazo ciudadano

Más allá de las diferencias ideológicas, existe un elemento que hoy pesa con enorme fuerza en la evaluación que la población hace tanto de la izquierda como de la derecha: la corrupción generalizada del sistema político.

Para amplios sectores de la ciudadanía, la corrupción dejó de ser una excepción y pasó a ser una práctica estructural. Casos de financiamiento ilegal de la política, tráfico de influencias, nepotismo, uso indebido de recursos públicos, privilegios para las élites y la permanente puerta giratoria entre el poder político y el gran empresariado han erosionado profundamente la confianza en las instituciones.

La percepción ciudadana es clara y demoledora: mientras los políticos se enfrentan con discursos ideológicos, la corrupción avanza sin castigo. Esa impunidad alimenta el desencanto, el abstencionismo electoral y el surgimiento de discursos antisistema que prometen “limpiar” la política, muchas veces sin ofrecer soluciones democráticas reales.

La lucha contra la corrupción en Chile y América Latina. Difícil y necesario a la vez

La corrupción también actúa como un poderoso motor de polarización. Cada sector denuncia los escándalos del adversario mientras minimiza o justifica los propios. Este doble estándar refuerza la sensación de que la política ha perdido toda ética y se rige únicamente por el interés y la conveniencia.

Hoy, la ciudadanía no castiga solo a un sector político: castiga al sistema completo. La demanda ya no es ideológica, es profundamente moral.

Consecuencias para la sociedad

. Las consecuencias de esta polarización y       corrupción son evidentes:

. Fragmentación social y política.

.  Desconfianza generalizada en las instituciones.

.  Inestabilidad democrática.

Incapacidad para resolver problemas urgentes como seguridad, salud, pensiones y crecimiento económico.

Diversos estudios muestran que la polarización es más intensa entre las élites políticas que en la ciudadanía común, donde aún existen preocupaciones compartidas y disposición al diálogo. Sin embargo, mientras la política siga capturada por los extremos y por la corrupción, esa posibilidad se debilita día a día.

Reflexión final

Chile y América Latina no necesitan más discursos ideológicos vacíos ni enemigos imaginarios. Necesitan memoria, verdad, justicia, ética pública y responsabilidad política.

La polarización no es inevitable: es una decisión. Y la corrupción no es un error: es una traición a la democracia. Quienes hoy alimentan ambas, desde la izquierda o desde la derecha, deberán responder ante la historia y ante los pueblos que dicen representar.

Plan Nacional de Búsqueda: la verdad llega tarde y la dignidad sigue ausente

Por Rodolfo Varela

El 8 de enero de 2026, cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric entra en su recta final, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto que otorga rango legal al llamado Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar.

Representa Con Fuerza, La Memoria, Justicia y Dignidad

A primera vista, podría parecer un avance histórico.
En la práctica, es una vergüenza política y moral.

Han pasado más de 50 años desde el inicio de la desaparición forzada en Chile.
Más de cinco décadas de dolor, espera, mentiras, pactos de silencio y promesas incumplidas.
Y recién ahora, al final de un gobierno que se autodefine como progresista y defensor de los derechos humanos, se intenta presentar esta iniciativa como un acto de responsabilidad democrática.

La verdad incómoda: todos prometieron, ninguno cumplió

La propia presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera, lo dijo con claridad brutal:

“Hemos trabajado y exigido a todos los gobiernos avanzar en esta materia y siempre recibimos promesas que nunca se cumplieron.”

Esa frase debería avergonzar a toda la clase política chilena, especialmente a los gobiernos de izquierda que hicieron de los derechos humanos una bandera discursiva, pero jamás una prioridad real y sostenida.

Que hoy se diga que “es la primera vez que un gobierno se preocupa de lo que significa la desaparición forzada” no es un mérito.
Es la confesión de un fracaso histórico.

Un país sin respeto por sus víctimas

Chile no respeta a las víctimas de la dictadura militar.
No las respetó la derecha que protegió a los criminales.
Y tampoco las respetó la izquierda gobernante, más preocupada por el poder, los cargos, los acuerdos y los privilegios, que por la verdad y la justicia.

Mientras tanto:

• Las pensiones siguen siendo humillantes,

• Las AFP continúan saqueando a los trabajadores,

• La salud pública es precaria,

• La corrupción política y judicial se normaliza,

• Los medios de comunicación, en manos de intereses económicos y extranjeros, son cómplices por omisión,

• Y el dinero público se administra como botín, no como responsabilidad ética.

La Comisión de Derechos Humanos

Derechos Humanos no se decretan al final del mandato

Este Plan Nacional de Búsqueda fue creado por decreto en noviembre de 2023 y ahora se intenta blindarlo legalmente contra la desmemoria futura.
Pero aprobarlo al final del mandato, sin recursos claros, sin responsables definidos, sin plazos ni sanciones reales, no es justicia.

Es administración del dolor ajeno.
Es marketing político tardío.
Es intentar cerrar un gobierno con una foto simbólica, mientras las familias siguen esperando restos, nombres, lugares y verdad.

Las desapariciones forzadas no prescriben.
Las obligaciones del Estado no dependen del calendario electoral.
Y la dignidad no se negocia en comisiones parlamentarias.

Las víctimas no necesitan favores, exigen derechos

Las víctimas y sus familias no piden gestos,
no piden discursos,
no piden homenajes tardíos.

Exigen:

• Verdad completa,

• Justicia efectiva,

• Reparación digna,

• Y memoria activa.

Chile seguirá fracasando moralmente mientras trate los derechos humanos como un tema secundario, útil solo para discursos internacionales o cierres de gobierno.

Porque un país que abandona a sus víctimas,
termina condenándose a sí mismo.

Soberanía, hipocresía y el peligroso precedente de la intervención

Por Rodolfo Varela

Nadie en su sano juicio defiende a un dictador sanguinario, corrupto y vinculado al narcotráfico como Nicolás Maduro. Eso debe quedar absolutamente claro desde el inicio.

Nicolás Maduro se declara inocente en tribunal estadounidense tras cargos de narcoterrorismo.

Pero una cosa es denunciar una dictadura, y otra muy distinta es sobrepasar los límites de la soberanía de una nación, violando el derecho internacional y abriendo una herida que la historia de América Latina conoce demasiado bien.

Lo digo con conocimiento de causa y con experiencia propia.
Chile también fue “salvado” en nombre de la democracia.
Estados Unidos financió, apoyó y legitimó una dictadura que dejó miles de muertos, torturados, exiliados y desaparecidos. El resultado no fue democracia: fue terror de Estado.

Los venezolanos en el exterior celebran la captura de Maduro

Ese es el verdadero peligro que hoy se vuelve a normalizar.

El falso dilema moral

El debate no es Maduro sí o Maduro no.
El debate es si una potencia puede decidir unilateralmente quién gobierna otro país, capturar a un líder extranjero en territorio ajeno y justificarlo con palabras mágicas como “democracia”, “libertad” o “operación policial”.

Cuando eso ocurre, la legalidad internacional deja de existir y pasa a regir la ley del más fuerte.

Dos principios en tensión

El derecho internacional enfrenta hoy uno de sus dilemas más complejos:

1. La soberanía nacional
Consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, establece que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos de otro. Este principio existe precisamente para evitar que potencias extranjeras utilicen discursos morales como excusa para invasiones con intereses económicos, estratégicos o geopolíticos.

2. La Responsabilidad de Proteger (R2P)

Un compromiso político —no una carta blanca— que sostiene que la soberanía implica responsabilidad. Si un Estado no protege a su población frente a crímenes de lesa humanidad, la comunidad internacional puede actuar, pero siempre bajo mandato multilateral, nunca de forma unilateral.

Confundir R2P con intervenciones unilaterales es una manipulación peligrosa.

El riesgo del precedente

Normalizar operaciones militares o policiales transfronterizas sin autorización de la ONU abre una auténtica caja de Pandora.

Hoy es Venezuela.
Mañana puede ser cualquier país débil, incómodo o estratégicamente útil.

Ese precedente fractura el orden global, destruye el derecho internacional y legitima un mundo donde la fuerza sustituye a la ley.

La realidad en 2026

Hasta ahora, organismos como la OEA y la propia ONU han optado —con razón— por vías diplomáticas: presión política, sanciones, mediación y aislamiento internacional.
Una intervención militar directa no solo sería ilegal, sino que podría desencadenar un conflicto regional de gran escala.

El desafío no es invadir, sino restaurar la democracia sin provocar una tragedia mayor.

Euforia y cautela entre los venezolanos

La ilegalidad es clara

Según el derecho internacional, cualquier acción de Estados Unidos que sobrepase la soberanía venezolana para arrestar a un líder sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU es considerada ilegal.

Se vulneran principios fundamentales:

• El respeto a la soberanía nacional

• La prohibición del uso de la fuerza

• La no injerencia en asuntos internos

No existe ningún mandato de la ONU que autorice este tipo de operaciones.

Las justificaciones de Washington —narcotráfico, terrorismo, “operaciones policiales”— no sustituyen un mandato internacional y han sido ampliamente cuestionadas por juristas y gobiernos.

Nicolás Maduro detenido por tropas de la DEA legitima la hipótesis de Narcoestado

El verdadero problema de fondo

Lo que ocurre en América Latina no es casualidad.
Es el resultado de gobiernos de derecha y de izquierda igualmente irresponsables, corruptos e incompetentes, que destruyeron la educación, la salud, la vivienda y la dignidad de sus pueblos.

Estados fallidos, poblaciones empobrecidas, desinformadas y dependientes del asistencialismo crean el escenario perfecto para que las potencias se sientan con derecho a intervenir.

Primero abandonan a los pueblos.
Después dicen venir a “salvarlos”.

Conclusión

Defender la soberanía no es defender dictaduras.
Es defender un principio básico para evitar que la historia vuelva a repetirse.

Quienes vivimos el exilio, la persecución y la dictadura sabemos cómo termina este camino.
Nunca empieza con bombas.
Siempre empieza con discursos.

Y América Latina ya pagó ese precio demasiadas veces.