Vergüenza nacional: los criminales de la dictadura mueren en casa, las víctimas en el abandono

Por Rodolfo Varela

Una vez más, el poder judicial chileno demuestra su profunda complicidad con los crímenes de la dictadura. La Corte de Apelaciones de Temuco ha confirmado la ridícula condena de cinco años de reclusión domiciliaria total para el ex fiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, responsable del asesinato bajo tortura del estudiante Santiago Omar Faúndez Bustos, ocurrido en noviembre de 1973 en el Regimiento Tucapel.

Santiago Omar Faúndez Bustos- Ejecutado Político 

Sí, leyó bien: reclusión domiciliaria total. Un criminal de lesa humanidad cumpliendo su pena en la comodidad de su hogar, mientras miles de víctimas de la dictadura siguen condenadas —ellas sí— a la miseria, el abandono y el olvido.

El fallo, dictado por el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre y ratificado por la Primera Sala del tribunal, no solo insulta la memoria de las víctimas, sino que desnuda la decadencia moral de un sistema judicial que aún protege a los verdugos del pueblo chileno. Este hombre, que en 1973 se desempeñaba como fiscal militar “ad-hoc” en Temuco, participó directamente en los interrogatorios y torturas que culminaron con la muerte del joven Faúndez Bustos, de apenas 23 años, militante del Partido Socialista.
Murió electrocutado, sofocado, brutalmente torturado. Su madre, Rosalía Bustos, lo vio por última vez en estado deplorable, bajando de un camión militar. Cuando pidió explicaciones, Podlech la mandó encerrar en un calabozo.

Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud – Violador de DD.HH.

Y ahora, más de cincuenta años después, este mismo hombre es premiado con el privilegio de morir en su cama.
¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la moral de este país?

Mientras tanto, las víctimas y sus familias sobreviven con pensiones miserables que no alcanzan para comer.
El salario mínimo en Chile es hoy de $529.000 pesos, y se anuncia con “orgullo” que subirá a $539.000 en 2026. Una burla. Una cifra vergonzosa en un país donde el costo de vida supera con creces esa cantidad. ¿Cómo puede un sobreviviente de la tortura, un exonerado político o una viuda del terrorismo de Estado vivir con eso?
La respuesta es simple: no puede.
Chile los ha condenado —no a prisión domiciliaria—, sino a la pobreza, la enfermedad y la desesperanza.

Y lo más indignante es que esta traición no proviene solo de la derecha, que siempre defendió a los asesinos, sino también de una izquierda acomodada y corrupta, integrada al mismo sistema político que juró combatir.

¡El silencio, el olvido y la traición de la nueva izquierda no serán olvidados!

Han pasado décadas de gobiernos progresistas, de discursos de memoria y justicia, pero las víctimas siguen esperando. Los culpables mueren impunes, y los tribunales continúan reproduciendo el desprecio por los derechos humanos.

No se puede hablar de reconciliación sin justicia.
No se puede hablar de democracia mientras los criminales de lesa humanidad son tratados con compasión y las víctimas son condenadas al olvido.
El fallo de la Corte de Temuco es una ofensa a la verdad histórica, una burla a las familias de los asesinados y un nuevo golpe a la dignidad del pueblo chileno.

Chile y la izquierda no puede seguir siendo cómplice del silencio, ni del perdón disfrazado de justicia.
Mientras los responsables de la tortura mueren cómodamente en sus casas, las verdaderas condenadas son las víctimas, que aún esperan, en su vejez y con pensiones miserables, que este país algún día les devuelva lo que les robó: la dignidad y la justicia.

#Blog de Rodolfo Varela# DerechosHumanos #Chile #Justicia #Memoria #Democracia #NuncaMás

Chile: la hora de votar con conciencia y no por doctrina

 Por Rodolfo Varela

Mientras los candidatos presidenciales se preparan para su último debate televisado antes de las elecciones del 16 de noviembre, el pueblo chileno asiste una vez más al mismo espectáculo de promesas recicladas y discursos vacíos que hemos escuchado durante décadas. 

Los candidatos a la presidencia de Chile

Los nombres cambian, los rostros envejecen, pero las propuestas siguen siendo las mismas: economía, salud, educación, justicia, cultura y corrupción. Todo muy bien escrito en el papel, pero jamás cumplido en la práctica.

Chile parece condenado a repetir su historia política. Viejos conocidos de la derecha, la izquierda y el centro se presentan una vez más, prometiendo soluciones mágicas para los mismos problemas estructurales que ellos mismos ayudaron a crear o a mantener. Y cuando llegan al poder, las promesas se olvidan en los pasillos del Congreso y el pueblo vuelve a quedar atrapado entre la pobreza, la desigualdad y la desconfianza.

En este debate participarán Jeannette Jara, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés. Ocho aspirantes que dicen representar distintas visiones de país, pero que en el fondo comparten una misma deuda: la falta de compromiso real con el pueblo chileno. Ninguno ha demostrado tener la voluntad política de enfrentar los grandes males que aquejan a Chile, ni la valentía de romper con el sistema que protege a los poderosos y olvida a los más necesitados.

El drama de la pobreza en Chile

Tras décadas de gobiernos de derecha y de izquierda, Chile sigue siendo un país donde la desigualdad manda, donde las familias más pobres viven en la miseria más profunda, y donde los sobrevivientes de la dictadura aún cargan con pensiones miserables que no alcanzan ni para comprar medicamentos.

Es una vergüenza nacional que, medio siglo después del golpe de Estado encabezado por el traidor Pinochet, las víctimas sigan esperando justicia, reparación y dignidad.
Y más vergonzoso aún ha sido ver cómo muchos gobiernos de izquierda —que en su momento prometieron reparar ese daño histórico— también les dieron la espalda, traicionando su confianza y su sufrimiento.

Hoy, más que nunca, Chile necesita un presidente verdaderamente comprometido con su pueblo. Un líder que no tema enfrentar a las élites económicas, ni al poder corrupto que desde hace décadas maneja el país como si fuera su propiedad privada.
Pero ese presidente, por sí solo, no podrá cambiar nada si el Congreso sigue siendo el cementerio de los proyectos de ley.
Por eso, también necesitamos un Poder Legislativo con el mismo compromiso de transformación, capaz de acompañar al Ejecutivo en una agenda seria de reformas, justicia social y desarrollo humano.

Este 16 de noviembre, Chile tiene una nueva oportunidad. No para repetir el pasado, sino para cambiarlo.Es hora de votar con conciencia, con memoria y con dignidad.

No por doctrina, no por costumbre, no por miedo.
Sino por un país más justo, más humano y verdaderamente democrático.

La “Nueva Izquierda” en América Latina: el golpe disfrazado de democracia

 Por Rodolfo Varela

Habla un hombre de izquierda.
Un sobreviviente de la dictadura, torturado, exonerado y exiliado por casi medio siglo.
Un hombre que creyó en la justicia social, en la igualdad y en el poder del pueblo.
Pero hoy debo decirlo con dolor y con rabia: esta nueva izquierda que gobierna parte de América Latina no representa al pueblo ni a los ideales por los que tantos entregaron su vida.

Chile lo que la Izquierda olvido !

Porque lo que vemos no es justicia social, es manipulación.
No es libertad, es control.
Y no es democracia, es un nuevo tipo de golpe —silencioso, disfrazado, ejecutado desde el poder político y judicial.

Pueblos cada vez más pobres, más enfermos y más dependientes

Esta “nueva izquierda” se presenta como defensora de los más humildes, pero en realidad los mantiene prisioneros de la dependencia.
Reparte canastas de alimentos o bonos miserables y se jacta de “ayudar al pueblo”, mientras destruye empleos, arruina la economía y condena a millones a sobrevivir de la caridad estatal.

El aumento de la pobreza bajo la izquierda en América Latina.

Así, los gobiernos inflan cifras, dicen que bajó el desempleo, pero lo que realmente bajó fue la dignidad del trabajo.
El pueblo pobre no necesita limosna: necesita oportunidades, educación, salud y respeto.
Pero eso no conviene a quienes gobiernan a base de ignorancia y manipulación.

El poder judicial como instrumento de poder político

La gran estrategia de esta nueva izquierda es apoderarse de la justicia.
Allí donde antes se pedía independencia judicial, hoy se impone lealtad ideológica.
Los gobiernos intervienen en los tribunales, nombran jueces afines y utilizan reformas judiciales con el pretexto de “modernizar” o “democratizar” la justicia.
En realidad, buscan blindarse, garantizar impunidad y perpetuarse en el poder.

Equilibrio con el lado izquierdo elevado

Entre sus métodos más evidentes están:

1. Nombramientos ideológicos.
Designan jueces cercanos al Ejecutivo, incluso forzando jubilaciones anticipadas para ocupar cargos clave con personas jóvenes y leales.

2. Reformas manipuladas.
Modifican las constituciones y leyes para reducir la independencia de los tribunales y controlar los fallos.

3. Uso selectivo del “lawfare”.
Mientras acusan a la derecha de persecución judicial, ellos mismos usan la justicia para eliminar opositores o silenciar denuncias de corrupción.

4. Control financiero y administrativo.
El presupuesto del poder judicial se convierte en un arma: castigan a los jueces incómodos y premian a los sumisos.

5. Propaganda y presión mediática.
Desacreditan públicamente a los magistrados que fallan en su contra, tildándolos de “enemigos del pueblo” o “instrumentos de la derecha”.

Ejemplos de una justicia sometida

Brasil:
El Supremo Tribunal Federal y el Tribunal Superior Electoral han intervenido directamente en el futuro político de Jair Bolsonaro, asumiendo un protagonismo político sin precedentes en la historia democrática brasileña.

Chile:
El poder judicial permitió durante décadas la impunidad de torturadores y criminales de la dictadura, amparándose en la Ley de Amnistía de 1978. Hoy, la misma clase política que se dice de izquierda mantiene ese silencio vergonzoso.
Yo mismo, como exonerado político y víctima de tortura, tuve que iniciar un proceso judicial contra el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que se dice defensora de los derechos humanos, por la injusticia y el abandono en el pago de pensiones miserables.
Recibo menos del 50% de un salario mínimo chileno, algo que no permite vivir dignamente en mi propio país.
Por eso sigo en el exilio.
Y por eso denuncio.

Venezuela:
El Tribunal Supremo de Justicia actúa como brazo del gobierno, validando elecciones manipuladas y anulando toda disidencia.

Conclusión: el golpe sin balas

El golpe ya no necesita tanques ni fusiles.
Ahora se ejecuta desde el poder político y judicial, desde los medios públicos y las universidades.
La nueva izquierda traicionó a los mismos pueblos que prometió liberar.
Traicionó la memoria de los caídos y el sacrificio de quienes creímos en la justicia social.

América Latina necesita despertar.

Hoy, América Latina necesita despertar.
Porque el enemigo ya no lleva uniforme militar.
Ahora viste de demócrata, reparte subsidios y habla de inclusión, mientras destruye la libertad, la dignidad y el futuro de nuestros pueblos.

Chile ante la OTAN: el silencio que amenaza nuestra soberanía

Por Rodolfo Varela

Mientras el país se ahoga entre la pobreza, la falta de salud, educación y justicia, el gobierno chileno avanza en silencio hacia acuerdos militares que pocos conocen y muchos deberían cuestionar.

Chile y la OTAN: ¿Estamos más cerca de involucrarnos en un conflicto internacional?

El pasado 29 de julio, Chile firmó un nuevo convenio con Alemania que nos acerca peligrosamente a la OTAN —una alianza militar que hoy está directamente involucrada en la guerra entre Ucrania y Rusia—.

¿Quién decidió que Chile debía involucrarse en un conflicto ajeno? ¿Quién autorizó que se comprometiera la política exterior del país sin consultar a su pueblo ni al Congreso?

La firma del acuerdo por parte de la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, y la embajadora alemana Susanne Fries-Gaier, fue tratada por los medios con la misma ligereza con la que se ocultan los temas verdaderamente importantes: unos segundos en televisión, una nota perdida en la web, y nada más.

La OTAN estrecha lazos con democracias del Pacífico

Sin embargo, lo que está en juego no es menor. Este nuevo convenio eleva a Chile al Nivel 2 de cooperación con la OTAN, lo que significa adaptar nuestra estructura militar, logística y doctrinaria a los parámetros de la alianza atlántica. En palabras simples: Chile comienza a actuar bajo las reglas de las potencias que hoy promueven guerras, sanciones y bloqueos económicos en nombre de la democracia.

¿Dónde queda nuestra soberanía? ¿Dónde queda la neutralidad que históricamente nos caracterizó como país de diálogo y de paz?

Lo más grave es el hermetismo absoluto con el que se manejó este asunto. Ni el Ministerio de Defensa ni la Embajada de Alemania han respondido a las solicitudes de información de la prensa. Silencio. Un silencio institucional que duele y que, lejos de generar confianza, levanta sospechas.

Y mientras se firman estos acuerdos de cooperación militar, en Chile seguimos con hospitales colapsados, pensiones miserables, escuelas sin recursos y miles de familias viviendo en la pobreza.
¿Cómo se explica que un país con estas carencias destine tiempo, recursos y energía a firmar acuerdos con potencias extranjeras para integrarse en una alianza militar?

Nos dicen que es “por la defensa de la democracia”, pero la historia nos ha enseñado que esos discursos suelen encubrir intereses geopolíticos, económicos y estratégicos que nada tienen que ver con los pueblos.
Chile no necesita bases ni alianzas militares: necesita transparencia, justicia social y soberanía real.

Este nuevo paso hacia la OTAN no fortalece nuestra defensa: nos subordina. Nos pone del lado de los poderosos y nos aleja de la independencia que tanto nos costó construir.

Por eso, la pregunta es directa, señora ministra de Defensa, Adriana Delpiano:
¿A quién sirve este acuerdo?
¿A Chile… o a los intereses de las potencias que deciden las guerras desde lejos mientras los pueblos pagan con sangre, pobreza y silencio?

El país merece respuestas.
Y los chilenos merecemos respeto.

#Chile #OTAN #PolíticaExterior #Soberanía #Transparencia #DerechosHumanos #Opinión

Chile: los niños robados y la deuda que el Estado nunca quiso paga

Por Rodolfo Varela

Mientras los tribunales chilenos siguen desenterrando las huellas de una de las tragedias más vergonzosas de nuestra historia —las adopciones irregulares de miles de niños y niñas durante la dictadura—, los gobiernos de turno, tanto de izquierda como de derecha, continúan repitiendo el mismo libreto de promesas vacías y gestos simbólicos.

Ministro en visita Alejandro Aguilar se reúne con embajadora de Suecia

Esta semana, el ministro en visita Alejandro Aguilar se reunió con la embajadora de Suecia, Sofía Karlberg, y con representantes de los chilenos adoptados en ese país. Detrás del protocolo diplomático y las cifras oficiales, se esconde una herida abierta: 151 causas judiciales relacionadas con menores chilenos enviados a Suecia, de los cuales 110 buscan la verdad por iniciativa de las propias víctimas.

Los números son fríos, pero el drama es humano: niños arrebatados a sus madres en hospitales, orfanatos y parroquias; archivos borrados; identidades destruidas; y un Estado que durante décadas prefirió mirar hacia otro lado. Hoy, de esas 151 causas, solo una tiene sobreseimiento definitivo. El resto espera, como esperan también las familias, una justicia que llega tarde y nunca completa.

El ministro Aguilar lidera además la investigación de 1.418 causas por adopciones irregulares, algunas ocurridas desde 1965. En junio de este año, se dictó el primer procesamiento por sustracción de menores, asociación ilícita y prevaricación, con hechos que se remontan a 1983 en San Fernando. La Corte Suprema calificó estos delitos como violaciones graves a los derechos humanos, imprescriptibles por su naturaleza.

Pero cabe preguntarse: ¿por qué estos mismos ministros de la Corte Suprema no visitan las embajadas de Estados Unidos, Italia, Francia o España?
¿Por qué no se investiga con la misma energía los cientos de casos de niños enviados también a esos países durante la dictadura? ¿Acaso la justicia chilena solo se atreve cuando el país involucrado es pequeño y no representa un riesgo diplomático?
Esa selectividad revela una hipocresía estructural que ofende la memoria de las víctimas y desnuda la cobardía de un sistema judicial que teme mirar de frente a los poderosos.

Mientras la justicia avanza lentamente, la política se repite como un mal disco rayado. Cada ciclo electoral vuelve a levantar el estandarte de las víctimas, para después guardarlo en un cajón, igual que los restos humanos que por años permanecieron olvidados en el Instituto Médico Legal.

Los gobiernos de izquierda, que tuvieron en sus manos la oportunidad de hacer justicia real, prefirieron la burocracia, los comités, los discursos. Ahora, en plena antesala electoral, vuelven a mostrarse “preocupados” por el sufrimiento de las víctimas. Pero ese interés repentino tiene olor a cálculo y no a humanidad.

Porque el verdadero drama no es solo el pasado, sino el presente de abandono. Las víctimas envejecen sin reparación, los exiliados mueren esperando, y los hijos robados aún buscan su identidad. La impunidad se disfraza de institucionalidad, y la memoria se usa como moneda de cambio política.

Infancias interrumpidas en dictadura

Mientras tanto, el país sigue atrapado en la hipocresía de una clase dirigente que habla de pobreza sin conocerla, que instrumentaliza el dolor y que necesita mantener a la población ignorante, dependiente y resignada para perpetuar su poder.

Chile sigue en deuda. Y esa deuda no se paga con palabras, sino con verdad, justicia y reparación efectiva. Todo lo demás —los discursos, las reuniones y los comunicados oficiales— no son más que otra versión del mismo engaño histórico.

Chile: el eterno debate de las promesas vacías

 

Por Rodolfo Varela

Ver el debate presidencial en Chile fue como revivir una vieja película que ya todos conocemos: las mismas caras, los mismos discursos, las mismas promesas que jamás se cumplen. Los supuestos “salvadores de la patria”, tanto de izquierda como de derecha, se lanzan ataques entre sí, mientras el país sigue hundido en los mismos problemas de siempre: pobreza, desigualdad, educación precaria, salud ineficiente, corrupción y desinterés por la gente más humilde.

Tras un cambio de método, se destapó una brutal pobreza en Chile del 22,3%

Nada nuevo bajo el sol. Los candidatos se presentan como los grandes redentores del pueblo, pero son los mismos que cuando llegan al poder se olvidan de todo lo prometido. Hablan de justicia social mientras conviven con la miseria que ellos mismos han creado y mantenido. Hablan de progreso mientras miles de chilenos siguen sin vivienda digna ni oportunidades reales de trabajo.

Mentiras y estrategia de candidatos para primer debate en TV

Lo más grave es el desprecio que buena parte de esta clase política sigue mostrando hacia los derechos humanos. A 52 años del golpe militar, todavía existen más de 1.400 chilenos desaparecidos o ejecutados cuyos cuerpos jamás fueron entregados a sus familias. Y, sin embargo, en plena campaña presidencial, ningún candidato ha tenido la decencia de hablar con claridad sobre la deuda pendiente que el Estado chileno mantiene con las víctimas de la dictadura y sus familiares.

Peor aún: la candidata Evelyn Matthei, hija de uno de los generales del régimen de Pinochet, se atreve a llamar “venganza” al Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, una política pública que busca simplemente saber dónde están los desaparecidos. Sus palabras son una ofensa a las familias que han pasado décadas esperando respuestas, y un golpe directo a la memoria del país.

Fernando Jorge Matthei Aubel – Violador de DD.HH.

No se trata de revancha. Se trata de dignidad, verdad y justicia. Negar eso es perpetuar la impunidad. Y la impunidad es precisamente lo que ha permitido que los cómplices civiles de la dictadura sigan moviéndose con total libertad, influyendo en la política, los negocios y los medios.

Chile no puede seguir siendo rehén de una clase dirigente que miente, manipula y promete lo que no cumple. Es hora de una respuesta contundente en las urnas, una respuesta que venga del pueblo, de quienes sufren la desigualdad, la injusticia y la corrupción de un sistema que se niega a cambiar.

La pobreza, el mayor flagelo de Chile

El país necesita líderes con ética, memoria y compromiso humano. No más farsas electorales. No más discursos vacíos. No más desprecio por la vida.
Porque sin verdad, sin justicia y sin respeto por los derechos humanos, no hay democracia posible.

Hasta cuándo siguen hablando de democracia y justicia

Por Rodolfo Varela

Han pasado más de cinco décadas desde el golpe militar, y Chile continúa cargando con una deuda histórica vergonzosa: la falta de verdad, justicia y reparación real para las víctimas de la dictadura.

Patricio Aylwin Azócar  

Pero lo más indignante es que esa deuda no es solo responsabilidad de la derecha.
Los gobiernos que llegaron después —de izquierda y de centroizquierda— también fallaron, una y otra vez, en cumplir sus promesas con quienes más sufrieron.

Se olvidan de que fueron precisamente esos sectores los que gobernaron el país durante la mayor parte del período democrático. Sin embargo, los desaparecidos continúan desaparecidos, los torturados siguen siendo torturados por la indiferencia del Estado, y los exonerados políticos siguen siendo exonerados, marginados y olvidados por los mismos gobiernos que prometieron defenderlos.

Eduardo Frei Ruiz–Tagle 

Esa izquierda que hoy se arroga la bandera de los derechos humanos no me representa.

Los niños y niñas secuestrados, abusados y vendidos como mercancía a familias extranjeras aún esperan justicia.
Los restos humanos acumulados en el Instituto Médico Legal siguen sin ser identificados porque la orden para hacerlo no llega.
El robo de las AFP continúa impune.
Y mientras tanto, los mismos políticos se llenan la boca hablando de democracia, justicia, derechos humanos y Estado de Derecho.
¿Hasta cuándo seguirán prometiendo lo que no cumplen?

En plena campaña presidencial, ningún candidato ha hablado con claridad sobre esta deuda pendiente.
Nadie ha mencionado a las víctimas de la dictadura, ni a las del gobierno de derecha de Sebastián Piñera, que también dejó su estela de represión y dolor.
El silencio es cómplice, y la impunidad —que durante décadas benefició a los civiles responsables del terrorismo de Estado— sigue viva y activa.

Verónica Michelle Bachelet Jeria 

Y lo más decepcionante es que los candidatos de izquierda tampoco han presentado nada nuevo.

Repiten las mismas narrativas vacías de siempre, las mismas promesas que jamás se cumplen.
No hay un programa de gobierno claro, ni una propuesta concreta que beneficie realmente a los sectores más humildes, a los trabajadores sacrificados por este sistema desigual e injusto.
Solo discursos, promesas y marketing político disfrazado de compromiso social.

Ricardo Froilán Lagos Escobar

Y en medio de ese panorama, Evelyn Matthei aparece como candidata presidencial, la misma que alguna vez justificó los crímenes como “los muertos necesarios”.
No olvidemos: es hija del general Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar y cómplice directo de los crímenes cometidos en los años ochenta, entre ellos el asesinato del dirigente Jecar Neghme.

Su discurso no es casual; representa la continuidad del legado de impunidad y desprecio por los derechos humanos.

Recientemente, Matthei afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia no es un esfuerzo legítimo, sino un “acto de venganza”.
Sus palabras revelan un profundo desprecio por la vida humana, por los tratados internacionales y por el compromiso ético que toda sociedad democrática debería tener con la memoria y la justicia.
Una vez más, la candidata muestra su verdadera identidad, ligada al mundo civil que promovió y justificó el golpe militar.

Gabriel Boric Font

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) ha sido clara:
La verdad y la justicia no son venganza.
El Plan Nacional de Búsqueda es una política de Estado, nacida del clamor de los familiares de las víctimas que por décadas han exigido saber dónde están sus seres queridos.

Desconocer ese derecho es revictimizar a quienes han sostenido con dignidad la lucha por la verdad.
La justicia y la memoria son un deber moral y jurídico para cualquier sociedad civilizada, y su negación es una afrenta al derecho internacional y a la humanidad misma.

Los ex presidentes, en pesos ¿Cuál es su costo fiscal?

Finalmente, debemos decirlo con total claridad:
Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser representan un proyecto político sin principios ni respeto por la vida humana.
Un proyecto guiado por intereses económicos y por la ambición de imponer un régimen de ultraderecha que amenaza con borrar décadas de avances democráticos y sociales.

Por la verdad, la justicia y la memoria.
Porque sin ellas, no hay democracia posible.

Chile: la deuda histórica que la política no quiere pagar

Por Rodolfo Varela

Hoy, 31 de octubre de 2025, Chile parece un país que ha olvidado sus heridas. Mientras los políticos se reparten el protagonismo entre encuestas, campañas anticipadas y disputas presupuestarias, la otra mitad del país —la de los sobrevivientes, los olvidados, los que todavía esperan justicia— sigue hundida en la pobreza, la humillación y el abandono estatal.

                                              Justicia en la Deuda Histórica?

Un país atrapado en su propio desencanto

La polarización se ha convertido en el lenguaje cotidiano. Las promesas se repiten con acentos distintos, pero con el mismo vacío moral. La población ya no cree en los partidos ni en la política, y menos aún en una justicia que exhibe indicios de corrupción, favoritismo y manipulación. Los escándalos como el “Caso Curauma” o el “Caso Ulloa” muestran un sistema judicial que muchas veces protege a los suyos en vez de proteger la verdad.

Manuel Cruzat denuncia corrupción en el Poder Judicial

Mientras tanto, el debate nacional gira en torno a encuestas presidenciales que dan ventaja a figuras de la derecha como Evelyn Matthei o José Antonio Kast, los mismos sectores que durante décadas negaron los crímenes de la dictadura y se oponen hoy a toda forma de reparación o memoria. El presidente Gabriel Boric, pese a sus discursos y gestos simbólicos, enfrenta una creciente desconfianza y una oposición que apuesta al caos antes que al diálogo.

Las implicancias del fuego cruzado entre Kast y Matthei

La deuda que nunca se paga

Han pasado más de cincuenta años desde el golpe militar, y sin embargo, miles de víctimas siguen viviendo en condiciones indignas. Muchos reciben pensiones miserables —equivalentes a la mitad del salario mínimo— que no alcanzan ni para comprar medicamentos. Otros, ancianos y enfermos, sobreviven gracias a la caridad o a redes de apoyo formadas por sus propios compañeros de lucha.

¿Dónde están las instituciones que prometieron verdad, justicia y reparación? ¿Qué hacen las organizaciones que se autodenominan defensoras de los derechos humanos mientras los exonerados, los torturados y los familiares de desaparecidos viven en la pobreza absoluta? 

La respuesta es dolorosa: se ha instalado un silencio cómplice, una burocracia fría y un Estado que prefiere mirar hacia otro lado.

Memoria y cinismo político

El reciente episodio protagonizado por Evelyn Matthei, al minimizar los crímenes de la dictadura, no es un simple desliz verbal. Es la expresión de una clase política que desprecia la memoria histórica y que ha aprendido a manipular el olvido como herramienta electoral. La reacción del país fue de indignación, pero el daño está hecho: cada palabra negacionista reabre las heridas de miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos.

52 años del golpe de Estado

El Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, intenta ser una política permanente para esclarecer el paradero de las víctimas. Pero sin recursos, sin voluntad política real y bajo el ataque constante de los sectores más reaccionarios del Congreso, su avance es lento y frágil.

Un país moralmente agotado

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es blanco de amenazas y propuestas de cierre. Las cárceles están hacinadas, los niños y niñas institucionalizados siguen siendo víctimas de abusos, y el pueblo mapuche continúa siendo criminalizado por defender sus tierras. En todos estos frentes, la respuesta estatal es la misma: indiferencia y represión.

Chile se desangra en su propia contradicción. Habla de crecimiento, innovación y democracia, pero no puede mirar a los ojos a sus víctimas. Mientras el Estado celebra foros internacionales como el APEC y el presidente Boric habla de multilateralismo, dentro del país hay compatriotas que ni siquiera pueden costear un tratamiento médico o acceder a una vivienda digna.

La memoria no se negocia

La deuda histórica con las víctimas de la dictadura y con todos los chilenos marginados por el sistema no se resuelve con discursos ni con homenajes protocolares. Se paga con justicia real, con reparación económica, con reconocimiento público y con una transformación moral profunda.

Mientras eso no ocurra, Chile seguirá siendo un país fragmentado, donde la miseria convive con el cinismo, y donde la justicia sigue siendo privilegio de unos pocos. Porque la memoria, mi querido Chile, no se borra ni con el tiempo ni con el silencio: se defiende, se honra y se exige.

Caso Curauma: la sombra de la corrupción judicial en Chile

 Por Rodolfo Varela

En Chile, la confianza en el Poder Judicial atraviesa una de sus peores crisis. Las sospechas de corrupción, favoritismos y manipulación de causas no son nuevas, pero el llamado “Caso Curauma” vuelve a poner en evidencia un sistema que, lejos de garantizar justicia, parece proteger intereses poderosos.

Caso Curauma | Interferencia

Desde hace más de una década, el empresario Manuel Cruzat Infante —antiguo símbolo del empresariado chileno— libra una batalla legal que revela grietas profundas en el funcionamiento del sistema judicial. Su denuncia es tan grave como clara: se habría manipulado el sistema informático del Poder Judicial para asignar su causa a un tribunal “de conveniencia”, el 2° Juzgado Civil de Santiago, en perjuicio directo de sus intereses en la quiebra del proyecto inmobiliario Curauma S.A., un megaproyecto de 3.000 hectáreas.

Según los documentos obtenidos por Interferencia, un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) dirigido a la Corte Suprema el 6 de mayo de 2022 confirma que existía un criterio técnico y obligatorio para la asignación de juzgados. Dicho criterio no se habría cumplido. El sistema debía asignar la causa al 6° Juzgado Civil de Santiago, el menos congestionado según los registros de 2013. Sin embargo, de forma inexplicable —o más bien sospechosa—, el caso fue entregado al 2° Juzgado Civil de Santiago, dirigido por la jueza Inelie Durán Madina.

Ministra Inelie Durán Madina

Ese “error” cambió el destino de una causa multimillonaria. Y no fue un hecho aislado. De acuerdo con la defensa de Cruzat, el 2° Juzgado Civil ha concentrado de manera reiterada casos de alto perfil y con grandes intereses económicos, como el de LATAM Airlines, en el que el empresario Jorge Said Yarur también denunció irregularidades.

¿Casualidad? ¿O una muestra de un patrón de manipulación dentro del Poder Judicial?

Cruzat fue tajante: “Manipular el sistema informático del Poder Judicial para escoger un tribunal de conveniencia es un delito. Este hecho debe ser investigado y perseguido hasta dar con los responsables y beneficiados finales”. Y tiene razón. Si un juez o un funcionario puede alterar la asignación de una causa, el sistema entero se derrumba.

Caso Curauma: oficio a la Suprema evidencia incumplimiento de criterio

En Chile, la corrupción ya no se esconde en maletines ni en sobres sellados: se disfraza de procedimiento técnico, de algoritmo neutral, de acto administrativo. Pero los documentos demuestran que ese algoritmo fue vulnerado. Que hubo una mano invisible —o muy visible— que acomodó la justicia a intereses particulares.

El Caso Curauma no solo expone una posible red de corrupción dentro de los tribunales civiles de Santiago. Revela algo aún más grave: la fragilidad institucional de un país que ha perdido la fe en sus jueces, donde la justicia parece estar al servicio del dinero y no del derecho.

Es hora de que la ciudadanía exija respuestas. Que la Corte Suprema, tantas veces silenciosa ante escándalos internos, rinda cuentas. Porque cuando la justicia se corrompe, todo el Estado se contamina.

El Caso Curauma no debe archivarse. Debe marcar un antes y un después en la historia judicial de Chile. De lo contrario, seguiremos viviendo en un país donde el poder se compra, el silencio se premia y la justicia se negocia.

Las facciones criminales: El nuevo poder que devora América Latina

 Por Rodolfo Varela

Yo soy un hombre de izquierda, pero no de esta izquierda que hoy gobierna muchos países de América Latina y que, bajo discursos de derechos humanos y democracia, mira hacia otro lado mientras el crimen organizado avanza.

Violencia escolar en Chile

América Latina está siendo devorada desde adentro. 

Mientras los gobiernos populistas de izquierda hablan de derechos humanos, inclusión social y democracia, las facciones criminales se apoderan —silenciosamente o a plena luz del día— de territorios, instituciones y economías enteras. Hoy, millones de latinoamericanos viven bajo las leyes del crimen, no bajo las de sus constituciones.

Lo que antes era un problema policial se ha convertido en una crisis de Estado. 

El crimen organizado ya no es solo narcotráfico: es minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de drogas, trata de personas, extorsión y manipulación política. Estas organizaciones cuentan con inteligencia financiera, tecnología militar y redes internacionales que superan por mucho la capacidad de reacción de nuestros gobiernos.

Mientras tanto, la corrupción institucional mantiene funcionando esta maquinaria delictiva. En Brasil, Chile, Argentina, México, Ecuador, Honduras o Colombia, las facciones criminales han infiltrado la política, el poder judicial y las fuerzas de seguridad. Pactan con autoridades, financian campañas y compran jueces. Así se destruye el Estado de derecho desde adentro, con la complicidad de quienes deberían protegerlo.

Violencia urbana: una alerta de seguridad pública para Chile

Chile: la alarma que nadie quiere escuchar

Chile ya no es la excepción. La Fiscalía y expertos confirman la expansión del crimen organizado: secuestros, sicariato, lavado de dinero, corrupción carcelaria y complicidad dentro de instituciones claves como Gendarmería o el Poder Judicial. Los barrios humildes viven sitiados por bandas que imponen sus propias reglas. El discurso oficial minimiza el problema, mientras los ciudadanos viven con miedo y desconfianza.

Brasil: el mapa del poder paralelo

El gobernador Cláudio Castro durante una conferencia de prensa en el Palacio de Guanabara.

Brasil es el espejo más brutal del colapso. Las dos facciones más poderosas, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), controlan territorios, economías y comunidades enteras. Su guerra por el narcotráfico deja miles de muertos al año y ya cruzó las fronteras: Paraguay, Bolivia, Venezuela y hasta Europa.

Estos 120 muertos no son víctimas: son delincuentes que enfrentaron a la policía. Hay que felicitar al gobernador Cláudio Castro de Río de Janeiro por su valiente acción.

Río de Janeiro: la operación policial más mortífera de la historia contra el crimen organizado.

Surge una pregunta urgente para todos los gobiernos de América Latina:

¿No deberían los legislativos declarar a estas facciones como grupos terroristas, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir directamente?

En muchas regiones —como Río de Janeiro de Brasil, Colombia y otros países— estas organizaciones imponen sus propias leyes, desafían al Estado y controlan territorios como si fueran naciones dentro de la nación. Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil forman parte del mismo bloque latinoamericano enfrentando un enemigo común: la criminalidad organizada como poder político, militar y territorial.

Com o apoio do presidente Javier Milei, o novo governador de Santa Fé lançou uma operação para tentar colocar fim à violência gerada pelo tráfico de drogas em Rosário

Argentina: el laboratorio del crimen transnacional

En Argentina, los clanes locales como “Los Monos” y “Los Cantero” se fortalecen bajo la sombra del PCC y CV, aprovechando la corrupción policial y la debilidad judicial. Rosario es un epicentro de narcotráfico y violencia, mientras el gobierno responde con discursos vacíos y promesas incumplidas.

Un continente a la deriva moral

Lo más grave no es solo el poder del crimen: es la indiferencia de los gobiernos que, escudados en su discurso populista, desmovilizan a las fuerzas del orden y justifican la inacción con la palabra “democracia”. En nombre de los derechos humanos, dejan indefensos a millones de ciudadanos que ya no tienen justicia, ni Estado.

América Latina es hoy un territorio donde la impunidad es ley y la corrupción es cultura. Mientras las facciones criminales se consolidan como nuevos poderes económicos y políticos, los verdaderos perdedores son siempre los mismos: los pobres, los trabajadores, los que viven con miedo detrás de una puerta sin cerradura.

La pregunta ya no es si el crimen organizado avanza: es si nuestros Estados aún tienen la voluntad —o la capacidad— de resistir. Cada vez que un gobierno mira hacia otro lado, una nación más cae bajo el dominio de las facciones criminales.

Chile: Un código de ética para quienes olvidaron lo que es la ética

Por Rodolfo Varela

La Corte Suprema de Chile ha anunciado, con cierta solemnidad, la aprobación de un nuevo Código de Ética Judicial. Un hecho que, más allá del titular optimista, debería preocupar profundamente a cualquier ciudadano consciente del deterioro de nuestra justicia.

El anuncio fue realizado por la ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, durante un desayuno con periodistas. Según explicó, el nuevo código —que entrará en vigencia en junio del próximo año— busca orientar y ofrecer “autoconsulta” a los magistrados frente a posibles dilemas éticos. En otras palabras, pretende servir como guía para que los jueces puedan comportarse correctamente y evitar conductas reprochables.

La pregunta inevitable es: ¿de verdad necesitamos un código de ética para que los jueces actúen con decencia? ¿Acaso la ética no es un valor intrínseco, una convicción que debería formar parte de la esencia misma del ejercicio judicial?

Resulta casi insultante para el pueblo chileno que, medio siglo después de la dictadura, la Corte Suprema tenga que aprobar un documento para recordar a sus miembros lo que debería ser una obviedad: que la justicia se funda en la integridad, la independencia y el honor.

El texto, según se explicó, es de carácter “consultivo y orientador”. No sanciona, solo aconseja. Y vendrá acompañado de un Consejo Consultivo de Ética compuesto por jueces y un académico. En teoría, servirá para resolver dudas morales o conflictos de conducta. En la práctica, parece más un gesto simbólico, un intento de lavar la imagen institucional ante una ciudadanía cada vez más desconfiada.

Es lamentable que la justicia chilena, cuestionada por fallos contradictorios y por su falta de transparencia, crea que la solución a su crisis moral pasa por un código. La ética no se legisla ni se consulta: se vive.

Los jueces y ministros de la Corte Suprema deberían ser intachables, a prueba de cualquier sospecha. No debería ser necesario redactar un reglamento para comportarse con honestidad. Lo verdaderamente ético sería reconocer los errores del pasado, sancionar los abusos del presente y recuperar la confianza de un pueblo cansado de ver cómo la justicia parece tener un precio o un color político.

Y aquí surge una pregunta aún más profunda: ¿este nuevo código también implicará revisar las causas del pasado? ¿Se atreverá la Corte Suprema a mirar hacia atrás y revisar los fallos dictados durante y después de la dictadura, cuando tantas víctimas fueron negadas, silenciadas o simplemente olvidadas?

Si la ética va a ser realmente un principio rector, entonces deberá aplicarse también a la historia. Eso significaría verificar aquellas causas mal conducidas por jueces que no cumplieron su deber moral ni su obligación de justicia, y finalmente castigar —aunque sea tarde— a los torturadores, asesinos, secuestradores y ladrones que actuaron bajo el amparo del poder.

Solo entonces la palabra “ética” tendrá un verdadero sentido. Mientras no haya justicia para las víctimas de la dictadura, ningún código podrá limpiar la conciencia de la judicatura chilena.