El Gobierno del Estado de Sao Paulo tendrá que indemnizar con 63.000 dólares a Maria Diva de Faria, una mujer que en 1973 fue detenida por los órganos de seguridad del Estado y sometida a "torturas innumerables veces en el intento de que revelase datos y delatase a personas", según concluye la sentencia del Tribunal de Justicia de la ciudad.
Según el ponente de la apelación, el juez Sidney Romano dos Reis, la indemnización por daños morales se justifica porque De Faria tuvo que exiliarse por la persecución que sufría y perdió el contacto con su familia, no pudiendo ni siquiera despedirse de sus padres, que murieron cuando aún estaba exiliada.
El juez ha asumido la dificultad en obtener pruebas de las agresiones y persecuciones sufridas, sobre todo porque se perpetraron en lugares escondidos y en muchos casos totalmente confidenciales, pero aun así ha destacado que "no hay duda" respecto al testimonio de la víctima, por lo que la votación a favor de la indemnización ha sido unánime.
La sentencia marca un importante precedente para las víctimas de la dictadura militar brasileña (1964-1985), ya que a la falta generalizada de compensaciones económicas se une la dificultad para juzgar a los responsables de muertes, torturas y desapariciones, que en muchos casos ocupan destacados puestos en la política nacional.
El juez ha asumido la dificultad en obtener pruebas de las agresiones y persecuciones sufridas, sobre todo porque se perpetraron en lugares escondidos y en muchos casos totalmente confidenciales, pero aun así ha destacado que "no hay duda" respecto al testimonio de la víctima, por lo que la votación a favor de la indemnización ha sido unánime.
La sentencia marca un importante precedente para las víctimas de la dictadura militar brasileña (1964-1985), ya que a la falta generalizada de compensaciones económicas se une la dificultad para juzgar a los responsables de muertes, torturas y desapariciones, que en muchos casos ocupan destacados puestos en la política nacional.
El principal obstáculo es la Ley de Amnistía dictada en 1979 por los propios militares, que amparó tanto a los represores como a miembros de las organizaciones guerrilleras de la oposición, y cuya constitucionalidad fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2010.
La propia presidenta Dilma Rousseff, que fue encarcelada y torturada durante la dictadura, se mostró recientemente en contra de revisar la Ley de Amnistía para evitar el revanchismo, según dijo en la presentación del informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que certificó que durante los "años de plomo" del régimen hubo 434 muertos o desaparecidos y 377 responsables.
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