Por: Rodolfo Varela
El debate político en Chile suele quedar atrapado en una trinchera de consignas ideológicas. De un lado y del otro, coaliciones de izquierda y de derecha se turnan en el poder prometiendo fórmulas mágicas para reactivar la economía, crear puestos de trabajo y llevar el progreso a los hogares.
En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación alcanzó un 10,4%, con un aumento de 1,6 puntos
Sin embargo, cuando la realidad golpea con cifras de desempleo que rozan el 10% y más de un millón de personas sin sustento, queda en evidencia una verdad incómoda: las promesas gubernamentales no están dando resultados y la población más necesitada sigue esperando de brazos vacíos.
Este no es un problema de izquierda o de derecha; es una crisis que trasciende las simpatías partidistas. Se trata, fundamentalmente, de derechos humanos y de dignidad constitucional. El artículo 19 de nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado reconocen la libertad de trabajo y su protección. El empleo no es un favor que los políticos conceden en época de campaña ni un beneficio que se deba mendigar; es un derecho humano esencial que permite a los ciudadanos sostener a sus familias, proyectar su futuro y vivir con dignidad. Cuando el sistema falla en proveer estas oportunidades, está fallando en su deber más básico.
Pero el problema no es solo la falta de empleo, sino la precarización de quienes sí trabajan. ¿Cómo se explica que un trabajador o trabajadora chilena reciba salarios promedio de $600.000 pesos mensuales cuando el arriendo de una vivienda mínimamente decente se empina por sobre los $500.000? Vivimos en un país donde trabajar a tiempo completo ya no garantiza salir de la pobreza, porque el costo de la vida y la vivienda devoran los ingresos antes de llegar a fin de mes, dejando a las familias en la total vulnerabilidad.
Este no es un problema de izquierda o de derecha; es una crisis que trasciende las simpatías partidistas. Se trata, fundamentalmente, de derechos humanos y de dignidad constitucional. El artículo 19 de nuestra Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado reconocen la libertad de trabajo y su protección. El empleo no es un favor que los políticos conceden en época de campaña ni un beneficio que se deba mendigar; es un derecho humano esencial que permite a los ciudadanos sostener a sus familias, proyectar su futuro y vivir con dignidad. Cuando el sistema falla en proveer estas oportunidades, está fallando en su deber más básico.
Pero el problema no es solo la falta de empleo, sino la precarización de quienes sí trabajan. ¿Cómo se explica que un trabajador o trabajadora chilena reciba salarios promedio de $600.000 pesos mensuales cuando el arriendo de una vivienda mínimamente decente se empina por sobre los $500.000? Vivimos en un país donde trabajar a tiempo completo ya no garantiza salir de la pobreza, porque el costo de la vida y la vivienda devoran los ingresos antes de llegar a fin de mes, dejando a las familias en la total vulnerabilidad.
En 2026 el sueldo mínimo Chile alcanzó $553.553 mensuales para mayores de 18
Resulta incomprensible que en pleno 2026, Chile continúe rezagado en la adopción de nuevas tecnologías y en la diversificación de sus fuentes laborales. Seguimos dependiendo de las mismas recetas del pasado, mientras el mundo avanza hacia economías de valor agregado, innovación y digitalización. La falta de visión de Estado para crear industrias del futuro limita drásticamente las posibilidades de las nuevas generaciones y condena al trabajador a la precariedad o a la informalidad.
A este desamparo laboral se suma la indignidad en la vejez. Las pensiones miserables que reciben nuestros jubilados y pensionados —incluyendo a quienes cargan con las secuelas e injusticias heredadas desde la dictadura militar— son una herida abierta. Todos los gobiernos, sin excepción, han prometido en sus campañas revisar, transformar o terminar con el negocio de las AFP. Sin embargo, pasan los periodos presidenciales y estas empresas siguen operando bajo la misma lógica, succionando el fruto del esfuerzo de toda una vida del trabajador chileno para enriquecer a unos pocos, mientras devuelven pensiones de hambre que no alcanzan para comprar medicamentos ni para comer.
La ciudadanía está cansada de ser utilizada como un botín electoral. Es inaceptable que las necesidades más urgentes de la calle se transformen en meras estadísticas de discusión parlamentaria o en planes de reactivación que se anuncian con bombos y platillos, pero cuyos efectos nunca llegan al bolsillo de la gente común. El trabajador chileno no vive de proyecciones a largo plazo ni de discursos de austeridad o estímulo; vive de realidades.
Falta de empatía y soluciones efectivas ante la crisis generada por las bajas pensiones.
Es momento de exigir un cambio de paradigma. Chile necesita políticas de empleo y previsión social de Estado, no de gobiernos de turno. Se requiere un compromiso real con la innovación tecnológica, sueldos dignos que correspondan al costo de la vida, un sistema de pensiones solidario y justo, y el respeto irrestricto al derecho al trabajo.
El engaño y la manipulación electoral tienen que dar paso a una gestión pública transparente y efectiva. La dignidad del pueblo chileno no puede seguir esperando.
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