El caso se centra en el aparente deterioro del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, una importante fuente de agua subterránea, debido al alto ritmo de extracción para apoyar las operaciones mineras en la zona. La agencia gubernamental argumenta que las minas nombradas en la demanda han violado las normas de protección, preservación y conservación del medio ambiente.
«El acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo ha sido explotado durante décadas por Zaldívar en el sector Negrillar; Albemarle en la zona de Tilopozo y Escondida en Monturaqui», dice la demanda. Escondida habría extraído 1.400 litros de agua subterránea por segundo (lps) hasta 2019; Zaldívar, 212,75 lps proyectados hasta 2025 (con un caudal autorizado de 500 litros por segundo) y Albemarle, 16,9 lps hasta 2041, según la demanda.
«La extracción de diversas cantidades de agua por parte de las empresas mineras demandadas habría causado un daño que era previsible, ya que conocían el límite máximo de descenso que podía tener el acuífero», se lee en el documento.
La cuenca del Salar de Atacama tiene un área de 18,100 kilómetros cuadrados aproximadamente y el salar del mismo nombre tiene una extensión de 3,000 kilómetros cuadrados. El salar acumula grandes reservas de litio y suministra una «buena parte del agua que ocupa en faenas mineras de extracción de cobre, además de contener ecosistemas muy sensibles, por lo que su vulnerabilidad ecológica ha derivado en una serie de estudios por parte del Estado de Chile e investigadores». El mes pasado, el país firmó el Acuerdo de Escazú de las Naciones Unidas, anulando la política del gobierno chileno anterior que se había abstenido de apoyar el tratado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario